CORTE CONSTITUCIONAL Y COLEGISLACIÓN

En los jueces y la política (Taurus, 1999), GUARNIERI y PEDERZOLI se preguntan si acaso no se están sobrevalorando los aspectos positivos de la cada vez más intensa intervención de la judicatura en el proceso político, que se refleja en hechos como el activismo judicial en países tradicionalmente alérgicos a los jueces, la aparición de formas de justicia trasnacional, la creación de organizaciones de autogobierno -como los consejos de la magistratura o judicatura-, la erosión del poder del órgano de casación (choque de trenes), el debilitamiento de la relación juez-ley por el hecho del control constitucional, la expansión de la justicia sobre los políticos (pérdida de investidura) y la reducción de los espacios políticos de decisión (judicialización de la política).

Si es verdad que la expansión del poder judicial es un proceso innato en las democracias contemporáneas, ¿cómo se pueden controlar sus consecuencias negativas? ¿Cómo se puede regular la judicialización?, se preguntan los autores.

De unos años para acá se viene discutiendo con cierta inquietud en Colombia sobre el alcance colegislador de nuestra Corte Constitucional, sobre todo a propósito de su postura sobre las llamadas sentencias moduladas. CARLOS GAVIRIA, siendo Presidente de la Corte, defendió ese atributo colegislador en 1996 (El Tiempo, 2 de julio de 1996). Para los entendidos, esta idea no resulta exótica: Hace ya muchos años la doctrina había explicado la naturaleza de las cortes y tribunales constitucionales como una especie de legislador en sentido negativo, pues retirar una norma del sistema jurídico exige un poder equivalente a que se requiere para introducirla. Se trata de un poder legislativo pero, digamos, en sentido retro. De modo que esa idea no debería generar tanto escozor a estas alturas. En verdad, parece romántico cuestionar la actividad de la Corte a partir de ciertas preconcepciones modernas sobre la separación de poderes, que parten de la idea de un legislador infalible, y de una jurisdicción que sólo trabaja a partir de casos concretos.

Otros constitucionalistas piensan que las reflexiones sobre ese alcance colegislador son la expresión de una clase política que no se acomoda a los lineamientos de la Constitución (CHINCHILLA, El Colombiano, 26 de septiembre de 1999). Pero la crítica persiste, cada vez con mayor intensidad. Nada menos que el recién elegido magistrado de la Corte Constitucional, Dr. NILSON PINILLA, afirmó hace poco que la Corte “terminó arrebatando la función legislativa” (AMBITO JURÍDICO, edición No. 203 de junio de 2006). Esa afirmación no puede ser desestimada, proviniendo de un abogado de la talla del Dr. PINILLA.

En este debate no debería prevalecer la actitud simplista de amigo-enemigo de la Corte. Del examen de las posiciones extremas no podemos deducir que exista suficiente literatura o suficiente profundidad en las críticas que se plantean a la Corte. Pero debemos reconocer que tampoco existe mucha franqueza en la reflexión sobre la cuestión de los límites de la justicia constitucional en Colombia. Y en el empeño por descapitalizar algunas ideas tradicionales que afectaban la vigencia práctica de las normas constitucionales es posible que estemos subestimando ciertos azares.

La necesidad de reflexionar sobre esa cuestión y esos límites de la Corte, a mi modo de ver, se hace necesario en cinco frentes. Veamos:

1. La desaparición de la concepción racional normativa de constitución y la incertidumbre sobre las fuentes del derecho

Existía la idea de que el control de constitucionalidad se hacía frente a la Constitución y no frente a otro tipo de disposiciones. Sin embargo, los parámetros del control se han extendido en forma inesperada: bloque de constitucionalidad (de cuño francés); normas interpuestas: p.e reglamentos parlamentarios, tratados internacionales, leyes habilitantes o de delegación y, en algunos casos, leyes básicas de distribución de competencias (orgánicas); leyes que regulan de modo derivado ciertas cuestiones constitucionales (leyes estatutarias), etc. (E. Aja, Ariel, 1998). La idea de código hizo crisis. E hizo crisis la idea de código constitucional como parámetro fijo e integral que subordinaba al juez constitucional.

La crisis de la idea de código constitucional tiene directa relación con la regulación de las fuentes del derecho. Es Häberle (UNAM, 2001) quién ha dicho que sólo como metáfora se puede usar la expresión fuente de derecho. Las Constituciones de hoy, mucho más marcadamente que antes, evitan incorporar una lista cerrada de fuentes. Podemos verificar una caracterizada apertura del sistema de fuentes del derecho hacia adentro y hacia afuera del sistema jurídico nacional. En la actualidad, las constituciones reconocen fuentes muy abiertas, como los derechos humanos internacionales, los principios generales del derecho, otros derechos fundamentales distintos de los “existentes”, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, etc, que hacen más intrincada la actividad de la interpretación, y que otorgan un margen de maniobra más amplio a la Corte Constitucional en sus decisiones. Asimismo, los constituyentes contemporáneos se muestran algo extrovertidos, a fin de acomodar el Estado a contextos regionales o universales: corte penal internacional, organizaciones comerciales, códigos mundiales antidopaje, normas internacionales de arbitraje, etc., al punto que se habla del “fin del estatismo nacional” en la doctrina de las fuentes.

De modo que el panorama de las fuentes no es muy cómodo para el jurista, y menos para el ciudadano, frente a ese ambiente de pluralidad y relatividad. Y a esta situación viene a añadirse lo siguiente: Si algún día fue dudosa la existencia de una distinción nítida entre derecho de creación legislada y derecho de creación judicial, hoy lo es mucho más. Y si algún día se consideró la posibilidad de explicar la existencia de un tribunal constitucional como un legislador en sentido negativo, será mejor que superemos esa idea. Es sorprendente la fluidez con la cual los tribunales constitucionales vienen adoptando lo que se ha dado en llamar tipos intermedios de sentencias. Es lo que entre nosotros se conoce como sentencias moduladas, que no tienen base normativa, y que se alejan muchísimo de la doctrina del legislador negativo. Esos tipos intermedios tienen diferentes denominaciones según los países: interpretativas, aditivas, manipulativas, sustitutivas, constructivas, apelativas, etc., que erigen a los tribunales constitucionales en verdaderos legisladores positivos, porque tales sentencias introducen, de un modo u otro, nuevas normas al sistema jurídico. Por supuesto que ese fenómeno no es sólo nuestro: En el informe General de la VII Conferencia de Tribunales Constitucionales Europeos celebrada en Lisboa en 1987 –hace ya 20 años-, se reconoció la generalización en todos los países europeos de las sentencias intermedias, en particular de aquellas que suponen una actividad de legislación positiva.

Esta fuente productora de derecho se articula con las fuentes tradicionales, ya de por sí enmarañadas; y genera un considerable nivel de indecisión acerca de cuál es el derecho aplicable, consintiendo márgenes de acción más flexibles a la Corte Constitucional. ¿Hasta dónde debe llegar esa atenuación de la concepción racional normativa de la Constitución, y la disgregación de las fuentes del derecho?

2. El reclamo de un arsenal interpretativo propio (métodos y principios) Ciertas novedades vienen imponiéndose en materia de interpretación constitucional:

a. El acento en aparentes nuevos principios de interpretación, o en nuevos principios generales, que contribuyen a generar un vínculo mucho menos fuerte del juez con el derecho, y que lo acercan más a la política (MONCADA. Principios para la interpretación de la Constitución, Revista PUC, Lima, 2000). Nuestro juez trabaja cada vez menos con una lógica retrospectiva, y usa cada vez más una lógica prospectiva. Debemos preguntarnos en qué contexto se puede patrocinar esa lógica prospectiva.

b. Es perceptible la tendencia hacia el acaparamiento de la interpretación constitucional por la Corte: Transitamos bruscamente de un sistema de interpretación exclusivo del parlamento, que era la técnica anterior a la aparición de los tribunales constitucionales (leyes de interpretación auténtica, etc.), a un sistema de interpretación monopólico de algunos jueces. Es cierto que alguien debe pronunciar la última palabra; pero en un contexto de ejercicios interpretativos flexibles, se deben maximizar las opciones interpretativas del Legislador. Dijo la Corte en una ocasión que entre la Constitución y la Corte Constitucional, cuando ésta interpreta aquélla “no puede interponerse ni una hoja de papel” (Sentencia C-113/93, M.P. Jorge Arango Mejía). La responsabilidad de la misión de un órgano límite aconseja mayores niveles de modestia constitucional.

 

c. Asistimos a la crisis de las reglas tradicionales de interpretación en el ámbito de la interpretación constitucional. Los métodos clásicos tenían, sin duda, un alto componente problemático; pero a eso se añade que nuestra Corte se ha planteado en forma no muy ordenada la cuestión relativa a los métodos de interpretación que utiliza para aclarar el sentido de las normas constitucionales. No ha ocurrido una renuncia expresa a los métodos tradicionales de interpretación, pero sus decisiones con frecuencia vienen apoyadas por criterios diferentes, sin puntos de referencia de consenso.

Llama la atención que la Corte no haga explícitos los criterios de interpretación que usa; o bien que escoja algunos discrecionalmente, sin decir por qué razón deja de escoger los otros. Debería usar siempre todos los métodos disponibles, como en la Sentencia C-977/02, en el que encontramos un ejercicio de aplicación sucesiva de todos los métodos, todos los cuales llevan al mismo resultado en el caso concreto. Ese ejercicio debería hacerse en todos los casos, pero la realidad es otra: en la sentencia C-205 de 2003, los magistrados que salvaron el voto, reconocían que una interpretación literal, la acogida precisamente por la mayoría, daba como resultado la inconstitucionalidad de una norma; pero destacaban que la decisión era un error, porque todos los demás métodos arrojaban como resultado la constitucionalidad de la norma revisada: “No obstante, de la aplicación de los diversos métodos de interpretación constitucional se llegaba forzosamente a la conclusión contraria: que la norma respetaba los postulados de la Constitución Política”, se dijo.

Por otra parte, no deberíamos despreciar per se un particular método de interpretación, como ocurrió en el caso de la Sentencia C-152/03, en la que la Corte, con precipitación, rechazó el método de interpretación genético u originario en el ámbito de la interpretación de la Carta. Se opinó allí que el concepto de intención del legislador es una “ficción vacía”. Esto puede estar bien dicho en una tesis doctrinal, pero no en un fallo.

d. Está haciendo carrera la idea de que interpretar la Constitución es una actividad distinta de la actividad de interpretar el resto del derecho. Se ha dicho que en la Constitución pueden identificarse normas de distinta naturaleza - valores, principios y reglas -, las cuales, aunque gozan de fuerza normativa (C.P. art. 4), vinculan de manera distinta a los poderes públicos y están sujetas a criterios distintos de interpretación. (Ver por ejemplo la Sentencia C-1514/00). No se discute que esa sea una tipología de normas adecuada; sino el hecho de que se diga que esto solo vale para las normas constitucionales. Es muy frecuente encontrar una idea entre los constitucionalistas según la cual existe cierta especificidad de las normas constitucionales, cierta “oscuridad estructural” debida a su condición de “acto originario y supremo”; cierta amplitud, cierta condición sintética y un fuerte componente valorativo. Cuando esto se afirma, de lo que se trata en el fondo es de evitar que el juez constitucional quede sujeto a criterios fijos, e interprete mucho más libremente. El profesor español MANUEL ARAGON ha expuesto que en la ley también encontramos cláusulas valorativas y abiertas, con lo cual es muy visible que esa supuesta diferencia entre la condición de la Constitución y la condición de la ley es endeble y, por tanto, endebles las consecuencias que de esa diferencia se derivan: “En la mera diferencia cuantitativa no puede hacerse descansar una distinción de “cualidad”” (ARAGON. Los problemas actuales de la interpretación constitucional, Bogotá, 1986)

En este ámbito ocurre lo mismo que en la teoría general del derecho cuando se distingue entre derecho público y privado, dicotomía que puede considerarse el origen de muchos malos entendidos en el derecho. Resulta difícil encontrar un texto de derecho constitucional o administrativo, lo mismo que un texto de derecho civil, que no utilice este criterio para delimitar el radio de acción sobre el cual pretende extenderse el correspondiente autor; y sin embargo, nadie ha podido determinar a ciencia cierta cuáles son aquellos asuntos que atañen al gobierno y cuáles a los particulares, de manera exclusiva. Este debate ha provocado el efecto inmediato de alinear a cada tratadista en uno u otro bando, con absoluto desprecio por el otro. La consecuencia más visible de esta perspectiva sectorial consiste en la construcción de sistemas jurídicos independientes, cada uno de los cuales reclama su propia mecánica creativa del derecho, y principios privativos o especiales de interpretación. A nivel institucional, esa independencia se refleja en la existencia de un Consejo de Estado para asuntos públicos y una Corte Suprema para asuntos privados.

KELSEN hizo ver que ese dualismo no tiene valor científico y, en cambio, tiene una función ideológica, cuyo propósito es reivindicar para el derecho público “cierta independencia con respecto al derecho, a la vez que atribuye a esa independencia el carácter de un principio jurídico, de una cualidad propia del derecho público”(Teoría Pura del Derecho. EUDEBA. 1977). En otras palabras, de lo que se trató históricamente con esas distinciones era asegurar tendenciosamente al gobierno una libertad de acción que se tradujo en el rechazo a regulaciones demasiado estrechas de su actividad, y en la posibilidad de ignorar las normas que le son aplicables cuando no se muestren conformes con la finalidad de la administración. Pienso que ocurre algo parecido en el campo de la interpretación constitucional, cuando se reclaman metodologías y principios de interpretación diferentes, sobre la base de que las normas constitucionales son diferentes a las demás normas. En éste último caso, se trata también de asegurar a la propia Corte ciertas competencias que no se le conceden explícitamente.

3. Percepción que subestima la idea de soberanía:

Muchas personas creen que el concepto de soberanía permanece anclado al pensamiento absolutista e imperialista, por lo que no acomoda en la conciencia jurídica de nuestro tiempo. Otros piensan que esta noción ha perdido utilidad debido a fuerzas corrosivas internas y externas de los estados nacionales, y a factores demoledores de la economía global que la han hecho trizas. Desvistiendo un santo para vestir otro, algunos más aseguran que hemos pasado de la soberanía del Estado a la soberanía de la Constitución (Zagrebelsky, Trotta, 1995).

En estas opiniones puede esconderse un interés subrepticio en convencernos de las bondades de la postmodernidad. Pero parece demasiado pronto para dar por sepultadas las ideas básicas modernas de nuestro derecho. No se puede minimizar la importancia que ha tenido la teoría de la soberanía en nuestro constitucionalismo. Como se sabe, el concepto de soberanía alcanzó su expresión más extrema en la teoría de la monarquía absoluta. En una versión original, la de Thomas Hobbes, la soberanía indicaría, entre otras cosas, que el soberano puede disponer ilimitadamente sobre el derecho: es decir que puede crear nuevo derecho, puede derogar el viejo y todo ello sin limitaciones por algún tipo de derecho superior. (KRIELE, Depalma, 1980. Int a la T del E.). De ello se trata cuando una asamblea constituyente resuelve dar una nueva Constitución, o bien cuando el Congreso resuelve reformarla.

En efecto, de acuerdo con la Constitución de Colombia, el pueblo es titular de la soberanía, y de manera derivada, el Congreso. Pero sucede que hoy día la norma que dice eso no tiene el vigor que uno supondría. La Carta dice que el Congreso puede reformar la Constitución (art. 374). Y la Corte Constitucional siempre reconoció que el control de los actos reformatorios de la Constitución, se reducían “a la constatación de que se hayan cumplido a cabalidad todos los pasos del procedimiento agravado previsto para estas hipótesis en las normas superiores" (Sentencia C-387 de 1997 Corte Constitucional), es decir que el control recae únicamente sobre el procedimiento de reforma, y no sobre el contenido material del mismo. Pero a partir del año 2003, (sentencia C-551 2003), el juicio de constitucionalidad de los actos reformatorios de la Constitución se reorientó, en el sentido de decir que la Corte podía analizar la competencia en materia de reforma constitucional, por considerar que el Congreso no puede “sustituir” la Carta Política. Y para saber si el acto reformatorio de la Constitución no excedió los límites competenciales, la Corte debe recurrir a “los principios y valores que la Constitución contiene, y aquellos que surgen del bloque de constitucionalidad”, para establecer si se sustituyó la “identidad” de la Constitución, es decir si se afectó su contenido axiológico, y determinar si luego de la reforma la Constitución mantiene su “esencia” o fue efectivamente sustituida. En sentencia posterior (sentencia C-970 de 2004), la Corte trató de dar mayor claridad a la jabonosa noción de “sustitución”: el primer paso sería establecer, “como premisa mayor aquellos aspectos definitorios de la identidad de la Constitución que se supone han sido sustituidos por el acto reformatorio. Ello permite a la Corte establecer los parámetros normativos aplicables al examen de constitucionalidad del acto acusado.” (Cfr. Control de Constitucionalidad de los Actos Legislativos. Por: Diana Margarita Fuentes Becerra En: http://www.avancejuridico.com). Pero la verdad es que el juicio de sustitución de la constitución no es una cuestión jurídica: ni la Constitución establece límites a las reformas constitucionales que hace el Congreso, ni la Constitución permite a la Corte hacer un control que no sea el de verificar los procedimientos. Quien hace un “juicio de sustitución” sobre la obra del soberano es, en realidad, el verdadero soberano, en este caso la Corte.

Entonces, nuestro problema no es que la noción de la soberanía sea inútil: es que no queremos contestar a la pregunta de quién es su titular actual. El llamado juicio de sustitución fue muy importante a propósito de la revisión de la reforma que permitió la reelección presidencial. En la Sentencia C-1153/05, con ponencia del magistrado MARCO GERARDO MONROY, la Corte Constitucional decidió declarar ajustado a la Constitución el Acto Legislativo 02 de 2004 que permite la reelección del Presidente de la República. La Corporación reiteró allí su jurisprudencia en el sentido de que el reformador de la Constitución no es soberano, y ejerce una competencia limitada por las normas adoptadas por la Asamblea Constituyente en 1991. Y llevó su postura al punto de concluir que la parte del Acto Legislativo que facultaba al Consejo de Estado para legislar en caso de que el Congreso no adoptara la ley estatutaria de garantías para la oposición, o en caso de que la Corte declarara inconstitucional el proyecto de ley correspondiente, sí suponía una sustitución parcial de la Constitución. Sólo el magistrado Humberto Sierra Porto salvó el voto. Muy pocos han prestado atención al hecho de que la decisión de tumbar ese aparte de la reforma constitucional constituye la primera aplicación práctica de la doctrina de la sustitución.

Este debate demuestra que hoy día los límites del juez constitucional son facultativos de la Corte. El concepto de soberanía no es insubsistente, ni rococó; simplemente es incómodo en un contexto de límites débiles en el que resulta estratégico continuar sosteniendo - en el nivel de las formas - la idea de que la soberanía la retiene el pueblo. Dijo en su momento Humberto DE LA CALLE: “Más allá de lo que se piense sobre las ventajas o defectos de la reelección, más allá de las reflexiones sobre los supuestos vicios de forma en el trámite, lo cual correspondería a otro estudio, no encuentro viable que se declare inconstitucional el acto legislativo que la permitió con el argumento de la incompetencia del Congreso. Un precedente de esta naturaleza tendría serias consecuencias jurídicas porque significaría un principio de un esquema de gobierno de los jueces, con serios reparos de orden democrático” (Reelección: ¿Dónde está el límite? http://www.cambio.com.co/html/opinion/articulos/395)

4. Los desafíos a la idea moderna de calculabilidad o predecibilidad.

Una de las grandes ofertas del estado de derecho era la de la predecibilidad de las decisiones de las autoridades, es decir, la probabilidad de calcular de antemano cuáles podrían ser las opciones de decisión; esa probabilidad se ha vuelto problemática en el caso de las cortes constitucionales, sobre todo cuando hablamos de las llamadas sentencias moduladas, mencionadas atrás. En efecto, las sentencias constitucionales son definitivamente creativas, sin que sepamos muy bien cuándo esperar un tipo determinado de sentencia modulada, sobre todo si tenemos en cuenta que la Corte ha sido muy clara en decir que en el futuro puede diseñar nuevas modalidades.

Las diferencias entre juzgar y legislar son borrosas; los vínculos del juez con sus principios funcionales (pasividad, legalidad, contradicción e imparcialidad) y los principios procesales, se han debilitan paulatinamente. Cuán lejos estamos de la descripción que se hacía de la judicatura en El Federalista: “Quien considere con atención los distintos departamentos del poder, percibirá que en un gobierno en que se encuentren separados, el judicial, debido a la naturaleza de sus funciones, será siempre menos peligroso para los derechos políticos de la constitución, porque su situación le permitirá estorbarlo o perjudicarlos en menor grado que los otros poderes. El ejecutivo no sólo dispensa los honores, sino que posee la fuerza militar de la comunidad. El legislativo no solo dispone de la bolsa, sino que dicta las reglas que han de regular los derechos y los deberes de todos los ciudadanos. El judicial, en cambio, no influye ni sobre las armas, ni sobre el tesoro; no dirige la riqueza ni la fuerza de la sociedad, y no puede tomar ninguna resolución activa. Puede decirse con verdad que no posee FUERZA ni VOLUNTAD, sino únicamente discernimiento, y que ha de apoyarse en definitiva en la ayuda del brazo ejecutivo hasta para que tengan eficacia sus fallos”

Esa borrosidad a que aludimos, ese marcado carácter legislativo de los fallos de la Corte Constitucional colombiana que afectan la predecibilidad de sus decisiones, se puede enfocar en los siguientes aspectos de su actividad:

4.1. Los efectos temporales de los fallos de la Corte, es decir, las secuelas pasadas o futuras de sus decisiones son discrecionales y se definen en cada caso concreto. Así se sostiene en Sentencias C-113 de 1993, C-145 de 1994 y C-037 de 1996. En Colombia no existe ninguna autoridad pública que pueda fijar los efectos de sus propias decisiones, salvo la Corte Constitucional. Aquí puede estar la clave del gran poder de la Corporación.

4.2. El valor normativo de la jurisprudencia constitucional, que según Sentencia T-260 de 1995 es su distintivo frente a la jurisprudencia que producen otras altas autoridades judiciales.

4.3. La doctrina de las sentencias moduladas. Los tipos de sentencias moduladas de la Corte Constitucional se pueden consultar en Sentencia C-109 de 1995, en la cual se enumeran las de exequibilidad, de inexequibilidad, exhortativas, de inexequibilidad parcial (tratadas posteriormente en C-068 de 1999) y las de exequibilidad condicionada

Con el paso del tiempo han aparecido otras sentencias moduladas: de constitucionalidad diferida o temporal (Sentencia C-221 de 1997, C-141 de 2001, C-1541 de 2000 y C-620 de 2001); las integradoras o sustitutivas, anunciadas en la sentencia C-109 de 1995 y desarrolladas en la C-112 de 2000, C- 381 de 2000 y C-893 de 2003.

4.4. El fenómeno de la reviviscencia de normas. La Corte ha dicho que a diferencia de lo que sucede con la derogación, sus sentencias tienen el efecto curioso de revivir normas que fueron derogadas por normas que a su vez fueron declaradas inexequibles, como se explica en la Sentencia C-1548 de 2000.

4.5. Los poderosos efectos inter comunis (Sentencia SU-636 de 2003) e inter pares en materia de tutela (Auto 071 de 2001 y Sentencia SU-783 de 2003), que permiten que, a sentencias sobre casos concretos se puedan dar espectaculares efectos generales.

4.6. La ampliación de los efectos de una sentencia de constitucionalidad condicionada por la vía de una tutela. En la Sentencia C-299 de 1998, con ponencia de CARLOS GAVIRIA DIAZ, la Corte resolvió declarar exequible el numeral 3 del literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, en los términos de esa sentencia y, “bajo el entendido de que para aplicar esta causal es requisito indispensable que se oiga previamente al trabajador en ejercicio del derecho de defensa”.
Pues bien: En Sentencia T-546/00, tratando otro caso, una Sala de decisión de la Corte entendió que el requisito a que se aludió en la C-299 “se refiere no sólo a la causal cuya constitucionalidad fue condicionada en la Sentencia mencionada, sino a todas las causales de terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa por parte del empleador”. Tal ampliación de efectos por la vía de la tutela fue reiterada en la Sentencia T-014/06.
Este caso prueba que en cualquier decisión de tutela podemos encontrar modulaciones adicionales a los efectos de los fallos de constitucionalidad de la Corte.

5. La notificación de las decisiones de la Corte.

Ha dicho la Corte Constitucional que cuando en una sentencia no se ha modulado el alcance del fallo, los efectos jurídicos se producen a partir del día siguiente a la fecha en que la Corte ejerció, en el caso específico, la jurisdicción de que está investida, esto es, “a partir del día siguiente a aquél en que tomó la decisión de exequibilidad o inexequibilidad y no a partir de la fecha en que se suscribe el texto que a ella corresponde o el de su notificación o ejecutoria” (Sentencia C-973/04, M.P.: Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL). Cualquiera diría que una afirmación como ésta hace parte de un tratado de derecho procesal gótico; pero no.

Si se toman en cuenta las reglas procesales básicas, la producción de las consecuencias jurídicas de un fallo, sólo se producen hasta el vencimiento del término de ejecutoria del fallo, es decir, según nuestras normas procesales, tres días después de ocurrida la desfijación del edicto mediante el cual se notifica la sentencia. Esta posición encuentra apoyo en el artículo 16 del Decreto 2067 de 1991 –que rige las actuaciones de la Corte-, en armonía con lo previsto en los artículos 313 y 331 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, en la C-973/04, la Corte consideró que tales normas, para el caso de la jurisdicción constitucional, fueron derogadas por los artículos 56 y 64 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, a cuyo tenor la fecha en que se profiere una sentencia corresponde a aquella en que se ejerció el poder jurisdiccional, es decir, al momento en el cual se adoptó la decisión sujeta al pronunciamiento del juez constitucional, y no aquella otra en que se suscribe formalmente el texto o se adiciona con sus salvamentos y aclaraciones.

La anterior interpretación de la Corte ha sido controvertida (CHARRY URUEÑA. AMBITO JURÍDICO No. 176 de mayo de 2005). Pero hay algo más de fondo que no se ha considerado, y es oportuno traer a cuento las delicadas discusiones que de la interpretación de la Corte se han derivado recientemente:

a. Según la Corte, la ley 270, artículo 64, permite comunicar las sentencias aun cuando el fallo no se encuentre debidamente ejecutoriado a partir de su notificación por edicto. No se ocultan a nadie las arriesgadas consecuencias de esta tesis. Baste recordar los comunicados sucesivos del 18 y 19 de mayo de 2006, con ocasión de la expedición de la sentencia C-370 de 2006, que recayó sobre la ley 975 de justicia y paz. El segundo comunicado, a los ojos incluso de los mismos magistrados, incluyó cambios al contenido del primer comunicado, acerca del alcance verdadero de la decisión. Durante muchos se hablará del episodio que sin duda afectó la credibilidad de la Corte.

b. Recientemente, el Representante a la Cámara REGINALDO MONTES dijo que denunciaría ante la Comisión de investigación y Acusaciones de la Cámara a algunos magistrados de la Corte Constitucional, por una presunta falsedad en documento público, e inconsistencias en el cronograma del fallo de tutela T-284 del 5 de abril de 2006, mediante el cual se dejó sin efectos la sentencia del 24 de agosto de 2005 proferida por la sección V del Consejo de Estado, que a su vez anulaba la elección del Gobernador del Departamento de Córdoba. La Constitucional ordenó restablecer el derecho del ex gobernador mediante su reintegro al cargo de Gobernado “sin perjuicio de que se haya adelantado o no nuevas elecciones”. Las elecciones que se realizaron como consecuencia del fallo anulado del Consejo de Estado, y que arrojaron como resultado la elección del nuevo gobernador, se realizaron el 9 de abril, es decir, cuatro días después de la fecha en que se adoptó el fallo de tutela, no empece lo cual la Corte comunicó su decisión mucho después.

Según el congresista MONTES, la Corte Constitucional produjo un fallo el 5 de abril, pero en el mes de mayo resolvió cambiar de ponente, y produjo una nueva sentencia de tutela en junio, lo que no obstó para que la sentencia apareciera con fecha de 5 de abril. La crítica se reduce a que no hay claridad en la secuencia del trámite de las tutelas en la Corte Constitucional, lo que avivó de nuevo el debate sobre la colegislación en la Corte. Este caso tiene un capítulo adicional de suspenso: La Corte Constitucional comenzó a tramitar dos solicitudes de nulidad contra el fallo de tutela presentadas por la presidenta de la Sección Quinta del Consejo de Estado, MARIA NOEMI HERNANDEZ, y por quien fuera elegido el 9 de abril de 2006 como gobernador de Córdoba, JAIME TORRALVO. Acaso este episodio, que por demás incluyó la inversión de ingentes recursos para la realización de elecciones, permita reflexionar sobre la utilidad de reajustar el tema de las notificaciones de las providencias constitucionales.

c. La Corte ha reconocido, al menos formalmente, la obligación de notificar por edicto sus decisiones judiciales, como también las reglas procesales de la ejecutoria y la cosa juzgada constitucional. Sin embargo, sostiene al mismo tiempo que las sentencias de constitucionalidad producen efectos desde el día siguiente a su adopción, esto es, desde el comunicado de prensa que presenta el resumen de la decisión con las líneas básicas de las razones que sustentaron la decisión. Pero si la decisión se aplica de inmediato, se presenta el problema de qué las personas o entidades que quieran solicitar la aclaración o adición de una sentencia, o bien solicitar su nulidad, no pueden contar con la motivación completa del fallo que les permita fundar los reproches. Dicho de otro modo, las instituciones de la notificación y el término de ejecutoria contado a partir de la desfijación del edicto (Decreto 2067 de 1991, artículo 16), pierden sentido para interponer el incidente de nulidad contra el fallo o para cualquiera otra contingencia procesal.

Estas son sólo algunas claves del poder legislativo de la Corte, para tomar en cuenta en la discusión acerca de hasta dónde estamos dispuestos a apoyar la colegislación. Esa es una pregunta diferente, y más realista, que aquella que se reduce a rechazar la llamada colegislación de la Corte Constitucional. Decía WOODROW WILSON que debemos diferenciar la Constitución en acción de la constitución de los libros para saber dónde está colocado el centro de poder en una Constitución (Gobierno Congresional, UNAM, México, 2002). En buena medida, la Corte Constitucional se ha hecho juez de su propia competencia, desplazando algunos diques impuestos en la Carta. ¿Hasta dónde ese desplazamiento es admisible? ¿Desde dónde es un riesgo?

Se está conmemorando el día en que, hace 15 años, se dio una nueva Constitución a Colombia, y se derogó la Carta centenaria de 1886. La ocasión es propicia para reflexionar sobre los principales aportes y desafíos de la Constitución de 1991, uno de los cuales puede ser este que hemos sugerido de los alcances normativos de nuestra poderosa Corte Constitucional.

 

Juan Carlos Moncada Zapata
Abogado Universidad de Antioquia
Magíster Universidad Externado
Abogado de ORTEGA & MONCADA ABOGADOS ASOCIADOS
Carrera 7 No. 83-81, oficina 103
Tels. 2563714 y 2563752
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