Documentos Oficiales
 
SENTENCIAS ANTERIORES - ÍNDICE CRONOLÓGICO 2012
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
CC SC 1057 de 2012
Régimen de transición establecido en el artículo 36 (incisos 4 y 5) de la Ley 100 de 1993, "por el cual se crea el Sistema de Seguridad Social integral y se dictan otras disposiciones". Estarse a lo resuelto en la C-789-02 e inepta demanda en relación con el cargo de violación del derecho a la igualdad

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 1056 de 2012
INEXEQUIBLE el Acto Legislativo 1 de 2011, "por el cual se adiciona el parágrafo del artículo 183 de la Constitución Política de Colombia" al considerar que esta norma afecta sensiblemente varios elementos de la Constitución de 1991, entre ellos el principio democrático, la moralidad pública, la prevalencia del interés general, el deber de los congresistas de actuar en procura de la justicia y el bien común, la posibilidad de que los electores controlen la actuación de los elegidos, y en esa misma línea, la institución de la pérdida de investidura, que en su momento fue diseñada por el constituyente como un poderoso mecanismo de depuración de las costumbres políticas. De igual manera, encontró la Sala que al facilitar en forma apreciable el trámite de las reformas constitucionales, esta nueva norma altera de manera sustancial la configuración específica de las reglas a partir de las cuales la carta política puede ser modificada y lesiona también la separación de poderes, puesto que allana el camino para la eventual aprobación de otras reformas constitucionales que alteren las competencias, poderes y restricciones de los restantes órganos constituidos, las que en sí mismas podrían significar nuevas alteraciones sustanciales o sustituciones del modelo constitucional

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

CC SC 1055 de 2012
¿La distribución del margen de comercialización de las regalías , en aquellos casos en que las mismas son entregadas en especie por parte de quien realiza la explotación de recursos no renovables, debe ser destinada en su totalidad a las entidades territoriales y no a la Nación en contravía de lo que ordena el artículo 361 de la Carta Política? Para la Corte, de las normas constitucionales no se puede deducir si el margen de comercialización tiene el carácter de regalía o no, como quiera que la Constitución no establece un concepto acabado de lo que es regalía, de manera que es el legislador a quien compete determinar qué debe entenderse como tal, acorde con los elementos de la imagen maestra aportados desde las disposiciones constitucionales que definen el concepto y el régimen de regalías en Colombia. De esta manera, la determinación de la cuantía, la forma de entrega, la parte operativa necesaria para ser transformadas en recursos líquidos, así como la manera en que ingresan al Sistema General de Regalías son aspectos definidos por la ley, más no por la Constitución. Si bien es cierto que el artículo 360 superior contiene elementos que delinean el concepto de regalía en nuestro ordenamiento, no lo agotan y, por el contrario, se deja al legislador la tarea de crear todo un sistema que establezca en qué términos deben ser desarrolladas actividades, como la forma de distribución de los recursos, su forma de ejecución, el titular y los parámetros de su administración, entre otros aspectos. Si bien es cierto que el aparte acusado corresponde al desarrollo de la potestad de configuración prevista en el inciso segundo del artículo 360 de la Carta, también lo es que la asignación al Gobierno Nacional del 50% del margen de comercialización de las regalías no puede destinarse a finalidades distintas a las establecidas en las normas constitucionales. Ley 1530 de 2012, "por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías"; Art. 16 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible. S.V
CC SC 1054 de 2012
Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 207 : Estarse a lo resuelto en la C-715 que declaró su INEXEQUIBILIDAD

PENAL

CC SC 1053 de 2012
¿La no inclusión de exdocentes pensionados dentro composición del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, constituye una omisión legislativa relativa que vulnera el derecho a la igualdad? La Corte encontró que, en efecto prescribe un tratamiento desigual entre los docentes activos que tienen dos representantes, mientras que los exdocentes pensionados no tienen representación alguna en este Consejo. Este tratamiento desigual no tendría justificación, puesto que ambos grupos se afectan igualmente por las determinaciones que se adopten por parte del Fondo. Sin embargo, la Corte consideró que no era competente para definir mediante una exequibilidad condicionada la composición específica del Consejo Directivo del Fondo Nacional del Prestaciones Sociales, en cuanto al número de miembros que representen a los exdocentes pensionados, habida cuenta que podría tener consecuencias en el funcionamiento de ese organismo, por la variación de las mayorías determinadas en la ley, lo cual debe ser establecido por el Congreso de la República. Por tal motivo, la Corte se limitó a formular un exhorto al Congreso para que dado el déficit de protección advertido, regule la composición de dicho Consejo Directivo que permita y garantice la adecuada representación de los exdocentes pensionados no activos en este organismo. Ley 91 de 1989, "por la cual se crea el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio"; Art. 6 : Exequible con exhorto

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

EDUCACIÓN

CC SC 1052 de 2012
¿La previsión de un Incidente de Impacto Fiscal frente a sentencias de las máximas corporaciones judiciales, desconoció el principio de identidad flexible que se exige de las modificaciones que se introduzcan a un proyecto de ley o de acto legislativo? El incidente de impacto fiscal fue una figura introducida en la segunda vuelta por el constituyente, como una respuesta concreta frente a la preocupación evidenciada en los debates acerca de los efectos de las decisiones judiciales en las finanzas públicas, sin que implique un desconocimiento del principio de identidad flexible, puesto que constituye una manifestación del mandato de colaboración armónica entre los órganos del Estado contenido del artículo 113 de la Constitución Política, con el propósito de realizar los fines del Estado, entre ellos, el de sostenibilidad fiscal que debe orientar a todas las ramas y órganos del poder público, sin desconocer la primacía de los derechos fundamentales y la autonomía e independencia judicial, pues solo se trata de un criterio que el juez debe tomar en consideración al momento de tomar una decisión. Acto Legislativo 3 de 2011, "por el cual se establece el principio de la sostenibilidad fiscal": Art. 1 Inc. 4o. (Mod. el Art. 334 de la CP) : Exequible
CC SC 1051 de 2012
Declarada INEXEQUIBLE la Ley 1518 de 2012 aprobatoria del "Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales", del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de noviembre de 1978 y el 19 de marzo de 1991, por falta de consulta previa a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Reglas jurisprudenciales para determinar la necesidad de consulta previa: Momento u oportunidad de la consulta; autoridad responsable de promover la consulta; consecuencias jurídicas de la omisión de consulta previa. Criterios utilizados para identificar los casos en que procede la consulta previa por existir una afectación directa de los grupos étnicos; Métodos de interpretación para identificar la existencia de una afectación directa

AMBIENTAL

CC SC 1050 de 2012
¿Vulneró el principio de separación de poderes (art. 113 C.P.) y la prohibición que en este sentido establece el artículo 136 de la Carta Política, la ley 1501 de 2011 al ordenarle al Gobierno expedir pasaporte diplomático a todos los congresistas y a los secretarios generales de Senado y Cámara de Representantes, por el tiempo para el cual fueron elegidos? A juicio de la Corte, esta medida no constituye un desconocimiento total y abierto de las competencias establecidas por la Constitución en cabeza del poder Ejecutivo, pero sí implica una interferencia significativa en relación con éstas. Puntualmente, desconoció las competencias específicas que bajo el régimen presidencial vigente, le confiere la Constitución al Presidente de la República. Si bien la Ley 1501 de 2011 formalmente reconoce que es el Gobierno Nacional el que expide los pasaportes diplomáticos, materialmente le ordena perentoriamente dicha expedición para los congresistas y secretarios generales de las cámaras, limitando el margen de discreción o de autonomía en la decisión a tomar. Ley 1501 de 2011, "por medio de la cual se ordena la expedición de pasaporte diplomático a los Congresistas de la República" : INEXEQUIBLE

LEYES, DECRETOS CON FUERZA DE LEY Y ACTOS LEGISLATIVOS

RELACIONES EXTERIORES

CC SC 1023 de 2012
¿Excluir de los beneficios de la ley del fomento del libro colombiano a las fotonovelas y tiras cómicas o historietas gráficas constituye un trato diferenciado violatorio al derecho a la igualdad? La Corte encontró que el medio empleado no aparece como legítimo, toda vez que el legislador acudió a una exclusión total del ámbito de la ley de fomento del libro, a ciertas especies de creaciones literarias, como las tiras cómicas y las fotonovelas, que de acuerdo con conceptos especializados y estudios de contenido sociológico, histórico y artístico, revisten un importante valor cultural como medios de comunicación de masas, expresiones literarias y herramientas pedagógicas para el acceso al conocimiento, que merecen protección y promoción por parte del Estado. Ley 98 de 1993 "por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento del libro colombiano"; Art. 2 (parcial) : INEXEQUIBLE

TRIBUTARIO

CULTURA

CC SC 1022 de 2012
Cosa juzgada en relación con el artículo 69 de la Ley 44 de 1993, "por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944" (Mod. Art. 173 de la Ley 23 de 1982)
CC SC 1021 de 2012
¿Al exonerar del Gravamen de los Movimientos Financieros a las operaciones de factoring realizadas por las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, excluyendo de ese beneficio las operaciones de las demás entidades con el mismo objeto social principal, cuando no son vigiladas por la referida Superintendencia, vulnera el derecho a la igualdad y el principio de equidad tributaria? No se encontraron las razones por las cuales el legislador estableció el tratamiento diferencial que se cuestiona, de manera que no obedeció a ningún criterio fundado en la racionalidad, que se tradujo en tratamiento injustificado y por lo mismo contrario a la igualdad. Adicionalmente, la Corte estableció que existe una vulneración de la equidad tributaria en los que se cimenta el sistema tributario, pues la exención a los GMF ha favorecido las operaciones de factoring de aquellas empresas con mayor músculo financiero en comparación con otras de menor capacidad económica, pero que desarrollan el mismo objeto social. Con ello, se rompe la neutralidad tributaria para otorgar una ventaja económica en detrimento de aquellas personas naturales y jurídicas que desarrollan la misma actividad. Ley 1450 de 2011, "por la cual se expide el Plan nacional de Desarrollo 2010-2014"; Art. 38 (parcial) (Adic. el Num. 21 al Art. 879 del ET) : INEXEQUIBLE
CC SC 1020 de 2012
Inepta demanda en relación con los artículos 80 y 90 (parciales) de la Ley 23 de 1981, "por la cual se dictan normas en materia de ética médica"

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

CC SC 1019 de 2012
La presencia de miembros del Gobierno y de las Fuerzas Militares como integrantes del Consejo Superior Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada, puede representar una injerencia indebida del Ejecutivo, que afecte la autonomía universitaria de esta institución educativa y por ende, desconozca el artículo 69 de la Constitución Política? La presencia de estos miembros en dicho órgano de dirección deliberante y regido por principios democráticos, no es mayoritaria, ni desproporcionada, de manera que no se afecta el núcleo esencial del principio de autonomía universitaria. Aclaró que los miembros de dicho Consejo no ostentan la calidad de servidores públicos por el hecho de pertenecer a este órgano de dirección, carácter que se reserva al personal docente de carrera y al personal administrativo. Es decir, que los miembros de ese Consejo que son servidores públicos lo son por los cargos que ocupan y no por su pertenencia a este órgano de dirección universitario. Ley 805 de 2003 "Por la cual se transforma la naturaleza jurídica de la Universidad Militar Nueva Granada"; Art. 8 (parcial) : Exequible

EDUCACIÓN

CC SC 1018 de 2012
¿Cuando el aparte demandado establece que Las normas expedidas en desarrollo de esta ley, únicamente tendrán efecto impositivo cuando las leyes tributarias remitan expresamente a ellas "o cuando estas no regulen la materia" vulnera el principio de reserva de ley en materia tributaria? Para la Corte, la Ley 1314 de 2009 no otorga una habilitación legal o el otorgamiento de facultades al Presidente de la República para crear tributos ni para definir o modificar sus elementos constitutivos -sujetos activos y pasivos, hecho generador, base gravable y tarifas de los impuestos- sino que le confiere efectos en el ámbito tributario a los reglamentos que en su desarrollo sean expedidos, sin vulnerar el principio de legalidad y de reserva legal en materia tributaria. Ley 1314 de 2009, "por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento"; Art. 4 (parcial) : Exequible
CC SC 1017 de 2012
La votación secreta por parte del Congreso de la República, cuando se debe hacer una elección es una excepción a la votación nominal y pública que no desconoce la responsabilidad de los congresistas ante el electorado, ni el régimen de bancadas, con la salvedad de las elecciones de dignatarios postulados directamente por los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Ley 5 de 1992, "por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes"; Art. 131 Lit. a) (Mod. por el Art. 3 de la Ley 1431 de 2011) y el Art. 136 Num. 2 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequibles
CC SC 1016 de 2012
¿La inhabilidad permanente para contratar con el Estado, como consecuencia de reincidir en graves inconsistencias en el Registro Único de Proponentes a cargo de las Cámaras de Comercio, configura una sanción imprescriptible violatoria de lo estipulado en el artículo 28 de la Constitución y de los derechos consagrados en los artículos 26 (libertad de profesión u oficio) y 40, numeral 7 (acceso a la administración pública) de la Carta Política? A juicio de la Corte, la medida adoptada tiene una justificación objetiva y la finalidad de la medida es constitucionalmente legítima. Con todo, ante la posibilidad de que se entienda que la inhabilidad permanente para contratar con el Estado se aplique de manera automática, contrariando el debido proceso y el derecho de defensa, la Corte procedió a condicionar la constitucionalidad de la norma, en el sentido de entender que para el efecto deberá agotarse el debido proceso previsto en la ley para establecer una inhabilidad permanente. Ley 1150 de 2007, "por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos" Art. 6 (parcial) (Mod. por el Art. 221 del Decreto 19 de 2012) : CONDICIONALMENTE exequible

CONTRATACIÓN ESTATAL

CC SC 969 de 2012
¿Vulnera el derecho al trabajo la exigencia de presentación del paz y salvo por infracciones de tránsito para sustituir, renovar y recategorizar la licencia de conducción? Existen en el ordenamiento, formas de acuerdo y facilidades de pago. En todo caso, afirmó que no existe un derecho a quebrantar el ordenamiento de tránsito, abstenerse de cancelar las multas y continuar desempeñando una actividad peligrosa con una licencia amparada por la legalidad. Ley 769 de 2012 "por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones"; Art. 17 (parcial) (Mod. por los Arts. 4 de le Ley 1383 de 2010 y 244 de la ley 1450 de 2011), y Arts. 22 y 23 (parciales) (Mod. por los Arts. 197 y 198 del Decreto 19 de 2012)
CC SC 967 de 2012
¿El registro en el acta de liquidación de los contratos estatales, de los acuerdos, conciliaciones, transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las discrepancias surgidas y declararse a paz y salvo, limita el control fiscal de gestión y resultado? Para la Corte, ese registro tiene alcance restringido a la esfera de las obligaciones surgidas entre las partes con motivo de la suscripción y ejecución del contrato. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha advertido que "la liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio jurídico; por ende, no puede con posterioridad demandarse reclamaciones que no hicieron en ese momento". Es decir, ni los acuerdos alcanzados, ni las declaraciones mutuas de paz y salvo, tienen un impacto más allá del que surge directamente del vínculo contractual. En esa medida, es claro que la liquidación de los contratos estatales y las constancias que en ella se deje, de ninguna manera pueden ser oponibles para excluir la intervención de los organismos de control, tanto en los ejercicios posteriores de auditoría como en el marco de eventuales procesos de responsabilidad fiscal. Decreto 19 de 2012, "por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública"; Art. 267Inc. 3o. (parcial) (Mod el Art. 60 de la Ley 80 de 1993) : Exequible

CONTRATACIÓN ESTATAL

CC SC 966 de 2012
¿La distribución de la remuneración por la divulgación de un fonograma, entre los artistas intérpretes o ejecutantes y el productor del mismo, vulnera el derecho a la igualdad? Permite reconocer de una lado a los artistas intérpretes o ejecutantes y de otro, a los productores de fonogramas, un remuneración equitativa respecto de una misma situación específica: su contribución a la divulgación del fonograma, más no, a la creación de obras artísticas. Por ello, tiene sentido que la norma no haga prevalecer una actividad sobre la otra. Sin interpretación no hay fonograma y sin fonograma no hay divulgación masiva, ni comercialización de tal interpretación. Por último, el pago de la remuneración que compensa el aprovechamiento que se hace de las interpretaciones o ejecuciones secundarias de los fonogramas no es desproporcionado, por cuanto constituye un reconocimiento tanto a los artistas intérpretes o ejecutantes, como a los productores de fonogramas y al mismo tiempo, garantiza a los titulares de los derechos conexos su protección de forma adecuada y eficaz. Ley 44 de 1993, "por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944"; Art. 69 (Mod. el Art. 173 de la Ley 23 de 1982) : Exequible
CC SC 965 de 2012
¿Se requería ley estatutaria para efectuar el cambio de naturaleza jurídica de Colpensiones? La norma demandada no regula aspecto alguno del derecho a la seguridad social en materia pensional, ni en alguna otra materia o derecho fundamental. Si bien es cierto que la función principal de COLPENSIONES se relaciona con el manejo de recursos de la seguridad social y hace parte del Sistema General de Pensiones, esto no es suficiente para afirmar que la regulación de su régimen signifique la regulación de los derechos de seguridad social, en los términos en que una ley estatutaria lo haría. ¿Con la expedición del decreto demandado se incurrió en una extralimitación de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República, mediante el artículo 18 de la Ley 1444 de 2011? La habilitación para modificar la naturaleza jurídica de las entidades, significaba atender la necesidad de regular aquellos aspectos de su régimen que se derivan de la denominación jurídica en cuestión. Por ello, no resulta jurídicamente admisible modificar la naturaleza jurídica de una entidad sin regular el régimen de vigilancia y control al que se someterá, así como las características y naturaleza de su patrimonio, entre otros aspectos. Decreto 4121 de 2011, "por el cual se cambia la naturaleza jurídica de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones": Exequible. S.V

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 945 de 2012
Inepta demanda contra el literal e) (parcial) del numeral 5 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, "por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones"; por carencia actual del objeto
CC SC 944 de 2012
Ley 1573 de 2012, aprobatoria de la "Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales", adoptada por la Conferencia negociadora en París, el 21 de noviembre de 1997. Exequible

PENAL

CC SC 943 de 2012
¿Se vulneró el derecho de las comunidades étnicas a ser consultadas previamente a la expedición de este Decreto Ley 3573 de 2011? ¿Se desconocieron los límites constitucionales al ejercicio de las facultades extraordinarias, al haber dictado una serie de medidas que modifican el procedimiento para la expedición de licencias ambientales? Para la Corte el decreto demandado no se ocupa de establecer cuál es el procedimiento para el otorgamiento de licencias ambientales, ni de regular, de manera específica, el proceso de consulta previa a comunidades indígenas y étnicas. Decreto 3573 de 2011, "Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- y se dictan otras disposiciones". Publicado en el Diario Oficial No. 48.205 del 27 de septiembre de 2011; Exequible

AMBIENTAL

CC SC 911 de 2012
¿El legislador, al expedir la norma que ordena que la fijación del salario mínimo modifica automáticamente la estipulación contractual que prevea un salario inferior, incurrió en una omisión legislativa relativa, por infracción del mandato constitucional de trato igual ordenado en el artículo 13 de la Constitución Política y el carácter móvil de todos los salarios y no solamente de los inferiores al mínimo? La Corte reafirmó que el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios bajos tiene el carácter de intangible, en razón a la protección constitucional reforzada que la Constitución les dispensa. Por el contrario, quienes ganan salarios más altos no son necesariamente sujetos de una protección salarial reforzada y su derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario puede recibir distinto tratamiento, siempre que esté justificado de manera razonable. Cuando el artículo 53 de la Constitución alude al salario móvil, está consagrando el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario, pero este mandato no puede interpretarse como lo hace el demandante, en el sentido en que todos los salarios superiores al mínimo deben ajustarse anualmente en el mismo porcentaje en que haya sido incrementado aquél. Código Sustantivo del Trabajo; Art. 148 : Exequible

LABORAL

LABORAL ADMINISTRATIVO

CC SC 910 de 2012
Condicionar el beneficio de la sustitución de la detención intramuros por la domiciliaria, al examen de la personalidad del imputado o acusado mayor de 65 años, no es una manifestación del derecho penal de autor, no configura un trato discriminatorio entre estos y los demás grupos de especial protección y aunque la expresión "personalidad" es un concepto jurídico indeterminado, la decisión sobre el beneficio de la sustitución de la detención intramuros no depende del criterio subjetivo y arbitrario del juez penal, sino de consideraciones objetivas sobre el cumplimiento de los fines de las medidas de aseguramiento en el caso particular, a partir de los parámetros que ofrece el propio ordenamiento jurídico. Ley 1142 de 2007, "por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana.; Art. 27 Num 2 (Mod. el Art. 314 de la ley 906 de 2004) : Exequible

PENAL

CC SC 909 de 2012
(i) ¿La facultad conferida por el legislador a la Superintendencia Financiera, para definir de manera residual, cláusulas y prácticas abusivas en materia financiera, de seguros y del mercado de valores, desborda el ámbito de competencia que le corresponde al ejecutivo y a ciertos órganos en materia de reglamentación? Reiteró que la reserva de ley no significa que el legislador, en todos los casos, deba regular integralmente una materia, puesto que su competencia exclusiva está relacionada, propiamente, con la definición de los aspectos esenciales y definitorios de la cuestión objeto de reserva legal, los cuales no pueden ser deferidos de ninguna manera al reglamento. En este sentido, el legislador puede facultar a determinados órganos y entidades administrativas para reglamentar ciertos aspectos de la ley. (ii) ¿La definición legal de consumidor financiero vulnera el artículo 333 de la Constitución Política, al restringir de manera irrazonable y desproporcionada el ejercicio de la libertad económica? La definición del consumidor financiero y las facultades concedidas a la Superintendencia Financiera para determinar las cláusulas y prácticas que, por abusivas, es prohibido incorporar en contratos de adhesión, adicionales a las dispuestas por el legislador, reflejan en debida forma el ejercicio compartido de competencias que el Constituyente de 1991 quiso disponer en esta materia, razón para afirmar su conformidad con la Carta Política, además de avenirse a las condiciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Ley 1328 de 2009, "por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones"; Art. 2 Lit e), Art. 11 Lit e) y Art. 12 Lit. d) : Exequibles

FINANCIERO

CC SC 896 de 2012
¿Otorgar al Ministerio del Interior y de Justicia funciones jurisdiccionales relativas a materias que en nada se relacionaban con la materia de la Ley 1480 de 2011, desconoció el principio de unidad de materia? ¿La atribución de funciones jurisdiccionales -a través de la expresión "asuntos en que la ley haya permitido o permita a otras autoridades administrativas el ejercicio de funciones jurisdiccionales, siempre y cuando las controversias sean susceptibles de transacción o conciliación y se apliquen las normas procesales vigentes"- al ser genérica e indeterminada, constituyó una infracción del debido proceso (art. 29), así como de las reglas que determinan las condiciones de asignación de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas (art. 116)? La Corte precisó las reglas que rigen, de conformidad con la Constitución y la ley, la atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas, de manera que (i) si es posible diferenciar claramente y no hay interferencia entre el ejercicio de funciones jurisdiccionales y el ejercicio de las funciones administrativas a cargo de la autoridad correspondiente, la asignación de competencias jurisdiccionales será constitucionalmente admisible; (ii) si las funciones administrativas y jurisdiccionales se encuentran tan estrechamente ligadas que no sea posible diferenciar -o eliminar- el riesgo de interferencia en el ejercicio de unas y otras en la entidad administrativa correspondiente, la disposición que atribuye las funciones jurisdiccionales será inconstitucional; (iii) en el evento en que las funciones administrativas y jurisdiccionales impliquen un riesgo de confusión o interferencia pero sea posible, desde el punto de vista jurídico y práctico, superar tales riesgos de confusión o interferencia, la disposición que atribuye las funciones será constitucional bajo la condición de que se eliminen tales riesgos. Ley 1480 de 2011, "por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones"; Art. 80 (parcial) : INEXEQUIBLE

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 895 de 2012
La no inclusión de las empresas de servicios públicos domiciliarios en toma de posesión con fines liquidatorios, entre los contribuyentes exentos del impuesto de patrimonio, no configura una vulneración del principio de igualdad y equidad tributaria por dos razones: (i) porque las empresas de servicios públicos domiciliarios en liquidación fueron expresamente incluidas en la norma; (ii) porque las empresas de servicios públicos domiciliarios en toma de posesión con fines de liquidación están sometidas a un régimen especial en razón de la función social que cumplen y del interés general que se protege, que hace que su situación no pueda ser comparada con la de otro tipo de empresas sometidas a acuerdos de reestructuración de pasivos o reorganización empresarial. Cuando se ordena la liquidación de una empresa de servicios públicos domiciliarios, ese procedimiento se encuentra regulado en el artículo 293 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que fija las condiciones para la liquidación forzosa administrativa, hipótesis expresamente prevista en la norma cuestionada. Ley 1370 de 2009, "por la cual se adiciona parcialmente el Estatuto Tributario"; Art. 6 (parcial) (Adc. el Art. 297-1 al E.T). Ley 863 de 2003, "por la cual se establecen reformas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas"; Art. 17 (Mod. el Art. 297 al E.T) : Exequibles
CC SC 894 de 2012
¿Vulneró el artículo demandado los principios de unidad de materia, de consecutividad e identidad flexible, por cuanto el tema de los delitos querellables no estuvo presente en ninguna de las ponencias para primer y segundo debate sino que se incluyó en el texto definitivo aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes? No basta con que el demandante se limite a afirmar que una norma fue incluida en el último debate, como en el presente caso, pues, a la luz del contenido del artículo 160 Superior, durante el segundo debate cada Cámara puede introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que considere necesarias. En este respecto, la única condición exigida al legislador es que dicha novedad guarde relación de conexidad con lo aprobado en el primer debate o que no sea contraria a lo allí decidido. No ocurrió que se haya variado la lista de delitos querellables ni que se haya incluido un artículo en el proyecto de ley sin deliberación alguna, sino que la norma era necesaria para cumplir con el objeto de la ley, y mantener coherencia con la política criminal que hasta el momento ha adoptado el Estado frente al delito de violación de los derechos de reunión y asociación. En consecuencia, se trató de una precisión y no de la creación de una regla nueva contraria a lo aprobado a lo largo del trámite legislativo. Ley 1453 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad"; Art.108 (Mod. el Art. 74 de la Ley 906 de 2004) : Exequible. Inepta demanda en relación a la vulneración del principio de unidad de materia

PENAL

CC SC 893 de 2012
¿El vencimiento del plazo previsto en la norma para la fase de indagación preliminar, da lugar al archivo automático de las diligencias, si no existen suficientes elementos de juicio para la formulación de imputación y por ende vulnera los principios de dignidad humana e igualdad, los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia? La disposición controvertida, en la cual se establece un plazo de dos, tres y cinco años a la fase de indagación preliminar, no vulnera los preceptos constitucionales alegados por el demandante, por cuanto: (i) el establecimiento de límites temporales a esta fase no suprime las facultades investigativas de la Fiscalía General de la Nación, si no que por el contrario, la impulsa a desarrollarlas diligente y eficazmente; (ii) tampoco afecta los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, porque obliga a las instancias a materializar sus derechos en términos breves y precisos; (iii) aunque eventualmente el vencimiento del plazo puede dar lugar al archivo de las diligencias, tal decisión debe ser motivada a partir de los supuestos previstos en el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal y se puede disponer la reapertura del caso cuando exista mérito para ello; y (iv) dichos términos responden a criterios de razonabilidad y se enmarcan dentro del margen de configuración reconocido en esta materia al legislador. Ley 1453 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad"; Art. 49 Par. (Mod. el Art. 175 de la Ley 906 de 2004) : Exequible

PENAL

CC SC 892 de 2012
La licencia por luto debe incluir también a los parientes del trabajador en segundo grado civil. Ley 1280 de 2009 "por la cual se adiciona el numeral 10 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo y se establece la Licencia por Luto"; Art.1 (Adc. el Art. 57 del C.S.T) : CONDICIONALMENTE exequible

LABORAL

CC SC 891 de 2012
¿Al delegar en una autoridad administrativa, Ministerio del Interior, la facultad de determinar los elementos de un tributo -tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos-cuenta territoriales de seguridad para fomentar la seguridad ciudadana- cuya imposición asigna a las entidades territoriales, desconoce lo dispuesto por el artículo 338 de la Constitución Política y vulnera el principio de legalidad en materia tributaria? Analiza: (i) El principio de legalidad en materia tributaria, (ii) El principio de autonomía fiscal, (iii) El alcance de la potestad reglamentaria en materia tributaria. Cuando el Legislador establece tributos del orden nacional debe señalar todos los componentes, de manera clara e inequívoca. No obstante, no opera la misma exigencia para los del orden territorial, frente a los cuales el Congreso deberá crearlos o autorizar su creación, pudiendo asumir además esa Corporación Legislativa una de tres alternativas para la determinación de los elementos constitutivos del tributo: i) que señale los elementos del tributo; ii) que fije algunos de los elementos del tributo y permita que asambleas y concejos señalen los restantes, y iii) que deje a las corporaciones públicas territoriales la fijación de los elementos del tributo que aquel ha creado. Ley 1421 de 2010 "por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006"; Art. 8 Par. Inc. 4o. : INEXEQUIBLE

TRIBUTARIO

CC SC 890 de 2012
Los recursos parafiscales administrados por las Cajas de Compensación Familiar y los estrictamente destinados a la atención del derecho a la salud en los términos de la Ley 100 de 1993, no son objeto de gravamen mediante el impuesto al patrimonio. Estatuto Tributario; Arts. 292, 295 y 297 tal y como fueron modificados por los artículos 17 de la Ley 863 de 2003 y 25 y 28 de la Ley 1111 de 2006 : CONDICIONALMENTE Exequibles
CC SC 889 de 2012
¿Al sujetar el legislador la autorización para el uso de las plazas de toros permanentes a la comunicación del interesado a las autoridades administrativas correspondientes, vulnera la autonomía de las entidades territoriales, en tanto presuntamente, les impone la obligación de permitir el espectáculo taurino en dichos inmuebles? Margen de discrecionalidad en lo que respecta a la concesión de autorizaciones para el ejercicio de actividades ciudadanas y que las restricciones que impongan, deben tener respaldo en la Constitución o la ley, por lo que su campo de acción reglamentaria se circunscribe a la aplicación de esos preceptos a partir de su adaptación al ámbito local, sin que en esa tarea puedan imponer un tratamiento más estricto, que fije condiciones para ejercicio de libertades que no hayan sido contempladas mediante mandato superior o legal. No existe una norma legal que imponga la prohibición general de los espectáculos taurinos. Tampoco que permita inferir que basta la mera notificación a la autoridad competente, acerca de la celebración del espectáculo taurino en plazas de toros permanentes, para que los entes territoriales queden inmediatamente compelidos a permitir dicha práctica; bien pueden las autoridades locales suspender o no autorizar la realización de un espectáculo taurino, adelantado en plazas de toros permanentes, no permanentes o portátiles, cuando no cumpla con tales requisitos (Art. 15), al igual que cuando se esté ante el incumplimiento de las condiciones de arraigo social, localización, oportunidad y excepcionalidad definidas por la sentencia C-666 de 2010; o en aquellos casos en que la actividad no cumpla con las condiciones previstas por el ordenamiento jurídico para la celebración de espectáculos públicos, en general. El estándar preciso y estricto para la habilitación de las corridas de toros, es exigible a todos los espectáculos taurinos, al margen de la naturaleza (permanente, no permanente o portátil), del inmueble en que se lleven a cabo. Ley 916 de 2004, "por la cual se establece el Reglamento Nacional Taurino"; Arts 14 y 15 (parciales), y 17, 18 y 19 : Exequibles, salvo el aparte "que requieran autorización previa", contenida en los Arts 17 y 18, declarada INEXEQUIBLE
CC SC 863 de 2012
¿La potestad que la norma confiere a los notarios, de practicar pruebas extrajudiciales con citación de la contraparte y sujeción a las reglas del Código de Procedimiento Civil, con destino a procesos judiciales (excepto el penal), vulnera el artículo 116 de la Carta, en la medida que, en criterio de las demandantes, los notarios no son autoridad judicial (inciso 1º), ni administrativa autorizada para ejercer excepcionalmente y en materias precisas funciones jurisdiccionales (Inciso 3º), como tampoco particulares investidos transitoriamente de dicha función (inciso 4º)? Habiendo establecido que (i) la función que los incisos primero y segundo del artículo 113 de la Ley 1395 de 2010, asignan a los notarios reviste naturaleza jurisdiccional; (ii) que los notarios no son autoridad administrativa en sentido orgánico, a la que se le pudiere atribuir, excepcionalmente y en materia precisas, función jurisdiccional al tenor del inciso tercero del artículo 116 de la Constitución; (iii) que para los efectos señalados en la norma, tampoco pueden ser ubicados en ninguna de las categorías de particulares investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, en tanto que no son jurados en causas criminales, ni conciliadores, ni árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad; la Corte determinó que le asiste razón a las demandantes, toda vez que la Constitución no autoriza a los notarios para desempeñar funciones jurisdiccionales. Declara exequible la facultad dada a los notarios para que reciban declaraciones extraproceso con fines judiciales. Ley 1395 de 2010, "por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial"; Art. 113 Inciso 1o., 2o. y 3o. (parcial ) : INEXEQUIBLES. Inciso 3o. : Exequible

NOTARIAL

CC SC 862 de 2012
Revisión integral del proyecto de ley estatutaria, por medio de la cual se expide el Estatuto de la Ciudadanía Juvenil

ELECTORAL

CC SC 849 de 2012
Inepta demanda en relación con el artículo 205 del Decreto 19 de 2012, "por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública"

LEYES, DECRETOS CON FUERZA DE LEY Y ACTOS LEGISLATIVOS

CC SC 848 de 2012
Cosa juzgada en relación con la declaratoria de inexequibilidad del artículo 137 del Decreto 19 de 2012, "por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública"

LEYES, DECRETOS CON FUERZA DE LEY Y ACTOS LEGISLATIVOS

CC SC 847 de 2012
Cosa juzgada en relación con la declaratoria de inexequibilidad del artículo 137 del Decreto 19 de 2012, "por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública"

LEYES, DECRETOS CON FUERZA DE LEY Y ACTOS LEGISLATIVOS

CC SC 846 de 2012
Inepta demanda contra el Acto Legislativo 1 de 2011, "por el cual se adiciona el parágrafo del artículo 183 de la Constitución Política de Colombia", en relación con los cargos por la incompetencia del Congreso para expedirlo y la consecuente sustitución de la Constitución de 1991
CC SC 822 de 2012
Exequible la Ley 1512 de 2012, aprobatoria de la "Convención del Metro", firmada en París el 20 de mayo de 1875 y modificada el 6 de octubre de 1921 y del Reglamento Anexo

COMERCIO

CC SC 821 de 2012
Inepta demanda contra el Lit. a) del Art. 11 y el art. 42 de la Ley 33 de 1992, "por medio de la cual se aprueba el "Tratado de Derecho Civil Internacional y el Tratado de Derecho Comercial Internacional", firmados en Montevideo el 12 de febrero de 1889. Objetivo de la demanda : modernizar las normas de derecho internacional privado atinentes a la edad mínima para que la mujer pueda contraer matrimonio en igualdad de condiciones que el hombre

CIVIL

CC SC 820 de 2012
¿La entrega por el Magistrado del proyecto productivo a cargo del opositor de mala fe a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, para su explotación por terceros y con destino a fines de reparación colectiva, sin consentimiento de la víctima beneficiaria de la restitución, viola el derecho constitucional a la reparación integral, el principio de igualdad y no discriminación por las autoridades frente a los predios con proyecto productivo a cargo de un opositor de buena fe y el derecho de autodeterminación de la víctima del despojo o de abandono forzado de su predio? La entrega del proyecto productivo y las condiciones de explotación del mismo, procederán con el consentimiento de la víctima restituida, y que los recursos destinados a la reparación colectiva serán los que provinieren del producido del proyecto, descontada la participación de la víctima. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 99 Inc. 2o.: CONDICIONALMENTE exequible

PENAL

CC SC 818 de 2012
Exequible la Ley 1517 de 2012, aprobatoria del "Acuerdo del Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre cooperación en materia de la Defensa", suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2008, salvo el Art. 5 y el Num. 3 del Art. 6 declarados CONDICIONALMENTE exequibles, en el sentido de que el "acuerdo para la protección de información reservada" no puede implicar la asunción de obligaciones nuevas, diferentes o adicionales a las del presente Acuerdo, so pena de no tener la calidad de acuerdo complementario, sino de tratado internacional y de tener que ser sometido a los procedimientos constitucionales de aprobación del Congreso y revisión de constitucionalidad por la Corte Constitucional
CC SC 818 de 2012
Los funcionarios comisionados no serán recusables, ni podrán declararse impedidos. Código de Procedimiento Civil; Art. 151 : Cosa juzgada
CC SC 786 de 2012
Ley 1425 de 2010, "por medio de la cual se derogan artículos de la Ley 472 de 1998 Acciones Populares y Grupo", declarada exequible por vicios de forma en el trámite legislativo analizados en esta sentencia, relativos a la vulneración del principio de publicidad, de conformidad con el artículo 161 de la Constitución Política; y a la violación de la exigencia de votación nominal y pública, consagrado en los artículos 133, 146 y 157 de la Constitución Política

LEYES, DECRETOS CON FUERZA DE LEY Y ACTOS LEGISLATIVOS

CC SC 785 de 2012
La posibilidad de solicitar estabilidad jurídica respecto de la deducción del impuesto a la renta por inversión en activos fijos reales antes del 1º de noviembre de 2010, no puede considerarse una transgresión del principio de irretroactividad tributaria, toda vez que la simple presentación de tal solicitud no genera un derecho adquirido y menos aún una situación consolidada. Ley 1430 de 2010, "por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad"; Art. 1 (Adición al Art. 158-3 del ET)

TRIBUTARIO

CC SC 784 de 2012
¿Se extralimitó el Presidente de la República al expedir los artículos 47 y 48 del Decreto 019 de 2012, mediante los cuales se establece la ventanilla única para el cobro de los derechos de autor a los establecimientos abiertos al público por la reproducción de obras musicales, fonogramas, obras audiovisuales y-o interpretaciones artísticas, toda vez que las facultades extraordinarias fueron conferidas para suprimir o modificar trámites innecesarios en la Administración Pública, y el recaudo de los derechos de autor es un trámite realizado por particulares? ¿Desconocen los artículos 47 y 48 del Decreto 019 de 2012, la libertad de asociación, al establecer el mecanismo de la ventanilla única para el cobro unificado de los derechos de autor a los establecimientos abiertos al público que reproduzcan obras musicales, fonogramas, obras audiovisuales y
CC SC 783 de 2012
Cosa juzgada en relación con la exigencia de autorización del Ministerio del Trabajo para despedir o dar por terminado el contrato de una persona con discapacidad. Decreto 019 de 2012, "por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública"; Art. 137 (Mod. el Art. 26 de la Ley 361 de 1997)

LABORAL ADMINISTRATIVO

LABORAL

CC SC 782 de 2012
¿Limitar la posibilidad de adición de la sentencia o decisión con efectos equivalentes, cuando se omite el pronunciamiento sobre los bienes afectados con fines de comiso, a la defensa, el fiscal o el Ministerio Público, vulnera los derechos a la igualdad y de acceso a la justicia de las víctimas? Dicha exclusión entraña una omisión legislativa relativa, como quiera que dicha exclusión se produce frente a un sujeto que se encuentra en una posición jurídica asimilable a aquellos que sí fueron considerados, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable, derivando en un trato discriminatorio respecto de la víctima, lo cual se proyecta en un desmedro de la garantía de acceso pleno y efectivo a la justicia, en procura de una reparación integral del daño inferido por el delito. El derecho de participación de la víctima, como interviniente especial, en el proceso penal de tendencia acusatoria. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Art. 90 : CONDICIONALMENTE exequible

PENAL

CC SC 781 de 2012
Contrario a lo afirmado por los demandantes, la expresión "con ocasión del conflicto armado," tiene un sentido amplio que cobija situaciones ocurridas en el contexto del conflicto armado, que no se limitan a aquellos hechos directa y exclusivamente ocurridos como resultado de confrontaciones militares, o por ser hechos realizados por un grupo específico de actores armados con exclusión de otros, o cuando se utilicen ciertos medios de guerra, o si se producen en una determinada área geográfica. A juicio de la Corte, dado el sentido amplio que tiene la noción de conflicto armado interno y las complejidades y evolución permanente del mismo, para establecer la condición de víctima al amparo de la Ley 1448 de 2011, el operador jurídico debe examinar en cada caso concreto las circunstancias en que se ha producido una grave violación de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, y el contexto en que ocurrieron los hechos, para determinar si existe una relación cercana y suficiente con el conflicto armado interno, y en todo caso, si existe duda, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ésta debe resolverse a favor de la víctima. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; 3 (parcial): Exequible

LEYES, DECRETOS CON FUERZA DE LEY Y ACTOS LEGISLATIVOS

PENAL

CC SC 767 de 2012
Exequible la Ley 1516 de 2012, aprobatoria de la "Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de expresiones culturales", firmada en París el 20 de octubre de 2005

LEYES, DECRETOS CON FUERZA DE LEY Y ACTOS LEGISLATIVOS

CULTURA

CC SC 766 de 2012
Inepta demanda en relación con la definición por parte del gobierno del usuario industrial beneficiario del descuento sobre la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico, establecida en el Art.2 Par. 2o. de la Ley 1430 de 2010, "por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad" (Mod. el Art. 211 del ET). Lo que se pretende cuestionar a través de la presente acusación, es la forma como el gobierno reglamentó la materia, pues la posibilidad de no incluir a todos los titulares de los beneficios tributarios creados para la contribución del sector eléctrico, esto es, los usuarios industriales -regulados y no regulados-, proviene de las medidas reglamentarias adoptadas para la ejecución y cumplimiento de la norma impugnada (Decretos 2915 de 2011 y 4955 de 2011), las cuales, además, deben ser controvertidas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por ser de su competencia privativa

TRIBUTARIO

CC SC 765 de 2012
Exequible Proyecto de Ley Estatutaria No. 092 de 2011 Cámara - 167 de 2011 Senado, "por medio de la cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad", salvo en lo concerniente a exenciones tributarias y el condicionamiento al establecimiento de un plazo para el ejercicio de la potestad reglamentaria que le compete al Gobierno Nacional

LEYES, DECRETOS CON FUERZA DE LEY Y ACTOS LEGISLATIVOS

CC SC 748 de 2012
Inepta demanda en relación con los apartes demandados sobre a distribución de los márgenes de comercialización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Competencia de la Corte Constitucional para conocer con decretos con fuerza de ley, que desarrollan actos reformatorios de la Constitución, no solo respecto de los decretos con fuerza de ley de que trata el artículo 241-5 C.P., sino también de todos aquellos que tengan ese carácter. Decreto 4923 de 2011, "por el cual se garantiza la operación del Sistema General de Regalías"
CC SC 747 de 2012
¿Se incurrió en violación al principio de unidad de materia, incluir en el Plan de Desarrollo el artículo mediante el cual se cede a favor del municipio de Nemocón (Cundinamarca), la totalidad de las rentas por concepto de ingresos de turistas al monumento turístico "Mina de Sal" de Nemocó? Se encuentra que hay conexidad directa entre el artículo demandado y con las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Ley 1450 de 2011, "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014"; Art. 42: Exequible
CC SC 746 de 2012
¿La habilitación otorgada al Ministerio del Medio Ambiente para que de manera privativa otorgue la Licencia Ambiental en los proyectos que afecten el Sistema de Parques Nacionales Naturales, (a) desconoce la finalidad de conservación propia de estas áreas y desnaturaliza su esencia jurídica y ambiental; (b) permite que se realicen actividades, obras o proyectos de alto impacto, que niegan la condición inalienable de dichas áreas y el deber de conservarlas dada su especial importancia ecológica; y (c) supone "un claro impulso del principio de desarrollo sostenible" que se opone a los propósitos de "conservación y protección" propios de los parques naturales? Traslado de competencias a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-.Una lectura armónica de las dos instituciones jurídicas, la licencia ambiental y el sistema de parques naturales, conduce a concluir que el trámite, otorgamiento o negación de cualquier licencia ambiental para proyectos, obras o actividades en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales debe estar sujeto a sus precisas finalidades y a los usos y actividades permitidas dentro de las áreas del Sistema, siempre que tales actividades no causen alteraciones significativas al ambiente, razón por la cual la Corte declaró la constitucionalidad de la disposición demandada. De los mandatos constitucionales de protección, conservación y planificación relacionados con los recursos naturales de la Nación y, en concreto, con el Sistema de Parques Nacionales Naturales. Ley 99 de 1993, "por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones"; Art. 52, Num., 9 : Exequible

AMBIENTAL

CC SC 745 de 2012
La ampliación del plazo para la primera revisión técnico mecánica de los automotores nuevos de uso particular, se ajusta a la Constitución en relación con los cargos (i) por extralimitación de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República (ii) la renuncia del Estado a su deber de control y vigilancia respecto de la calidad de los bienes ofrecidos a la comunidad, desconocer los valores y principios constitucionales relacionados con el derecho a la vida y la integridad de los ciudadanos, así como el deber de preservación del medio ambiente; y (iii) no desconoce el postulado de buena fe y de la confianza legítima de los empresarios de los centros de diagnóstico. Decreto 19 de 2012, "por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública"; Art.202 (Mod. el Art. 52 de la Ley 769 de 2002

TRANSPORTE

AMBIENTAL

CC SC 744 de 2012
¿Suprimir la autorización previa del ministerio del trabajo, para terminar unilateralmente los contratos de trabajo de las personas con alguna discapacidad, cuando exista justa causa, excedió las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 1474 de 2011, al catalogar de innecesario este trámite? La estabilidad laboral reforzada de las personas con alguna discapacidad es un derecho constitucional que demanda acciones afirmativas, dada su relación con la dignidad humana, la igualdad y la integración social, cuyos alcances en materia de protección y salvaguarda no pueden ser restringidos por el Estado, salvo que existan estrictas razones suficientes que así lo ameriten, para no desconocer el principio de no regresividad. Debe ser el Congreso el que determine, con atención a las posiciones de los diferentes interesados, la exigencia o no de la venia de la autoridad respectiva, para que se pueda despedir o terminar el contrato de una persona discapacitada, cuando se discuta si concurre o no una justa causa para ello. Decreto 19 de 2012, "por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública"; Art. 137 (Mod. el Art. 26 de la Ley 361 de 1997) : INEXEQUIBLE

LABORAL

LABORAL ADMINISTRATIVO

CC SC 743 de 2012
¿La forma como el legislador elevó las penas a los delitos de acto sexual violento, en persona puesta en incapacidad de resistir o incapaz de resistir, conculca el artículo 29 superior, al exceder el marco de configuración y los principios de razonabilidad y proporcionalidad? Inepta demanda de los artículos demandados en relación con el cargo por presunto desconocimiento del principio de legalidad de la pena. Ley 1236 de 2008, "por medio de la cual se modifican algunos artículos del Código Penal relativos a delitos"; Arts. 2, 3 y 6 (Mod. los Arts. 206, 207 y 210 de la ley 599 de 2000, respectivamente)

PENAL

CC SC 742 de 2012
¿los apartes demandados de las normas penales sobre "Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público" y "Perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial", desconocen el principio de legalidad en sentido estricto o de tipicidad penal? Los tipos penales contenidos en los artículos 44 y 45 de la Ley 1453 no desconocen el principio de legalidad en sentido estricto o de tipicidad penal. Si bien se trata de tipos penales que se refieren a acciones complejas, los textos normativos no conllevan un grado de dificultad insuperable para ser comprendidos, obedecidos y aplicados. La Corte Constitucional adoptó la presente decisión (declarar exequibles las normas acusadas por los cargos y razones analizadas), teniendo en cuenta que la aplicación de dichas disposiciones legales, bajo el orden constitucional vigente, debe hacerse: (i) de acuerdo con una interpretación estricta y literal, no analógica ni amplificada; y (ii) de acuerdo con los parámetros específicos y exactos que se establecen en el orden legal vigente (los elementos del tipo penal no pueden ser establecidos con base en interpretaciones de funcionarios judiciales o reglamentaciones administrativas). Ley 1453 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de la Infancia y la adolescencia, las reglas sobre extinción del dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad"; Art. 44 y 45 (Adc. el Art. 353A y Mod. el Art. 353 a la Ley 599 de 2000, respectivamente) : Exequibles

TRANSPORTE

PENAL

CC SC 741 de 2012
Inexequible, el proyecto de ley 114 de 2009 Senado - 296 de 2010 Cámara, "Por medio de la cual se interpreta por vía de autoridad legislativa el artículo 15, numeral 2, literal a) de la Ley 91 de 1989". El proyecto de ley objetado, cuya temática guarda relación con el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos solo podía haberse tramitado y aprobado por iniciativa del Gobierno Nacional, por lo cual el trámite cumplido violó el inciso segundo del artículo 154 de la Constitución

EDUCACIÓN

LABORAL ADMINISTRATIVO

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 718 de 2012
¿La exclusión de la doble instancia de los procesos de custodia, cuidado personal y régimen de visitas, así como los que establecen los permisos de salida del país, vulneran los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia? Si bien la providencia que decida de fondo no podrá ser apelada, también lo es que de conformidad con el procedimiento verbal sumario (arts. 435 a 440 del C.P.C.) aplicable a estas cuestiones, las partes cuentan con diversas oportunidades procesales de defensa que pueden ejercer en el curso del proceso. Además, la sentencia de única instancia proferida por los jueces de familia en estos procesos, no hace tránsito a cosa juzgada material, lo que permite que el juez mantenga su competencia en el proceso y puede modificar la sentencia que emitió. Decreto 2272 de 1989, "por el cual se organiza la jurisdicción de familia, se crean unos despachos judiciales y se dictan otras disposiciones"; Art. 5 , Lits. d) y h) : Exequibles

CIVIL

FAMILIA

CC SC 715 de 2012
Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones". Omisión legislativa relativa en contra de (i) el artículo 28, numeral 9 parcial, en concordancia con el artículo 72 parcial de la Ley 1448 de 2011, por no incluir en su regulación los bienes abandonados; (ii) los artículos 70, 72, 73 y 75 parciales de la Ley 1448 de 2011 por no incluir estas normas los bienes muebles; y (iii) los artículos 74, 75, 76, 77, 78, 84 y 91 de la Ley 1448 de 2011 por no incluir a los tenedores y ocupantes. - La inscripción de un predio en el Registro de Tierras como requisito de procedibilidad para iniciar la acción de restitución, lo cual no atenta contra el acceso a la justicia, y supera el test de razonabilidad que ha fijado la Corte en este tipo de casos (Art. 76 Inc. 5º.) - Inexequible la expresión opositora (Art. 77 Num. 3) al establece una presunción de despojo en favor de los opositores que es contraria a los derechos de restitución de las víctimas, del debido proceso y del acceso a la administración de justicia. En relación a la autorización para celebrar contratos de uso en los predios despojados, la Corte sienta unas consideraciones que debe tener el Magistrado para adoptar esta decisión (Art. 99). Las causales de aplicación del principio de oportunidad que contempla el Art. 120 Inc. 3º. desbordan los límites constitucionales impuestos al legislador en cuanto a los derechos a las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Inexequibles las consecuencias jurídicas que prevé el Art. 207 respecto del supuesto normativo relativo a la utilización de vías de hecho utilizadas por las víctimas del conflicto, en cuanto a la invasión, uso u ocupación de un predio, respecto del cual tengan pretensiones de restitución, por ser totalmente desproporcionadas e irrazonables

PENAL

CC SC 714 de 2012
Exequible la Ley 1513 de 2012, aprobatoria del "Memorando de Entendimiento relativo al Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados del AELC", suscrito en Ginebra, Confederación Suiza, en noviembre 25 de 2008

LEYES, DECRETOS CON FUERZA DE LEY Y ACTOS LEGISLATIVOS

COMERCIO

CC SC 713 de 2012
¿Al describirse las conductas que vulneran el sistema general de seguridad social en salud, utilizando la figura de tipos en blanco, sin hacer las remisiones normativas expresas y sin especificar el sujeto respecto del cual se predica cada una de ellas, se vulneran los principios de tipicidad y legalidad? Los sujetos que pueden ser objeto de las sanciones previstas en la norma acusada, se encuentran expresamente enunciados en el inciso primero de la disposición acusada y en el art. 121 de la misma norma. Por otro lado las sanciones que han de imponerse a quienes incurran en las conductas reprochables, están determinadas expresamente por la Ley 1438 de 2011, en primer término, por el mismo artículo 130, y por los artículos 131, 132, 133 y 134 de la misma ley. La tipificación de las conductas sancionables en el derecho administrativo sancionador no tienen la misma exigencia que en el derecho penal. Ley 1438 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones"; Art. 130 : Exequible

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

CC SC 712 de 2012
¿Prever como sujetos pasivos del impuesto predial y valorización, a los tenedores de inmuebles públicos a título de concesión, vulnera el inciso cuarto del artículo 154 de la Constitución, toda vez que los proyectos relativos a tributos deben iniciar su trámite en la Cámara de Representantes y el aparte del artículo demandado se empezó a tramitar en la Plenaria del Senado de la República? La Corte recordó que no obstante el carácter imperativo de la regla del inciso cuarto del artículo 154 de la Carta, la jurisprudencia ha precisado que puede ser flexibilizada en casos excepcionales, como (i) cuando se presenta un mensaje de urgencia del Presidente de la República que da lugar a que las comisiones constitucionales permanentes de una y otra cámara sesionen de forma conjunta; (ii) cuando el Congreso convierte en legislación permanente preceptos adoptados durante los estados de emergencia económica; o (iii) cuando las disposiciones de naturaleza tributaria hacen parte de un código cuya finalidad es regular de manera exhaustiva y sistemática otras materias. Ley 1430 de 2010, "por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad"; Art. 54 (parcial) : Exequible

TRIBUTARIO

CC SC 711 de 2012
¿La eliminación de la publicación de los contratos estatales en el Diario Único de Contratación, (i) desconoció la reserva de ley estatutaria; (ii) se excedieron las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 75 de la Ley 1474 de 2011, al suprimir un requisito necesario de la contratación estatal; (iii) desconoció el principio de publicidad que rige la función administrativa (art. 209 C.P.)? No se puede asimilar un estatuto y una ley estatutaria. La supresión del Diario Único de Contratación ni excedió las facultades extraordinarias, ni implicó la eliminación del requisito de publicación de los contratos estatales, sino solamente el cambio del medio de información que se trasladó al Sistema Electrónico para la Contratación Pública, la cual cumple cabalmente con las exigencias constitucionales de publicidad administrativa. Decreto 19 de 2012, "por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública"; Art. 223 : Exequible

CONTRATACIÓN ESTATAL

CC SC 710 de 2012
Inepta demanda contra el vocablo "moral" que hace parte del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia". A juicio de los demandantes, la idoneidad moral que exige el precepto demandado para adoptar de la mano de la sentencia C-874 de 2001, no es compatible con el "modelo de vida homosexual" de modo que por esta razón, las parejas del mismo sexo no cumplen el requisito de idoneidad moral y no pueden adoptar un hijo

CIVIL

FAMILIA

CC SC 709 de 2012
Acto Legislativo 5 de 2011, "por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones". Inepta demanda en relación con los cargos de sustitución de la Constitución
CC SC 645 de 2012
La disminución en una cuarta parte del beneficio punitivo consagrado en el Art. 351 de la Ley 906 de 2004, debe extenderse a todas las oportunidades procesales en las que es posible al sorprendido en flagrancia allanarse a cargos y suscribir acuerdos con la Fiscalía General de la Nación. Ley 1453 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad"; Art. 57Par. (Mod. el Art. 301 de la Ley 906 de 2004) : Condicionalmente EXEQUIBLE

PENAL

CC SC 644 de 2012
¿Desconocen el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de los trabajadores agrarios establecido en los artículos 60 y 64 de la Constitución, las disposiciones demandadas mediante las cuales se eliminan las restricciones -establecidas en la ley 160 de 1994- a la enajenación de predios rurales, cuando su propietario lo hubiere adquirido como consecuencia de la adjudicación de bienes baldíos o del otorgamiento de un subsidio integral de tierras? Las normas acusadas resultan contrarias a los citados preceptos constitucionales, porque permiten la enajenación o aporte de tierras originalmente baldías o adquiridas mediante subsidio integral, aun cuando se forme una propiedad que tenga áreas superiores a las fijadas para las UAF, lo cual desvirtúa las prohibiciones contempladas en el artículo 72 de la Ley 160 de 1994 y permite que los recursos públicos se destinen a la adquisición de predios que originalmente son del Estado, por cualquier persona natural o jurídica que no necesariamente pertenecen al grupo social beneficiario de la medida prestacional del Estado. La misma infracción se encuentra en la autorización de entrega en usufructo de esos terrenos. El levantamiento de las restricciones previstas en al Ley 160 de 1994 implica que la tierra protegida por éstas, deja de ser exclusiva de los trabajadores agrarios, que terminan convertidos en asalariados en los proyectos que se adelanten en sus antiguas propiedades y reduce su posibilidad de acceso a la tierra. Además, se trata de medidas que no son necesarias, puesto que la realización de proyectos agropecuarios y forestales puede efectuarse a través de mecanismos menos lesivos y no resultan proporcionadas, puesto que implican un perjuicio mayor al beneficio que se puede alcanzar con otro tipo de instrumentos. Ley 1450 de 2011, "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014"; Arts. 60, 61 y 62 (Adic. los Arts. 72 A y B y mod. el Art. 83 de la Ley 160 de 1994, respectivamente)
CC SC 643 de 2012
¿Imponer a las entidades territoriales el pago directo y con cargo a su presupuesto, de las conciliaciones, condenas e indemnizaciones y cualquier otra forma de resolución de conflictos de las contralorías implica un desconocimiento de los principios de moralidad y eficiencia en el ejercicio de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución? Este cargo prospera al desestimular drásticamente la eficiencia en el manejo presupuestal y en la gestión administrativa de las contralorías y eventualmente, la moralidad administrativa, en la medida en que los gastos que se generan de la actuación de estos órganos de control no serían pagados por éstos sino que impactarían directamente el presupuesto de los respectivos entes territoriales y con ello, la disponibilidad presupuestal en la cual se basa el plan sectorial de desarrollo que se afecta de manera importante, al cargarse esos emolumentos a las finanzas territoriales, poniendo en riesgo el adelantamiento de dicho plan y el cumplimiento de las funciones a cargo de las entidades que tienen mayor peso, pues afecta la ejecución de su presupuesto en desmedro de los objetivos, programas y planes de desarrollo sectorial. Adicionalmente desconoce abiertamente la autonomía territorial, como quiera que al asignar a las entidades territoriales el pago de las condenas, conciliaciones e indemnizaciones de las respetivas contralorías, deriva en un aumento de los costos de la administración territorial, que no dependen de la decisión tomada en materia presupuestal por las autoridades y órganos locales. Ley 1416 de 2010, "por medio de la cual se fortalece al ejercicio del control fiscal"; Art. 3 : INEXEQUIBLE
CC SC 642 de 2012
Inepta demanda en cuanto a que el artículo 6 de la Ley 91 de 1989, "por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio" desconoce la garantía de representación de los ex docentes pensionados pues los priva de tener un delegado en el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en tanto aquél está integrado por docentes que hacen parte de una organización gremial que no los representa pues sus miembros son docentes activos

EDUCACIÓN

CC SC 641 de 2012
¿Se requería realizar la consulta previa, libre e informada, a las comunidades afrodescendientes, raizales y-o población gitana o ROM para la expedición de la Ley 1438 de 2011 "Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones"? No requería consulta previa, pues no constituye una medida legislativa que afecte de manera directa y específica a las minorías étnicas indicadas en las demandas. Exequible

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

CC SC 640 de 2012
Objeciones presidenciales al Proyecto No. 54 de 2010-Senado, 170 de 2010-Cámara, "Por el cual se implementa el retén social, que garantiza la estabilidad laboral a grupos vulnerables y se dictan otras disposiciones". La medida desconoce la transitoriedad que caracteriza a los nombramientos en provisionalidad en cargos de carrera administrativa, al permitir a los sujetos que se encuentran en las condiciones previstas en la norma, la permanencia en el mismo por tiempo indefinido, lo cual daría lugar no solo a la vulneración de la carrera administrativa, sino también al principio de igualdad de oportunidades. La Corte reiteró que los nombramientos en provisionalidad en cargos de carrera administrativa, así sea por un período largo de tiempo, no pueden generar expectativas de estabilidad laboral, puesto que de acuerdo con su naturaleza, son nombramientos con estabilidad precaria, circunstancia conocida desde su inicio por quien es nombrado en esas condiciones. Fundadas las objeciones y en consecuencia, declaró inexequibles los literales a), d) y e) del artículo 1, así como el artículo 2 del proyecto de ley

LABORAL ADMINISTRATIVO

CC SC 636 de 2012
Inepta demanda en relación con los Arts. 3 y 5 (Mod. los Arts. 42 y 45 del. C.P.T) de la Ley 1149 de 2007, "por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos"

LABORAL

CC SC 635 de 2012
Inepta demanda en relación con la expresión "por evasión" contenida en el inciso 20. del Art. 657 del Estatuto Tributario

TRIBUTARIO

CC SC 634 de 2012
¿La creación de nuevos trámites por parte del artículo 25 del Decreto 19 de 2012, cuando señala que las actas de los órganos sociales y de administración de las sociedades y entidades sin ánimo de lucro no se presumen auténticas y de otro exige su presentación personal ante el secretario de la respectiva Cámara de Comercio, excedió las facultades extraordinarias otorgadas al presidente ya que este trámite había sido eliminado por normas anteriores? Contradicción entre el artículo 25 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 42 de la Ley 1429 de 2010, que había eliminado tales exigencias. La Corte declaró a su vez la inconstitucionalidad del artículo 1o. del Decreto 053 de 2012, por cuanto el mismo no se limitó a corregir yerros tipográficos, sino que, lejos de ello, realizó una modificación que varió sustancialmente el alcance de la norma original. ¿Al considerar que los poderes especiales no se presumen auténticos, se estaría creando un nuevo trámite, al considerar el demandante que no todos los poderes especiales requerían presentación personal y autenticación? No es correcto señalar que la norma demandada haya creado un nuevo trámite, pues si bien el Código Contencioso Administrativo no contemplaba una norma específica que exija la presentación personal de los poderes, dicha ley sí realiza una remisión general al Código de Procedimiento Civil para llenar vacíos normativos; por lo que la norma demandada se refiere a un trámite ya existente. Decreto 19 de 2012, "por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública"; Art. 25 (parcial) INEXEQUIBLE. Inepta demanda contra los Arts. 25 (parcial) y 90. Decreto 53 de 2012; Art. 1 : INEXEQUIBLE

COMERCIO

CC SC 633 de 2012
¿Disponer que las prescripciones contenidas en la Ley 1476 de 2011 se aplican para investigar y fallar hechos generadores de responsabilidad ocurridos antes de su vigencia, vulnera el debido proceso? La Ley 1476 de 2011 no es el único fundamento de la responsabilidad de los servidores en ella relacionados (art. 13) por los daños ocasionados a los bienes allí definidos (arts. 12 y 34). Si bien las normas sustantivas o procesales con efectos sustantivos de la Ley 1476 de 2011 solo regirían para hechos generadores de responsabilidad administrativa ocurridos con posterioridad a su vigencia, resulta posible aplicar sus disposiciones de mero trámite o procedimiento a "hechos generadores de responsabilidad administrativa ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia" de dicha ley, con base en los principios generales del derecho que hayan preestablecido la responsabilidad de las personas por el daño inferido con la concurrencia de culpa. Aplicación de normas procesales a hechos ocurridos con antelación a su vigencia. Ley 1476 de 2011, "por el cual se expide el régimen de responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la Fuerza Pública"; Art. 35 : Exequible

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 632 de 2012
¿Prever una prohibición de admitir la confesión provocada o espontánea de la nación, los departamentos, los municipios, los distritos y los establecimientos públicos, sin extenderla a todas las entidades públicas, configura una omisión legislativa violatoria al derecho a la igualdad? Esta exclusión carecería de justificación si el ordenamiento jurídico no contemplara otras formas de actuar frente a los comportamientos malintencionados o negligentes de los funcionarios públicos. Código de Procedimiento Civil; Art. 199 (parcial) : Exequible
CC SC 631 de 2012
¿Que el juez de paz que conozca de un determinado asunto haga parte del cuerpo colegiado que resolverá el recurso de reconsideración de su decisión, y que pueda señalar a los dos jueces de paz que integrarán el cuerpo colegiado de reconsideración con él, cuando ante la falta temporal o absoluta de estos, las partes no los determinen, de común acuerdo, desconocen los principios de la doble instancia y la autonomía e imparcialidad que deben orientar la administración de justicia, al igual que los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los usuarios de la jurisdicción especial de paz? Lejos de atentar lo que el contenido normativo acusado hace es posibilitar ante cualquier contingencia la materialización de la reconsideración de la decisión. Ley 497 de 1999, "por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento"; Art. 32 (parcial) : Exequible

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

CC SC 630 de 2012
(1) ¿Limitar la duración de la inhabilidad a veinte años para participar en licitaciones y celebrar contratos con las entidades estatales, de las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la administración pública, cuya pena sea privativa de la libertad o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior, vulnera el inciso quinto del artículo 122 de la Constitución que no establece como permanentes las inhabilidades por las conductas en el enunciadas? La expresión "en cualquier tiempo" del artículo 122 de la Constitución -inciso 5- y el establecimiento de inhabilidades constitucionales permanentes. La temporalidad de 20 años solo podrá tener aplicación en los demás supuestos del artículo 1 de la Ley 1474 de 2011, ajenos a las prescripciones del 122 constitucional. (2) ¿Contraviene el artículo 74 de la Carta Política que consagra la inviolabilidad del secreto profesional, prever como causal de cancelación de la inscripción de Contador Público el que actuando en calidad de Revisor Fiscal omita el deber de denuncia de los actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de su cargo? El alcance del secreto profesional de los contadores y revisores fiscales. El secreto profesional establecido en la Carta Política (Art. 74), no es un valor absoluto, pues debe analizarse en cada caso concreto, a la luz de la cercanía de la profesión con la intimidad personal y con los fines del ejercicio de la misma. En el caso de los contadores, cuando se desempeñan como revisores fiscales, la jurisprudencia constitucional ha señalado que su función pasa de ser una relación eminentemente privada a trascender el interés público, motivo por el cual sus acciones tienen un impacto no solo en la estabilidad financiera y económica de la Empresa, sino del Estado mismo y de la sociedad. Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Art. 1 (Mod. Art. 8 (parcial) de la Ley 80 de 1993) : Aparte tachado INEXEQUIBLE; Art. 7 (Mod. Art. 26 (parcial) de la Ley 43 de 1990) : Exequible

CONTRATACIÓN ESTATAL

COMERCIO

CC SC 621 de 2012
Exequible la Ley 1514 de 2012, "por medio de la cual se aprueba la "Convención para Constituir una Organización Internacional de Metrología Legal"

COMERCIO EXTERIOR

CC SC 620 de 2012
En criterio del demandante la norma acusada vulnera los artículos 1, 13, 209 y 366 de la Carta, al otorgar un tratamiento especial e injustificado a empresas que se encuentren en un proceso de reorganización, declarando ineficaces las cláusulas que impiden que participen en licitaciones públicas y prohibiendo que se declare la caducidad y la liquidación unilateral en los contratos que celebren ante la administración pública, por cuanto, a su juicio, estas medidas afectan el interés general y el derecho a la igualdad, al poner en grave riesgo los contratos que celebran estas empresas con el Estado en detrimento de otros empresarios que sí se encuentran en una situación de solvencia financiera a los cuales deberían adjudicarse estos contratos en virtud del principio de selección objetiva. Para la Corte la disposición busca preservar el interés general que tiene el Estado en la recuperación de una empresa viable que se encuentra en una situación especial para salvaguardar su función social y en especial su carácter de base del desarrollo y fuente de empleo y bienestar para la sociedad. En todo caso la administración sí puede declarar la terminación unilateral del contrato cuando estando en un proceso de reorganización afecte de manera grave el cumplimiento del contrato. Ley 1116 de 2006, "por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones."; Art. 16 : Exequible. Inepta demanda en relación con el Art. 21 de la misma ley y el art. 17 de la Ley 80 de 1993 por inepta demanda

CONTRATACIÓN ESTATAL

COMERCIO

CC SC 619 de 2012
¿La competencia otorgada en una ley ordinaria al Consejo Superior de la Judicatura para ejercer el poder disciplinario preferente en los asuntos de competencia de los consejos seccionales (a solicitud de parte u oficiosamente), disponiendo el cambio de radicación de esos procesos (en cualquier etapa) y creando las salas de decisión respectivas (a través del reglamento interno expedido por la corporación), en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 1474 de 2011, desconoce el debido proceso e igualdad desde la perspectiva de los principios de juez natural y doble instancia? En virtud de las funciones que en materia disciplinaria cumplen tanto el Consejo Superior como los Consejos Seccionales, las providencias que emanan de dichas autoridades tienen la naturaleza de decisiones judiciales, con la fuerza y efectos que de ello se deriva, de manera que no pueden ser sometidas al escrutinio de otra jurisdicción, salvo en sede constitucional, a través de la acción de tutela. La norma permite que, en cualquier etapa del proceso jurisdiccional disciplinario, el Consejo Superior de la Judicatura desplace a los Consejos Seccionales en el ejercicio de una competencia asignada directamente por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Con ello el concepto de "juez natural" se ve seriamente afectado por cuanto el disciplinado carece de certeza sobre las condiciones objetivas acerca de quién será su juzgador en un asunto que por su naturaleza exige de reglas previas y claramente definidas por el Legislador al hacer parte del derecho punitivo del Estado, reglas y parámetros que la norma impugnada no incorpora. Finalmentela Corte consideró que si bien el cambio de radicación de procesos no desconoce la Constitución y, está autorizado en algunas situaciones particulares, el mismo debe aplicarse bajo reglas, criterios o supuestos explícitos previstos por el propio legislador. En el presente caso dicha atribución es inconstitucional porque se asigna sin que el legislador establezca directamente los parámetros, reglas y directrices en que habrá de ser ejercida. Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."; Art. 42 : INEXEQUIBLE
CC SC 618 de 2012
¿La inhabilidad para celebrar contratos de interventoría con la misma entidad con la cual se haya celebrado un contrato estatal de obra pública, de concesión, suministro de medicamentos y de alimentos o su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de consaguinidad, segundo de afinidad y-o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del mismo, resulta contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y, por consiguiente, violatoria del derecho al trabajo, de la libertad de escoger profesión u oficio, de la libertad económica y de la libre empresa? Las inhabilidades comportan una restricción para quienes son destinatarios de las mismas, pero que ellas encuentran justificación en el objetivo del interés público que las inspira, en este caso, el de preservar la transparencia en la contratación pública y prevenir la interferencia de intereses privados en el ejercicio de una actividad que, por colaboración, los particulares pueden prestar a la Administración para la vigilancia de la adecuada ejecución de los contratos públicos. Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."; Art. 5 : EXEQUIBLE

CONTRATACIÓN ESTATAL

CC SC 611 de 2012
Exequible la Ley 1511 de 2012 "por medio de la cual se aprueba el "Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica -Abinia-", suscrita en Lima, a los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve

EDUCACIÓN

CC SC 610 de 2012
Inepta demanda respecto de la expresión "Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos" contenida en el inciso primero del artículo 40 de la Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 608 de 2012
Impuesto social a las armas y municiones. ¿En el trámite legislativo que condujo a la aprobación de la Ley 1438, específicamente de su artículo 48, se vulneró la regla del inciso 4 del artículo 154 de la Constitución según la cual los proyectos de ley de naturaleza tributaria deben iniciar su trámite en la Cámara de Representantes?. En virtud del mensaje de urgencia que envió el Presidente y que condujo a que las comisiones constitucionales séptimas de Cámara y Senado sesionaran conjuntamente en primer debate, se debe flexibilizar la aplicación de la regla y entenderse cumplida en este caso. ¿la regulación del impuesto social a las municiones y explosivos desconoce los principios de legalidad, reserva de le ley de los elementos de la obligación tributaria, certeza y debido proceso, así como el reparto de competencias entre ley y reglamento en materia tributaria?. Este principio solamente exige hacer determinables los elementos de la obligación tributaria, tal como lo hizo el legislador. Ley 1438 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones"; Art. 48 (Mod. el Art. 224 de la Ley 100) : Exequible

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

TRIBUTARIO

CC SC 609 de 2012
¿El establecimiento de limites a los honorarios de los abogados que apoderan víctimas del conflicto armado interno en procesos de tutela y en procesos ante la jurisdicción contencioso administrativa, vulnera el derecho de los abogados a la igualdad (derecho al trabajo, libertad de profesión u oficio y libertad contractual) respecto de otros profesionales del derecho que se dedican a actividad diferente y el derecho de las víctimas a acceder a la administración de justicia? Para la Corte constituye una medida necesaria para evitar los abusos a que han sido sometidas esta clase de víctimas por parte de los abogados, por cuanto ninguna otra medida podría sustituir el efecto que esta tendría en prevenir este tipo de actos atentatorios contra los derechos de esa población manifiestamente débil. S.V. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 40 Par. : Exequible

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 607 de 2012
¿La disposición demandada, al asignarle competencia a la Superintendencia Nacional de Salud para ordenar el reintegro inmediato de los recursos de la salud apropiados o reconocidos sin justa causa, vulneró el debido proceso, ya que el legislador no estableció el procedimiento administrativo correspondiente que debe seguirse en este caso? Aún si se acepta que el actor tiene razón en que no se regula en su integridad el procedimiento a seguir, se equivoca al considerar que dicho procedimiento solo pude estar contenido en la norma demandada, o aún más yerra al afirmar que no existe procedimiento aplicable. Decreto 1281 de 2002, "por el cual se expiden las normas que regulan los flujos de caja y la utilización oportuna y eficiente de los recursos del sector salud y su utilización en la prestación": Art. 3 (parcial) : Exequible

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

CC SC 606 de 2012
¿Al establecer que el carné de afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud "servirá para identificarse como titular de los derechos establecidos en la presente Ley" viola el artículo 29 de la C.P. y el bloque de constitucionalidad, en el contexto del ejercicio del derecho a la estabilidad laboral reforzada la jurisprudencia ha establecido que no es necesario ningún medio de prueba tarifada como calificación de invalidez o el carné de discapacitado? Para la Corte la medida no es irrazonable y desproporcionada, siempre y cuando la existencia y exhibición del carné no se entienda como un requisito sine que non para acceder al goce y ejercicio de los derechos establecidos en la Ley. Ley 361 de 1997, "por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones"; Art. 5 (parcial)

LABORAL

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

EDUCACIÓN

TRANSPORTE

DESARROLLO TERRITORIAL

TELECOMUNICACIONES

CC SC 605 de 2012
¿En relación al lenguaje de señas, reprodujo el legislador la normativa del Art. 2°, Ley 324 de 1996 declarada inexequible, y por tanto violó la prohibición constitucional al respecto? ¿violó el legislador el principio de igualdad al establecer que las personas sordas son "parte del patrimonio pluricultural de la Nación y que, en tal sentido, son equiparables a los pueblos y comunidades indígenas y deben poseer los derechos conducentes" (art. 1°, num. 3, Ley 982 de 2005), en tanto se da el mismo tratamiento a dos grupos humanos que difieren en gran medida entre sí y que, por tanto, deberían ser objeto de trato diferente? ¿Violó el principio de igualdad, el desarrollo armónico e integral de toda niña y niño, así como el libre desarrollo de la personalidad, al adoptar una serie de medidas legislativas para promocionar el lenguaje de señas entre las personas sordas, sin haber incluido a la vez protecciones similares para las personas sordas que usen su lengua oral? Existen diferencias en la definición de "lenguaje de señas" establecida en la Ley 324 de 1996 -declarada INEXEQUIBLE- y la incluida en la norma demandada. Para la Corte equiparar la "comunidad de sordos" a "los pueblos y comunidades indígenas" es el mecanismo normativo mediante el cual el legislador busca ampliar a las comunidades de personas sordas, algunos de los avances y progresos que en materia de integración social se están desarrollando. Al adoptar una serie de medidas legislativas para promocionar el lenguaje de señas entre las personas sordas sin haber incluido a la vez protecciones similares para las personas sordas que usen lengua oral, no vulnera el derecho a la igualdad, salvo que la norma pueda entenderse como una exclusión de otras alternativas lingüísticas o de dejarlas de lado o como opciones de segunda, lo cual en modo alguno puede interpretarse de esa manera. Ley 982 de 2005, "por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones"; Arts. 1 (parcial), 3, 10, 24, 25, 28, 29 y 36 : Exequibles, salvo un aparte del Art. 29 declarado INEXEQUIBLE
CC SC 604 de 2012
¿Vulnera el derecho a la igualdad y el principio de equidad, al establecer que durante el término de diez (10) meses desde que se ha declarado la obligación a cargo del Estado, contenida en una sentencia o aprobada en una conciliación, el acreedor devengará solamente intereses moratorios al DTF, respecto de las acreencias que tienen los particulares con el Estado, como podrían ser los de naturaleza tributaria, en relación con los cuales se causan intereses moratorios a partir de la exigibilidad de la obligación? Frente a esa diferencia de trato planteada por el demandante cabría concluir que le asiste la razón, solo si la norma demandada hubiese negado el reconocimiento absoluto o total de dichos intereses moratorios, mas no cuando lo hacen en una proporción significativa y generadora de rendimientos. Naturaleza y contenido de los intereses moratorios. La naturaleza y componentes de la DTF. Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"; Art. 165, Inc. 4o. : Exiquible

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 593 de 2012
¿Resulta contrario al artículo 3o. del Acto Legislativo 02 de 21 de junio de 2011, que establece un término máximo de 6 meses contados a partir de su entrada en vigencia para que el Congreso expida "las normas mediante las cuales se defina la distribución de competencias entre las entidades del Estado que tendrán a su cargo la formulación de planes, la regulación, la dirección, la gestión y el control de servicios de televisión", que la Ley 1507 de 2011 haya sido sancionada y publicada el 10 de enero de 2012? El artículo transitorio no puede interpretarse de una manera que comporte la clausura de la competencia del Congreso en materia televisiva, en caso de que la Ley no hubiera sido expedida en el término estipulado, sino como el interés planteado porque la Ley fuera expedida en la legislatura siguiente a la expedición del Acto Legislativo, tal como ocurrió en este caso. Demanda contra la totalidad de la Ley 1507 de 2012 : Exequible

TELECOMUNICACIONES

CC SC 592 de 2012
Publicidad engañosa. ¿La expresión "El medio de comunicación será responsable solidariamente solo si se comprueba dolo o culpa grave", impone el deber de censura al medio de comunicación, contrariando de esta manera lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución? (ii) ¿Desconoce al mismo tiempo lo dispuesto en el artículo 78 Superior sobre el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad? No desconoce el artículo 20 Superior sobre proscripción de la censura, por cuanto no obliga a los medios de comunicación a enviar a las autoridades los documentos contentivos de la publicidad que será difundida, para que aquellas determinen si autorizan o no la divulgación. La medida que impone responsabilidad solidaria entre anunciantes y medios de comunicación, tiene fundamento en el preámbulo y en los artículos 20 y 78 de la Carta, a partir de los cuales se comprende también la necesidad de vincular a los medios de comunicación en la protección de los derechos de los consumidores. A lo anterior se suma que la medida legislativa no establece una responsabilidad objetiva en cabeza de los medios de comunicación, sino que dentro del respectivo proceso, y de conformidad con las reglas del artículo 29 Superior, deberá comprobarse su actuación dolosa o gravemente culposa, para extraer de ella las consecuencias previstas en la norma sub examine. Ley 1480 de 2011 "por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones"; Art. 30 (parcial) : Exequible. S.V

COMERCIO

CC SC 591 de 2012
Inepta demanda contra el artículo 72 de la Ley 1453 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad", por encontrar que el actor se encuentra suspendido en el ejercicio de sus derechos políticos y, en esa medida, carece de legitimación para ejercer la acción pública de inconstitucionalidad. S.V
CC SC 590 de 2012
(i) Demanda contra la totalidad de la Ley 1430 de 2010 por incumplimiento del requisito de publicación previa del informe de conciliación - Cosa juzgada exequible. (ii)¿Se incurrió en un vicio de procedimiento en la conciliación del artículo 30 de la Ley 1430 de 2010? Contrario a lo que sostiene el actor, no se infringe norma constitucional o reglamentaria alguna con la omisión de mencionar el artículo 30 en el párrafo introductorio al informe de conciliación. (iii) Al no prosperar la demanda presentada contra la totalidad de la ley 1430 de 2010 o en su defecto contra el artículo 30 el cargo por inexequibilidad por consecuencia contra el Decreto 2245 de 2011 no procede Ley 1430 de 2010 "por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad"; Art. 30 : Exequible . Decreto 2245 de 2011 : Exequible

CAMBIOS INTERNACIONALES

CC SC 588 de 2012
(i) ¿Viola la Constitución el que, en el artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, se haya limitado a las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado el mecanismo de extensión de la jurisprudencia de dicho Consejo a terceros por parte de las autoridades, omitiendo que este mecanismo de extensión pudiera predicarse también de las reglas y los estándares fijados por las Cortes internacionales en los términos del artículo 93 constitucional y de otras sentencias del mismo Consejo de Estado? Por el contrario, al precisar la naturaleza, el sentido y el alcance de dichas sentencias, al igual que los eventos de su aplicación, señalando en detalle el procedimiento que debe observarse para su trámite, está otorgando igualdad de trato a todos los que concurran a su aplicación. Además con su consagración no está desconociendo lo prescrito en el artículo 93 Superior, sobre las reglas y estándares fijados por las Cortes Internacionales, cuyo mandato como criterio hermenéutico relevante se impone a las autoridades, así el legislador no lo mencione expresamente. Así mismo se debe tener en cuenta el condicionamiento sobre este artículo mediante la C-816-11 en cuanto deben observar con preferencia los precedentes de la Corte Constitucional que interpreten las normas aplicables a la resolución de asuntos de su competencia. - (ii) ¿Resulta inconstitucional la atribución conferida a la administración, en el mismo artículo 102 de la Ley 1437, para apartarse de la interpretación que haya efectuado el Consejo Estado en las sentencias de unificación jurisprudencial? Tal posibilidad tiene carácter excepcional y restringido, pues en principio, lo que procede es que la administración acoja la jurisprudencia que defina el punto sobre el cual esta se deba pronunciar y que y solo si concurren potísimas razones para su inaplicación en el caso específico de que se trate, le incumbe la necesidad de exponer clara y razonadamente los argumentos que sustenten el criterio discrepante. L a decisión que adopta la administración, en este caso no es definitiva, sino que existe la posibilidad de que el Consejo de Estado sea en últimas el que defina la aplicación del criterio jurisprudencial cuya extensión reclama el interesado. Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"; Arts. 102, 269 (parciales) y 270 : Exequibles. Art. 102 (parcial) : Cosa juzgada

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 572 de 2012
¿La creación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA con la expedición del Decreto 3573 de 2011, excedió las precisas facultades extraordinarias que le fueron conferidas en los literales d), e) y f) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011? Exequible. S.V

AMBIENTAL

CC SC 571 de 2012
La modificación introducida al delito de violación de los derechos de reunión y asociación en un proyecto de ley que busca, entre otras finalidades, aumentar las penas de ciertas conductas punibles, no vulnera el principio de unidad de materia. Si bien fue una cuestión que apareció literalmente en el tercer debate en la Cámara de Representantes, se trató de un ajuste al texto general propuesto, para asegurar y materializar la política legislativa que se había decidió establecer. Lejos de ser una medida legislativa que tan solo logre enriquecer el proyecto de ley, se trata de una disposición que prácticamente es indispensable incluir para lograr, efectivamente, la consecución de la política criminal anunciada. Ley 1453 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad"; Art. 26 (Mod el Art. 200 de la Ley 599 de 2000): Exequible

PENAL

CC SC 570 de 2012
¿La función de inspección y vigilancia de las Corporaciones autónomas regionales atribuida al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, desconoce el régimen de autonomía que según el demandante, les confiere el numeral 7) del artículo 150 de la Constitución, como quiera que las CAR no se encuentran adscritas, ni vinculadas al mencionado Ministerio? Esta función se sujeta a la finalidad de las facultades de redistribuir entre los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Vivienda, Ciudad y Territorio las funciones que antes estaban en cabeza del anterior Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible. - ¿Al establecer esta función y la de señalar los lineamientos conforme a los cuales las corporaciones autónomas regionales deben realizar los estudios técnicos, ambientales y socioeconómicos dirigidos a la reserva, alinderamiento, sustracción, integración y recategorización de las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales y las áreas de reserva forestal nacionales, el Presidente de la República incurrió en un exceso en el uso de las facultades extraordinarias otorgadas en la Ley 1444 de 2011 en relación con el Ministerio de Ambiente? No se excedió en sus facultades. De igual modo las funciones de reserva, alinderamiento, sustracción y recategorización de las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales de reserva forestal nacional, están reservadas al Ministerio del Ambiente y Desarrollo, de manera que tales estudios deben sujetarse a los lineamientos trazados por este Ministerio. Decreto 3570 de 2011, "por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible"; Art. 2 Nums 10 y 14 (parciales) : Exequibles. S.V

AMBIENTAL

CC SC 540 de 2012
Revisión previa al Proyecto de Ley Estatutaria No. 263-11 Senado-195-11 Cámara, "Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal y se dictan otras disposiciones". Exequible, salvo los artículos que introducían reformas penales, sobre los cuales la Corte encontró vulnerado el principio de unidad de materia
CC SC 538 de 2012
Acto Legislativo 5 de 2011, "por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones". Cosa juzgada en Sentencia C-317-12
CC SC 537 de 2012
El debate y aprobación de los limites a la publicidad oficial, cumplieron en debida forma con los principios de consecutividad, identidad flexible y publicidad exigidos en la discusión de todo proyecto de ley. Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Art. 10 : Exequible
CC SC 536 de 2012
¿Es inconstitucional la norma demandada por desconocer el principio de progresividad en relación con las personas en situación de discapacidad, en el contexto del derecho a la vivienda digna, al reducir el porcentaje de viviendas de interés de fácil acceso que debe construir el Estado, comparado con los porcentajes establecidos en la Ley 361 de 1997? Las dos disposiciones cotejadas regulan supuestos de hecho diferentes, son aplicables a beneficiarios diferenciables, e imponen obligaciones sobre diferentes entidades. L a disposición de la Ley 1114 de 2006 regula la obligación de municipios y distritos de construir viviendas bajo ciertos requisitos de habitabilidad para "personas minusválidas", en el contexto de la asignación de subsidios para VIS. Por otra parte, la disposición de la Ley 361 de 1997 regula la obligación de toda entidad pública y privada de programar, promover y construir proyectos de vivienda que permitan el acceso a las viviendas de personas con limitación. Elementos básicos del test de constitucionalidad de las medidas regresivas en materia de derechos sociales. Ley 1114 de 2006, "por la cual se modifica la Ley 546 de 1999, el numeral 7 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 6o de la Ley 973 de 2005 y se destinan recursos para la vivienda de interés social"; Art. 1o. (Mod. el Art. 29 de la Ley 546 de 1999) : Exequible

DESARROLLO TERRITORIAL

CC SC 535 de 2012
¿El que la norma demandada no incluya al Consejo de Estado entre quienes pueden presentar proyecto de acto legislativo, quebranta el numeral 4 del artículo 237 de la Constitución Política, el cual le atribuye al Consejo de Estado la facultad de "preparar y presentar proyectos de actos reformatorios de la Constitución y proyectos de ley"? El artículo 375 superior no señala que los únicos sujetos habilitados para presentar proyectos de acto legislativa sean los que enuncia, por lo que esa competencia, se complementa con la prevista en el artículo 237-4 -que faculta al Consejo de Estado- de la Carta, como también con el artículo 265-5 superior, que también faculta al Consejo Nacional Electoral para "presentar proyectos de acto legislativo y de ley". Al mismo tiempo, la Corte señaló que el legislador no está obligado a reproducir las normas constitucionales, ni que se requiera de su inclusión en una ley para que puedan ser aplicadas, lo cual es más claro cuando se trata de competencias previstas en la propia Constitución. Por lo tanto, no puede considerarse que en la adopción del artículo 223 del Reglamento del Congreso, el legislador haya incurrido en una omisión legislativa que implique una violación de la normatividad constitucional. Ley 5 de 1992, "por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes"; Art. 223 : Exequible
CC SC 534 de 2012
Examen de constitucionalidad del "Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa entre la República de Colombia y la República Portuguesa", suscrito en Lisboa el 8 de enero de 2007 y de la Ley 1456 de junio 29 de 2011, mediante la cual fue aprobado: Exequible

EDUCACIÓN

CULTURA

CC SC 533 de 2012
¿La supresión hecha por el legislador de la posibilidad de que el juez laboral ordene en ciertos eventos, el reintegro del trabajador que ha sido despedido sin justa causa, después de más de 10 años de servicio continuo con el mismo empleador, desconoce la protección del derecho del trabajo y algunos de los principios mínimos fundamentales que componen el estatuto del trabajo, contrariando así la prohibición de no regresividad de los derechos sociales, en la medida en que la legislación anterior permitía al juez decidir entre ordenar el reintegro del trabajador a su empleo o la indemnización originada en el despido sin justa causa? Reiteró que, como lo ha señalado la jurisprudencia, la estabilidad laboral para la permanencia en el empleo no es absoluta, como también que la acción de reintegro no es el único medio adoptado por el legislador para garantizar este tipo de estabilidad. La Corporación aclaró que estas consideraciones no se extienden a otro tipo de reintegros por protección laboral reforzada, que se fundamentan en presupuestos de raigambre constitucional, como es la estabilidad de las trabajadoras en estado de embarazo, las personas con discapacidad o alguna limitación o en aplicación del denominado retén social o de otra situación que deba ser protegida en aplicación estricta de la Constitución. Ley 789 de 2002, "por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo"; Art. 28 (Mod. el Art. 64 del C.S.T) : Exequible

LABORAL

CC SC 502 de 2012
¿Eximir de la obligación de efectuar la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes a los vehículos de placas extranjeras que ingresen temporalmente y hasta por tres (3) meses al país, constituye una vulneración del derecho a gozar de un ambiente sano y de los deberes del Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, al no imponer las exigencias que garanticen las condiciones óptimas de funcionamiento de los vehículos particulares?. La excepción temporal que se crea para los vehículos de placas extranjeras en el parágrafo del artículo 52 del CNTT no representa una desprotección radical de los postulados, valores y bienes ambientales previstos en la Constitución, ya que desde otras disposiciones se determina la exigencia de que el automotor se encuentre y circule en las mejores condiciones posibles, en términos de seguridad y de funcionamiento mecánico, pero también frente al ambiente y de no ser así, deban imponerse las restricciones y sanciones correspondientes previstas en la legislación para la infracción de tales condiciones de seguridad y preservación del ambiente sano, respecto todos los vehículos automotores, sin distingo de la nacionalidad de su placa. Ley 1383 de 2010, "por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito y se dictan otras disposiciones"; Art. 12, Par. (Mod. el Art. 52 de la Ley 769 de 2002) (Sub. por el Art. 202 del Decreto Ley 19 de 2012) : Exequible
CC SC 491 de 2012
¿La norma que penaliza de manera general, el tráfico, fabricación o porte de sustancias estupefacientes, sicotrópicas o drogas sintéticas prohibidas, sin que se hubiese excluido expresamente de los efectos de la norma, el porte de dosis para el uso personal, quebranta los artículos 1, 2, 5, 13 y 16 de la Constitución, normas que ubican a la persona como eje central del Estado social y democrático de derecho? El bien jurídico que se protege con la penalización de las conductas constitutivas de narcotráfico está constituido no solamente por la salubridad pública, sino que alcanza otros intereses de la sociedad y el Estado como la seguridad pública y el orden económico y social. Por tal motivo, el porte o conservación de estupefaciente en dosis considerada para el consumo personal, no reviste la idoneidad para afectar este bien jurídico complejo, en la medida en que se trata de un comportamiento que no transciende la órbita personal del individuo y por ende, carece de la potencialidad de interferir en los derechos ajenos, o en los bienes jurídicos valiosos para la vida en comunidad. Adicto es un enfermo que debe ser sujeto de medidas de protección y rehabilitación (C-221-94). Condiciona la exequibilidad en el entendido de que no incluye la penalización del porte o conservación de dosis, exclusivamente destinada al consumo personal de sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga sintética, a las que se refiere el precepto acusado. Adicionalmente acoge el planteamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia esbozado en la sentencia 29183 de 2.008 en el sentido que cuando el porte o la conservación recae sobre sustancia estupefaciente sicotrópica o droga sintética, en cantidades comprendidas incluso dentro de la categoría de dosis personal, pero destinadas no al propio consumo sino a la comercialización, o incluso a la distribución gratuita la conducta será penalizada toda vez que tiene la potencialidad de afectar el bien jurídico de la salud pública. Igualmente la Corte aclaró que no obstante el condicionamiento efectuado quedaba intacta la posibilidad de que se penalicen las conductas consistentes en "vender, ofrecer, financiar y suministrar". En este último caso con fines de comercialización de las sustancias de que trata el artículo 376 del Código Penal, en cualquier cantidad. Ley 1453 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad"; Art. 11 (Mod. el Art. 376 de la Ley 599 de 2000) : CONDICIONALMENTE exequible. S.V

PENAL

CC SC 489 de 2012
Demanda en contra de la Ley 1454 de 2011, "por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones". La Corte verificó que en la Ley 1454 de 2011, se omite de manera absoluta un desarrollo directo de las regiones como entidades territoriales del artículo 307 de la Constitución Política, así como de las regiones como entidades territoriales previstas en el artículo 329 de la Carta, como quiera que únicamente se establecen normas que remiten a una posterior regulación de dichos deberes constitucionales. Como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, de manera reiterada, la ausencia total de legislación conduce a un fallo inhibitorio, toda vez que la Corte carece de competencia para pronunciarse acerca de una omisión legislativa absoluta. No obstante, y debido a que existe un deber constitucional incumplido por parte del legislador, se exhortó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, para que se expida la legislación sobre como pueden las regiones y comunidades indígenas convertirse en entidades territoriales. S.V

ASUNTOS INDÍGENAS

CC SC 423 de 2012
Zonas excluidas de la minería. Ley 1382 de 2010, "por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas"; Art. 3 (Mod. el Art. 34 de la Ley 685 de 2001) : Cosa juzgada inexequible. S.V

MINERÍA

CC SC 422 de 2012
Para la Corte las expresiones "permanentes" contenida en el artículo 2 del Decreto 1042 de 1978, al igual que el inciso 2o. "También podrán vincularse supernumerarios para desarrollar actividades de carácter netamente transitorio" del artículo 83 del Decreto 1042 de 1978 se encuentran derogadas por el literal a) del numeral 1 del artículo 21 de la Ley 909 de 2004, según el cual la creación de empleos de carácter temporal deberá responder a una de las siguientes condiciones: "a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las actividades permanentes de la administración"

LABORAL ADMINISTRATIVO

CC SC 421 de 2012
¿Se vulneró el precepto contenido en el artículo 150 numeral 10 de la Carta Política, relativo a la limitación de que mediante facultades extraordinarias se expidan leyes orgánicas o se introduzcan modificaciones a materias reserva de ley orgánica al efectuar mediante la norma demandada cambio de la nomenclatura del cargo de Gerente de un Área Metropolitana por el de Director? La jurisprudencia ha precisado que las leyes orgánicas pueden contener disposiciones tanto orgánicas como ordinarias, siempre que guarden conexidad temática razonable, motivo por el cual, si la materia objeto de regulación no se refiere a los tópicos expresamente mencionados en la Constitución como de reserva de ley orgánica, es posible no solo su modificación por parte del legislador ordinario, sino el otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente de la República para que las efectúe. No siendo la disposición del artículo 7 de la Ley 128 de 1994, referida a la denominación Gerente de la cabeza administrativa de las áreas metropolitanas, norma legislativa de naturaleza orgánica, la modificación de la expresión Director realizada en el artículo 16 del decreto ley 785 de 2005, no entraña violación de reserva orgánica alguna. Decreto 785 de 2005, "por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 906 de 2004"; Art 16 (parcial) : Exequible

LABORAL ADMINISTRATIVO

CC SC 420 de 2012
Cosa juzgada en relación en relación con el Acto Legislativo 3 de 2011, "por el cual se establece el principio de la sostenibilidad fiscal"
CC SC 418 de 2012
Contratación de mínima cuantía. La Corte se inhibiera de emitir pronunciamiento de fondo sobre la demanda formulada contra los artículos 274 de la Ley 1450 de 2011 y 94 de la Ley 1474 de 2011, por haberse configurado el fenómeno de la ineptitud sustancial de la demanda

CONTRATACIÓN ESTATAL

CC SC 417 de 2012
Exequible la Ley 1479 de 2011, por medio de la cual se aprueba la "Decisión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE, que establece un centro de desarrollo de la Organización", adoptada en el Consejo en su vigésima novena reunión, en París, el 23 de octubre de 1962 y el "Acuerdo mediante Canje de Notas entre el Gobierno de Colombia y la Secretaría General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, para la vinculación de Colombia como miembro del Centro de Desarrollo de la OCDE", concluido el 24 de julio de 2008.
CC SC 416 de 2012
Cosa juzgada en relación en relación con el Acto Legislativo 3 de 2011, "por el cual se establece el principio de la sostenibilidad fiscal"
CC SC 415 de 2012
¿Vulnera el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución y consecuencialmente, el preámbulo y los artículos 2 y 229 superiores, al prescribir la norma demandada que en los procesos de nulidad por inconstitucionalidad, el Consejo de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los cargos formulados en la demanda y por consiguiente, podrá fundar la declaración de nulidad por inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma constitucional e igualmente, podrá pronunciarse sobre las normas que a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras demandadas que declare nulas por inconstitucionales? El legislador no ha hecho cosa distinta que consagrar normativamente lo que es una doctrina constitucional con plena vigencia: el ejercicio del control constitucional abstracto de manera integral, que se impone en desarrollo efectivo del principio de supremacía constitucional. La Corte reafirmó que en la acción de nulidad por inconstitucionalidad no hay en rigor partes procesales y por tanto no tiene razón de ser, exigir equilibrio entre las mismas, se trata de un conflicto constitucional internormativo y no intersubjetivo. En todo caso, el parágrafo demandado no excluye unos requisitos mínimos, contemplados en la regulación del proceso de nulidad por inconstitucionalidad contenida en el artículo 184 de la Ley 1437 de 2011. Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"; Art. 135, Parágrafo : Exequible

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 414 de 2012
¿La incorporación del Fondo-Cuenta de impuestos al consumo de productos extranjeros al presupuesto de la Federación Nacional de Departamentos, desconoce la autonomía de los departamentos y del Distrito Capital reconocida en el artículo 287 de la Carta Política? Esa incorporación constituye un mecanismo eficiente de recaudo y distribución de un impuesto cedido por la Nación a los departamentos y Distrito Capital, que persigue evitar la evasión en su pago, sin desconocer el derecho de las entidades territoriales a percibir los recursos del recaudo ni su empleo conforme con lo previsto en la ley - ¿Vulnera la libertad de asociación de los departamentos? Del precepto acusado no se deriva obligación alguna de las entidades territoriales de asociarse a la Federación Nacional de Departamentos a efectos de obtener los recursos derivados del recaudo del tributo. - ¿La incorporación del Fondo-Cuenta al presupuesto de la Federación Nacional de Departamentos y la definición de las reglas para su administración constituyen una vulneración del principio de legalidad? Aún con independencia de la naturaleza jurídica de la Asociación, es claro que el ejercicio de las funciones públicas asignadas, se encuentra sometido a un catálogo completo de reglas y principios que la limitan y orientan. Tampoco, lo dispuesto en el artículo 224 acusado implica el otorgamiento de un auxilio o donación proscrito por el artículo 355 de la Constitución, puesto que no supone un acto de apropiación de recursos públicos o que la referida Federación sea la destinataria final de los ingresos que componen el Fondo-Cuenta, en la medida en que se trata únicamente de su administración. Ley 223 de 1995, "por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones"; Art. 224 (parcial) : Exequible

TRIBUTARIO

CC SC 398 de 2012
Cosa juzgada respecto de la no exigencia de consulta previa a comunidades étnicas en relación con el control a la explotación ilícita de minerales regulado en el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011, "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo". Inepta demanda en relación con la demanda a los artículos 107 y 112

ASUNTOS INDÍGENAS

CC SC 397 de 2012
Cosa juzgada respecto del vicio de forma aducido en la presente demanda, en el trámite del Acto Legislativo 3 de 2011 que estableció el principio de sostenibilidad fiscal
CC SC 396 de 2012
Cosa juzgada constitucional en relación con la inconstitucionalidad del parágrafo transitorio del artículo 2o. del Decreto 3565 de 2011, que ampliaba el periodo de los actuales directores de las corporaciones autónomas regionales hasta el 30 de junio de 2012
CC SC 395 de 2012
¿Incurrieron las normas demandadas en una omisión legislativa relativa, en cuanto no incluyen una protección efectiva de los territorios habitados por indígenas y por comunidades afro, que no han sido declarados zonas mineras; (ii) desconocieron el deber de realizar la consulta previa a tales personas, como requisito previo para explorar y explotar minas y adelantar obras que puedan tener impacto directo que comprometa su integridad; (iii) desconocieron el derecho de esas comunidades a que en ciertas hipótesis, se obtenga su consentimiento previo libre e informado, y (iv) si vulneraron el principio de autonomía territorial, en cuanto no se respetan los principios de coordinación y concurrencia, que deben guiar las actuaciones de la administración pública? La circunstancia de que en una determinada disposición legal no se indique de manera expresa que las disposiciones constitucionales o de las normas internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, se deben respetar en tratándose de asuntos mineros y de explotación de recursos naturales yacentes en territorios indígenas, en nada contradice la Carta Política, toda vez que la prevalencia del ordenamiento superior no requiere del reconocimiento legal expreso. a Corte indicó que la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes para la realización de cualquier tipo de proyectos y en particular, los de carácter minero no requiere de un previo desarrollo legislativo. De este modo, una consideración sistemática de la Ley 685 de 2001, en el marco de la jurisprudencia constitucional, lleva a la conclusión de que siempre que en ejercicio de una actividad minera se plantee la posibilidad de que se produzca una afectación directa de las comunidades indígenas o afrodescendientes, debe realizarse la consulta previa, con los alcances, las condiciones y las consecuencias que se hayan señalado en la jurisprudencia constitucional, sin que para el efecto sea necesario que, en relación con cada uno de los aspectos que se regulan en el Código de Minas o en la legislación complementaria, que pueda tener algún impacto sobre tales comunidades, deba contemplarse de manera expresa esa obligación. Ley 685 de 2001, Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones"; Arts. 11 (inciso tercero), 35, 37, 41, 48, 59, 78, 79, 122 (inciso segundo) y 131 y Ley 99 de 1993, "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones", Art. 76 : Exequibles
CC SC 394 de 2012
La declaración de utilidad pública o interés social de los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, el procedimiento de expropiación, adquisición, avalúo e indemnización no violan el principio de unidad de materia. El alcance del principio de unidad de materia en la Ley del Plan Nacional de desarrollo según la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ley 1450 de 2011, "por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014"; Arts. 83, 122 y 246 : Exequibles

ADMINISTRATIVO GENERAL

TRANSPORTE

DESARROLLO TERRITORIAL

CC SC 393 de 2012
¿La inclusión de los fondos mutuos de inversión y los fondos de cesantías y de pensiones como beneficiarios de las condiciones especiales desarrolladas por la Ley 226 de 1995, en los procesos de enajenación de participación estatal en empresas, resulta acorde con el mandato de democratización de la propiedad accionaria del Estado consagrado en el artículo 60 de la Constitución Política? Los fondos mutuos de inversión, pueden ser catalogados como organizaciones solidarias, en razón al interés común que persiguen en beneficio de los trabajadores. En cuanto a los fondos de cesantías y de pensiones, estos constituyen un patrimonio autónomo, distinto y separado de las entidades que los administran y aunque parte de los aportes los hacen los empleadores, esos recursos pertenecen a los trabajadores; si bien los fondos en sí no son organizaciones de trabajadores formalmente hablando, como lo establece el artículo 60 de la carta, sus recursos sí pertenecen a éstos y su razón de ser o fines apuntan a posibilitar su beneficio a través del eventual incremento del monto de sus cesantías y pensiones. ¿La elaboración por el Gobierno Nacional, en forma global, de un plan de enajenación anual de acciones estatales que se presenta al Congreso para su autorización (Art. 8), infringe el numeral 9) del artículo 150 de la Constitución? La autorización especial de que trata el numeral 9) del artículo 150 de la Carta, debe tramitarse solo en aquellos casos en que la misma ley lo exija. Así mismo, ha explicado que la autorización legislativa exigida para la celebración de contratos en general es la que resulta del último inciso del artículo 150 superior, concerniente al estatuto general de contratación estatal. ¿Modifica el Art. 23 de la ley demandada - ley ordinaria- el Art. 70 de la Ley 179 de 1994 - orgánica del presupuesto-, violando así los preceptos constitucionales? Descartada.¿Este mismo artículo (Art. 23) contraría la regla contenida en el artículo 359 superior, según la cual, no habrá rentas de destinación específica? os recursos derivados de la venta de participaciones accionarias de las entidades públicas, no constituyen ingresos tributarios ordinarios, sino de rentas que se reciben una sola vez, a partir de la decisión de una entidad estatal de enajenar un determinado activo, usualmente con el ánimo de destinar el producido de esa venta a una finalidad pública concreta. Ley 226 de 1995 - "por la cual se desarrolla el artículo 60 de la Constitución Política en cuanto a la enajenación de la propiedad accionaria estatal, se toman medidas para su democratización y se dictan otras disposiciones"; Arts. 3, 8 y 23 (parciales) : Exequibles

CONTRATACIÓN ESTATAL

CC SC 384 de 2012
Acto Legislativo 3 de 2011, "por el cual se establece el principio de sostenibilidad fiscal". Cosa juzgada exequible
CC SC 383 de 2012
La licencia de paternidad cobija a los padres en condiciones de igualdad independientemente de su vínculo legal o jurídico con la madre. Y opera por los hijos en condiciones de igualdad, independientemente de su filiación. Ley 1468 de 2011, "por la cual se modifican los artículos 236, 239, 57, 58 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones"; Art. 1(parcial) (Mod. el Art. 236 del C.S.T) : Exequible

LABORAL

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

CC SC 371 de 2012
Acto Legislativo 3 de 2011, "por el cual se establece el principio de sostenibilidad fiscal". Cosa juzgada exequible
CC SC 370 de 2012
Dentro del proceso verbal disciplinario la citación a audiencia, en cualquier estado de la actuación, hasta antes de proferir pliego de cargos, es constitucional. También lo es el término para iniciar la audiencia, en el entendido que este término solamente comenzará a correr a partir de la notificación del auto que ordena el proceso verbal. Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". Art. 57 (parcial) : Exequible. Art. 58 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible (Mod. Los Arts. 175 y 177 de la Ley 734 de 2002)

DERECHO DISCIPLINARIO

CC SC 369 de 2012
¿En el trámite de discusión y aprobación del artículo 52 de la Ley 1430 de 2010, se desconoció el principio de consecutividad? De conformidad con el artículo 160 de la Constitución, las plenarias de las Cámaras están facultadas para introducir las modificaciones, adiciones y supresiones que consideren necesarias. Precisó que el ejercicio de esta facultad, según lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley 5a. de 1992 no implica que el proyecto de ley tenga que ser discutido nuevamente en la Comisión Permanente en la cual tuvo su origen. Ley 1430 de 2010, "por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad"; Art. 52 : Exequible

TRIBUTARIO

CC SC 368 de 2012
¿Circunscribir a las entidades fiduciarias la potestad legal para la administración del fondo para el pago del pasivo pensional de las universidades estatales, vulnera los derechos a la seguridad social, la igualdad y la libre competencia económica, al excluir las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP? Tiene fundamento en la naturaleza de los recursos constitutivos del Fondo, pertenecientes al presupuesto nacional y aportes de las universidades. a preferencia del legislador por el contrato de fiducia mercantil para la administración de los recursos del Fondo, tiene pleno sustento en la necesidad de otorgar un tratamiento adecuado a esos recursos públicos. La fiducia mercantil es una institución jurídica que permite que se conforme un patrimonio autónomo, afectado exclusivamente para el pago de las obligaciones prestacionales que estaban a cargo de las cajas y fondos de previsión de las mencionadas universidades. La función de las AFP es administrar el régimen pensional de ahorro individual con solidaridad, en los términos que lo defina la ley. Esta función es distinta al caso examinado, pues el Fondo no arbitra recursos derivados de aportes individuales de los trabajadores, sino la concurrencia de dineros públicos destinados para el pago del pasivo pensional de las universidades estatales. Quiere esto decir que la norma demandada en nada afecta ni se inmiscuye en las competencias, en cualquier caso de rango legal, de las AFP. Ley 1371 de 2009, "por la cual se establece la concurrencia para el pago del pasivo pensional de las universidades estatales del nivel nacional y territorial y se dictan otras disposiciones". Art. 2 (parcial) Exequible

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 367 de 2012
Acto Legislativo 3 de 2011, "por el cual se establece el principio de sostenibilidad fiscal". Cosa juzgada exequible
CC SC 366 de 2012
Por extralimitación de las precisas facultades otorgadas en el literal d) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, se declararon INEXEQUIBLES todos los artículos del Decreto Ley 3565 de 2011, "por el cual se modifican parcialmente la Ley 99 de 1993 y la Ley 1263 de 2008". El requisito de precisión (Art. 150-10 C.P), implica reciprocidad y vincula tanto al Congreso al conferir las facultades extraordinarias, como al Presidente al ejercerlas
CC SC 365 de 2012
¿Vulnera los principios básicos del ius puniendi y la libertad económica de la actividad aseguradora al sancionarse con la misma, conductas permitidas por el ordenamiento jurídico? Para la Corte, la redacción del parágrafo demandado puede llevar a tres situaciones insostenibles que desconocerían la figura del salvamento como un elemento de gran importancia para el contrato de seguro y vulneran claramente el principio de legalidad para prevenir una forma de criminalidad que puede ser sancionada a través de otras conductas punibles que tipifican de manera directa a quien utilice fraudulentamente los documentos, licencias, números de identificación de los vehículos automotores declarados en pérdida total.. Ley 1453 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad"; Parágrafo del Art. 27 (Adc. El Art. 447A a la Ley 599 de 200) : INEXEQUIBLE

PENAL

CC SC 364 de 2012
¿La sanción de decomiso definitivo prevista en el artículo 47 de la Ley 1333 de 2009, desconoce el derecho de propiedad (art. 58 C.P. y 21 de la CADH), a la protección de los bienes por parte de las autoridades (art. 2º C.P.), y derecho al debido proceso (art. 29 C.P.), en los términos planteados por el demandante? La equiparación hecha por el actor en el sentido de entender el decomiso definitivo como una forma de extinción del dominio que desconoce el derecho de propiedad y la reserva judicial exigida por el texto superior, carece de fundamento. El decomiso definitivo de los bienes utilizados para cometer la infracción ambiental es una de las sanciones previstas por la Ley 1333 de 2009, como resultado de un proceso administrativo en el que se determina la responsabilidad del infractor, se cuenta con la oportunidad de pedir pruebas, ejercer el derecho de defensa, interponer recursos y la decisión sancionatoria está sujeta al control de la jurisdicción contencioso administrativa. Además, esta sanción se adopta con independencia de las implicaciones penales que pueda presentar el mismo hecho. Ley 1333 de 2009, "por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones"; Art. 47 : Exequible
CC SC 363 de 2012
La inclusión en el Plan de Desarrollo de los temas: detección de infracciones por medios tecnológicos (Art. 86), sanciones y procedimiento (Art. 96 -Adic. el Art. 46 de la Ley 336 de 1996-), descongestión en la jurisdicción contencioso administrativa (Art. 198), y Arancel Judicial (Art. 239 -Adc. Art. 4 de la Ley 1394 de 2010-) no desconocieron el principio de unidad de materia. Ley 1450 de 2011, "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2012"

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 382 de 2012
Inepta demanda en relación con el cargo contra el Art. 17 de la Ley 4 de 1992, "mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política"

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 336 de 2012
Culpa del empleador en accidente de trabajo. Inepta demanda contra el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo

SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES

CC SC 335 de 2012
El Auto de rechazo de la contestación en primera instancia podrá ser apelable. Ley 1395 de 2010, "por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial"; Art. 14 (parcial) (Mod. el Art. 351 del C.P.C) : Inepta demanda
CC SC 334 de 2012
¿El legislador, al diseñar un Plan Especial de Descongestión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa con las características enunciadas en el artículo 304 de la Ley 1437, desconoce el Art. 256 Num. 5o. de la Constitución Política, respecto de las competencias constitucionales del Consejo Superior de la Judicatura en materia de elaboración y ejecución del presupuesto de la Rama Judicial? y ¿Con la expedición de esta norma, violó la regla constitucional de prevalencia de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo sobre otras leyes, ya que la Ley del Plan contiene a su vez un Plan Nacional de Descongestión Judicial que pretende alterar o modificar? El Art. 256 superior no contiene un listado taxativo de atribuciones propias del Consejo Superior de la Judicatura ni excluye al legislador de la regulación de tales competencias. De otra parte, en los términos del Art. 150 de la CP, corresponde al Congreso expedir códigos en todos los ramos de la legislación. La reserva de ley en esta materia, le permite a la ley no solamente introducir en los códigos normas sustantivas y procesales relativas a cada materia, sino además normas de carácter instrumental dirigidas a solucionar situaciones de congestión, cuya no resolución precisamente le generaría obstáculos y restaría eficacia a la nueva normativa. Una ley que contenga disposiciones contrarias a las contenidas en el Plan Nacional, será una norma contraria a la Constitución. Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"; Art. 304 : Exequible

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 333 de 2012
¿Es la transitoriedad de los cargos - funcionarios judiciales encargados de adelantar los procesos en el contexto de la ley de reincorporación de grupos al margen de la ley (conocida como Ley de Justicia y Paz) - argumento suficiente para que como excepción al Art. 125 de la Carta -en el entendido que esta no es absoluta- estos funcionarios puedan ser elegidos o designados sin necesidad de presentarse a un concurso público de méritos? El concurso como forma de elección en la rama del poder judicial es una herramienta indispensable. La Corte está llamada a declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones normativas acusadas, en tanto conllevan una violación a la Constitución. No obstante, por varios motivos, la Sala considera que la solución acertada en el presente caso no es la declaratoria de inexequibilidad. A partir de la notificación de esta sentencia, los empleos a los que se refieren los incisos mencionados, deberán ser provistos de la lista de elegibles vigente. Ley 975 de 2005, "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios": Art. 67 Incs 1 y 3: CONDICIONALMENTE exequibles
CC SC 332 de 2012
¿Se incurrió en un vicio de trámite insubsanable consistente en no haber alcanzado la mayoría exigida para la aprobación del proyecto de Acto Legislativo, en el curso del tercer debate, dado que un Senador que se encontraba presente en el recinto de la Comisión se abstuvo de votar? La Corte consideró que en el presente caso procedía aplicar el principio in dubio pro legislatoris, según el cual, en caso de duda razonable acerca de la ocurrencia de un vicio de procedimiento, aquélla debe ser resuelta a favor de la decisión mayoritaria adoptada por un cuerpo deliberante, como lo es el Congreso de la República, además, como una manifestación del principio democrático. En este sentido, cuando quiera que no exista certeza acerca de la existencia de un vicio de procedimiento, tal duda debe ser resuelta a favor del legislador, en tanto que salvaguarda la decisión mayoritaria. En el caso concreto, del examen del acervo probatorio no queda claro si en efecto el senador se encontraba o no presente en el recinto de la Comisión I del Senado al momento de ser votado el proyecto de acto legislativo. A lo anterior, se agrega que ningún congresista solicitó verificar el quórum. Acto Legislativo 3 de 2011 : Exequible
CC SC 331 de 2012
¿La prohibición en todo el territorio nacional, de la utilización de dragas, minidragas, retroexcavadoras y demás equipos mecánicos en las actividades mineras sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional. Así como el decomiso de bienes y la imposición de una multa por infracción a esta prohibición, y además de medidas especiales para la reorganización de los municipios explotadores de oro (Art. 106) requería reconsulta previa? Se trata de una norma general que busca evitar una práctica ilegal, que produce serios daños ambientales y de garantizar la no explotación minera en términos industriales, que no es propia de las comunidades indígenas y afrodescendientes y por tanto, no las afecta de manera directa y específica. Además la preservación de los recursos naturales renovables y no renovables y el derecho colectivo a un ambiente sano, no fueron consagrados únicamente a favor de los grupos étnicos, sino que mira a bienes jurídicos superiores que interesan a toda la comunidad. ¿Requería de consulta previa la derogatoria de las normas de la Ley 1382 de 2010 que consideraba, en los términos de la ley, legal el barequeo (Art. 12, Par. 2o.), así como la derogatoria de la norma que permitía la actividad de pequeña minería en el departamento del Chocó (Art. 30)? Contrario a lo dispuesto en el Art. 106 estas normas sí afectan de manera directa a las comunidades étnicas y si bien se efectuó consulta previa, esta se realizó sobre el plan general no sobre la derogatoria de las normas que los afectaban. Ley 1450 de 2011, "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014"; Art. 106 : Exequible. Art. 276 (parcial) : INEXEQUIBLE

MINERÍA

ASUNTOS INDÍGENAS

CC SC 330 de 2012
¿Desconoce el principio de voluntariedad del arbitramiento, la obligación impuesta para esto en algunas de las normas demandadas? La Corte señaló que la voluntariedad en materia arbitral opera como un principio que caracteriza esta modalidad de mecanismo alternativo de solución de conflictos, pero que por la misma razón, no se trata de una regla que implique la inconstitucionalidad de cualquier modalidad de arbitramento obligatorio, sino como un mandato que debe ser ponderado de acuerdo con otros bienes constitucionalmente relevantes que estén en juego. La desigualdad estructural de las relaciones laborales y los principios constitucionales del derecho al trabajo también justifican la previsión de la obligatoriedad del arbitramento en materia laboral. - A diferencia de las normas laborales analizadas, la Corte encontró que el establecimiento del tribunal de arbitramento obligatorio que se impone en el inciso segundo del artículo 65 de la Ley 143 de 1994 desconocer el principio de voluntariedad en el arbitramento. - La voluntad expresada en la mayoría absoluta de los trabajadores de una empresa o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores, de someter un conflicto colectivo de trabajo a la decisión de un tribunal de arbitramento, se ajusta perfectamente a la Constitución. - El establecimiento de tribunales o comisiones de arbitraje de carácter permanente en la convención colectiva se refiere a la posibilidad de que se solucionen todos los conflictos que surjan en el ámbito de una convención colectiva, por un tribunal de arbitramento que se designa para tal efecto, si así se solicita por las partes. - La amigable composición y arbitramento técnico son modalidades de solución de conflictos que corresponden a la potestad de configuración legislativa. Demanda contra las siguientes normas: Código Sustantivo del Trabajo; Arts. 432 (parcial) 444 y 445 (Mod. por la Ley 50 de 1990); Art. 448 (Mod por le Ley 584 de 2000 y la Ley 1210 de 2008; Ley 48 de 1968 (art. 3, num. 2 y 3); Ley 446 de 1998 (arts. 111, parcial, 130, 131 y 132); Decreto 2158 de 1948 (arts. 139, parcial y 143); Decreto 2279 de 1989 (art. 46); Ley 80 de 1993 (art. 74) ; (Artículos incorporados en el Decreto 1818 de 1998; Arts 115, 170, 191, 195, 223, 224, 225, 231) : Declaradas exequibles y la Ley 143 de 1994 (art. 65, Inc. 2o.) (incorporado en el Decreto 1818 de 1998; Art. 171) declarado INEXEQUIBLE

LABORAL

CONTRATACIÓN ESTATAL

CC SC 318 de 2012
Cosa juzgada en relación con los cargos formulados contra el Acto Legislativo 5 de 2011, "por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones"
CC SC 317 de 2012
¿el Acto Legislativo 05 de 2011 conlleva una afectación directa, específica y particular sobre los pueblos indígenas y tribales del país, en forma tal que se active la obligación internacional y constitucional del Gobierno colombiano de llevar a cabo un proceso de consulta previa antes de su trámite ante el Congreso? La Corte consideró que el Acto Legislativo demandado no es una medida legislativa que en sí misma conlleve una afectación directa, específica y particular de los pueblos indígenas o las comunidades afrodescendientes del país, en atención a dos razones fundamentales: (i) el nivel de generalidad de las regulaciones que allí se consagran, que no constituyen un régimen constitucional integral del sistema de regalías; y -especialmente- (ii) la remisión a una ley de desarrollo que habrá de precisar en detalle los distintos aspectos constitutivos del régimen nacional de regalías. Esta ley de desarrollo, en criterio de la Corte, necesaria y obligatoriamente tendrá que ser objeto de consulta previa con la plenitud de las garantías constitucionales e internacionales aplicables, en tanto contenga disposiciones que afecten directamente a las comunidades indígenas o afrodescendientes. La nueva ley no podrá contener medidas regresivas respecto de los niveles de protección de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas que actualmente se disponen en las leyes previas. Además, en la asignación de los recursos correspondientes a los fondos de compensación y Desarrollo, necesariamente deberán tenerse en cuenta a dichas comunidades ancestrales. Estas dispondrán de una participación directa en los recursos provenientes de tales fondos. - Existencia de una línea jurisprudencial uniforme y consistente en cuanto a los criterios para identificar una afectación directa de comunidades indígenas o afrodescendientes por medidas legislativas. ¿En la presentación del proyecto por parte de los ministros se incurrió en una falta de competencia? La Corte Constitucional consideró que una lectura conjunta y armónica de los artículos 375 y 208 de la Carta Política indica que los Ministros del Despacho obran como representantes del Gobierno ante el Congreso para efectos de ejercer la iniciativa constituyente gubernamental. Acto Legislativo 5 de 2011, "por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones" : Exequible
CC SC 316 de 2012
Revisión de constitucionalidad: de la "Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre", adoptada en Santiago de Chile, el 7 de junio de 1991 y de la Ley aprobatoria número 1460 de junio 29 de 2011 : Exequible
CC SC 315 de 2012
¿Desconoció el Legislador los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al haber establecido en el inciso 2 del artículo 59 de la Ley 1474 de 2011 que el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia deberá sustentarse verbalmente en la misma audiencia, una vez proferido y notificado el fallo en estrados? Este procedimiento resulta proporcionado, en la medida que no debe mirarse de manera aislada sino dentro de todo el contexto del proceso disciplinario abreviado, durante el cual el disciplinado ha tenido la oportunidad de controvertir las pruebas con base en las cuales se cita a audiencia, de solicitar nuevas pruebas, de presentarse acompañado de un abogado, de expresar libremente las razones por las cuales considera que no es responsable de la conducta que se le atribuye y de intervenir en todas las etapas del proceso o sustentar las razones por las cuales controvierte una decisión adversa. De tal manera, que cuando se dicta el fallo, este es el resultado de las pruebas y argumentos que se han presentado y debatido en las etapas previas rodeadas de todas las garantías. Adicionalmente, el inciso séptimo del artículo 59 dispone que antes de proferir el fallo, se dará traslado por dos (2) días a las partes, contados a partir del día siguiente a la notificación por estado, para presentar alegatos de conclusión. Como se observa, la norma le concede al sujeto disciplinado otro lapso de tiempo para mostrar los defectos jurídicos o fácticos de la decisión de primera instancia, dado que esta decisión debe guardar congruencia con los argumentos y pruebas que se han debatido a lo largo del proceso. Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" ; Art. 59, Inc. 2o. (Mod. el Art. 180 de la Ley 734 de 2002) : Exequible

DERECHO DISCIPLINARIO

CC SC 306 de 2012
¿La posibilidad de que los autos de archivo de la investigación disciplinaria, que hacen tránsito a cosa juzgada, puedan ser revocados de manera directa, de oficio o a petición del quejoso, en situaciones diferentes a las relacionadas con la violación del derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, conforme lo ha establecido esta Corporación y ahora lo establecen las normas demandadas, va en contra del principio de cosa juzgada y la prohibición del non bis in ídem? La Corte señaló que la mitigación de una garantía que protege al ciudadano de la acción del Estado, en pro de la realización de un principio constitucional determinado, sólo podrá considerarse legítima en tanto esta obedezca a una razón concreta y específica de cierta entidad, necesaria para alcanzar un nivel de justicia más alto y a su vez, busque conservar en lo máximo posible, la efectividad de la garantía que se excepciona o debilita. Así, en el presente caso solo habrá de admitirse como válida la restricción a la garantía del non bis in ídem en tanto a través de ella se consiga en un campo específico, una situación de justicia mayor, imposible en caso de no excepcionarla. En todo caso, la revocatoria directa en los procesos disciplinarios, no es una decisión caprichosa que dependa de la mera subjetividad de la autoridad competente y es de esperarse que en el contexto de una ley que persigue sancionar actos de corrupción, debe versar esencialmente, por ejemplo, sobre faltas que puedan constituir un detrimento al patrimonio público, impliquen un favorecimiento ilegal para sí o para un tercero, retarden y obstaculicen la denuncia, la investigación o la acción de las autoridades disciplinarias, fiscales o penales, desatiendan normas relacionadas con el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, omitan los deberes de vigilancia y supervisión que les competan, favorezcan o promuevan el incumplimiento contractual en perjuicio del Estado, impliquen la utilización del cargo para favorecer o participar en actividades de los partidos y movimientos políticos, o implique circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles. Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Arts. 47, 48, 49 (parciales) (Mod. los Arts. 123, 123 y 14 de la Ley 734 de 2002) : Exequibles

DERECHO DISCIPLINARIO

CC SC 305 de 2012
Acto Legislativo 4 de 2011, "por el cual se incorpora un artículo transitorio a la Constitución política de Colombia". Cosa juzgada INEXEQUIBLE
CC SC 304 de 2012
¿Podía el legislador incluir como sujetos pasivos del impuesto predial y de la contribución por valorización, a los tenedores de inmuebles públicos a título de concesión, aún cuando el artículo 317 de la Constitución dispone expresamente que "solo los municipios [pueden] gravar la propiedad inmueble"? Para la Corte no es de recibo la interpretación según la cual, el artículo 317 de la Carta autoriza gravar solo a los propietarios de bienes inmuebles y prohíbe cualquier clase de gravamen sobre personas como lo tenedores, que tienen un título distinto al de dominio sobre dichos bienes. Así mismo este enunciado no le establece una limitante al legislador para hacer una regulación como la contenida en el texto demandado. Inepta demanda en relación con el cargo por el supuesto desconocimiento del principio de progresividad tributaria. Ley 1430 de 2010, "por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad"; Art. 54 Inc 1o. (parcial) : Exequible

TRIBUTARIO

CC SC 303 de 2012
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1463 del 29 de junio de 20011"Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Colombia y de la República Federativa de Brasil para el establecimiento de la zona de régimen Especial Fronterizo para las localidades de Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia)", firmado en Bogotá, D.C., a los 19 días del mes de septiembre de 2008". Exequible con declaración interpretativa
CC SC 302 de 2012
Inepta demanda en relación con el alcance a la acción de grupo frente a la nulidad de los actos administrativos. Para la Corte, no es cierto que el inciso segundo del artículo 145 de la Ley 1437 de 2011 limite la posibilidad de declarar que la causa de un daño soportado por un número plural de personas es un acto administrativo de carácter general y de declarar la nulidad de este tipo de actos como una medida de reparación, cuando sea necesario. Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"; Art. 145 Inc. 2o. (parcial)

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 301 de 2012
¿La exoneración de responsabilidad disciplinaria al abogado que hace revelaciones por la necesidad evitar la comisión de un delito, vulnera el secreto profesional? El establecimiento de eventos en los cuales el profesional no responde penal o disciplinariamente no puede considerarse como una vulneración del secreto profesional. La Corte sostuvo que la revelación del secreto profesional en el supuesto previsto en la norma demandada constituye una forma de estado de necesidad y por lo tanto, debe considerarse como una alusión a esta causal de exclusión de la responsabilidad realizada en el tipo disciplinario. con la disposición acusada no se está desconociendo el secreto profesional, ni el carácter antijurídico de su vulneración, simplemente se está reconociendo que para aplicar una sanción disciplinaria no es suficiente con el incumplimiento del deber de respetar el secreto profesional -lo cual formalmente sigue siendo antijurídico de acuerdo con el numeral 9 del art. 28 de la Ley 1123- sino que además, como en cualquier otra falta o delito, es necesario que sea además culpable y que no incurra en una causal de exclusión de la responsabilidad. Ley 1123 de 2007, "por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado"; Art. 34 Lit f) (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible

DERECHO DISCIPLINARIO

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 300 de 2012
¿El que la norma demandada permita la prórroga o adición de los contratos de concesión de obra pública, para la realización de obras adicionales directamente relacionadas con el objeto concesionado y "sin límite de cuantía", desconoce los principios de igualdad, imparcialidad y eficiencia y el principio de libre competencia? Los contratos de concesión de obra pública son por naturaleza incompletos, debido a la incapacidad que existe de prever y redactar una consecuencia contractual para todas y cada una de las posibles variables y contingencias que pueden surgir en el desarrollo del objeto. Por ello, señaló que adquiere especial relevancia la posibilidad de modificarlos, con el fin, entre otros, de recuperar el equilibrio económico, en los eventos en los que se materializan obstáculos no previsibles, extraordinarios y no imputables al contratista. Sin embargo, la Sala resaltó que la posibilidad de prórroga o de modificación no puede ser ilimitada, sino que, en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica, debe ser excepcional y emplearse solamente cuando sea necesario para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato inicial. Una interpretación, según la cual la expresión referida habilita al concesionario, durante el desarrollo de la concesión, a ejecutar obras relacionadas con el objeto concesionado, pero que no se previeron en el objeto inicial y que en realidad constituyen nuevos objetos contractuales implica un sacrificio desproporcionado de los principios de la función administrativa, del principio de libre competencia y del principio de igualdad. Por otro lado no le asistía razón al demandante cuando afirmaba que ella permite la adición o prórroga de los contratos de concesión de obra pública sin límite de cuantía. A partir de una interpretación gramatical y teleológica de la expresión, la Corte estimó que su finalidad es aclarar que la adición o prórroga del plazo puede hacerse sin tener en cuenta el precio del contrato inicial, es decir, el precepto no se ocupa de la hipótesis que aduce el demandante. Ley 1150 de 2007, "por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos"; Art. 28 Inc. 1o. : CONDICIONALMENTE exequible

CONTRATACIÓN ESTATAL

CC SC 296 de 2012
Cómputo de la experiencia profesional a partir de la expedición de la matrícula de ingeniero, profesiones afines o auxiliares no vulnera los derechos a la igualdad y trabajo. Ley 842 de 2003, "por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones"; Art. 12 : Exequible

EDUCACIÓN

CC SC 295 de 2012
Revisión de constitucionalidad del "Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio" y su "protocolo", hechos en Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2008, y de la Ley 1459 del 29 de junio de 2011, aprobatoria del mismo. Exequibles

TRIBUTARIO

CC SC 294 de 2012
La ausencia de la firma del Presidente de la República en el proyecto de acto legislativo presentado ante el Congreso de la República, no constituye un vicio de forma que afecte la validez constitucional del Acto Legislativo 2 de 2011, mediante el cual se eliminó la Comisión Nacional de Televisión. Acto Legislativo 2 de 2011, "por el cual se deroga el artículo 76 y se modifica el artículo 77 de la Constitución Política de Colombia" : Exequible
CC SC 293 de 2012
Exequible la Ley 1461 de 2011, por medio de la cual se aprobó el "Acuerdo sobre el establecimiento de la Red Internacional del Bambú y del Ratán", (Beijing, 1997), la Corte constató que se cumplieron en debida forma con las etapas, requisitos y formalidades establecidos por la Constitución y el Reglamento del Congreso de la República. Por lo tanto, la Corte declaró exequible la Ley 1461 de 2011, en cuanto se refiere a su aspecto formal

AMBIENTAL

CC SC 292 de 2012
El traslado de las funciones que competían al Ministerio del Trabajo en relación con las asociaciones de pensionados no tiene relación causal, temática, sistemática ni teleológica con el texto de la ley 1429 de 2010 y por tanto, desconoce el principio de unidad de materia que debe cumplir toda ley . Ley 1429 de 2010, "por la cual se expide la ley de formalización y generación de empleo"; Art. 23 (Mod. parcialmente los Arts. 3 y 4 de la Ley 43 de 1984) : INEXEQUIBLE

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 291 de 2012
Demanda sobre el vocablo esposa contenido en los siguientes decretos: Decreto 609 de 1977 (art. 76, parcial), Decreto 612 de 1977 (art. 153, parcial); Decreto 2063 de 1984 (art. 130, parcial), Decreto 089 de 1984 (art. 177, parcial), Decreto 095 de 1989 (art. 180, parcial), Decreto 097 de 1989 (art. 130, parcial), Decreto 1211 de 1990 (art. 185) y Decreto 1213 de 1990 (art. 132, parcial), normas que establecen los beneficiarios de las prestaciones sociales por causa de muerte de los agentes de la Policía Nacional y de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.. La Corte encontró que la demanda no plantea un auténtico cargo de inconstitucionalidad, sino que se refiere a un problema de aplicación de las normas legales que no tiene su origen en las disposiciones derogadas que se demandan, en la medida en que han dejado de producir efectos jurídicos, sino en la Constitución y las leyes posteriores que otorgaron a los compañeros y compañeras permanentes derechos que antes no les habían sido reconocidos. En realidad, es del resorte de la autoridad respectiva, decidir si son aplicables en cada caso concreto, los preceptos constitucionales que se invocan por el actor o las nuevas regulaciones legales sobre el derecho de las compañeras o compañeros permanentes a situaciones definidas según las disposiciones derogadas, así como determinar si, en caso de ser factible la aplicación de las normas constitucionales, deban serlo de manera retroactiva o retrospectivamente
CC SC 290 de 2012
Término de prescripción para las conductas punibles de genocidio, desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización sindical legalmente reconocida, homicidio de defensor de Derechos Humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado. No es suficiente afirmar que una es violatoria del Estatuto de Roma para que se configure la inconstitucionalidad de la misma. El Estatuto de Roma en tanto que insumo que permite reforzar la argumentación del juez constitucional. El efecto interpretativo del instrumento internacional. El legislador colombiano puede ir más allá de lo regulado por el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma presenta ciertos "tratamientos diferentes", los cuales sólo son aplicables en el respectivo ámbito competencial de la CPI, es decir, cuando ésta, en virtud del principio de complementariedad, asuma su competencia. No todo el Estatuto de Roma hace parte del bloque de constitucionalidad. Ley 1426 de 2010, "por la cual se modifica la Ley 599 de 2000, relativa a las conductas punibles que atentan contra los bienes jurídicamente protegidos de los defensores de derechos humanos y periodistas"; Art. 1 (Mod. el Inc. 2o. del Art. 83 de la Ley 599 de 2000) : Fallo inhibitorio por inepta demanda

PENAL

CC SC 289 de 2012
¿Se vulnera la presunción de inocencia del soldado profesional al retirarlo definitivamente del servicio, por causa de haber estado detenido privativamente por más de 60 días? Lla Corte consideró que el retiro definitivo del servicio -en el sentido indicado- del soldado profesional contra quien se ha dictado una detención preventiva por más de 60 días, es contrario a la Constitución al restringir desproporcionadamente la presunción de inocencia de la que goza esta persona en el ámbito laboral, según el artículo 29 de la Carta, interpretado de conformidad con la jurisprudencia constitucional. Si bien la medida busca un fin constitucionalmente legítimo de carácter preventivo, no sancionatorio y es idónea para prevenir las posibles afectaciones a la comunidad, y a la propia institución, no es necesaria para lograrlo, pues el mismo objetivo y al mismo nivel de efectividad se podría llegar con una medida que restringe, en menor medida, la garantía constitucional de presunción de inocencia, cual es una suspensión que se levante en el caso de que el soldado profesional no sea condenado, sea por sentencia absolutoria o cualquier otra decisión que no implique condena. Decreto 1793 de 2000, "por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares"; Art. 8, Num 3 : INEXEQUIBLE. Art. 11 : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 288 de 2012
¿El Acto Legislativo demandado que consagra el principio de sostenibilidad fiscal, es en realidad una sustitución de la Constitución, en cuanto subvierte la cláusula de Estado Social de Derecho, la separación de poderes y la primacía de los derechos fundamentales, aspectos estructurales del modelo constitucional vigente? Este Acto afecta contenidos que hacen parte únicamente del título XII "Del régimen económico y de la hacienda pública", en particular, las reglas constitucionales sobre intervención del Estado en la economía, al igual que las definiciones del plan nacional de desarrollo y el plan de inversiones contenido en el presupuesto general de la Nación. A su juicio, ese núcleo dogmático de la Constitución, descrito principalmente en los artículos 1º y 2º superiores mantiene su vigencia y eficacia como criterio ordenador e identificador del Estado. Las normas que integran lo que se ha denominado por la jurisprudencia como la Constitución Económica, tienen, de manera general, un carácter instrumental y no son fines en sí mismos. A juicio de la Corte, el parágrafo adicionado al artículo 334 de la Constitución, según el cual, la aplicación de la sostenibilidad fiscal debe ser compatible con la vigencia y goce efectivo de los derechos fundamentales, debe leerse de manera armónica con los criterios fijados por la jurisprudencia constitucional para determinar la iusfundamentalidad de una posición jurídica particular. Por ende, debe rechazarse, por ser contraria a la Constitución, una interpretación de la prohibición del menoscabo de tales derechos basada en la distinción, ya superada, entre derechos fundamentales de la primera generación y derechos sociales, económicos y culturales, de la segunda generación, de manera que la sostenibilidad fiscal tenga por objeto aplazar o restringir el alcance de los derechos sociales, en oposición a los derechos fundamentales. Incidente de impacto fiscal : es un escenario reglado de interlocución que no desvirtúa la separación de poderes. Acto Legislativo 3 de 2011, "por el cual se establece el principio de la sostenibilidad fiscal" : Exequible. Inepta demanda en relación con la Ley 1473 de 2011
CC SC 287 de 2012
¿La transformación de los clubes organizados como corporaciones o asociaciones deportivas sin ánimo de lucro a sociedades anónimas y como resultado de ello, autorizar la devolución de aportes y la conversión en acciones de los aportes realizados, vulneran el derecho a la propiedad privada (art. 58 C.P.) y la prohibición de modificar el destino de las donaciones intervivos para fines de interés social (art. 62 C.P.)? El hecho de que no persigan una finalidad lucrativa, no significa que no desarrollen actividades que generen utilidades, lo que pasa es que a diferencia de las sociedades, el lucro o ganancia obtenida no se reparte entre sus miembros, sino que se integra al patrimonio de la asociación para la obtención del fin deseado. A un miembro de una corporación civil sin ánimo de lucro, la afiliación le otorga el derecho a disfrutar de los beneficios y servicios ofrecidos por la corporación, pero no le da derecho de propiedad sobre los bienes, activos o patrimonio de la misma. En este sentido, su afiliación no puede entenderse como la adquisición de una acción o título valor que le otorgue derecho de propiedad de acuerdo con su participación en el capital de una sociedad y una injerencia en la administración de la misma directamente proporcional a la cantidad de aportes que posea. En consecuencia, no puede afirmarse que los artículos 4º y 5º demandados de la Ley 1445 de 2011 al autorizar la transformación de los clubes deportivos en sociedades anónimas y el consecuente reintegro de los aportes cuando así los soliciten los miembros que no quieren permanecer afiliados, desconozcan el derecho a la propiedad de los clubes con deportistas profesionales, garantizado por el artículo 58 de la Constitución, como tampoco, modifican el destino de las donaciones intervivos, protegido por el artículo 62 superior. Ley 1445 de 2011, "por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las disposiciones que resulten contrarias y se dictan otras disposiciones en relación con el deporte profesional"; Arts. 4 y 5 : Exequibles

COMERCIO

CC SC 255 de 2012
¿La revocatoria directa de los actos administrativos de adjudicación de baldíos, vulnera el debido proceso? Ya sea que la revocatoria proceda con o sin el consentimiento del particular, la misma está sometida en todo caso al procedimiento establecido en el artículo 74 del Código Contencioso Administrativo, norma que remite al artículo 28 y este a su vez, a las normas relativas a la citación del interesado (art. 14), la oportunidad para presentar pruebas (art. 34) y los presupuestos para la adopción de decisiones (art. 35), todos del mismo estatuto. En consecuencia, consagra unas reglas mínimas del debido proceso que en todo caso deberán aplicarse cuando se pretenda revocar un acto administrativo de adjudicación de baldíos. Adicionalmente, para ser coherente con sus precedentes jurisprudenciales y evitar interpretaciones contrarias a la Constitución, la Sala es categórica en advertir que no cualquier incumplimiento de las normas autoriza la intervención unilateral de la administración. Ley 160 de 1994, "por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones"; Art. 72, Inc. 6o. y 7o. : Exequibles

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 254 de 2012
¿Es inconstitucional la inexistencia de una doble instancia en los procesos de pérdida de investidura? La Corte reiteró las razones por las cuales ha considerado que si bien la doble instancia debe ser la regla en los procesos sancionatorios, la Constitución prevé que la ley pueda establecer excepciones (art. 31 C.P.), como las de la única instancia para los procesos de pérdida de investidura, que no desconoce los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Criterios señalados por la jurisprudencia respecto de las excepciones a la doble instancia. Competencia privativa del Congreso de la República para regular las instancias en el proceso de pérdida de investidura. Ley 144 de 1994, "por la cual se establece el procedimiento de pérdida de investidura de los congresistas"; Art. 1 (parcial) : Exequible

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 253 de 2012
Alcance del concepto de víctima definido en la Ley 1448 de 2011. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones" Art. 3 y 75 (parciales) Exequibles. Estarse a lo resuelto

PENAL

CC SC 252 de 2012
Demanda por trámite de la Ley 1407 de 2010, "Por la cual se expide el Código Penal Militar".Exequible por el cargo de falta de debate en la aprobación en Plenaria del Senado de dicha ley. Inepta demanda por los cargos de falta de publicidad y de quórum

PENAL

CC SC 251 de 2012
Revisión de constitucionalidad del "Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y 12 de noviembre de 2007", así como la Ley 1455 del 29 de junio de 2011, que lo aprueba : Exequible

COMERCIO

CC SC 250 de 2012
¿Los límites temporales establecidos en las norma demandada para ser considerado como víctima destinataria de las medidas de atención, asistencia y reparación integral (Art. 3o) y para la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente (Art. 75) previstas en la Ley 1448 de 2011, vulneran el artículo 13 de la Constitución, por ser contrarios al principio de igualdad de las personas que individual o colectivamente sufrieron daños con anterioridad a las fechas en ellas previstas? ¿Resultan desproporcionadas en cuanto privilegian la sostenibilidad financiera respecto de las víctimas? Las fechas señaladas, sólo podrían ser declaradas inexequibles si fueran manifiestamente arbitrarias, y estas fueron el fruto de consensos y acuerdos dentro de las distintas corrientes políticas representadas al interior del órgano legislativo. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones" Art. 3 y 75 (parciales) Exequibles
CC SC 249 de 2012
Inexequible el Acto Legislativo 4 de 2011. El artículo transitorio introducido en la Carta Política por el Acto Legislativo 4 de 2011, comporta una sustitución parcial y temporal de la Constitución y, por lo mismo, implica un exceso del Congreso de la República en el ejercicio de su competencia para reformar el estatuto constitucional. Quebranta el principio axial de la carrera administrativa y sus componentes de mérito y de igualdad. En el primer caso la sustitución de dichos principios se evidenció por la inscripción automática de los empleados en provisionalidad o en encargo, en el segundo por el mayor puntaje que se establece en el concurso a los mismos empleados por su experiencia y por los estudios realizados que relativiza el principio de igualdad de oportunidades para los que quieran participar en dicho concurso. Los principios de carrera administrativa, de concurso público, de mérito y de igualdad como principios consustanciales a la Constitución
CC SC 243 de 2012
Inepta demanda contra el Acto Legislativo 4 de 2011, "por medio del cual se incorpora un artículo transitorio a la Constitución Política"
CC SC 242 de 2012
¿La oportunidad y condiciones de quien no ha concurrido al proceso, establecidas para integrarse al grupo beneficiado con la sentencia que reconoció la indemnización, desconoce el derecho de acceder de manera efectiva a la administración de justicia a quien ha sido lesionado en sus derechos en las mismas condiciones establecidas en la providencia judicial proferida con ocasión de una acción de grupo que debería cobijarlo? Para la Corte, es claro, que la prerrogativa legal que se otorga a que las personas afectadas por el mismo daño o perjuicio y que no conocieron ni hicieron parte del grupo que inició el proceso, puedan acogerse a los beneficios de la sentencia, no solo favorece el interés individual y colectivo de indemnización a través de la acción de grupo, sino que también garantiza el interés superior de acceso efectivo a la justicia, así como la economía y celeridad procesal, pues evita que la administración de justicia se desgaste con un nuevo proceso por los mismos hechos y contra la misma persona y así mismo, se encuentra en armonía con la finalidad reparadora de la acción de grupo. Ley 472 de 1998, "por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones"; Arts 55 y 65 (parciales) : Exequibles
CC SC 241 de 2012
La penalización del incesto no constituye una restricción del libre desarrollo de la personalidad. Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal"; Art. 237 : Exequible

PENAL

CC SC 240 de 2012
Demanda por vicios de forma contra el inciso primero y el literal j) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, "por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones" No toda falla procedimental constituye un vicio de inconstitucionalidad en el trámite de un proyecto de ley, siendo posible su convalidación en aplicación del principio de instrumentalización de las formas, que conlleva su interpretación teleológica al servicio de un fin sustantivo , claro es, sin pasar por alto que las normas procesales establecidas buscan proteger importantes valores sustantivos, como el principio democrático. Los efectos jurídicos de la votación en la formación de las leyes. Exequible
CC SC 239 de 2012
¿La captura durante el proceso de interdicción marítima tal como esta prevista en la norma demandada vulnera la garantía constitucional de la libertad personal? La Corte consideró que en efecto, la figura de la captura durante el proceso de interdicción marítima prevista en esta disposición puede tener problemas de constitucionalidad, por no establecer un límite claro al cómputo del término de 36 horas para poner a disposición del juez de control de garantías la persona capturada, esto es, el momento a partir del cual "se verifique que las sustancias transportadas son ilícitas en el puerto". No obstante, encontró que un entendimiento razonable de la norma, permite determinar que no puede exigirse al Estado, que en el preciso momento de la interdicción marítima se asegure que, conforme a un mapa de tiempos, exista una autoridad judicial a una distancia no mayor de 36 horas desde cualquier punto en el que el procedimiento opere, sea dentro de las 12 millas del mar territorial, las 200 de las zona económica exclusiva o la distancia indeterminada en el mar abierto. La Corte procedió a declarar exequible la norma demandada, bajo el entendido de que la puesta a disposición de las personas capturadas durante la interdicción marítima ante el juez de control de garantías y la definición de su situación jurídica, deberá desarrollarse en el menor tiempo posible, sin que en ningún caso exceda las 36 horas siguientes a la llegada a puerto colombiano. Ley 1453 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad"; Art. 56 (parcial) (Mod. el Art. 298 de la Ley 906 de 2004) : CONDICIONALMENTE exequible

PENAL

CC SC 238 de 2012
¿Existe una omisión legislativa relativa en los artículos 1040, 1046, 1047 y 1233 del Código Civil, al privar a los compañeros permanentes que conformen una unión marital de hecho, trátese de parejas de distinto sexo o de las integradas por personas del mismo sexo, de la vocación hereditaria y de la denominada porción conyugal? El reconocer el derecho de suceder, en los respectivos órdenes, solo a quien en vida haya estado unido con el causante en virtud del vínculo matrimonial se priva de esa concreta medida, de innegable base familiar, a la unión marital que, según se ha visto, comparte con el matrimonio el efecto de dar lugar a una familia y desde luego al compañero o compañera permanente que en vida del fallecido conformó con él una familia de hecho. Ocurre lo mismo respecto de la exclusión del derecho a la porción conyugal, que no se adquiere después por el hecho de caer en la pobreza, según lo regulado en el artículo 1233 del Código Civil. La conclusión de la Corte, fue la de que en todas las disposiciones demandadas del Código Civil, la mención al "cónyuge", deben comprender al compañero o compañera permanente que sobrevive al causante, sea que la respectiva unión de hecho haya sido conformada por personas de distinto sexo o por personas del mismo sexo. Código Civil; Arts. 1040,1046, 1047 y 1233 (parciales) : CONDICIONALMENTE exequibles

CIVIL

CC SC 237 de 2012
Los requisitos demandados que debe cumplir el solicitante de pérdida de investidura no resultan irrazonables o desproporcionados. Ley 144 de 1994, "por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas"; Arts. 4, 7 y 17 (parciales) : exequibles. Inepta demanda en relación con los Arts. 13 y 16

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 200 de 2012
¿Al establecer la norma demandada que no podrá invocarse el secreto profesional, en relación con la falta de denuncia de actos de corrupción de los que conozca el revisor fiscal en ejercicio de las funciones que le son inherentes, desconoce la inviolabilidad del secreto profesional consagrada en el artículo 74 de la Constitución y se vulnera el debido proceso de las partes involucradas? Alcance del secreto profesional. El secreto profesional de otras profesiones liberales no puede equipararse a la actividad misma del revisor fiscal ejercida por contadores públicos. Revisor Fiscal - Funciones y responsabilidades. El contador público, cuando ejerce la labor de revisor fiscal no desarrolla una gestión de asesoría particular, sino que su función consiste en verificar el buen desempeño de la empresa y en caso contrario, presentar el asunto ante las autoridades respectivas. De esta forma, se persigue no solo la protección del patrimonio de los socios, sino busca evitar un daño social, dada la función social a cargo de la empresa, que convoca permanentemente el interés legítimo del Estado y de diversos grupos sociales: trabajadores, acreedores, proveedores. No implica la vulneración del debido proceso. En efecto, el deber que le asiste, no significa la imputación de delitos, sino la puesta en conocimiento de las autoridades competentes, quienes serán las que, con sujeción a los principios constitucionales y el debido proceso, adelantarán las investigaciones que considere necesarias. Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Art. 7 (parcial) (Adiciona la Ley 43 de 1990, Art. 26)

COMERCIO

CC SC 199 de 2012
Asunto: Revisión de constitucionalidad de la Ley 1462 de 2011 aprobatoria del "Acuerdo bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Popular de China", firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008. Exequible

COMERCIO EXTERIOR

CC SC 198 de 2012
¿La retención en la fuente para ingresos por concepto de exportación de hidrocarburos y demás productos mineros, establecida como excepción de aquellos ingresos exentos provenientes del exterior constitutivos de renta por exportación de bienes, vulnera los derechos a la igualdad, libre competencia económica y los principios tributarios de equidad, eficiencia y progresividad? Autonomía de que goza el Legislador en el ejercicio de la facultad impositiva. La retención en la fuente, como modalidad de recaudo gradual de un impuesto, no es figura tributaria contraria a la Constitución. Ley 1430 de 2010, "por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad"; Art. 50 (Adiciona el Art. 366-1 del ET) : exequible

TRIBUTARIO

CC SC 196 de 2012
Exequible la Ley 1458 de 2011, aprobatoria del "Convenio Internacional de Maderas Tropicales 2006", hecho en Ginebra el 27 de enero de 2006. La Corte precisó que aunque antes de la ratificación del Convenio Internacional de Maderas Tropicales 2006 por el Congreso de la República no se requería de la consulta previa a las comunidades indígenas y afrocolombianas, sí es obligatorio realizar dicha consulta en relación con las medidas legislativas y administrativas que se adopten en desarrollo de este instrumento internacional, así como con cada una de las acciones, planes, programas, proyectos u otras tareas emprendidas en el marco de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales, que puedan afectar de manera directa o específica a una o varias de tales comunidades, consulta que se debe cumplir siempre en forma previa a su implementación. Así lo ha establecido la Corte en varias oportunidades, con ocasión de la revisión de varios acuerdos bilaterales celebrados por Colombia en materia de libre comercio y cooperación técnica y científica

AMBIENTAL

ASUNTOS INDÍGENAS

CC SC 197 de 2012
¿La limitación acerca de la posibilidad de celebrar contratos de pago por capitación entre EPS e IPS o profesionales, únicamente para servicios médicos de baja complejidad, desconoce los artículos 48, 49 y 333 de la Constitución Política, por tratarse, según lo aduce el demandante, de una restricción no justificada que afecta la eficiencia del Sistema General de Seguridad Social en Salud? La medida es idónea, necesaria y proporcionada y no viola el principio de eficiencia. Ley 1438 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Sistema de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones". Art. 52, Num. 1 : Exequible

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

CC SC 171 de 2012
¿El que las Empresas Sociales del Estado desarrollen sus funciones mediante contratación con terceros afecta el derecho al trabajo y los derechos de los servidores públicos derivados de la vinculación laboral con el Estado? El artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, al estatuir de manera general que las Empresas Sociales del Estado pueden desarrollar funciones a través de la contratación con terceros, encuentra sustento constitucional, toda vez que constituye una forma de colaboración de otras entidades estatales y concurrencia de los particulares en la prestación de los servicios de salud que no está prohibida por la Constitución; siempre y cuando se entienda que la potestad de contratación otorgada por este artículo a las Empresas Sociales del Estado para operar mediante terceros, solo podrá llevarse a cabo, cuando no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, estas funciones no puedan llevarse a cabo por parte del personal de planta de la Empresa o cuando requieran conocimientos especializados. Ley 1438 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Sistema de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones": Art. 59 : CONDICIONALMENTE exequible

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

CONTRATACIÓN ESTATAL

CC SC 170 de 2012
La eliminación de la entidad encargada del manejo de la televisión, no configura un vicio de competencia que sustituya un pilar esencial de la Constitución Política. Acto Legislativo 2 de 2011 "por la cual se deroga el artículo 76 y se modifica el artículo 77 de la Constitución Política de Colombia"
CC SC 169 de 2012
Revisión de la Ley 1464 del 29 de junio de 2011 "por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia", elaborado en Bogotá, el 17 de marzo de 2010, y el "Entendimiento sobre el Trato Justo y Equitativo en el Acuerdo Bilateral de Inversión entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia", firmado por los jefes negociadores de ambas partes y anexada a las minutas de la última ronda de negociaciones en Londres, el 19 de mayo de 2009": Exequible

LEYES, DECRETOS CON FUERZA DE LEY Y ACTOS LEGISLATIVOS

CC SC 168 de 2012
Demanda por vicios de procedimiento. Presentación de dos informes de ponencia. Régimen de proposiciones alegado en presentación no acogida por plenaria. Ausencia de trámite de la misma. Ley 1403 de 2010 ,"por la cual se adiciona la Ley 23 de 1982, sobre Derechos de Autor, se establece una remuneración por comunicación pública a los artistas, intérpretes o ejecutantes de obras y grabaciones audiovisuales o "Ley Fanny Mikey"; Art. 1 : Exequible
CC SC 133 de 2012
¿Se incurrió en una violación al principio de unidad de materia la inclusión de los artículo 10 y 11 en la Ley 1393 de 2010? El principio de unidad de materia. Configuración constitucional y reglas aplicables. Requisitos que deben cumplir las demandas de inconstitucionalidad cuando se invoca la violación del principio de unidad de materia Mientras la Ley 1393 de 2010, tiene por objeto la búsqueda y generación de recursos para contribuir al financiamiento del Sistema de Seguridad Social en Salud, las normas acusadas, en su orden, se ocupan del destino y manejo de recursos correspondientes a las bibliotecas públicas (art. 10°) y al fomento y desarrollo del deporte y la cultura (art. 11), aspectos totalmente ajenos al fin perseguido por el ordenamiento al que pertenecen. Ley 1393 de 2010, "por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se redireccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras disposiciones"; Arts. 10 y 11 (Mod. los artículos de la Ley 1379 de 2010 y el artículo 470 del Estatuto Tributario, respectivamente) : INEXEQUIBLES

TRIBUTARIO

CULTURA

CC SC 132 de 2012
Inepta demanda en relación con el cargo de sustitución de la Constitución con las modificaciones introducidas por el Acto Legislativo 3 de 2011, "por el cual se establece el principio de la sostenibilidad fiscal" S.V - El fallo inhibitorio debió ser por falta de competencia no por inepta demanda. Concepto de sostenibilidad fiscal. Relaciones entre la sostenibilidad fiscal y las denominadas "reglas fiscales". Aportes del derecho comparado

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

CC SC 123 de 2012
Revisión de constitucionalidad del "Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre la República de Colombia y la República de la India, firmado en la ciudad de Nueva Delhi el día 10 de noviembre de 2009"y de la Ley aprobatoria número 1449 de 2011. Exequible
CC SC 122 de 2012
¿El establecer como servicio público las actividades de los "establecimientos de asistencia social, de caridad y de beneficencia" y por tanto restringirles el derecho de huelga, viola la reserva de ley establecida en el artículo 56 de la Constitución para limitar el derecho de huelga? Aunque es claro que el artículo 56 de la Constitución establece la reserva legal estricta en materia de huelga, esto es, que únicamente el legislador puede definir cuáles son los servicios públicos esenciales en donde la huelga no está garantizada, la Corte ha entendido que no es posible exigir tal requisito a normas anteriores a la Constitución, siempre y cuando no sean contrarias a la normatividad superior. Ahora bien, como quiera que la interpretación de la limitación al derecho de huelga es restrictiva, acorde con los Convenios de la OIT ratificados por Colombia, la Corte procedió a precisar aún más cuál es el alcance de la restricción establecida en el aparte demandado, en el sentido de interpretar que solo se restringe el derecho de huelga en aquellos establecimientos de asistencia social, de caridad y de beneficencia, que atiendan necesidades básicas de sujetos de especial protección constitucional. Decreto 753 de 1956, "por el cual se sustituye el artículo 430 del Código Sustantivo de Trabajo"; Art. 1, Lit. d) (modifica el Art. 430 del C.S.T) : CONDICIONALMENTE exequible

LABORAL

CC SC 121 de 2012
La tipificación autónoma del delito de "uso de menores de edad para la comisión de delitos" (Art. 7), no vulnera el principio del non bis in idem, como consecuencia de la existencia de normas generales que prevén dispositivos como la autoría mediata y la participación delictiva. - ¿La expresión "u objeto peligroso" del inciso quinto del Art. 10, representa tal grado de indeterminación que vulnera los principios constitucionales? Dentro de ciertos límites, es aceptable la existencia de tipos penales en blanco y el uso de conceptos jurídicos indeterminados. Para efectos de que el margen de interpretación que el concepto jurídico indeterminado permite al operador judicial no se convierta en una excusa para la arbitrariedad, es preciso que a la interpretación racional y razonable de la norma se incorporen los fines para los cuales fue establecida. - El aumento de la pena de prisión de 9 a 12 años para el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones (Art. 19) no es inconstitucional. De manera muy excepcional, la Corte ha corregido excesos punitivos que intervienen de manera desproporcionada el bien jurídico de la libertad frente a afectaciones menos significativas de bienes jurídicos. - La valoración de la existencia de una medida de aseguramiento o una acusación, como criterio para inferir si la libertad de una persona resulta peligrosa, viola el principio de presunción de inocencia (Art. 65). Ley 1453 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad"; Arts. 7, 10(parcial) y 19 (parcial) (Modificatorios de los Arts. 188D, 359 y 365 de la ley 599 de 2000) : Exequibles. Art. 65 (parcial) (modificatorio del Art. 310 de la Ley 906 de 2004) : INEXEQUIBLE

PENAL

CC SC 79 de 2012
Calificación de los cargos de carrera administrativa de la Contraloría general de la República. Decreto 268 de 2000, "Por el cual se dictan las normas del régimen especial de la carrera administrativa de la Contraloría General de la República"; Art. 3 (parcial) : Cosa juzgada
CC SC 78 de 2012
¿El umbral para el ascenso en el escalafón docente, establecido en la norma demandada vulnera el derecho a la igualdad? La regulación diferenciada para las distintas situaciones de carrera -ingreso, permanencia y ascenso- es razonable por basarse en objetivos distintos con fundamento constitucional, cuales son el mejoramiento constante de la calidad de la educación a partir de la cualificación de los docentes y la determinación de ésta a través de sistemas de reconocimiento del mérito propio. El aparte acusado del artículo 36 del Decreto 1278 de 2002 que señala el 80% como umbral aprobatorio de la evaluación de competencias para calificar a un ascenso o reubicación salarial en la carrera educativa, consagra un tratamiento diferenciado respecto del requerido para el ingreso o permanencia en la misma, fijado en un 60%. No se está ante un trato disímil para un mismo grupo de personas en igual situación jurídica de carrera, sino frente a diferentes regulaciones para grupos en situaciones administrativas diversas del escalafón docente. Decreto 1278 de 2002, "por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente"; Art. 36 (parcial) : Exequible

EDUCACIÓN

CC SC 77 de 2012
¿Vulneran la regla de de unidad de materia- al incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo disposiciones establecidas en los artículos 20, 22, 23, 49, 175 y 274? - ¿Viola la reserva de ley orgánica de ordenamiento territorial, una disposición que modifica el artículo 78 de la Ley 715 de 2001 , teniendo en cuenta que la enmienda se realizó a través de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014(Art.14)? - ¿Se vulneran los artículos 1, 287, 313 y 338 de la Constitución Política -relativos a la autonomía territorial- al incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo las disposiciones de los Arts. 11, 12, 13, 14, 23 y 24)? - Resguardos indígenas y las entidades territoriales indígenas, no pueden ser confundidas como una misma institución Ley 1450 de 2011, "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014". Arts. 13, 14, 20, 22, 23, 24, 49 y 175 : Exequibles. Arts. 11, 12, 14, y 274 : Inepta demanda (Modifican las leyes 44 de 1990, Art. 4; 715 de 2001, Arts. 78 y 83; 963 de 2005, Art. 3 1150 de 2007, Art. 2 y el E.T Art. 470)

ASUNTOS INDÍGENAS

CC SC 76 de 2012
Ley 1430 de 2010, "por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad". Exequible en cuanto a los vicios de forma alegados respecto del trámite de debate y aprobación del informe de conciliación y su aclaración. Si la norma debe entenderse publicada en el 2011 o en el 2012 , para el estudio de la posible violación del principio de irretroactividad tributaria; ante la posible existencia de irregularidades por parte de quienes participaron en dicha operación, el principio democrático y el principio de conservación del derecho deben operar en el sentido de entender que la fecha de promulgación de la ley acusada es la que figura en el Diario Oficial, para el caso concreto 29 de diciembre de 2011. Sentido de la regla especial de vigencia contenida en el artículo 338 de la Constitución Exequible la expresión "A partir del año gravable 2011" contenida en el artículo 1, Par. 3o.

TRIBUTARIO

CC SC 52 de 2012
¿La regla establecida en el inciso 2o. del artículo 3o. de la Ley 1448 de 2011, respecto del grupo de familiares de la víctima muerta o desaparecida que también se considerarán víctimas, restringido al primer grado de consanguinidad y primero civil, carece de justificación y en tal medida, resulta una medida discriminatoria, contraria al derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución? Aclara la Corte que también son víctimas aquellas personas que hubieren sufrido un daño, en los términos del inciso primero de dicho artículo. Justicia Transicional. Daño. Víctima. La jurisprudencia constitucional sobre los derechos de las víctimas. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 3 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 51 de 2012
Revisión de constitucionalidad del "Protocolo modificatorio al "Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, firmado en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el trece de junio de mil novecientos noventa y cuatro", firmado simultáneamente en Bogotá D.C. y Ciudad de México el once (11) de junio de dos mil diez", y de la Ley 1457 del 29 de junio de 2011, por medio de la cual fue aprobado : Exequibles

COMERCIO EXTERIOR

CC SC 50 de 2012
Eliminación del incentivo económico para el actor en las acciones populares. Ley 1425 de 2010, "por medio de la cual se derogan artículos de la Ley 472 de 1998 Acciones Populares y Grupo" : Cosa juzgada en la C-630-11

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 31 de 2012
Conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. Se cuestiona la constitucionalidad de los parágrafos 2 y 3 del artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, por los mismos cargos formulados y analizados en relación con estas disposiciones en la sentencia C-598 de 2011, razones por las cuales, se impone estar a lo resuelto en esa ocasión

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 30 de 2012
¿Los deberes y faltas establecidas para los servidores públicos demandadas, desconocen los principios de tipicidad y legalidad en materia disciplinaria? Los principios de legalidad y tipicidad imponen al legislador la obligación de definir previa, taxativa e inequívocamente las conductas consideradas como reprochables disciplinariamente. Así mismo, la jurisprudencia ha señalado que la figura de los tipos disciplinarios en blanco o abiertos, o los conceptos indeterminados en materia disciplinaria son admisibles constitucionalmente, siempre y cuando exista la posibilidad de realizar una remisión normativa, una interpretación sistemática o una determinación de alcance normativo del precepto disciplinario, de manera que el tipo se complemente a partir de otras disposiciones cuya violación o incumplimiento configura la falta disciplinaria de que se trate. En este sentido, la falta no puede configurarse sin que previamente exista en el ordenamiento jurídico otras disposiciones que puedan ser objeto de violación o incumplimiento. Las obligaciones, deberes y prohibiciones generales que prevé la ley, al momento de ser aplicadas, deben ser valoradas e interpretadas por la autoridad disciplinaria de manera sistemática con otras normas que prevean deberes, obligaciones y funciones de los servidores públicos, en la Constitución, la ley y el reglamento. Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Único" Exequibles las expresiones "diligencia, eficiencia e imparcialidad", "servicio esencial", "abuso indebido", "respeto, imparcialidad y rectitud" de los numerales 2 y 6 del artículo 34 y las expresiones "negocios incompatibles" y "la institución" contenidas en el numeral 45 del artículo 48, e inexequibles las expresiones "el buen nombre y prestigio de" contenidas en el mismo numeral.S.V

DERECHO DISCIPLINARIO

CC SC 27 de 2012
Ley 1382 de 2010, "por la cual se modifica la Ley 685 de 2001, Código de Minas". Cosa juzgada.Inexequible. Salvamentos de Voto: Modulación de los efectos temporales de las sentencias en el derecho comparado y aplicación de dicha doctrina en la jurisprudencia constitucional colombiana. Necesidad de que el efecto de cosa de juzgada sea relativo para las sentencias de inconstitucionalidad diferida por vicios formales cuando se trata de nuevos cargos relacionados con aspectos materiales

MINERÍA

CC SC 25 de 2012
Inepta demanda en relación con la Ley 1430 de 2010, "por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad"; Arts. 1, 8, parcial, 10, 12 y 54, si bien la demanda es por desconocimiento del principio de irretroactividad tributaria, se fundan básicamente, en el cuestionamiento de la validez de la operación administrativa de promulgación de la Ley 1430 de 2010. La Corte no tiene competencia para decidir el fondo de acciones públicas de inconstitucionalidad que se dirijan a cuestionar la validez de la publicación de una ley, ni para declarar inconstitucional una ley por el solo hecho de que su fecha de publicación real no coincida con la fecha de publicación que aparezca en la red.. Salvamento de Voto

TRIBUTARIO

CC SC 6 de 2012
Es inconstitucional condicionar el cumplimiento de las decisiones judiciales que impliquen una erogación a cargo de las entidades públicas incluidas en el Presupuesto General de la Nación, a la disponibilidad de recursos (Art. 38). - Desconoce los principios de unidad de materia y legalidad del gasto propios de la ley anual de presupuesto el Art. 71 que autoriza la financiación de proyectos de construcción y adquisición de infraestructura, mejoramiento de infraestructura y dotación de instituciones de educación media técnica y medias académica señaladas en el artículo 111 de la Ley 633 de 2000, con los recursos a que hace referencia el numeral 4 del artículo 11 de la Ley 21 de 1982. Juicio de unidad de materia de la ley anual del presupuesto. El principio de legalidad del gasto; no hay gastos sin representación. Ley 1420 de 2010, "por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011"; Arts. 6, 19 y 48 : Exequibles. Arts. 9, 11, 52, 57, 60, 68, 74, 79, 88, 89 y 90 : Inepta demanda. Arts. 38 y 71 : INEXEQUIBLES