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SENTENCIAS ANTERIORES - ÍNDICE CRONOLÓGICO 2009
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
CC SC 942 de 2009
Ley 1164 de 2007, "por la cual se dictan disposiciones en materia del talento humano". ¿Requería esta ley ser tramitada como ley estatutaria? Salvo los artículos que sobre recertificación de los profesionales en salud, que ya fueron declarados inexequibles, las demás disposiciones no, en tanto sus disposiciones no tocan el núcleo esencial del derecho fundamental al libre ejercicio de profesión u oficio, ni limitan o hacen nugatorio su escogencia. Declara CONDICIONALMENTE el artículo 20, en el entendido de que no podrá exigirse formalidad alguna a quien, autorizado por su propia comunidad, ejerza las prácticas médicas tradicionales para ésta

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

CC SC 933 de 2009
Inhabilidades de los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y sus parientes para "contratar". Para el demandante la norma demandada viola el artículo 292 constitucional por cuanto amplia hasta el cuarto grado consanguinidad y segundo de afinidad las prohibiciones para ocupar o desempeñar cargos públicos en la correspondiente entidad territorial, por parte de los parientes de diputados y concejales, cuando la norma constitucional infringida afirma que dichas prohibiciones van hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. La norma demandada señala una prohibición para contratar, en ningún momento la norma acusada hace referencia a la designación como funcionarios públicos de los parientes de servidores ya mencionados. Ley 1296 de 2009, "por medio de la cual se modifica el artículo 1o. de la Ley 1148 de 2007" Art. 1 (Mod el Art. 49 de la Ley 617 de 2000) : Fallo inhibitorio por inepta demanda.

ADMINISTRATIVO GENERAL

CONTRATACIÓN ESTATAL

CC SC 932 de 2009
Fundadas objeciones presidenciales al Proyecto de Ley No. 330 de 2008 Senado - 30 de 2007 Cámara, "por la cual se amplía la vigencia de la Ley Quimbaya (Ley 608 de 2000)", por desconocimiento de la iniciativa legislativa exclusiva del Gobierno para presentar proyectos de ley relativos a exenciones tributarias. La potestad de configuración del legislador en materia tributaria y el alcance de la facultad para establecer exenciones. Mediante el proyecto de ley se introducen modificaciones a la Ley 608 de 2000, entre otros, en relación con los siguientes elementos: (1) ámbito territorial de aplicación, (2) duración de la exención, (3) empresas a las cuales se aplica la exención, (4) monto de la exención, y (5) requisitos para solicitar la exención. Se trata por lo tanto de un proyecto de ley que si bien coincide parcialmente con el contenido en la Ley 608 de 2000, establece modificaciones fundamentales a la ley original, que cambiaron su materia misma.

TRIBUTARIO

CC SC 930 de 2009
Obligación del empleador de conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio; para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación; en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada; para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros SIN descontar del salario del trabajador las licencias u obligarlos a compensar la misma en tiempo laborado. En principio no viola la constitución el que se permita al empleador descontar del salario del trabajador, u obligarlo a compensar en tiempo fuera de la jornada ordinaria, la licencia obligatoria que le ha concedido, pero sólo si dicha licencia obedece a razones imputables a la decisión libre y voluntaria del trabajador. En algunos casos excepcionales, el descuento de la licencia obligatoria del salario del trabajador, o la obligación de compensarla en tiempo fuera de la jornada ordinaria, desconoce derechos fundamentales del trabajador. Calamidad doméstica - Principios aplicables. Límites a la subordinación en las relaciones laborales. Código Sustantivo del Trabajo; Art. 57, Num 6 : Aparte INEXEQUIBLE, resto del numeral CONDICIONALMENTE exequible

LABORAL

CC SC 929 de 2009
Determinación de la tasa de interés moratorio. Cuando el artículo demandado se refiere a la tasa de interés moratorio como la "equivalente a la tasa efectiva de usura", hace alusión al interés moratorio dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, esto es, a la una y media veces del interés bancario corriente. La disposición contenida en el artículo 884 del Código Comercio se equipara a lo que se entiende como máximo de interés de usura en el artículo 305 del Código Penal. Ley 1066 de 2006, "por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones"; Art. 12 (parcial) (Mod. el Art. 635 del Estatuto Tributario) : Fallo inhibitorio por inepta demanda

TRIBUTARIO

CC SC 928 de 2009
Inexequible la facultad de conversión en arresto de las sanciones que se imponen por infracciones a las normas sobre aseo, limpieza y manejo de escombros por desconocer la reserva judicial consagrada en el artículo 28 de la Constitución, para imponer una sanción privativa de la libertad; así como vulnerar los derechos a la libertad y al debido proceso por desconocimiento del principio de tipicidad. Ley 1259 de 2008, "por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y de dictan otras disposiciones"; Art. 7, Num. 6 (parcial) : INEXEQUIBLE.

AMBIENTAL

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

CC SC 899 de 2009
Inhabilidades de los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y sus parientes para ser contratistas de la mismas entidades. El demandante parte del supuesto erróneo de que la situación de hecho regulada en el Art. 1 de la Ley 1296 de 2009 (prohibiciones para contratistas), es igual a la prevista en el inciso 2° del Art. 292 de la Constitución (inhabilidades para funcionarios); esta distorsión sobre el contenido normativo acusado estructura, sin duda, la falta de certeza en la formulación del cargo. Ley 1296 de 2009, "por medio de la cual se modifica el artículo 1o. de la Ley 1148 de 2007" Art. 1 (Mod. el Art. 49 de la Ley 617 de 2000) : Fallo inhibitorio por inepta demanda.

CONTRATACIÓN ESTATAL

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 898 de 2009
Curador del demente. Código Civil; Art. 550 : Fallo inhibitorio por carencia actual del objeto.

CIVIL

CC SC 897 de 2009
Decreto 1014 de 2000, "por el cual se dictan las normas del régimen específico de carrera administrativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se expiden otras disposiciones" Art. 1 : Fallo inhibitorio por carencia actual del objeto. Inepta demanda sobre los demás artículos del decreto

LABORAL ADMINISTRATIVO

CIVIL

CC SC 896 de 2009
Acreditación de la calidad de compañera permanente de empleados públicos o trabajadores oficiales para ser beneficiario de la pensión de sobreviviente. Decreto 1045 de 1978, "por el cual se fijan reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional"; Art. 54 : Fallo inhibitorio por carencia actual del objeto.

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 895 de 2009
¿La norma demandada que consagra la prescripción del derecho al recobro de las cuotas partes pensionales, una vez efectuado el pago de la mesada respectiva, supone una destinación diferente de los recursos de la seguridad social y afecta la sostenibilidad del sistema de seguridad social en desconocimiento del artículo 48 de la Constitución? La obligación de concurrencia de las diferentes entidades para contribuir al pago pensional a través del sistema de cuota parte no puede extinguirse mediante la prescripción, porque tiene un vínculo directo con el derecho, también imprescriptible, al reconocimiento de la pensión. Sin embargo, los créditos que se derivan del pago concurrente de cada mesada pensional individualmente considerada sí pueden extinguirse por esta vía (derecho al recobro), en tanto corresponden a obligaciones económicas de tracto sucesivo o naturaleza periódica entre las diferentes entidades responsables de contribuir al pago pensional. Ley 1066 de 2006, "por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones"; Art. 4 (parcial) : Exequible.

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 894 de 2009
Recaudo y distribución del impuesto al cigarrillo con destino al deporte. Contexto normativo. Ley 1289 de 2009, "por la cual se modifica el artículo 4º de la Ley 30 de 1971 y se dictan otras disposiciones"; Art. 1 : Fallo inhibitorio

TRIBUTARIO

CC SC 893 de 2009
¿La aplicación del principio de reciprocidad "mediante tratados internacionales" como requisito para que las personas nacidas en países de Latinoamérica y el Caribe puedan adquirir la nacionalidad colombiana por adopción, se aviene con el concepto de reciprocidad regulado en el artículo 96 de la Constitución Política de Colombia?. Ley 962 de 2005, "por la cual se dictan se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos"; Art. 39 (Mod. el Art. 5 de la Ley 43 de 1993) : CONDICIONALMENTE exequible

CIVIL

CC SC 892 de 2009
¿la norma que restringe el reconocimiento de la indemnización moratoria y, de forma subsidiaria, de los intereses moratorios, a los acreencias que se inscriben en el concepto "salarios y prestaciones en dinero", desconoce el mandato constitucional de protección de los ingresos que perciben los trabajadores en el marco de la relación laboral y, por ende, se opone a la Carta Política? La indemnización moratoria no es, en estricto sentido, una sanción contra el empleador, sino un instrumento de apremio. En los casos que no proceda la indemnización moratoria o los citados intereses, bien porque la acreencia debida no se circunscriba al concepto "salarios o prestaciones en dinero" o porque en el caso concreto se haya demostrado que el patrono incumplió de buena fe, procede la indexación o corrección monetaria respecto de los montos adeudados. Ley 789 de 2002, "por la cual se dictan se dictan normas para apoyar el empleo y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo"; Art. 29 (Mod. el Art. 65 del Código Sustantivo del Trabajo)

LABORAL

CC SC 856 de 2009
Análisis constitucional del texto reelaborado y reintegrado del proyecto de Ley No. 012-06 Cámara - 087-07 Senado "por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones". Exequible la reelaboración del proyecto, salvo en relación con el artículo 24

TRANSPORTE

CC SC 855 de 2009
¿Vulnera el derecho de igualdad de las cooperativas de trabajo asociado, brindar tratamiento tributario igualitario a empresas de naturaleza diferenciada, al imponer el mismo régimen de contribución parafiscal propio de las empresas comerciales? y ¿si dado que las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado tienen el carácter de organizaciones solidarias, la imposición de esa contribución por el legislador, desconoce la obligación del Estado de fortalecer ese tipo de organizaciones?. El proceso de creciente dignificación al que apuntan las normas demandadas, en favor de los trabajadores asociados a las Cooperativas de Trabajo Asociado y sus familias, es en sí mismo una medida legislativa tendiente al fortalecimiento del sector solidario, como lo manda la Constitución. Y la posibilidad que se les brinda a estos trabajadores asociados de disfrutar de los beneficios y programas que se financian con las contribuciones especiales creadas en la ley, de los cuales estaban injustificadamente marginados, propende por un sector cooperativo más consolidado, formal y solidario. Ley 1233 de 2008, "por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las contribuciones a la seguridad social, se crean las contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar, se fortalece el control concurrente y se dictan otras disposiciones"; Arts. 1, 2 y 5 (parcial).

LABORAL

CC SC 854 de 2009
Pago total de la multa como presupuesto para la utilización de sistemas de vigilancia electrónica. Ley 1142 de 2007, "por medio de la cual se reforman las leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana"; Art. 50, Num. 4 (Adc. el Art. 38A a la Ley 599 de 2000) : Fallo inhibitorio.

PENAL

CC SC 853 de 2009
¿Al excluirse del ámbito de aplicación del tipo penal de "omisión de denuncia de particular" respecto a las conductas de proxenetismo - explotación sexual -, a los adolescentes (mayores de 12 años y menores de 18 años), se vulneró el derecho a la igualdad, los derechos fundamentales de los niños y los derechos de los adolescentes previstos en la Constitución Política y la Convención sobre los Derechos del Niño?. La potestad de configuración legislativa punitiva y los límites impuestos por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. El interés superior del menor y la protección de la libertad, la integridad y la formación sexual. Franja etaria que comprende la minoría de edad. La jurisprudencia constitucional ha ratificado que es menor de edad todo ser humano que no ha cumplido los dieciocho (18) años. Ley 1121 de 2006, "por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y se dictan otras disposiciones"; Art. 18 (Mod. el Art. 441 de la Ley 599 de 2000) : INEXEQUIBLE "12 años"

PENAL

CC SC 852 de 2009
Demanda sobre aspecto relacionados con la factura. Ley 1231 de 2008, "por la cual se unifica la factura como título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictan otras disposiciones". Inepta demanda sobre los cargos: 1) eliminación de facturas no sometidas al régimen de los títulos valores; 2) la permisión de aceptación ficta de facturas-títulos-valores; 3) la posibilidad de vencimiento de la factura cuando ésta no lo contempla expresamente; 4) posibilidad de aceptación y registro de pagos en documentos diferentes al título-valor-factura; 5) imposibilidad de restringir la negociabilidad del título-valor-factura; 6) imposibilidad de oponerse a la aceptación de mercancías y servicios por indebida representación de quien las recibe; 7) omisión legislativa relativa, al incluirse en la transacción de compra y venta de cartera (factoring) la obligación de verificar el origen de los recursos, únicamente en cabeza del comprador y no del vendedor. Arts. 1, 2, 3, 4, 8 y 10 (parciales) (modificarorios de. los Arts. 772, 773, 774, 777 de C.Co.) Fallo inhibitorio por inepta demanda.

COMERCIO

CC SC 851 de 2009
Pena por la prestación, acceso o uso ilegal de los servicios de telefonía pública básica local, local extendida, o de larga distancia, con ánimo de lucro. Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal"; Art. 257, Inc. 2 : Fallo inhibitorio. Cambio en la legislación

PENAL

CC SC 814 de 2009
¿Dentro de la regulación legal del proceso ejecutivo, el plazo de tres días que se concede al ejecutado para objetar la liquidación del crédito hecha por el ejecutante resulta contrario al derecho a la igualdad, puesto que el término de diez (10) que se concede a este último para presentar la mencionada liquidación es notoriamente superior; y porque el deudor, especialmente en los créditos hipotecarios para adquisición de vivienda, se encuentra en una situación de debilidad manifiesta?. Los términos procesales y el principio de celeridad, frente al derecho de contradicción y controversia. Actividades previas a la liquidación que contribuyen a fijar las bases de la misma - Resulta relevante destacar que no sólo la norma acusada sino también otras disposiciones cercanas o concordantes se refieren a la forma en que la liquidación del crédito debe hacerse, y permiten ver que, de alguna manera, se trata de una operación que se va anticipando desde el inicio del proceso ejecutivo o desde la notificación del mandamiento de pago al demandado. Liquidación de créditos hipotecarios de largo plazo para adquisición de vivienda. La función del juez constitucional, cuando examina normas legales en las cuales se fijan términos procesales, se limita a controlar los excesos legislativos que restrinjan irrazonable y desproporcionadamente los derechos de las partes. Código de Procedimiento Civil; Art. 521 : Exequible. S.V.
CC SC 813 de 2009
¿Es la autorización para el uso de recursos naturales renovables de la zona de exploración minera imperativa para las autoridades competentes, sin consideración a si dicha explotación atenta contra la protección del ambiente y por tanto, vulneraría el derecho al medio ambiente sano, la función ecológica de la propiedad y los principios de progresividad, precaución y desarrollo sostenible (Art. 203)? ¿Al disponer el artículo 213 del Código de Minas que "solamente" se podrá negar la licencia ambiental en los cuatro casos que enumera, impide a las autoridades cumplir con sus funciones de protección del medio ambiente, porque a juicio del demandante, dichos supuestos están relacionados únicamente con aspectos formales del estudio de impacto ambiental.? El artículo 213 no es una norma aislada y ella misma remite a otra reglamentación de rango no legal, pero importante para su cabal entendimiento. Límites a la subordinación en las relacioners laborales. Ley 685 de 2001, "Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones"; Arts 203 y 213 (parcial): Exequibles

MINERÍA

CC SC 850 de 2009
Objeciones presidenciales contra el Proyecto Ley No. 094-07 senado - 336-08 Cámara, "Por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia", por no haberse tramitado este proyecto como ley estatutaria - Infundadas. En cuanto a las objeciones sobre la viabilidad fiscal del proyecto desconociendo la obligación que le impone el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 - Infundadas. Respecto de la presunta "desarticulación" y vulneración del principio de integralidad del sistema de seguridad social en salud, el desconocimiento de las competencias de la Comisión de Regulación de Salud, CRES, y la presunta incompatibilidad del proyecto de ley con el Plan Nacional de Salud Pública, la corporación encontró que no se exponen razones suficientes para efectuar un juicio de constitucionalidad.

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

CC SC 816 de 2009
Lo que la ley exige es acreditar la formación académica que corresponda de acuerdo a las labores o actividades realmente desempeñadas en el área de la salud en cada caso concreto, según se trate de título de tecnólogo, profesional universitario, especialista, magister o doctor. Además, para quienes se encuentran ejerciendo competencias propias de especialistas, subespecialistas y ocupaciones del área de la salud, sin el título o certificado correspondiente, la ley les otorga en el parágrafo 2º demandado, por una sola vez y por un término de tres (3) años, la posibilidad de acreditar la condición académica correspondiente. Ley 1164 de 2007, "Por la cual se dictan disposiciones en materia de Talento Humano en Salud"; Art. 18 (parcial) : Fallo inhibitorio

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

CC SC 815 de 2009
¿Las sanciones establecidas en literal B) del artículo 260-10 del Estatuto Tributario, por la no presentación oportuna de la declaración informativa de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior, resulta desproporcionado en relación con el daño que eventualmente se le pueda causar a la administración y por tanto, violatorio de los artículos 13, 34, 95-6 y 363 de la Constitución? Generalidades sobre precios de transferencia y declaración informativa.Estatuto Tributario; Art. 260, Lit. B) (parcial) : Exequible

TRIBUTARIO

CC SC 812 de 2009
¿Viola el principio constitucional de unidad de materia la incorporación de una norma de contenido tributario en una ley que establece el régimen de la propiedad horizontal? y ¿Desconoce la disposición acusada la prohibición impuesta por el artículo 294 de la Constitución, que impide al legislador conceder exenciones o tratamientos preferenciales respecto de tributos de propiedad de las entidades territoriales? La inclusión de una norma tributaria en un cuerpo normativo esencialmente no tributario no es, en sí misma, un defecto que vulnere el principio de unidad de materia. El legislador no está excluyendo a una persona jurídica que por su naturaleza y objeto social, deba ser sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio, sino a un ente de derecho de naturaleza civil y sin ánimo de lucro, "en relación con las actividades propias de su objeto social", las cuales difieren esencialmente de las actividades de índole industrial, comercial o de servicios. Por tanto, la disposición demandada no establece una exención en la condición de contribuyente de una persona jurídica surgida de la propiedad horizontal, sino la exclusión de actividades que corresponde realizar a éstas, de la calidad de hecho gravable del impuesto de industria y comercio. Ley 675 de 2001, "Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal"; Art. 33 (parcial) : Exequible

TRIBUTARIO

CC SC 807 de 2009
Los rechazos por falta de jurisdicción deben ser tratados análogamente a como se tramitan los rechazos por falta de competencia. ¿Limita de manera razonable y proporcional el derecho de acceso a la justicia de una persona, cuando la ley establece que si una demanda se rechaza de plano por falta de jurisdicción, se ordene devolver los anexos sin necesidad de desglose, en lugar de remitir el proceso a la jurisdicción correspondiente? ¿Vulnera el derecho a la igualdad de las personas que se les rechaza de plano la demanda por falta de jurisdicción, frente a las que se les rechaza de plano la demanda por falta de competencia, al ordenar en el segundo caso al juez que remita el proceso al funcionario judicial competente y en el primero no se ordene algo análogo, sino devolver los anexos sin necesidad de desglose? En atención a que la regla que la Corte considera inconstitucional por irrazonable y desproporcionada -ordenar devolver los anexos, sin necesidad de desglose- se encuentra incluida dentro de una regla amplia que contempla esta hipótesis -y los demás casos- a excepción de la falta de competencia, la Sala procedió a proferir una sentencia integradora, mediante la cual, fundándose en el orden legal y constitucional vigente, se contemple una solución que asegure la protección de los derechos, principios y valores constitucionales en conflicto. En este sentido, hasta tanto el legislador no disponga otra cosa, los rechazos por falta de jurisdicción deben ser tratados análogamente a como se tramitan los rechazos por falta de competencia. Código de Procedimiento Civil; Art. 85 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 806 de 2009
¿Vulnera el principio de inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad, permitirle a la policía judicial allanar y registrar un domicilio sin orden de autoridad judicial competente, cuando medie el consentimiento expreso del propietario o simple tenedor del bien objeto del registro, o de quien tenga interés por ser afectado durante el procedimiento? A juicio de la Corte, no resulta irrazonable ni desproporcionado que cuando la autorización para la realización del allanamiento provenga directamente del propietario o morador del domicilio objeto de registro que pueda verse afectado con su realización, no se exija la orden escrita de la Fiscalía. Si quien se ve afectado con la diligencia autoriza de manera libre y expresa su realización, se supera la sospecha de arbitrariedad que tendría un allanamiento efectuado sin orden escrita y contra la voluntad del morador. No obstante lo anterior, dado que la excepción planteada sólo lo es frente a la exigencia de una orden escrita de autoridad judicial, pero no frente al requisito del control judicial posterior que establece el numeral 2o. del artículo 250 de la Carta, el allanamiento excepcional previsto en el numeral 1o. del artículo 230 de la Ley 906 de 2004, debe someterse al examen del juez de control de garantías, quien valorará en cada caso, si el consentimiento dado por el afectado para la diligencia de allanamiento, fue libre y expreso o si por el contrario fue fruto de un acto arbitrario o abusivo. Ly 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Pena"; Art. 230, Num 1 : CONDICIONALMENTE exequible. Arts. 184 y 445 (parciales) : Fallo inhibitorio

PENAL

CC SC 805 de 2009
Ley 1280 de 2009, "por la cual se adiciona el numeral 10 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo y se establece la Licencia por Luto". La Corte se inhibe de fallar por inepta demanda, en el cargo por violación al derecho a la igualdad al establecer un trato distinto entre trabajadores particulares y servidores públicos, por cuanto el artículo 1 demandado, prevé la licencia por luto exclusivamente para los trabajadores del sector privado. Omisión legislativa relativa. Los actores lograron demostrar que el legislador frente a la pérdida de un familiar cercano de los trabajadores particulares y de los servidores públicos, tuviera el deber de regular en los mismos términos la licencia por luto, como parte de los derechos mínimos que deben garantizarse a todos los trabajadores de acuerdo con el artículo 53 de la Carta

LABORAL

LABORAL ADMINISTRATIVO

CC SC 804 de 2009
¿Exigir dentro de los requisitos para adoptar, que el adoptante garantice "idoneidad física", resulta contraria a los derechos a la igualdad y a conformar una familia de las personas con limitaciones físicas o discapacidad? La protección constitucional e internacional de los derechos de las personas con discapacidad. La protección del interés superior del menor y la adopción. Para la Corte, la evaluación de los factores que enuncia la norma acusada debe ser realizada de manera global y no aislada, de suerte que la exigencia de idoneidad física allí establecida no puede ser interpretada de manera discriminatoria, como requisito exclusivo para fundamentar la idoneidad o no de una persona con limitaciones físicas o discapacitada, para adoptar un hijo. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia", Art. 68 (parcial) : Exequible

CIVIL

CC SC 803 de 2009
¿La exigencia contenida en el segmento demandado, conforme a la cual, en caso de que los trabajadores que constituyan un fondo de empleados laboren en varias instituciones o empresas independientes entre sí, éstas deben desarrollar una misma clase de actividad económica (i) vulnera el derecho de asociación (art. 38 C.P.) para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad e (ii) incumple con el deber estatal (art. 103 C.P.) de contribuir a la organización y promoción de instituciones como los fondos de empleados, lesionando su autonomía e impidiéndoles erigirse como mecanismos de participación? Decreto 1481 de 1989, "por el cual se determinan la naturaleza, características, constitución, regímenes internos de responsabilidad y sanciones, y se dictan medidas para el fomento de los fondos de empleados"; Art. 4 Num. 3 (parcial) : Exequible

LABORAL

CC SC 802 de 2009
Adopción por parte de parejas homosexuales. Fallo inhibitorio por inepta demanda en relación con los apartes demandados de los artículos 68 de la Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia" y 1 de la Ley 54 de 1980, "por la cual se definen las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes"

CIVIL

FAMILIA

CC SC 801 de 2009
Ley 1268 de 2008, por medio de la cual se aprueban las "Reglas de Procedimiento y Prueba" y los "Elementos de Crímenes de la Corte Penal Internacional", aprobados por la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional, en Nueva York, del 3 al 10 de septiembre de 2002. El control de constitucionalidad que se ejerce sobre los instrumentos internacionales relacionados con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el tratado propiamente dicho y los acuerdos complementarios que se integran a él, presentan algunas variaciones frente al control que tradicionalmente se adelanta respecto de los tratados y convenios internacionales. La Corte subrayó que el campo de acción de estas reglas y procedimientos se circunscribe al ejercicio de la competencia complementaria atribuida a la Corte Penal Internacional y a la cooperación de las autoridades nacionales con ésta, motivo por el cual el Estatuto de Roma y los instrumentos que lo complementan no modifican el derecho interno que aplican las autoridades jurisdiccionales colombianas en ejercicio de las competencias que le son propias dentro del territorio de la República

PENAL

CC SC 795 de 2009
¿La decisión legislativa de condicionar la supresión de cargos y la terminación de las relaciones laborales en el curso de un proceso de liquidación de una entidad pública de la rama ejecutiva del orden nacional, al vencimiento del término previsto para la liquidación y no a la terminación definitiva de la existencia jurídica de la entidad, representa un menoscabo del derecho al trabajo de los empleados o funcionarios que acompañan ese proceso liquidatorio? No todos los trabajadores que acompañen el proceso de liquidación, independientemente de su condición, deben permanecer hasta el último acto de la empresa en liquidación. Esta prorrogativa ha sido reconocida únicamente a las personas cobijadas por el denominado retén social, en virtud de la protección reforzada que les es debida, derivada de la especial situación de vulnerabilidad reconocida por la Constitución. Ley 1105 de 2006, "por medio de la cual se modifica el Decreto Ley 254 de 2000 sobre procedimiento de liquidación de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional"; Art. 8 Inc. 2 : Exequible
CC SC 794 de 2009
¿La pérdida de beneficios del régimen de transición en materia pensional regulado en el Decreto 1282 de 1994 para los aviadores civiles, por el hecho de haber escogido el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad o trasladarse posteriormente al de Prima Media con Prestación Definida, vulnera el derecho a la igualdad frente a los demás beneficiarios del régimen pensional de transición prescrito en la Ley 100 de 1993? La Corte consideró que se les puede proteger el derecho de igualdad, siempre y cuando cumplan el mismo requisito que en el régimen general, cual es el de tener a 1o. de abril de 1994, 15 años o más cotizados o de servicio. En este sentido, se condicionó la exequibilidad del artículo 5o. del Decreto 1281 de 1991. Sin embargo y como quiera que el interés individual de los aviadores civiles debe ser armonizado con la viabilidad financiera de su régimen de transición, la posibilidad que tienen de regresar quienes al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, habían completado 15 años cotizados o de servicios, también se condicionó a que, al cambiarse nuevamente al régimen de prima media, trasladen a él todo el ahorro efectuado al régimen de ahorro individual con solidaridad y que dicho ahorro no sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente, en caso de que hubieren permanecido en el régimen de prima media. Decreto 1282 de 1994, "por el cual se establece el Régimen Pensional de los Aviadores Civiles", Art. 5 : CONDICIONALMENTE exequible

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 793 de 2009
Las infracciones previstas en los numerales 6, 14 y 15 del artículo 6º de la Ley 1259 de 2008 sancionadas con el comparendo ambiental por la mala disposición o mal manejo de los residuos sólidos o los escombros obedecen a finalidades constitucionalmente legítimas, siempre y cuando no impidan la labor de reciclaje informal. Ley 1259 de 2008, "por la cual instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros y se dictan otras disposiciones"; Art. 6 Nums. 6, 14, 15 : CONDICIONALMENTE exequibles. SV

AMBIENTAL

CC SC 788 de 2009
¿La inhabilidad al contador público para prestar su servicios profesionales como asesor, empleado o contratista de una persona natural o jurídica en la que ha actuado como revisor fiscal, por el término de un (1) año contado a partir de su retiro del cargo, representa una restricción desproporcionada de los derechos al trabajo (art. 25 C.P.), a la libertad de escoger profesión u oficio (art. 26 C.P.) y a la libertad de empresa (art. 333 C.P.)? Dicha inhabilidad en realidad sí conlleva una limitación de los derechos al trabajo, a la libertad de una profesión y a la libertad de empresa, pero esto no significa que la inhabilidad sea inconstitucional per se, pues como fue explicado ningún derecho es absoluto y por el contrario puede ser objeto de limitaciones y delimitaciones normativas. Ley 43 de 1990, "por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones"; Art. 48 (parcial) : Exequible.

COMERCIO

CC SC 764 de 2009
Inscripción en carrera sin necesidad de concurso. Acto Legislativo 01 de 2008, "Por medio del cual se adiciona el artículo 125 de la Constitución Política" Art. 1 : Cosa Juzgada, Sentencia C-588-09 que lo declaró INEXEQUIBLE
CC SC 728 de 2009
¿El legislador al establecer en el artículo 27 las hipótesis en las que se está exento de prestar el servicio militar en todo tiempo, incurrió en una omisión legislativa relativa contraria a la igualdad, la libertad de conciencia y a la libertad de cultos, por no incluir a los objetores de conciencia? La exención alude a circunstancias objetivas presentes en los allí mencionados grupos de personas, en razón de las cuales no existe para ellos la obligación de prestar el servicio militar. La objeción de conciencia alude a consideraciones subjetivas, por las cuales una persona se opone a prestar el servicio al que está obligado, por razones de conciencia. Se trata de dos situaciones diferentes que no tenían que haber sido reguladas en la misma norma. La Corte consideró que, atendiendo la naturaleza fundamental del derecho de objeción de conciencia, de aplicación inmediata, ésta podía hacerse valer mediante el ejercicio de la acción de tutela, aún frente al deber de prestar el servicio militar obligatorio, sobre la base de la demostración de circunstancias excepcionalmente extremas que así lo justifiquen, indicativas de la imposibilidad irreductible que surge para el objetor de acometer algunas de las actividades inherentes al cumplimiento de dicho deber, por resultar abiertamente incompatibles con las comprobadas, serias y reales razones de conciencia que aduzcan, aspecto en relación con el cual la Corte decidió variar la jurisprudencia existente sobre el particular, opuesta a dicha postura. Exhorta al Congreso de la República para que, a la luz de las consideraciones de esta providencia, regule lo concerniente a la objeción de conciencia frente al servicio militar. Ley 48 de 1993, "por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización"; Art. 27 : Exequible
CC SC 763 de 2009
¿Se desconocen las garantías judiciales del sujeto procesal ausente cuando el legislador obliga a interponer los recursos de las decisiones que se profieren en la audiencia en el curso de la misma? Ley 734 de 2002, "por el cual se expide el Código Disciplinario Único"; Arts. 111 y 180 (parciales) : Exequibles

DERECHO DISCIPLINARIO

CC SC 762 de 2009
¿Resulta contrario al debido proceso que el Tribunal de Ética Médica encargado de calificar el mérito de la investigación adelantada en el procedimiento disciplinario por un magistrado instructor, sea el mismo que en su caso se pronuncie sobre el fondo del asunto? Ley 23 de 1981, "por el cual se dictan normas en materia de ética médica"; Arts. 80 y 81 : Exequibles

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

CC SC 750 de 2009
Control fiscal "unicamente" por parte de la Contraloría General de la República sobre los recursos de regalías y compensaciones monetarias distribuidos a los departamentos productores. Ley 756 de 2002, "por la cual se modifica la Ley 141 de 1994, se establecen criterios de distribución y se dictan otras disposiciones"; Art. 13 (Mod. el Art. 14 de la Ley 141 de 1994) (Mod. por la Ley 1283 de 2009). Fallo inhibitorio por inepta demanda.
CC SC 749 de 2009
¿Viola la Constitución la norma legal que supedita la suscripción de convenios entre organizaciones establecidas para la defensa de los derechos de los consumidores y las facultades de Derecho, destinadas a realizar la práctica de judicatura de los estudiantes de estas en aquellas, a que dichas organizaciones (i) estén constituidas como ligas o asociaciones de consumidores; (ii) pertenezcan a una organización nacional; y (iii) tengan existencia activa de al menos cinco años? ¿Tales requisitos resultan a su vez violatorios del derecho de asociación? Ley 1086 de 2006, "por medio de la cual se permite la realización de la judicatura al servicio de las ligas y asociaciones de usuarios" Arts. 1, 2 y 4 (parciales) : Exequibles. S.V

EDUCACIÓN

CC SC 748 de 2009
La exención del impuesto de renta del 50% del salario de los magistrados de los tribunales que otorga el Art. 206, Num 7 Inc inciso 3o. es exequible en el entendido que la exención allí prevista se extiende también a los magistrados auxiliares de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura y a los magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura. La Sala señaló que si bien es cierto que los magistrados de tribunal, los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura y los magistrados auxiliares de las altas cortes se encuentran sometidos a estatutos jurídicos distintos, en la medida que unos son funcionarios de carrera y otros, empleados judiciales de libre nombramiento y remoción, el ordenamiento legal ha determinado de tiempo atrás, que compartan el mismo régimen salarial y prestacional, por lo cual gozan de elementos comunes que los ubican en una situación similar que se erige en criterio de comparación. Aunque en principio puede argüirse que el régimen salarial y prestacional no resulta relevante como criterio de comparación para adelantar el juicio de igualdad, en atención a que la norma acusada es de naturaleza tributaria, la Corte ha establecido que la exención tributaria se incorpora al régimen salarial de sus beneficiarios y por tanto, dicho régimen constituye un criterio de comparación relevante, con base en el cual puede adelantarse el juicio de igualdad. Estatuto Tributario; Art. 206, Num 7 Inc inciso 3º. CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 729 de 2009
Exigencia de tener postgrado en anestesiología para la aplicación de este procedimiento. Ley 6 de 1991, "por la cual se reglamenta la especialidad médica de la anestesiología y se dictan otras disposiciones"; Art. 4 : Cosa juzgada

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

CC SC 727 de 2009
¿La exigencia de haber cotizado 25 semanas durante los últimos tres años, al afiliado que ha cotizado por lo menos el 75% de las semanas requeridas para tener derecho a la pensión de vejez, desconoce el principio de progresividad y no regresividad de los derechos sociales, en lo que se refiere a los requisitos para obtener la pensión de invalidez? El legislador no está obligado a mantener en el tiempo las expectativas que tienen las personas conforme a las leyes vigentes en un momento determinado, pues bien puede existir la necesidad de darle prioridad a otros intereses de rango constitucional, que permitan el adecuado cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho. La disminución a 25 semanas cotizadas constituye un beneficio y no un retroceso a favor de quienes ya han cotizado un 75% de las semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez. En cuanto al aumento de los requisitos para el acceso a una prestación propia de la seguridad social, que tiene por objeto amparar el riesgo generado por la pérdida de la capacidad laboral derivada de una enfermedad o de un accidente, es una medida legislativa que se muestra prima facie regresiva y por ende, contraria al principio de progresividad de los derechos sociales. Ley 860 de 2003, "por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones"; Art. 1, Par. 2 (Mod. el Art. 39 de la Ley 100 de 1993) : Exequible. Estarse a lo resuelto en la C-428-09 en relación con cargos a los Nums. 1 y 2 (parciales). S. V

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 726 de 2009
Naturaleza jurídica de la Comisión Nacional de Televisión. Potestad reglamentaria. A juicio de la Corte, la facultad que le confiere el literal e) del artículo 5º de la Ley 182 de 1995 a la CNTV para reglamentar el régimen sancionatorio aplicable a los concesionarios, operadores y contratistas de televisión, resulta acorde con la potestad regulatoria que el artículo 77 de la Constitución le atribuye. A su vez, la atribución prevista en el literal h) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995 para imponer sanciones a los mismos, por infracción de la ley, los reglamentos y obligaciones contractuales, constituye un desarrollo legal de las funciones de inspección, vigilancia y control que constitucionalmente le corresponde a la Comisión, a través de su Junta Directiva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 76 de la Carta Política. Ley 182 de 1995, "por la cual se reglamenta el servicio de la televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democrátiza el acceso a éste, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de comunicaciones"; Arts. 5 Lit. e) y 12 Lit. h) (parciales): Exequibles
CC SC 714 de 2009
Deducción del impuesto de renta de las inversiones efectivas realizadas solo en activos fijos reales productivos adquiridos. Para la Corte el aparte las expresiones "reales productivos" son indeterminadas, pero razonablemente determinables; según la Corte se puede concluir que los activos fijos reales productivos son sólo los activos "tangibles de capital". No cualquier imprecisión en la configuración tributaria da lugar a la declaratoria de inconstitucionalidad de la misma. Por otra parte la facultad que la misma norma le confiere al Gobierno nacional de reglamentar la referida deducción no es una delegación que supere el ámbito de competencia que le depara el artículo 189, numeral 11 de la Constitución. Estatuto Tributario 158-3 (Mod. por el Art. 8 de la Ley 1111 de 2006. Falla en el mismo sentido sobre el texto modificado en su momento por el Art. 68 de la Ley 863 de 2003) : Exequibles

TRIBUTARIO

CC SC 713 de 2009
La Corte determinó que el legislador no excedió el ámbito de configuración legislativa al remitir al reglamento del gobierno, el señalamiento de las condiciones en que se puede presentar una oferta total o parcialmente dinámica mediante subasta inversa en un proceso licitatorio. En relación con el no otorgamiento de puntaje a las condiciones del oferente previsto en el numeral 1 del artículo 5º de la ley 1150 de 2007, de conformidad con el alcance que ha dado al Corporación al principio de libre concurrencia, la Sala encontró que no vulneraba el artículo 334 superior, por lo que garantiza la Constitución es la igualdad de oportunidades de acceso a la participación en un proceso de selección contractual (art. 13 C.P.) y a la oposición y competencia en el mismo, de quienes tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración, en el marco de las prerrogativas de la libertad de empresa (art. 333 y 334 C.P.). Ley 1150 de 2007, "por el cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos". Fallo inhibitorio frente a los cargos esgrimidos por el demandante para considerar que es inexequible utilizar el sistema de subasta inversa para adquisición de servicios. Arts. 2 y 5 (parciales) : Exequibles.

CONTRATACIÓN ESTATAL

CC SC 712 de 2009
Resolución Judicial. Contrario a lo sostenido por el actor, el artículo 153 de la Ley 769 de 2002 no se dirige a establecer de manera general, que la sanción administrativa de suspensión de la licencia de conducción se convierte en sanción penal. Sólo mediante resolución judicial, entiéndase de naturaleza penal, se puede imponer como "pena" la suspensión de licencia de conducción. "Ley 769 de 2002, "por el cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones", Art. 153 : Fallo inhibitorio

TRANSPORTE

CC SC 685 de 2009
Revisión Constitucional del "Memorando de Entendimiento entre los gobiernos de los Estados de grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el lavado de activos (GAFISUD)", firmado en Cartagena de Indias el 8 de diciembre de 2008. "Modificación del Memorando de Entendimiento entre los gobiernos de los Estados de grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el lavado de activos (GAFISUD)", firmada en Santiago de Chile el 6 de diciembre de 2001 y la "Modificación al Memorando de Entendimiento entre los gobiernos de los Estados de grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el lavado de activos (GAFISUD)", firmada en Brasilia el 21 de julio de 2006, y la Ley 1186 de 2009 aprobatoria del Memorando y sus modificaciones. Exequible

FINANCIERO

CC SC 684 de 2009
Responsabilidad penal de los menores de edad. Derecho al debido proceso. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia". Declara INEXEQUIBLE el aparte normativo del Art. 191 - Detención en flagrancia de adolescente - "... Por solicitud del fiscal, la cual contendrá la acusación, el juez de control de garantías enviará la actuación al juez de conocimiento para que este cite a audiencia de juicio oral dentro de los 10 días hábiles siguientes." Para la Corte el problema de constitucionalidad se concreta en el alto grado de indeterminación normativa; no establece un término para que el fiscal formule la solicitud que contiene la acusación, ni tampoco prevé una ritualidad específica para adelantar esta actuación, es decir, no aclara si se trata de un escrito similar al previsto en los artículos 33 y 337 del Código de Procedimiento Penal; tampoco define si el juez de control de garantías debe pronunciarse sobre la solicitud del fiscal, ni tampoco prevé una ritualidad específica que deba surtirse ante la autoridad judicial y en la cuál esté prevista la participación de los sujetos procesales para tales efectos

PENAL

CC SC 683 de 2009
Revisión oficiosa de la Ley 1246 del 19 de noviembre de 2008 "Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones II" y el "Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones II", otorgados en Okinawa, Japón, el día noveno del mes de abril de 2005". Exequible. Declaración interpretativa
CC SC 682 de 2009
Fallo inhibitorio contra apartes del artículo 346, utilización ilegal de uniformes e insignias, de la Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal", por inepta demanda.

PENAL

CC SC 681 de 2009
Ley 643 de 2001, "Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar". Fallo inhibitorio por inepta demanda en lo relacionado con los cargos por vulneración de los principios de universalidad y solidaridad de la seguridad social y violación del principio de igualdad en relación con lo establecido en los apartes demandados de los Arts. 56 y 57 respecto de los aporte parafiscales de los vendedores y colocadores de apuestas y juegos de suerte y azar

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

CC SC 680 de 2009
La obligatoriedad establecida en la norma demandada para que las operaciones de mercado abierto en moneda legal se realizaran exclusivamente con títulos de deuda pública, se encuentra derogada. Ley 31 de 1992, "por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen de cambio internacional, para la expedición de los Estatutos del Banco y para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control del mismo, se determinan las entidades a las cuales pasarán los Fondos de Fomento que administra el Banco y se dictan otras disposiciones"; Art. 53, Par. : Fallo inhibitorio

CAMBIOS INTERNACIONALES

CC SC 667 de 2009
Llamamiento en garantía. Inhibida para conocer los reproches de inconstitucionalidad formulados contra las expresiones "a un tercero" y "de aquél", contenidas en el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, en torno a la violación del artículo 13 de la Constitución - Derecho a la igualdad.
CC SC 666 de 2009
El que la norma demandada establezca un manual de "tarifas mínimas" para el sector salud, pero no así de "tarifas máximas", no desconoce los principios sociales del estado, el deber de intervención en la economía y la destinación exclusiva de los recursos de la seguridad social. Ley 1151 de 2007, "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010"; Art. 146 (parcial) : Exequible.

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

CC SC 665 de 2009
De las inhabilidades de los diputados. La Corte se declara inhibida de fallar por inepta demanda sobre la expresión "en el respectivo departamento" del Art. 33, Num. 5 de la Ley 617 de 2000, "por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional".

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 664 de 2009
El cargo se dirige a cuestionar la omisión del legislador en punto a la actualización del precio de diferenciación entre las cajetillas de cigarrillos y tabaco, que sirve para determinar el impuesto al consumo sobre esos productos, por considerarse que vulnera el principio de equidad tributaria. Si bien en este caso la Corte encontró que la norma analizada aparece incongruente, no está dentro de sus facultades proceder a corregir dicha incongruencia. La voluntad expresa del legislador se manifestó en esta oportunidad, en que la diferenciación entre las tarifas del impuesto de consumo de cigarrillos y tabaco desapareciera con el paso del tiempo, disposición que no vulnera el principio de equidad tributaria que se predica de la integridad del sistema tributario y de la sociedad, como tampoco ningún derecho fundamental. En consecuencia, el artículo 211 de la Ley 223 de 1995, modificado por el artículo 76 de la ley 1111 de 2006 resulta ajustado a la Constitución, en los aspectos analizados en la presente sentencia.

TRIBUTARIO

CC SC 663 de 2009
Para el reconocimiento de la licencia de paternidad, las EPS sólo podrán exigir la cotización de las semanas correspondientes al período de gestación, en los términos en que se reconoce la licencia de maternidad. Declarado INEXEQUIBLE el aparte que exigía haber cotizando efectivamente durante las "cien (100)" semanas previas al reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad. La Corte determinó que establecer un número mayor de semanas de cotización como condición para tener derecho al reconocimiento de la licencia de paternidad constituye una medida desproporcionada. Ley 755 de 2002, "por la cual se modifica el parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo"- Ley María; Art. 1(parcial)

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

LABORAL

CC SC 662 de 2009
Infundadas las objeciones de inconstitucionalidad formuladas por el Gobierno Nacional contra el proyecto de ley "Sandra Ceballos, por la cual se establecen las acciones para la atención integral del Cáncer en Colombia", en relación con dos aspectos: (i) si con su expedición se violó la reserva de ley estatutaria; y (ii) si se desconocieron las normas orgánicas del presupuesto, por haberse pretermitido el requisito previsto en el artículo 7o. de la Ley 819 de 2003, orgánica del presupuesto, el cual obliga a que se haga explícito el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, impacto que además deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo.

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

CC SC 641 de 2009
Inscripción en carrera sin necesidad de concurso. Acto legislativo 1 de 2008, "por medio del cual se adiciona el artículo 125 de la Constitución Política". Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-588-09 que declaró su INEXEQUIBILIDAD

LABORAL ADMINISTRATIVO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

CC SC 640 de 2009
Informe administrativo por lesiones. La Corte resaltó que éste constituye un soporte esencial, junto con la ficha médica de aptitud sicofísica, el concepto médico de especialista, el expediente médico laboral y los exámenes paraclínicos para que la Junta Médico Laboral Militar o de Policía, desarrolle las funciones que le competen, al punto que se concibe como una de las causales que suscita la convocatoria de la Junta Médico Laboral. Para la Corte, los preceptos acusados cumplen con la finalidad de garantizar un canal de comunicación para que el lesionado pueda subsanar la omisión en que hubiere podido incurrir su superior, este sí obligado a emitir el informe administrativo correspondiente. La inobservancia de este deber no acarrea la pérdida de derechos para el lesionado, ya que la calificación del origen de la lesión o afección no se supedita al informe del lesionado. Lejos de establecer una carga para el afectado, las normas acusadas le brindan una oportunidad para que promueva el trámite de la valoración y calificación de la lesión o enfermedad, frente a la inactividad de su comandante o jefe y por tanto, no configura una restricción que cree un obstáculo de acceso a la seguridad social. Tampoco el legislador incurre en una regulación discriminatoria, que anule o restrinja sin justificación alguna los derechos de sujetos titulares de una especial protección, ya que por el contrario, posibilitan que la persona lesionada promueva el ejercicio de sus derechos a la seguridad social y a la salud, ante la omisión de la autoridad competente. Decreto 1796 de 2000, "por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993"; Arts. 24 y 25 (parciales) : Exequibles
CC SC 639 de 2009
Revisión de constitucionalidad del "Protocolo de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica" y de la Ley aprobatoria No. 1262 de 26 de diciembre de 2008. Exequible.

CULTURA

CC SC 638 de 2009
Revisión de la Ley 1282 de 2008, Aprobatoria del "Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial", hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. Exequible.

COMERCIO

CC SC 637 de 2009
¿Se encuentra el delito de falsedad ideológica en documento privado incluido en el tipo penal del artículo 289 del Código Penal; de estarlo, tal hecho resulta respetuoso del principio de legalidad estipulado en la Constitución Política?. En el caso concreto, la labor interpretativa de la norma legal demandada debe tener en consideración la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. La expresión "falsedad" utilizada por el legislador es contentiva de las dos modalidades de falsedad, tanto la adulteración física del documento y de la que se deriva de mentir en la elaboración del documento. Ley 599 de 2000, "Por medio del cual se expide el Código Penal"; Art. 289 : Exequible

PENAL

CC SC 636 de 2009
¿La tipificación penal de la conducta de inducción a la prostitución, resulta violatoria de la autonomía personal o derecho al libre desarrollo de la personalidad y del derecho a escoger profesión u oficio? Diferencia entre inducción y constreñimiento. La Corte señaló que el tipo penal de inducción a la prostitución puede configurarse incluso sobre la base del consentimiento expreso de la víctima, aunque el mismo no se requiera en la medida en que no es un elemento constitutivo del tipo penal acusado. Frente al riesgo de ofensa de la dignidad personal e incluso de la autodeterminación sexual y de la propia libertad personal, el consentimiento de la víctima es una salvaguarda insuficiente. Ni el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ni a escoger y ejercer libremente profesión u oficio, como cualquier derecho fundamental, son derechos absolutos. Ley 599 de 2000, "por medio del cual se expide el Código Penal "; Art. 213 : Exequible

PENAL

CC SC 615 de 2009
Declara INEXEQUIBLE la Ley 1214 de 2008, aprobatoria del "Acuerdo para el Desarrollo Integral y Asistencia Básica de las poblaciones indígenas Wayúu de la República de Colombia y de la República de Venezuela", firmado en Caracas el 3 de mayo de 1990. Obligatoriedad de la consulta previa a las comunidades indígenas, sobre medidas legislativas o administrativas que las afecten. En cuanto se refiere a la consulta sobre convenios y tratados internacionales que afecten directamente a las comunidades indígenas, la Corte determinó con base en los principios de buena fe y de eficacia, que para que sea eficaz debe llevarse a cabo, antes del sometimiento del instrumento internacional por parte del Presidente de la República a la aprobación del Congreso.

ASUNTOS INDÍGENAS

CC SC 614 de 2009
La prohibición que establece el último inciso del artículo 2o. del Decreto Ley 2400 de 1968, tal y como fue modificado por el artículo 1o. del Decreto Ley 3074 de 1968, de que no pueden celebrarse contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente en la administración pública, sino que para ese efecto deben crearse los empleos requeridos, constituye un claro desarrollo de las normas constitucionales que protegen los derechos laborales de los servidores públicos. La Sala insta a los órganos de control que tienen el deber legal y constitucional de proteger los recursos públicos, defender los intereses de la sociedad y vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, a cumplir el deber jurídico constitucional de exigir la aplicación de la regla prevista en la norma acusada y, en caso de incumplimiento, deben imponer las sanciones que la ley ha dispuesto para el efecto.

LABORAL ADMINISTRATIVO

CC SC 613 de 2009
Considera el actor que la norma demandada limita la libertad de profesión y oficio de los avaluadores al establecer una prohibición a éstos para ejercer su oficio dentro de todo el territorio nacional, cuando fija dentro de los requisitos para presentar ante el Juez Civil Municipal competente, la solicitud de avalúo de los perjuicios que se ocasionarán con los trabajos o actividades a que da lugar la servidumbre de hidrocarburos, consignación del valor de avaluó efectuado por un profesional adscrito a una agremiación de lonja "de la jurisdicción del predio debidamente reconocida". La disposición legal acusada no crea un título de idoneidad para poder ejercer la actividad valuadora, ni impide a las personas que se dedican a esta actividad el ejercerla en lugar alguno del país. Ley 1274 de 2009, "por la cual se establece el procedimiento de avalúo para las servidumbres petroleras"; Art. 3, Num 8 (parcial). Fallo inhibitorio por inepta demanda.

COMERCIO

CC SC 588 de 2009
Declara INEXEQUIBLE en su totalidad el Acto Legislativo 1 de 2008, "por medio del cual se adiciona el artículo 125 de la Constitución Política". La Corte Constitucional reiteró la tesis según la cual el poder constituyente derivado tiene competencia para reformar la Constitución, mas no para sustituirla. Mientras que el precepto constitucional establece como postulado general la carrera administrativa, el mérito y el concurso para ingresar o ascender en la misma, el parágrafo transitorio - por este Acto adicionado - crea un derecho de inscripción extraordinaria en carrera administrativa fundado solamente en la experiencia y prescinde del concurso público. La Sala precisó que las facultades que el Acto Legislativo No. 01 de 2008 le confiere a la Comisión Nacional del Servicio Civil para implementar mecanismos orientados a darle viabilidad a la inscripción automática en carrera, desconoce la separación de poderes, pues al tenor del artículo 125 de la Constitución, todo lo que tiene que ver con carrera es materia reservada a la ley. Esta sentencia tiene efectos retroactivos y, por tal razón, se reanudan los trámites relacionados con los concursos públicos que hubieren sido suspendidos y carecen de valor y efecto todas las inscripciones extraordinarias en carrera administrativa o los ingresos automáticos a la misma que, con fundamento en el Acto Legislativo No. 01 de 2008, se hayan realizado.

LABORAL ADMINISTRATIVO

CC SC 578 de 2009
Los "rentistas de capital" no estén excluidos de la obligatoriedad de afiliarse al régimen contributivo de salud. Ley 100 de 1993, "por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones"; Arts. 157 y 204(parciales), vocablo "trabajadores": Fallo inhibitorio.

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

CC SC 577 de 2009
Revisión automática del "Convenio entre la República de Chile y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto a la renta y al patrimonio, y el Protocolo del Convenio entre la República de Chile y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto a la renta y al patrimonio", hechos y firmados en Bogotá el 19 de abril de 2007, así como de la Ley 1261 de 2008, mediante la cual fueron aprobados. La corporación determinó que los Acuerdos de Doble Tributación (ADT) no reconocen beneficios tributarios, por tanto no se encaminan a acordar un tratamiento más favorable a un contribuyente en relación con los demás, sino que apuntan a solucionar un concurso de normas tributarias de diversos Estados. Por tanto en la aprobación por el Congreso de ADT no se requiere de un análisis del impacto fiscal. Exequble.

TRIBUTARIO

CC SC 576 de 2009
Fallo inhibitorio por inepta demanda de los cargos contra el tipo penal por violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal"; Art. 271 (Mod. por el Art. 2 de la Ley 1032 de 2006)

PENAL

CC SC 575 de 2009
Inexequible el tipo penal de ultraje a emblemas o símbolos patrios por vulneración del derecho a la libertad de expresión, del principio del pluralismo y del principio de legalidad en materia penal. La disposición atacada resulta inconstitucional porque es innecesaria para la protección de los valores constitucionales asociados a los símbolos patrios, debido a que existen medidas alternativas de carácter no penal que cumplen con la misma finalidad y resultan menos gravosas para los otros derechos constitucionales en juego. Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal"; Art. 461.

PENAL

CC SC 559 de 2009
La autorización al juez para amonestar al interrogado para que responda, si se negare a contestar o diere respuestas evasivas o inconducentes, a la vez que prevenirlo sobre los efectos de su renuencia, no vulnera en nada el principio de la no autoincriminación. La Corte Advirtió que en el proceso civil o laboral, trátese de la contestación de la demanda o de la confesión judicial o al momento de resolver un interrogatorio de parte o de terceros, el ciudadano requerido siempre puede abstenerse de contestar lo que eventualmente implicare responsabilidad penal suya o de su cónyuge o compañero (a) permanente, o de sus familiares cercanos, en los grados establecidos en el artículo 33 de la Carta Política. Adicionalmente, recordó que en el procedimiento civil se encuentra admitido por la doctrina que como medio de prueba, la confesión pueda ser espontánea o provocada mediante el interrogatorio de parte. El principio de no autoincriminación y el secreto profesional. Código de Procedimiento Civil; Art. 208, Inc. 7o. (Mod. por el Art. 21 de la Ley 794 de 2003) : Exequible.
CC SC 558 de 2009
Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal". Demanda el Art. 175, por no fijar un término expreso para la etapa de indagación previa a la imputación, cargo que encuentra deficiente y declara fallo inhibitorio. En cuanto al Art. 294 (parcial) lo declara exequible, en cuanto encuentra que esta disposición se inscribe en el contexto del nuevo proceso penal, orientado por el principio de celeridad, de manera que si, a partir de la imputación, se dejan vencer los términos en detrimento de la celeridad, se contempla la separación del caso del fiscal que ha venido actuando en el mismo, sujeto a la correspondiente investigación disciplinaria, la necesidad de reemplazarlo y el nuevo término para proferir las decisiones. Para la Corte no se configura en este caso una omisión legislativa relativa, atribuible a la ausencia de señalamiento de un término para que el superior designe un nuevo fiscal, puesto que, a partir de una consideración integral del artículo demandado, en concordancia con otras disposiciones del mismo estatuto procesal penal, es posible señalar que el tiempo para proferir la decisión se debe contabilizar desde la designación del nuevo fiscal, la cual debe producirse de inmediato, razón por la cual dicho término, en realidad, debe contarse a partir del momento en el que se venció el previsto en el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, interpretación que, en los casos en los que el imputado se encuentre privado de la libertad, tiene confirmación expresa en el texto del artículo 317 del mismo ordenamiento, conforme al cual se producirá la libertad del imputado cuando transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de la formulación de la imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión, con la advertencia, en la misma disposición, de que dichos términos deben contabilizarse de manera ininterrumpida. De este modo, la mora en la designación del nuevo fiscal no afecta al imputado y no habría lugar a una dilación injustificada del proceso.

PENAL

CC SC 557 de 2009
¿Las competencias atribuidas a la Contraloría General de la República en el artículo 37 de la Ley 42 de 1993, relativas al ejercicio del control fiscal y vigilancia respecto de los fondos de la Nación administrados por particulares, la consolidación de la ejecución del presupuesto general del sector público incluyendo los fondos públicos administrados por particulares, así como a las funciones de uniformar y centralizar la contabilidad del presupuesto general del sector público, y de establecer la nomenclatura de las cuentas presupuestales y la forma de presentar la ejecución del presupuesto, son conformes o no con la Constitución Política?. Naturaleza y características de las leyes orgánicas. Competencias de la Contraloría General de la Nación. Naturaleza, características y alcances del control fiscal en la Constitución. Comparación y distinción entre las funciones del Contralor General de la República y del Contador General de la Nación - La contabilidad financiera que le corresponde llevar al Contador General de la Nación; La contabilidad de ejecución del presupuesto cuya competencia radica en cabeza del Contralor General de la República. Ley 42 de 1993, "sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen"Exequibles por los cargos analizados.
CC SC 556 de 2009
Declara INEXEQUIBLES los literales a) y b) del Art. 12 de la Ley 797 de 2003, "por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales". Los requisitos de fidelidad establecidos en los literales demandados, no se encontraban establecidos en la Ley 100 de 1993, por lo cual constituyen una medida regresiva en materia de seguridad social, puesto que la modificación introducida establece un requisito más riguroso para acceder a la pensión de sobrevivientes, desconociendo la naturaleza de esta prestación, la cual no puede estar cimentada en la acumulación de un capital, sino que encuentra su fundamento en el cubrimiento que del riesgo de fallecimiento del afiliado se está haciendo a sus beneficiarios, que dependen económicamente del causante, para garantizarles continuar con una pervivencia digna.

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 523 de 2009
¿Es contrario al derecho al debido proceso (art. 29 CP) del empresario u organizador de un espectáculo o de una exhibición de una obra teatral, cinematográfica o musical, el que la norma cuestionada permita al juez municipal o del circuito del lugar donde se realice el espectáculo, suspenderlo por supuesta violación de los derechos de autor, basado en una prueba sumaria y previo el pago de una caución? La garantía de los derechos patrimoniales de los autores y la adopción de medidas cautelares para su protección en el ordenamiento colombiano. Alcance y funcionamiento de las medidas cautelares. Causión. Prueba sumaria - Noción. Ley 23 de 1982, "sobre derechos de autor": Art. 247 : Exequible.

COMERCIO

CC SC 522 de 2009
No se configura en este caso una inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, en razón de no haberse incluido en el artículo 333 del Código de Procedimiento Civil, en el listado de las sentencias que no hacen tránsito a cosa juzgada, aquellas providencias que vulneren derechos fundamentales. El efecto de cosa juzgada no impide interponer la acción de tutela contra decisiones judiciales que ostensiblemente violen derechos fundamentales. Código de Procedimiento Civil; Art. 333 : Exequible. S.V
CC SC 521 de 2009
¿Viola el derecho al debido proceso, que el legislador contemple al mismo tiempo un elemento constitutivo del tipo penal como circunstancia de agravación punitiva, de suerte que quien realice el comportamiento descrito en el tipo no pueda sustraerse de la agravación punitiva? La disposición cuestionada establece como causal de agravación punitiva una circunstancia que ya había sido tomada en cuenta como elemento constitutivo de los tipos penales contemplados en los artículos 208 y 209 del Código Penal y por ende, infringe el principio non bis in ídem, al desconocer la prohibición de agravar la pena imponible a un comportamiento delictivo, en virtud de una circunstancia que fue tenida en cuenta como elemento constitutivo del tipo penal. La norma acusada es inconstitucional si se aplica a los artículos 208 y 209 del Código Penal, pero no respecto de los demás artículos del Título IV. Por tal motivo, no procedía la expulsión del ordenamiento de la disposición sino solamente en aquella parte que lleva consigo el desconocimiento de la prohibición del non bis in ídem. Ley 1236 de 2008, "Por medio de la cual se modifican algunos artículos del Código Penal relativos a delitos de abuso sexual"; Art. 7, Num 4. (Mod. del Art. 211 de la Ley 599 de 2000) : CONDICIONALMENTE exequible

PENAL

CC SC 520 de 2009
Restringir el recurso extraordinario de revisión en la jurisdicción contencioso administrativa a las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los Tribunales Administrativos, en única o segunda instancia, desconoce los derechos a la igualdad y al acceso a la justicia. Ley 446 de 1998, "por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia"; Art. 57 (Mod el Art. 185 del CCA) : INEXEQUIBLE. S.V

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 509 de 2009
Facultad otorga al Presidente de la República, para ordenar en cualquier momento la cesación de una huelga que en razón de su naturaleza o magnitud afecte de manera grave la salud, la seguridad, el orden público o la economía en todo o en parte de la población y el sometimiento del diferendo que la provocó a fallo arbitral. Ley 1210 de 2008, "por la cual se modifican parcialmente los artículos 448 numeral 4 y 451 del Código Sustantivo del Trabajo y 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y se crea el artículo 129A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y se dictan otras disposiciones"; Art. 1, Par. 2o. (Mod. el Num 4 del Art. 448 del C.S.T) :Cosa juzgada inexequible

LABORAL

CC SC 508 de 2009
Código Civil. Derecho de persecución del bien hipotecado. Diferencia de trato para el tercero que adquiere el inmueble en pública subasta y quien no. Art. 2452 Inc. 2 : Fallo inhibitorio por inepta demanda

CIVIL

CC SC 507 de 2009
Fondo de Protección Solidaria, "Soldicom": Determinación de los gastos de administración, el acceso a las instancias de representación de los distribuidores minoristas de combustibles líquidos derivados del petróleo y la gestión de dichos recursos. Ley 26 de 1989, "por medio de la cual se adiciona la Ley 39 de 1987 y se dictan otras disposiciones sobre la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo"; Arts. 5, 6, 7, 8, 9 : Fallo inhibitorio por inepta demanda
CC SC 506 de 2009
Objeciones presidenciales formuladas al artículo 2º. del proyecto de ley 21-07 Senado y 210-07 Cámara, "por medio de la cual la Nación se asocia y rinde homenaje al municipio de Cabrera en el departamento de Santander, con motivo de la celebración de los doscientos años de su fundación y se dictan otras disposiciones". El Gobierno Nacional como el Congreso de la República cuentan con iniciativa en materia de gasto público, pero la inclusión de las partidas en el presupuesto de gastos corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional. La norma objetada se ajusta a la normatividad constitucional y a los lineamientos anteriores, como quiera que autoriza o faculta, sin imponer su ejecución al Gobierno Nacional.
CC SC 489 de 2009
Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal". Art. 37 (parcial) (Mod. por el Art. 2 de la Ley 1142 de 2007) : Estarse a lo resuelto en la C-1198-08, que declaró INEXEQUIBLE la valoración del ICBF en los delitos intrafamiliares

PENAL

CC SC 488 de 2009
Los elementos normativos del delito de genocidio tipificado en el artículo 101 de la Ley 599 de 2000, que se cuestionan, no desconocen el ámbito de protección de ese crimen previsto en los instrumentos de derecho internacional que se integran al bloque de constitucionalidad (art. 93 de la C.P.), sino que por el contrario armonizan plenamente con dichos estándares, en los cuales la pertenencia al grupo guarda relación directa con uno de los elementos estructurales del tipo penal del genocidio relativo al dolo especial, esto es, la intención específica que tiene el agresor de destruir total o parcialmente al grupo protegido como tal. La dosificación punitiva prevista en la norma acusada no riñe con los estándares internacionales sobre genocidio. Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal"; Art. 101 (parcial) : EXEQUIBLE

PENAL

CC SC 487 de 2009
Ley 836 de 2003, "por la cual se expide el reglamento del Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares"; Art. 123. Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Unico"; Arts. 89 y 90. Demanda por violación al derecho a la igualdad del quejoso frente al investigado y su defensor. Fallo inhibitorio. S.V

DERECHO DISCIPLINARIO

CC SC 486 de 2009
La obligatoriedad de crear un departamento de gestión ambiental en "todas" las empresas a nivel industrial, ¿viola el principio de unidad de materia? ¿viola el principio de libertad económica e iniciativa privada?. Acorde con el carácter ecológico de la Constitución de 1991, la actividad empresarial está limitada por el mantenimiento del ambiente sano y el patrimonio cultural de la Nación, sin embargo dicha obligación genera una carga desproporcionada a las pequeñas empresas y microempresas. Se condiciona la exequibilidad de la norma en el entendido de que la obligatoriedad de crear un departamento de gestión ambiental no se aplica a las micro y pequeñas empresas a nivel industrial. Ley 1124 de 2007, "por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Administrador Ambiental".Art. 8 "Todas" : INEXEQUIBLE, resto del artículo CONDICIONALMENTE exequible

AMBIENTAL

CC SC 469 de 2009
Revisión oficiosa de las objeciones presidenciales presentadas al proyecto de ley 111-06 Senado, 144-05 Cámara, "Por la cual se expide el Código Penal Militar".. Cumplidas las exigencias del art. 167 de la C.P ordenadas por la Corte en la C-533-08
CC SC 468 de 2009
¿Se encuentra justificación constitucional en la distinción impuesta por el legislador en el delito de abandono, consistente en otorgarle la condición de víctima de este delito sólo a los menores de 12 años, excluyendo de tal condición a los adolescentes que se encuentran entre los 12 y 18 años de edad? El derecho internacional considera menores a todas las personas que no han cumplido 18 años, predicándose de ellas la condición de sujetos de especial protección en igualdad de condiciones.. Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal". Art. 127 "12 años" : INEXEQUIBLE

PENAL

CC SC 467 de 2009
Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Único". Prohibición al servidor público Único de ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres. Art. 35, Num. 9 : Estarse a lo resuelto en la C-350-09 que lo declaró INEXEQUIBLE

DERECHO DISCIPLINARIO

CC SC 466 de 2009
Revisión Constitucional del "Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Panamá para evitar la doble imposición en la explotación de aeronaves en el transporte aéreo internacional, firmado en Bogotá el 13 de Abril de 2007" y de su Ley aprobatoria No. 1265 de 2008. Exequible

TRIBUTARIO

TRANSPORTE

CC SC 446 de 2009
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1241 de 2008, aprobatoria del "Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras", hecho y firmado en Medellín, el 9 de agosto de 2007 y los "Canjes de Notas que corrigen el Anexo 3.4 del capítulo 3 relativo al 'Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado', sección agrícola, lista de desgravación para Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras", de 16 de enero de 2008, 11 de enero de 2008 y 15 de enero de 2008, respectivamente. Exequible

COMERCIO EXTERIOR

CC SC 445 de 2009
Demanda contra los Arts. 108 "Muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas" y 128 "Abandono de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas" de la Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal". Fallo inhibitorio. No es verdad que el contenido de la decisión adoptada mediante sentencia C-355-06 haya deslegitimado la juridicidad de los delitos de infanticidio y abandono de menores. En efecto, en la misma sentencia se advierte que la vida y el derecho a la vida son fenómenos distintos, lo que implica que los regímenes jurídicos de protección de nasciturus y del sujeto nacido son distintos, diferencia que proviene de la protección jurídica diferencial ofrecida por la normativa, pero también de la diferencia del bien jurídico protegido.

PENAL

CC SC 444 de 2009
¿Es inconstitucional el que la norma demandada al modificar el artículo 64 de la Ley 9 de 1989 hubiese suprimido la obligación de todo vendedor de constituir una póliza para garantizar la estabilidad y la buena calidad de la vivienda ya constituye un retroceso en materia de protección de un derecho económico y social, cual es el derecho a la vivienda digna? Omisión legislativa relativa. Pérdida de fuerza ejecutoria del artículo 1° del Decreto 3042 de 1989. El principio de progresividad de los derechos sociales y la garantía de no regresividad de los mismos. Continúa vigente la obligación de los vendedores de vivienda de "interés social" de otorgar una garantía de calidad y estabilidad de los inmuebles que enajenan. Ley 3 de 1991, " por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones"; Art. 40 (Mod. el Art. 64 de la Ley 9 de 1989) : Condicionalmente exequible. Sentencia integradora

DESARROLLO TERRITORIAL

CC SC 443 de 2009
¿La exploración y explotación minera en áreas de especial protección ecológica, vulnera el principio de progresividad de las políticas públicas en materia de protección al derecho al medio ambiente sano? Prohibición de regresión. Exhorta al Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, al igual que a las corporaciones autónomas regionales y a las autoridades ambientales competentes, para que cumplan con los distintos deberes ambientales a su cargo y, por una parte, avancen en la declaración y delimitación de las zonas excluidas de la minería y por otra parte adopten medidas eficaces para la protección del medio ambiente en general y de las áreas de especial importancia ecológica tales como los páramos. Ley 685 de 2001, "por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones". Art. 34 (parcial) Exequible y cosa juzgada relativa.

AMBIENTAL

MINERÍA

CC SC 442 de 2009
1. Protección de los menores y adolescentes contra actos de agresión, humillación, discriminación o burla en el ámbito escolar. ¿Se puede inferir de las normas demandadas una exclusión de las responsables de conductas de maltrato infantil a los agentes del Estado o a las directivas y docentes de los establecimientos educativos? 2. Ausencia del procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad de los medios de comunicación, en caso de transgresión de los deberes establecidos en el artículo 47 del Código de la Infancia y Adolescencia. Configuración de una omisión legislativa en la regulación de la responsabilidad de los medios de comunicación frente a la garantía eficaz de los derechos e intereses superiores de niños y niñas. Responsabilidades de los medios de comunicación frente a menores de dieciocho (18) años y ejercicio de la libertad de expresión. Se exhortó al legislador para que expida en el menor tiempo posible una regulación integral, con fundamento en las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado, en materia de protección efectivo de los niños, niñas y adolescentes. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia" Arts. 18, 41, 43, 44 y 47 (parciales) : Exequibles.

FAMILIA

CIVIL

TELECOMUNICACIONES

CC SC 441 de 2009
Objeciones al Proyecto de ley No. 217 de 2007 Senado, 098 de 2007 Cámara, "Por medio de la cual se conmemoran los 30 años del carnaval departamental del Atlántico y los 10 años del reinado interdepartamental, se declaran patrimonio cultural y se dictan otras disposiciones". Infundadas. El proyecto de ley objetado no incumplió con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 y por ende, no vulneró el artículo 151 de la Constitución. El proyecto se ajusta a la facultad del Congreso para aprobar proyectos de ley que comporten gasto público, sin imponer al Gobierno su ejecución. Ley 1353 de 2009 : Exequible.
CC SC 430 de 2009
¿Resulta ajustada a la Constitución -artículos 338 y 363-, la aplicación con efectos retroactivos de una norma que dispone para los pensionados una tarifa menor de cotización al Régimen de Seguridad Social en Salud, teniendo en cuenta que dichas cotizaciones son catalogadas como contribuciones parafiscales? Principio de irretroactividad de la ley tributaria y su alcance frente a modificaciones favorables al contribuyente. La Corte ha señalado que si una norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus cargas, en forma general, por razones de justicia y equidad, sí puede aplicarse en el mismo período sin quebrantar el artículo 338 de la Carta. Esta aplicación inmediata de modificaciones que beneficien al contribuyente debe referirse a situaciones que no se hayan consolidado, evento en el cual se está frente al fenómeno de restrospectividad de la ley y no de irretroactividad propiamente dicha, lo cual significa que se deja a salvo la prohibición de aplicación retroactiva de la ley tributaria contenida en el artículo 363 superior. Ley 1250 de 2008, "por la cual se adiciona un inciso al artículo 204 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007 y un parágrafo al artículo de la Ley 100 modificado por el artículo 19 de la Ley 797 de 2003" Art. 1 (parcial) (Adiciona el Art. 204 de la Ley 100 de 1993) : Aparte INEXEQUIBLE.

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

TRIBUTARIO

CC SC 429 de 2009
Habilitación de predios. Ley 1151 de 2007, "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010". Art. 139 : Fallo inhibitorio. La norma no confiere al Gobierno Nacional la facultad judicial de establecer que persona es titular del derecho de propiedad sobre inmueble alguno, toda vez que la atribución que le confiere presupone el conocimiento de que el propietario es el Estado y en ningún momento se le da o tiene carácter judicial. De esta forma, si no se sabe con certeza que la propiedad es del Estado, dicha facultad no puede ser ejercida, pues este es un requisito esencial que está previsto en la propia disposición legal.

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 428 de 2009
La reforma introducida por la Ley 860 de 2003 al artículo 39 de la Ley 100 de 1993, al aumentar las semanas de cotización de los afiliados al Sistema General de Pensiones, y establecer un nuevo requisito - la fidelidad de cotización para con el Sistema de al menos el veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento que el afiliado cumplió veinte años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez- para adquirir la pensión de invalidez-, ¿contraría el principio de progresividad establecido en el artículo 48 de la Constitución Política y la prohibición de regresividad frente a la protección otorgada por la legislación anterior consagrada en el artículo 53 de la Carta y consagrada en instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia? La prohibición de los retrocesos no puede ser absoluta, sino que debe ser entendida como una prohibición prima facie. Eventos en los cuales la medida se entiende regresiva. Ley 860 de 2003, "por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones" Art. 1 Num. 1 y 2 : Exequibles los aumentos de semanas. INEXEQUIBLE requisito de fidelidad.

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 427 de 2009
Considera el demandante que la disposición acusada, al otorgar a la DIAN un término de un (1) año para resolver los recursos de reconsideración y reposición, contraría el Preámbulo y el principio de igualdad, consagrados en la Constitución Política, pero sus argumentos no cumplen con el requisito de especificidad exigido por esta Corte Constitucional. Estatuto Tributario.Art. 732 : Fallo inhibitorio.

TRIBUTARIO

CC SC 426 de 2009
Contratación por parte de los sujetos activos de las obligaciones tributarias nacionales con las universidades públicas colombianas que cumplieran ciertas condiciones, de la ejecución de la estrategia de control del pago de dichas obligaciones aplicando tecnologías de señalización. Ley 1111 de 2006 "por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección e Impuestos y Aduanas Nacionales" Art. 57 (Adiciona un art. a la ley 223 de 1995) : Fallo inhibitorio por agotamiento del plazo señalado.

TRIBUTARIO

CC SC 417 de 2009
Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal". ¿La imposibilidad de aportar pruebas sobre la veracidad de las imputaciones de cualquier conducta punible que hubieren sido objeto de sentencia absolutoria, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento o sus equivalentes, vulnera el principio de igualdad al establecer un trato discriminatorio e injustificado para el sujeto que se hallare en tales circunstancias?; y ¿es esa restricción contraria a la Constitución por suponer vulneración del fin esencial de garantizar la vigencia de un orden justo, por desconocer los derechos de defensa y debido proceso del inculpado por calumnia, así como por atentar contra la libertad de información?. Excepción a la exceptio veritatis para el delito de calumnia. La inconstitucionalidad de la norma se origina en que la medida con la que se pretende proteger los derechos a la honra y buen nombre y los principios constitucionales de la seguridad jurídica y la cosa juzgada, elimina para los casos contemplados en ella, la libertad de información, lo cual evidencia una manifiesta falta de proporcionalidad. Ahora bien, de ninguna manera la exclusión del ordenamiento jurídico del numeral 1º del artículo 224 del Código Penal (Ley 599 de 2000), significa un desconocimiento de la majestad de la justicia, ni de la firmeza de las decisiones judiciales, puesto que las mismas siguen siendo inmodificables en virtud del principio de cosa juzgada. Art. 224. Num 1 : INEXEQUIBLE S.V

PENAL

CC SC 409 de 2009
Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal". ¿Citar exclusivamente para efectos de conciliación al asegurador de la responsabilidad civil amparada en virtud del contrato de seguro válidamente celebrado, y que éste cuente con la facultad -que no es obligación- de participar en dicha conciliación, atenta contra lo establecido en los numerales 6 y 7 del artículo 250 de la Constitución, por representar una negación del deber de protección de los derechos de reparación integral de las víctimas en cuanto mecanismo de la justicia restaurativa? La renuencia a conciliar sin motivo justificado o la no participación de la aseguradora en la audiencia, darán lugar a una decisión del incidente en la que no podrá vincularse a ésta, ni hacerse efectivo el seguro como forma de reparación integral de la víctima en el trámite contemplado en el procedimiento penal, bajo el cubrimiento de la respectiva póliza. Para la Sala, no cabe aducir que mal puede el juez penal establecer si la aseguradora debe cubrir o no la responsabilidad civil asumida en el contrato como forma de reparar pecuniariamente a la víctima que ha sufrido los efectos del delito. Porque además de que la aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis está delineado por el constituyente y reconocido por el legislador al incluir la figura en el incidente, esa determinación normativa es correcta aplicación de los principios de economía procesal, eficacia, respecto y protección de los derechos que atiende el juez en el proceso penal. De modo que la medida legislativa impugnada, al tener en cuenta exclusivamente el derecho del asegurador en términos de salvaguarda de su juez natural y sin considerar el objeto propio del seguro, ni la realización de los derechos de las víctimas resulta jurídicamente inaceptable, desvirtúa la función social del contrato y niega la dignidad del afectado por el delito, para convertirlos en simples instrumentos disponibles a la voluntad de aquél y de sus intereses estrictamente económicos. Art. 108 (parcial): INEXEQUIBLE

PENAL

CC SC 406 de 2009
Ley 1152 de 2007 y sus artículos 2, 4, 5, 13, 16, 21, 34, 35, 38, 44, 47, 50, 52, 56, 60, 62, 71, 74, 88, 90, 91, 121, 123, 124, 125, 126, 130, 131, 138, 160 y 161), "Por la cual se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se dictan otras disposiciones". Estarse a lo resuelto en la C-175-09 que lo declaró inexequible.
CC SC 405 de 2009
Presunción del conocimiento del parto. ¿Refiere la palabra "marido" empleada en la norma demandada al "cónyuge" y por tanto incurrió el legislador en una omisión legislativa relativa, pues debió extender la misma presunción para el compañero permanente? Ley 1060 de 2006, "por la cual se modifican las normas que regulan la impugnación de la paternidad y la maternidad"; Art 5 (Mod. el Art. 217 del Código Civil) : Fallo inhibitorio por inepta demanda

CIVIL

CC SC 380 de 2009
Decreto 960 de 1970, "por el cual se expide el Estatuto del Notariado". Consecuencias por la pérdida del concurso. Art. 167: Estarse a lo resuelto en la C-177-09 que lo declaró inexequible

NOTARIAL

CC SC 379 de 2009
Ley 1206 de 2008, "por medio de la cual se aprueban las "Enmiendas a la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones (OMI), adoptadas mediante la Resolución Número 997 (LXXVI) del Consejo de la OIM", aprobada en su 421ª Sesión, en Ginebra el 24 de noviembre de 1998". Exequible
CC SC 378 de 2009
Revisión de constitucionalidad del "Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana, suscrito en la ciudad de Bogotá, Colombia a los 3 días del mes de agosto de 2004", y de la Ley 1192 de 2008 que lo aprueba.

EDUCACIÓN

CC SC 376 de 2009
Revisión constitucional de la Ley 1207 de 2008, por medio de la cual se aprueba la "Convención Internacional contra el dopaje en el deporte, aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, UNESCO, en París el 19 de octubre de 2005". Exequible

EDUCACIÓN

CC SC 375 de 2009
Ley 1152 de 2007, "por medio de la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER y se dictan otras disposiciones". Estarse a lo resuelto en la C-175-09 - inexequible.
CC SC 373 de 2009
¿Durante el trámite del proyecto de ley se incurrió en un vicio de procedimiento insubsanable, consistente en el desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003, norma orgánica del presupuesto que exige para ciertos proyectos de ley el estudio del impacto fiscal de los mismos? Si el proyecto de ley es de iniciativa parlamentaria, la no intervención del Ministerio de Hacienda en el procedimiento legislativo para establecer el impacto fiscal del proyecto, no acarrea la inconstitucionalidad del trámite legislativo por haberse incurrido en un vicio de procedimiento insubsanable. Otra cosa ocurre cuando se está en presencia de un proyecto de ley de iniciativa gubernamental, el desconocimiento de las formalidades señaladas en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 acarrea la configuración de un vicio de trámite insubsanable, pues el Gobierno Nacional cuenta con los datos, los equipos de funcionarios y la experticia económica para dar cumplimiento al mandato de la ley orgánica. Ley 1133 de 2007, "por medio de la cual se crea e implementa el programa "Agro, Ingreso Seguro - AIS" : Ley exequible.
CC SC 372 de 2009
¿Podía el legislador autorizar al Gobierno para reglamentar lo que se entiende por condición de desplazado o este tema correspondía a reserva de ley estatutaria? No existe norma alguna que de manera expresa someta a reserva legal la definición de desplazado. La jurisprudencia constitucional ha considerado que el derecho del desplazado a reclamar sus garantías constitucionales fundamentales proviene de la situación de hecho en que se encuentra la persona y no de la inscripción o certificación que para tal efecto expide la autoridad pública competente, acto que por tal razón, tiene carácter declarativo y no constitutivo de esa situación, pues simplemente son una herramienta técnica que permite la identificación de los beneficiarios de las ayudas y facilita el diseño de políticas públicas. Ley 387 de 1997, "por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia"; Art. 1, Parágrafo : Exequible. S.V
CC SC 349 de 2009
¿La facultad que la norma acusada otorga al Presidente de la República, para ordenar en cualquier momento la cesación de una huelga que en razón de su naturaleza o magnitud afecte de manera grave la salud, la seguridad, el orden público o la economía en todo o en parte de la población y el sometimiento del diferendo que la provocó a fallo arbitral, desconoce los derechos constitucionales de huelga y a la negociación colectiva, así comolas reglas de competencia?; ¿el presupuesto del concepto previo que deberá emitir la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia o, en su caso, el Procurador General de la Nación, resulta acorde con las competencias que la Constitución Política adscribe a los mencionados organismos?. El estatus constitucional del derecho de huelga. El contenido y alcance de la restricción de orden constitucional. El arbitramento en materia laboral. Únicamente el legislador puede definir los ámbitos materiales en los cuales no está garantizada la huelga, sin que pueda delegar en otras autoridades tal competencia. Ley 1210 de 2008, "por la cual se modifican parcialmente los artículos 448 numeral 4 y 451 del Código Sustantivo del Trabajo y 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y se crea el artículo 129A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y se dictan otras disposiciones"; Art. 1, Par. 2 (Modificatorio del Art. 448 Num. 4) : INEXEQUIBLE

LABORAL

CC SC 355 de 2009
Transferencia de los Distritos de Adecuación de Tierras. Ley 1152 de 2007, "por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se dictan otras disposiciones". Art. 29 : Estarse a lo resuelto en la C-175-09 - INEXEQUIBLE
CC SC 354 de 2009
¿Vulnera el derecho de asociación previsto en el artículo 38 de la Constitución, el hecho de que la disposición acusada excluya la posibilidad de que las agencias de seguros sean dirigidas por sociedades anónimas, o, en general, por sociedades de capitales? ¿Constituye la anterior limitación un tratamiento discriminatorio para las agencias de seguros, al impedirles acceder a un tipo societario que sí está disponible para otros intermediarios de seguros y para los comerciantes en general? Antecedentes sobre el régimen legal de la intermediación en seguros. Diferencias Entre agente, agencia y corredor de seguros. Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; Art. 41, Num 3 . Exequible
CC SC 353 de 2009
¿La excepción a la inhabilidad para contratar con el Estado, consagrada en el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, viola la prohibición establecida en el artículo 122, inciso quinto de la Constitución Política, en cuanto ella permite a las sociedades anónimas abiertas celebrar contratos con el Estado, aun cuando entre sus socios estén presentes personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y soborno transnacional, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones, pues la norma superior impide a quienes están inhabilitados, celebrar personalmente o por interpuesta persona, contratos con el Estado?. Naturaleza jurídica de las inhabilidades en materia de contratación estatal. Naturaleza de las sociedades anónimas abiertas. Ley 1150 de 2007, "por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos"; Art. 18 (parcial) (Adiciona el Lit. j al Art. 8 de la Ley 80 de 1993) : Exequible

CONTRATACIÓN ESTATAL

COMERCIO

CC SC 352 de 2009
¿La remisión genérica a las "demás normas vigentes" en materia sanitaria, dentro de los requisitos que deben cumplir los establecimientos de comercio abiertos al público, vulnera el artículo 333 de la Constitución, según el cual para el ejercicio de la libertad de empresa y la iniciativa privada, "nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley"? Ley 232 de 1995, "por medio de la cual se dictan normas para el financiamiento de los establecimientos comerciales"; Art. 2, Lit. b) : Exequible

COMERCIO

CC SC 351 de 2009
No puede colegirse de la norma demandada que el Legislador haya consagrado el precio como único factor para la determinación de las especificaciones de tamaños de los lotes y espacios construidos y para las áreas de cesiones obligatorias gratuitas en los proyectos de vivienda de interés social. En efecto, la norma no excluye la habitabilidad, la accesibilidad a los servicios públicos y sociales y la adecuación cultural como atributos relevantes de la vivienda de interés social: la exigencia de concordancia entre las especificaciones de cesiones y las condiciones de precio tan solo alude a la consideración de esta relación para efectos de no "limitar el desarrollo de programas de vivienda de interés social". ¿Facultar al Gobierno Nacional para reglamentar las condiciones mínimas que debe tener la vivienda de interés social, especialmente en relación con el espacio, los servicios públicos y la estabilidad de las misma desconoce la reserva de ley, el derecho a la vivienda digna, la facultad de las entidades territoriales para promover la vivienda digna y para ordenar el desarrollo de su territorio, así como la competencia de los concejos municipales para determinar los planes de ordenamiento territorial? Competencias en materia urbanística. Ley 388 de 1997, "por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 3 de 1991 y se dictan otras disposiciones"; Art. 15 (parcial) (Mod. por el Art. 1 de la Ley 902de 2004 : Fallo inhibitorio. Ley 3 de 1991, "por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones"; Art. Art. 40 (mod. el Art. 64 de la Ley 9 de 1989) : EXEQUIBLE

DESARROLLO TERRITORIAL

CC SC 350 de 2009
Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Único". ¿Se desconoció la garantía de la tipicidad de las normas sancionatorias, la autonomía personal, el derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio, al prescribir como prohibición para todo servidor público, "ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres", por ser ésta una sanción de carácter indeterminada?. Como ya lo ha aceptado la jurisprudencia, el legislador puede elevar a la categoría de falta disciplinaria aquellos actos que repudian la moral social y proscribir estos comportamientos en el ámbito de ejercicio de funciones públicas, pero al hacerlo debe establecer clara y precisamente cuáles son aquellos actos "inmorales" o contrarios a las "buenas costumbres" que eleva a la categoría de falta disciplinaria. De no existir esa precisión en el señalamiento de las conductas sancionables como falta disciplinaria, dejando a la libre apreciación subjetiva de quien impone la sanción, decidir si un comportamiento es o no contrario a dichos conceptos, se vulnera abiertamente el principio de legalidad. Art. 35, Num. 9 : INEXEQUIBLE

DERECHO DISCIPLINARIO

CC SC 324 de 2009
¿La atribución que le confiere la ley al Ministerio de Defensa, para "asignar partidas presupuestales y elementos disponibles" a las entidades sin ánimo de lucro que proporcionen medios de recreación a los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, infringe la prohibición contenida en el artículo 355 de la Constitución de decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.? En el precepto demandado parcialmente, se omitió determinar de manera concreta, condiciones y criterios de asignación, así como límites y porcentajes de las partidas a asignar y demás condiciones que aseguren la participación de las entidades destinatarias en condiciones de igualdad, lo que obstaculiza el control fiscal de los recursos públicos y facilita la desviación de poder, razón suficiente para encontrar fundado el cargo de inconstitucionalidad por violación. Adicionalmente el objeto de tal asignación es ampliamente cubierto por las Cajas de Compensación Familiar, lo cual descarta la urgencia y transcendencia de dicha erogación. Ley 36 de 1981, "por la cual se dictan normas para mejorar los planes de recreación y bienestar del personal de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional"; Art. 1 (parcial) : INEXEQUIBLE
CC SC 323 de 2009
Objeciones presidenciales al proyecto de ley 164-06 Cámara, 074-07 Senado, "Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los treinta (30) años de actividades académicas de la Universidad Popular del Cesar y se dictan otras disposiciones".Régimen presupuestal aplicable a las Universidades. El Congreso aceptó los cuestionamientos formulados por el Gobierno Nacional y reelaboró la redacción del artículo 2º en el aspecto objetado. Trámite legislativo - Principio de corrección formal de procedimientos
CC SC 321 de 2009
Objeciones al Proyecto de Ley No. 012-06 Cámara - 087-07 Senado, "por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito y s e dictan otras disposiciones". Objeciones en relación con la facultad de otorgar descuentos en multas, decretar amnistías en materia de multas de tránsito - Infundadas. La Corte consideró fundada la objeción parcial en relación con las expresiones demandadas de los artículos 17 y 21 del proyecto de ley examinado, por cuanto no pueden coexistir en un mismo texto normativo, dos sistemas sancionatorios por puntos diferentes, por cuanto ello dejaría al arbitrio del juzgador cual aplicar, lo cual configura un desconocimiento del principio de legalidad.

TRANSPORTE

ENTES TERRITORIALES

CC SC 315 de 2009
Base de cotización como trabajador independiente o contratista. Ley 797 de 2003, "por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales"; Art. 5 (Mod. el Art. 18 de la Ley 100 de 1993) : Fallo inhibitorio

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 314 de 2009
1) ¿Al establecer la norma demandada la obligación de implementar la figura del Defensor del Cliente únicamente en las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y no a otras instituciones que no obstante desarrollar actividades financieras no están sujetas a la inspección y vigilancia de ese organismo - como es el caso de las cooperativas de ahorro y crédito o multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito - se incurre en una omisión legislativa relativa? 2) ¿Vulnera el derecho a la igualdad frente a los ahorradores que han confiado sus recursos a éstas últimas instituciones y, al mismo tiempo, implica incumplimiento de los deberes del Estado de proteger y promover las formas asociativas y solidarias de propiedad y de fortalecer las organizaciones solidarias? Omisión legislativa relativa : Elementos que deben concurrir. Ley 795 de 2003, "Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones"; Art. 24 (parcial) (Mod. el Num. 4 del Art. 98 del EOSF) : Exequible

FINANCIERO

CC SC 313 de 2009
¿La decisión sobre la fusión de un distrito por determinación de la respectiva asamblea departamental, cuando se den ciertas situaciones de insolvencia financiera, viola la reserva de ley establecida en los artículos 150, numeral 4 de y 300, numeral 6 la Constitución Política? La atribución constitucional de las asambleas departamentales prevista en el numeral 6 del artículo 300 de la Constitución no puede hacerse extensiva a las entidades territoriales distritales, en razón a la reserva legal que pesa sobre los actos de creación, eliminación, modificación y fusión de ellas y de que desconocería su especificidad como entidad territorial distinta de los municipios. Solamente a falta de norma especial, les son aplicables las disposiciones que rigen los municipios, ya que, justamente, la finalidad jurídica de la creación de los distritos consiste en sustraer a estos entes territoriales del régimen municipal ordinario en materias específicas. La existencia de la entidad territorial distrital depende del Congreso de la República. Las obligaciones establecidas en el inciso primero del artículo 19 de la Ley 617 de 2001 para los distritos, de adelantar un programa de saneamiento financiero, ante el incumplimiento de los límites o parámetros establecidos en los artículos 6º y 10 de la misma ley, resultan ajustadas a la Constitución. Ley 617 de 2000, "por la cual se reforma la Ley 134 de 1994, el Decreto Extraordinario 2222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica del Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional"; Art. 19 (Mod. el art. 20 de la Ley 136 de 1994) : expresiones "distrito" : Exequibles, e INEXEQUIBLES
CC SC 309 de 2009
Concierto para delinquir. Ley 599 de 2000, "por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional"; Art. 344 y 345 (parciales) (Mod. por la Ley 1121 de 2006) : Fallo inhibitorio

PENAL

CC SC 308 de 2009
¿La diferencia del régimen disciplinario aplicable a quienes prestan su servicio militar obligatorio en la Policía Nacional, en relación con el que se aplica a quienes lo hacen en las fuerzas militares, es violatoria de la igualdad? Para la Corte, no es posible establecer válidamente una equivalencia entre el personal de la Policía Nacional y el personal de las Fuerzas Militares en materia de régimen disciplinario. Los miembros de las Fuerzas Militares -Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Armada Nacional- y los de la Policía Nacional no se encuentran en la misma situación frente a la imposición de sanciones disciplinarias, pues no obstante que ambas forman parte de la Fuerza Pública (art. 216 C.P.), tienen una distinta naturaleza jurídica y persiguen distintos fines constitucionales. Ley 1015 de 2006, "por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional"; Art. 44 (parcial) : Exequible)
CC SC 307 de 2009
¿Las normas impugnadas, mediante las cuales se impone al SENA celebrar convenios con COLCIENCIAS para promover y fomentar la investigación aplicada, la innovación, el desarrollo tecnológico, la apropiación pública de la ciencia, la tecnología y en general, la construcción de capacidades regionales de ciencia, tecnología e innovación, destinando para ello parte de los recursos correspondientes a los aportes sobre las nóminas que recibe el SENA, son acordes con lo establecido en la Constitución Política respecto de los principios de singularidad y especificidad de las contribuciones parafiscales? Naturaleza parafiscal de los aportes al SENA. El nexo que debe existir entre el objeto al que se destinan los aportes parafiscales y el sector socio económico aportante, en virtud de los principios de singularidad y especificidad, no se pierde cuando el SENA ejecuta una parte de los recursos a través de COLCIENCIAS, siempre y cuando el SENA mantenga la capacidad de establecer el objeto específico al cual se deben destinar los recursos, objeto que debe coincidir con lo señalado en las normas acusadas, así como, la destinación específica para la cual fue creada la contribución. Ley 812 de 2003, "por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario"; Art. 75 : Exequible. Ley 1169 de 2007, "por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2008"; Art. 51 : Exequible

LABORAL

CC SC 290 de 2009
Proyecto de Ley No. 120-06 Senado, 163-07 Cámara, "por medio del cual la Nación se asocia a la celebración de los 470 años de la Villa Hispánica del Municipio de Tibaná, Departamento de Boyacá". ¿En el trámite de aprobación del artículo 2º del presente proyecto de ley objetado por el Gobierno Nacional por razones de inconstitucionalidad, se desconoció el artículo 7º de la Ley 819 de 2003, el cual establece el análisis del impacto fiscal?. Exequible
CC SC 289 de 2009
Objeciones Presidenciales por inconstitucionalidad al Proyecto de Ley No. 096-06 Senado, 153-07 Cámara, "por medio del cual se modifica parcialmente la Ley 683 de 2001, "por la cual se establecen unos beneficios a favor de los veteranos sobrevivientes de la Guerra de Corea y el Conflicto con el Perú y se dictan otras disposiciones"". ¿La supresión de la condición de indigencia que debían tener los veteranos de las guerras de Corea y de Perú para acceder al subsidio allí previsto, desconoce la prohibición de otorgar auxilios a personas de derecho privado, resulta contraria al derecho a la igualdad y altera la sostenibilidad financiera del sistema pensional. Fundadas. INEXEQUIBLE

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 288 de 2009
Revisión de constitucionalidad del "Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000)" y la Ley aprobatoria No. 1203 del 4 de julio de 2008. Exequible

CIVIL

LABORAL

CC SC 287 de 2009
¿ La exención establecida en la norma demandada a los adquirientes en remates de bienes muebles e inmuebles que se realicen por el Martillo del "Banco Popular" - excluyéndose de la condición de sujetos pasivos del tributo a los adquirentes en remates llevados a cabo por otros establecimientos bancarios - se opone a la vigencia de un orden justo, la equidad tributaria y la libre competencia económica? Modificación legislativa a la naturaleza jurídica del Banco Popular - pérdida del monopolio del martillo. El tributo aplicable a las operaciones de martillo no constituye una tasa. La intención del legislador fue gravar las operaciones de martillo de manera genérica. Por ende, la sentencia adoptada por la Corte no implica una modificación del hecho generador del tributo previsto o de los sujetos pasivos previstos originalmente por el Congreso. Ley 11 de 1987, "por la cual se reglamenta el manejo y aprovechamiento de los depósitos judiciales y se dictan otras disposiciones". Art. 7 (parcial) : INEXEQUIBLE

FINANCIERO

TRIBUTARIO

CC SC 286 de 2009
Objeciones presidenciales al artículo 2° del Proyecto de Ley No. 129-07 Senado - 282-07 Cámara, "por medio de la cual la Nación se vincula a los 50 años de la desanexión del departamento del Putumayo al departamento de Nariño y se dictan otras disposiciones". ¿En el trámite de aprobación del artículo 2º del presente proyecto de ley objetado por el Gobierno Nacional por razones de inconstitucionalidad, se desconoció el artículo 7º de la Ley 819 de 2003, el cual establece el análisis del impacto fiscal? El Congreso está habilitado para autorizar al Gobierno la realización de ciertos gastos, sin que se vulnere la distribución de competencias entre el legislador y el ejecutivo. De esta manera, puede aprobar leyes que comporten gasto público y al Gobierno le corresponde decidirse si incluye o no en el respectivo proyecto de presupuesto esos gastos, ya que no se trata de una orden sino de una autorización. Es al Ministerio de Hacienda y Crédito Público al que le corresponde la carga de aportar al Congreso el estudio técnico del impacto fiscal del proyecto de ley que genere gasto público. Exequible
CC SC 285 de 2009
Revisión de la Ley 1222 de 2008, por medio de la cual se aprueba del a) "acta que institucionaliza el mecanismo del Plan Puebla-Panamá", firmada en Managua el 25 de marzo de 2004; b) el "Anexo que modifica el Acta que institucionaliza el Plan Puebla-Panamá", firmado en San José de Costa Rica, el 27 de octubre de 2006; c) el "Memorando de Entendimiento para la institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC)", firmado el 17 de mayo de 2005 en Villahermosa, México; d) el "Adendum No. 1 al Memorando de Entendimiento la institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC)" del 17 de mayo de 2007", suscrito en San José de Costa Rica, el 27 de octubre de 2006; y e) el "Convenio de Adhesión de Colombia al Acta que institucionaliza el mecanismo del Plan Puebla-Panamá", firmado en San José de Costa Rica, el 27 de octubre de 2006. EXEQUIBLE

TRANSPORTE

TELECOMUNICACIONES

AMBIENTAL

CC SC 284 de 2009
Decreto 044 de 2009, "por el cual se modifica parcialmente el Decreto 4334 de 2008, modificado por el Decreto 4705 de 2008". INEXEQUIBLE como consecuencia de la inexequibilidad del Decreto 4704 de 2008, mediante el cual se declaró el estado de emergencia social
CC SC 283 de 2009
Decreto 4705 de 2008, "por el cual se adiciona y modifica el procedimiento establecido en el Decreto 4334 de 2008, y se dictan otras disposiciones" . INEXEQUIBLE como consecuencia de la inexequibilidad del Decreto 4704 de 2008, mediante el cual se declaró el estado de emergencia social
CC SC 259 de 2009
¿Al establecerse la afiliación obligatoria de los trabajadores independientes al Sistema General de Pensiones, se incurrió en una omisión legislativa relativa, por cuanto el legislador dejó de consagrar en el supuesto de hechos de las normas acusadas el tipo de trabajadores independientes que están obligados a cotizar a pensión, dado que existen trabajadores independientes que sólo pueden cotizar para salud por falta de recursos para cotizar para pensión? Omisión legislativa subsanada con la expedición de la Ley 1250 de 2008. Ley 797 de 2003, "por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema genera de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales"; Arts. 1 y 3 (parciales) (Modificatorios de los arts. 13 y 15 de la ley 100 de 1993)

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 258 de 2009
Inhabilidades para concursar para el cargo de notario. Ley 588 de 2000, "por medio de la cual se reglamenta la actividad notarial"; Art. 4, Par. 2 : Estarse a lo resuelto

NOTARIAL

CC SC 257 de 2009
Decreto 4789 de 2008, "por el cual se dictan medidas en materia tarifaria de energía eléctrica". INEXEQUIBLE como consecuencia de la inexequibilidad del Decreto 4704 de 2008, mediante el cual se declaró el estado de emergencia social
CC SC 256 de 2009
Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Legislativo 045 de 2009 "Por el cual se establecen medidas para contrarrestar los efectos de la crisis social generada por la actividad de los captadores o recaudadores". INEXEQUIBLE por carecer de la motivación que es exigida por el inciso 2o. del artículo 215 de la Constitución Política

FINANCIERO

TRIBUTARIO

CC SC 255 de 2009
Decreto 4843 de 2008, "por el cual se modifica el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2008" INEXEQUIBLE Como consecuencia de la inexequibilidad del Decreto 4704 de 2008, mediante el cual se declaró el estado de emergencia social
CC SC 254 de 2009
Revisión constitucional del Decreto 4704 de 2008, "por el cual se declara el Estado de Emergencia Social por un período de treinta (30) días" : INEXEQUIBLE por carecer de la motivación que es exigida por el inciso 2o. del artículo 215 de la Constitución Política
CC SC 248 de 2009
, Revisión de constitucionalidad del Acuerdo de Complementación Económica No. 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la República de Colombia, los Estado Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela - Séptimo Protocolo Adicional", suscrito en Montevideo el 3 de agosto de 2005", y de la Ley 1211 del 16 de julio de 2008, por medio de la cual fue aprobado. : Exequible

COMERCIO

ADUANERO

CC SC 247 de 2009
Ley 1152 de 2007, "por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se dictan otras disposiciones". Estarse a lo resuelto en la C-175-09 que la declaró INEXEQUIBLE

AGRICULTURA

CONTRATACIÓN ESTATAL

CC SC 246 de 2009
Tanto los radiodifusores como los encargados de audiencias y espectáculos públicos, que usen o exploten las creaciones o producciones artísticas, literarias o científicas, tienen derecho a concertar con los autores o sus asociaciones las tarifas correspondientes. Ley 23 de 1982, "sobre derechos de autor"; Arts. 160 y 162 : Fallo inhibitorio
CC SC 245 de 2009
Ley 1152 de 2007, "por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se dictan otras disposiciones". Estarse a lo resuelto en la C-175-09 que la declaró INEXEQUIBLE

AGRICULTURA

CONTRATACIÓN ESTATAL

CC SC 244 de 2009
El plazo fijado por la Ley 100 para que el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud diseñara un programa para que los beneficiarios del régimen subsidiario alcanzaran el Plan Obligatorio del Sistema Contributivo fue derogado tácitamente por la Ley 1122 de 2007. Plan de acercamiento gradual sin fecha límite de concreción y en consecuencia. Ley 100 de 1993, "por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones"; Art. 162 : Fallo inhibitorio

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

CC SC 243 de 2009
¿Los artículos demandados, mediante los cuales se faculta al Fiscal General de la Nación para ordenar la captura de una persona solicitada en extradición o respecto de quien se haya concedido la misma, desconocen lo establecido en la Constitución Política, en cuanto omiten el control de legalidad de la medida restrictiva de la libertad, con lo cual, según el demandante, resultarían vulnerados los derechos a la igualdad, a la libertad individual y al debido proceso? Naturaleza jurídica de la extradición. Ley 906 de 1990, "por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Arts. 506, 509, 511 : Exequibles

PENAL

CC SC 242 de 2009
¿Circunscribir la función del Fondo de Prestaciones de las Empresas Productoras de Metales Preciosos al pago de las pensiones de los extrabajadores que para el 1 de enero de 1990 cumplían los requisitos para obtener la pensión, vulnera el derecho a la igualdad al excluir como beneficiarios del mismo, a los trabajadores que cumpliesen los requisitos para adquirir su derecho pensional con posterioridad a esa fecha? Ley 50 de 1990, "por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones"; Art. 113 (parcial): Exequible

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 241 de 2009
¿El establecer la imposibilidad de acogerse a lo decidido en la sentencia proferida con ocasión de una acción de grupo, para aquellas personas cuya acción individual haya prescrito o caducado, configura una vulneración de la igualdad, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia de las víctimas del hecho dañoso? Ley 472 de 1998, "por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones"; Art. 55 (parcial): INEXEQUIBLE

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 240 de 2009
¿En la tipificación el delito de reclutamiento ilícito, el legislador incurrió en una omisión legislativa de carácter relativo, al no incluir dentro de las conductas sujetas a sanción penal, la utilización de niños y de niñas en hostilidades o en acciones armadas y condicionar esa utilización a que la participación de los niños sea obligada? Ley 418 de 1997, "Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones"; Art. 14. Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal" Art. 162 : EXEQUIBLES. S.V

PENAL

CC SC 239 de 2009
Revisión constitucional del Decreto 4685 de 2008, "Por el cual se dicta una disposición en materia de extinción de dominio"; INEXEQUIBLE por consecuencia al declararse la inexequibilidad del Decreto que declaró el estado de excepción

PENAL

CC SC 228 de 2009
¿La conformación del grupo de sujetos gravados con la contribución parafiscal para la promoción del turismo del artículo 3º de la Ley 1101 de 2006, respeta los principios constitucionales de "singularidad" y "especialidad" derivados del principio de equidad en materia impositiva, que en el caso de las obligaciones parafiscales se traduce en la exigencia de homogeneidad de los miembros del grupo de obligados a estos pagos, de conformidad con los dispuesto por el artículo 20 del Estatuto Orgánico del Presupuesto? Ley 1101 de 2006, "por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General de Turismo- y se dictan otras disposiciones"; Art. 3 : Exequible

COMERCIO

TRIBUTARIO

CC SC 227 de 2009
¿La ineficacia de la interrupción del término de prescripción y la operancia de la caducidad cuando hay lugar a la nulidad del proceso desde la notificación del auto admisorio de la demanda, sin distinguir la causa de la nulidad, constituye (i) una limitación desproporcionada al derecho de acceso a la justicia del demandante que ha actuado en forma diligente; y (ii) un desconocimiento de la prevalencia del derecho sustancial en contra del ciudadano que ha presentado oportunamente su demanda? Se excluye la aplicación de la ineficacia en la interrupción de la prescripción y la operancia de la caducidad, en los casos en que las causales de nulidad previstas en los numerales 1o y 2o (falta de jurisdicción y competencia) del artículo 140 del Código de Procedimiento no se produzcan por culpa del demandante. Ley 794 de 2003, "por el cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el proceso ejecutivo", Art. 11 Num. 3 (Mod. el Art. 91 del C.P.C) : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 226 de 2009
Sanción a la usura. La realidad del crédito informal en Colombia. Estados de excepción -Restricciones en materia punitiva. Decreto 4450 de 2008, "por el cual se adiciona el artículo 305 del Código Penal". Adiciona un inciso al Art. 305 de la Ley 599 de 2000. INEXEQUIBLE. S.V

PENAL

COMERCIO

CC SC 225 de 2009
Decreto 4449 de 2008, "Por el cual se adiciona y modifica el Código Penal". INEXEQUIBLE. E l decreto no guarda conexidad directa y específica con los motivos por los cuales se declaró el estado de emergencia social, al resultar ajenas al delito de captación ilegal de recursos del público y referir más bien al lavado de activos. Modifica y adiciona los Arts. 325 y 325-A de la Ley 599 de 2000. S.V

PENAL

CC SC 224 de 2009
Captación masiva y habitual de dineros. Las medidas penales dictadas por el Ejecutivo durante el estado de emergencia social tendrán una vigencia máxima de un año, salvo que el Congreso les otorgue carácter permanente en ejercicio de su atribución constitucional. Revisión constitucional del Decreto 4336 de 2008, "por el cual se modifica el Código Penal". Art. 1 (Mod. el Art. 316 de la Ley 599 de 2000) : CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE. Art. 2 (Adiciona el Art. 316-A de la Ley 599 de 2000) : CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE. Aparte INEXEQUIBLE. S.V

PENAL

CC SC 196 de 2009
Proyecto de Ley No. 92 de 2006-Senado , 238 de 2008-Cámara, "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". La Constitución de 1991 ya no se contrae exactamente a la institución de las "objeciones presidenciales" a los proyectos de ley aprobados por el Congreso, sino que consagra la figura de las "objeciones gubernamentales". Fallo inhibitorio : Las objeciones fueron presentadas por el Presidente de la República y por el Ministro de Minas y Energía, que no era el Ministro correspondiente debido a (1) que el proyecto objetado se ocupa de establecer el procedimiento sancionatorio ambiental; (2) que las normas específicas objetadas no se refieren a la minería o la energía y (3) que los argumentos presentados en contra de dichas normas eran de carácter general, ni referidos al área de la minería o la energía.

AMBIENTAL

CC SC 195 de 2009
Revisión de constitucionalidad del "´Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo´, adoptado en la octogésima quinta (85ª) reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, el diecinueve (19) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997)" y la Ley aprobatoria No. 1197 del 5 de junio de 2008. EXEQUIBLE.

LABORAL

CC SC 177 de 2009
¿Restringir la participación de una persona en futuros concursos notariales, por haber perdido otro u otros con antelación, obedecen a condiciones de razonabilidad y proporcionalidad? Postulado básico de los concursos para proveer cargos de carrera: Igualdad de acceso y participación. Decreto 960 de 1970, "por la cual se expide el estatuto del Notariado"; Art. 167 : INEXEQUIBLE

NOTARIAL

CC SC 176 de 2007
Revisión de Constitucionalidad del Decreto 021 de 2009, "Por el cual se levanta el Estado de Conmoción Interior. Al haber desaparecido el fundamento jurídico para expedir el decreto que decreto el estado de conmoción interior declarado mediante el Decreto 3929 de 2008, consecuencialmente el Decreto Legislativo 021 de 2009 deviene inconstitucional.
CC SC 175 de 2009
Ley 1152 de 2007, "por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se dictan otras disposiciones". ¿Resulta esta ley contraria a la Constitución Política, por haber omitido el deber de efectuar la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes? INEXEQUIBLE. S.V

CONTRATACIÓN ESTATAL

CC SC 174 de 2009
¿La condición prevista en la norma impugnada, para reconocer cuatro (4) u ocho (8) días de licencia de paternidad, según la madre esté o no cotizando al Sistema General de Seguridad Social en Salud, vulnera la garantía de protección especial a la familia, el derecho de igualdad y los derechos fundamentales de los niños consagrados en la Constitución y en convenios internacionales de derechos humanos? Ley 755 de 2002, "por la cual se modifica el parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo"; Art. 1(parcial) (Modificatorio del Par. del Art. 236 del C.S.T) : INEXEQUIBLE

LABORAL

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

CC SC 173 de 2009
Objeciones presidenciales al artículo 2º del Proyecto de Ley No. 065\06 Senado No. 206\07 Cámara, "por medio de la cual se regula lo atinente a los requisitos y procedimientos para ingresar al servicio educativo estatal en las zonas de difícil acceso y se dictan otras disposiciones. Al establecer el artículo demandado incentivos a docentes en zonas de difícil acceso, ¿desconoció el legislador la competencia constitucional de los órganos de representación política de las entidades territoriales, para fijar la escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleo de los departamentos, municipios y distritos? ¿contraría el artículo 21 de la Ley Orgánica 715 de 2001, la cual establece que con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones, no pueden crearse prestaciones ni bonificaciones por parte de las entidades territoriales? ¿si la contratación anual de capacitación para los docentes vinculados para el servicio en zonas de difícil acceso, resulta contraria al artículo 151 superior, por desconocer las normas orgánicas que confieren a las entidades territoriales la aplicación y ejecución de los planes de mejoramiento de la calidad de la educación en su jurisdicción? El grado de autonomía que la Constitución reconoce a las entidades territoriales no es absoluto. El diseño de competencias y atribuciones previsto por la Carta Política prevé que las decisiones del Legislador y del Gobierno Nacional respecto al régimen salarial de los servidores públicos, conforma el parámetro para la determinación de las escalas salariales por parte de las entidades territoriales.

EDUCACIÓN

LABORAL ADMINISTRATIVO

CC SC 172 de 2009
Revisión oficiosa del Decreto 4591 de 2008, "por el cual se dictan medidas para extender la oferta de servicios financieros a las personas de menores ingresos de la población y se dictan otras disposiciones". Operaciones con el fin de incentivar el otorgamiento de crédito en las regiones afectadas por los hechos que derivaron en la declaratoria de Emergencia Social por medio del Decreto 4333 de 2008. Cuentas de ahorro electrónicas. Beneficios económicos y tributarios, otorgados a establecimientos de crédito y cooperativas para incentivar estos créditos. Exequible

FINANCIERO

CC SC 151 de 2009
Asistentes permitidos al trámite de audiencia de control de legalidad. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal". Art. 237 (parcial) : Estarse a lo resuelto C-025-09

PENAL

CC SC 150 de 2009
Ley 1198 de 2008. Aprobatoria del "Convenio entre la República de Colombia y la Confederación Suiza sobre la Promoción y la Protección recíproca de Inversiones y su Protocolo", celebrados el 17 de mayo de 2006 en Berna, Suiza. EXEQUIBLE. S.V: Asignación a tribunales de arbitramento internacionales la solución de las controversias que se originen en el desarrollo del presente Convenio, representa una renuncia a la soberanía en materia de administración de justicia por jueces nacionales.

COMERCIO

FINANCIERO

VALORES

CC SC 149 de 2009
¿Exigir como una de las calidades requeridas para ser Defensor de Familia, estudios de postgrado en las áreas de derecho enunciadas en el numeral acusado, vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes a ese cargo, al excluir sin justificación alguna otros programas de postgrado que guardan relación con los señalados en la norma?. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia"; Art. 80, Num. 3: CONDICIONALMENTE exequible

FAMILIA

CC SC 146 de 2009
Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto 4490 de 2008, "por el cual se modifica el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2008 y se dictan otras disposiciones". Modifica la Ley 1169 de 2007 con el fin de atender los gastos ocasionados por las medidas requeridas para atender el Estado de Excepción. Exequible
CC SC 145 de 2009
Decreto 4334 de 2008, "por el cual se expide un procedimiento de intervención en desarrollo del Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008". Análisis de constitucionalidad sobre las medidas adoptadas en la norma demandada para la intervención del Gobierno Nacional, por conducto de la Superintendencia de Sociedades, de oficio o a solicitud de la Superintendencia Financiera de Colombia, en los negocios, operaciones y patrimonio de las personas naturales o jurídicas que desarrollan o participan en operaciones de captación o recaudo sin la debida autorización estatal. Estados de excepción : Deben cumplir con los lineamientos establecidos por la constitución y la ley, además de guardar estrecha relación con el fenómeno objeto de intervención. Art. 7 Lit. h) : INEXEQUIBLE. Arts. 5, 6, 7 y 9 (parciales) : CONDICIONALMENTE exequibles

FINANCIERO

CC SC 144 de 2009
¿La expresión "podrán" contenida en el inciso segundo del artículo 114 y en el artículo 120 de la Ley 769 de 2002, en cuanto facultad atribuida a las entidades territoriales del tránsito para ordenar el retiro de elementos obstaculicen el avistamiento de las señales de tránsito en la vía pública y disponer la ubicación de reducidores de velocidad o de resaltos en zonas de alta accidentalidad, compromete los derechos a la vida e integridad física de las personas, al dejar a su arbitrio la adopción de medidas de prevención de la accidentalidad y movilización segura en la vía pública? Ley 769 de 2002, "por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito terrestre y se dictan otras disposiciones"; Arts. 114 y 120 (parciales) : Exequibles

TRANSPORTE

CC SC 136 de 2009
Revisión de constitucionalidad del Decreto legislativo No 4335 del 17 de noviembre de 2008, "Por el cual se asignan funciones a los Alcaldes y Gobernadores en desarrollo del Decreto No 4333 de noviembre de 2008, "por el cual se declara el Estado de Emergencia Social"". Exequible la facultad otorgada a los alcaldes y gobernadores para cierre preventivo del establecimiento de comercio, local, oficina o cualquier lugar donde se desarrollen las actividades origen del estado de emergencia social. Para la Corte el artículo 2 de la norma demandada que establece como falta gravísima depositar o entregar recursos a las personas que desarrollen las actividades descritas en el artículo 1 del Decreto 4334 de 2008, o en las normas que lo modifiquen o adicionen, no guarda relación de conexidad con los motivos invocados, al igual que presenta un alto grado de indeterminación y desconoce los principios de proporcionalidad y legalidad. Evolución de la protección internacional de los derechos humanos bajo el estado de excepción. Principios de los estados de excepción. Principales anomalías o desviaciones en la aplicación del Estado de Excepción. Derecho a la propiedad privada. Art. 1: Exequible. Art. 2 (Adiciona numeral al Art. 48 de la Ley 734 de 2002) : INEXEQUIBLE. S.V

DERECHO DISCIPLINARIO

FINANCIERO

COMERCIO

CC SC 135 de 2009
Revisión de constitucionalidad del Decreto 4333 de diecisiete (17) de noviembre de 2008 "Por el cual se declara el Estado de Emergencia Social". La perturbación ocasionada por las actividades de captación no autorizada de los recursos del público afectaba de manera grave e inminente el orden social. Exequible. S.V
CC SC 134 de 2009
¿Puede el legislador en uso de facultades extraordinarias establecer el cobro de credenciales y licencias a los servicios de vigilancia y seguridad privada y facultar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para determinar el valor y las sumas por concepto de tales credenciales y licencias? La ley de facultades extraordinarias (Ley 61 de 1993) no estableció las tasas por concepto de credenciales y licencias imponibles de servicios de vigilancia y seguridad privadas. La ley habilitante sólo aludió a constitución, licencias de funcionamiento y renovación y en general, al régimen del servicio de vigilancia y seguridad privada, sin especificar los sujetos activos y pasivos, ni el hecho y base gravable, ni los parámetros para determinar las tarifas. Fue el Decreto Ley 356 de 1994 en sus artículos 87 y 111, que previó la existencia de dichas tasas, lo que conduce a la inexequibilidad del cobro autorizado a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por desconocer la prohibición establecida en el numeral 10 del artículo 150 de la Carta Política, para decretar tributos por la vía de la habilitación legislativa, esto es a través de decretos-leyes. Decreto 356 de 1994, "por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada"; Arts. 87 y 111 : Apartes INEXEQUIBLES
CC SC 133 de 2009
¿Constituye una violación de los derechos al debido proceso y a la propiedad privada, autorizar a la sociedad para readquirir, previa aprobación de la asamblea de accionistas, las acciones inscritas en el mercado público de valores, cuyos poseedores no hubieren ejercido durante veinte (20) años, ninguno de los derechos consagrados en la ley o en los estatutos sociales? Generalidades del Mercado Público de Valores y la propiedad accionaria. Requisitos que deben cumplirse para la privación de la titularidad del derecho de propiedad privada contra la voluntad de su titular. Ley 510 de 1999, "por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades"; Art. 70 : INEXEQUIBLE

VALORES

COMERCIO

CC SC 132 de 2009
Ley 117 de 1994, "por la cual se crea la cuota de fomento avícola y se dictan normas sobre su recaudo y administración". ¿Al disponerse que la administración de los recursos del Fondo Nacional Avícola debe contratarla el Gobierno con la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, FENAVI, vulnera el derecho de participación de todos los avicultores en las decisiones que los afectan económicamente y el derecho de competir en igualdad de oportunidades en la administración de dichos recursos? Las contribuciones parafiscales. Alcance de la facultad del legislador para establecer su régimen jurídico. Recursos de naturaleza parafiscal, características especiales de los mismos para efectos de su administración y el alcance de la facultad del legislador para establecer su régimen jurídico, de conformidad con los lineamientos fijados en la jurisprudencia constitucional. La Corte advirtió que en el momento en que FENAVI deje de cumplir con los requisitos de representatividad nacional del sector avícola o de organización y funcionamiento interno democrático, o se venza el contrato celebrado con dicha Federación o haya lugar a la declaratoria de caducidad del mismo, el Gobierno Nacional puede escoger una entidad, asociación o federación del sector avícola para celebrar un nuevo contrato, que reúna esas características y con observancia de los principios de la contratación estatal que garantizan la igualdad de condiciones en la postulación de los oferentes para dicha administración. Conviene precisar, que para la jurisprudencia el hecho de que a la luz del artículo 150-9 superior exista la posibilidad de que el legislador opte por autorizar al Ejecutivo para celebrar el contrato de administración, "no es óbice para que el Congreso, si así lo decide, ejerza esta competencia que, constitucionalmente le es propia". Art. 9 : Exequible
CC SC 131 de 2009
Ley 1142 de 2007, "por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana". ¿Al no indicarse que la orden de allanamiento y registro expedida por el fiscal debe señalar "con precisión" los bienes objeto de la misma, afecta la inviolabilidad de domicilio (Art. 14)?; ¿La prórroga de una orden de interceptación de comunicaciones telefónicas y similares, "a juicio del fiscal", atenta contra el derecho a la intimidad y la reserva judicial (Art. 15); ¿El establecimiento de un término máximo de 24 horas para llevar a cabo la audiencia del control de legalidad posterior al cumplimiento y no a la expedición de las órdenes de registro y allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o recuperación de información dejada al navegar por Internet, desconoce el artículo 250 de la Constitución (Art. 16)? El derecho a la intimidad no es absoluto, por lo que puede limitarse dentro del proceso penal, siempre que se guarde la garantía de la reserva judicial para autorizar su restricción. Art. 14 y 16 (Modificatorios de los Arts. 222 y 237 de la Ley 906 de 2004) : Exequibles. Art. 15 (Modificatorio del Art. 235 de la Ley 906 de 2004): Condicionalmente exequible

PENAL

CC SC 94 de 2009
Revisión Constitucional del "Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de Australia y el Gobierno de Colombia sobre Cooperación en el campo de la Educación y la Capacitación", suscrito el seis (6) de Agosto de 2002, y de la Ley 1226 de 2008 aprobatoria del mismo.. S.V: Publicación previa

EDUCACIÓN

CC SC 73 de 2009
Decreto 3990 de 2008, "Por el cual se otorgan facultades a la Sala Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se dictan otras disposiciones". Como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 3929 de 2009, se declara INEXEQUIBLE
CC SC 72 de 2009
Revisión constitucional del Decreto 3955 de 2008, "Por el cual se otorgan facultades a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y se dictan otras disposiciones". Al haberse declarado la inexequibilidad del Decreto 3929 de 2008, "por el cual se dispuso el Estado de Conmoción Interior", desapareció la causa jurídica que sirvió de fundamento para dictar el Decreto objeto de revisión, dicha preceptiva consecuencialmente deviene inconstitucional.INEXEQUIBLE

PENAL

CC SC 70 de 2009
Decreto 3929 de 2008, "Por el cual se declara el estado de conmoción interior". Consideraciones sobre el régimen de los estados de excepción en la Constitución de 1991 - Límites, controles, requisitos, garantías, principios -. INEXEQUIBLE
CC SC 71 de 2009
Control automático de constitucionalidad: Decreto Legislativo 3930 del 9 de octubre de 2008, "Por el cual se otorgan facultades a la Sala Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se dictan otras disposiciones" (expedido en desarrollo del Decreto Legislativo 3929 de 2008, por medio del cual se declaró el estado de conmoción interior). . INEXEQUIBLE por consecuencia
CC SC 69 de 2009
¿Vulnera el derecho de defensa, las garantías propias del debido proceso penal y los principios de dignidad humana y efectividad de los derechos, y del derecho a la igualdad cuando la norma demandada obliga a la Fiscalía a exponer la teoría del caso en la declaración inicial del juicio, mientras lo deja como una potestad para la defensa del acusado? Lejos de ser vista como una restricción al derecho de defensa o del debido proceso en el juicio oral, la facultad que le brinda la norma acusada debe ser interpretada como una garantía adicional para el sindicado, que le permite de antemano conocer la hipótesis de trabajo de su contraparte y, de ser necesario, reconfigurar su postura defensiva, sin que por ello se vea afectada su credibilidad, como sí ocurriría cuando ya ha hecho expresa su hipótesis, pero luego decide replantearla teniendo en cuenta la dinámica del proceso y el desarrollo probatorio durante el juicio. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Art. 371 : exequible

PENAL

CC SC 68 de 2009
La prórroga automática de los contratos de concesión si es inconstitucional por comportar una limitación irrazonable a la libre competencia económica. Contrato de concesión portuaria.¿Las prórrogas de las concesiones de los puertos marítimos por períodos de "hasta 20 años más y sucesivamente", vulneran el derecho de participación en la vida económica de la Nación, el interés general, el derecho a la igualdad, el derecho de acceder a la propiedad del Estado y la libertad económica, al autorizar una "privatización" indirecta de los puertos? ¿dichas prórrogas devienen en indefinidas, carentes de límites razonables y violan el derecho de participar en la vida económica, el acceso a la propiedad y la libre competencia en igualdad de condiciones? La posibilidad de prorrogar el término de los contratos no implica en sí misma una limitación a la libre competencia. Para la Corte, la posibilidad de prórroga de las concesiones portuarias se limita a una sola vez. Ley 1 de 1991, "por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones"; Art. 8, "prórrogas sucesivas" : INEXEQUIBLE. Condiciona el resto del aparte normativo acusado, a que la facultad que autoriza la ley para que el Gobierno, excepcionalmente, convenga un plazo mayor, deberá tener en consideración, además de los parámetros establecidos en la ley, criterios objetivos que contribuyan a la mejor prestación de los servicios públicos portuarios.

CONTRATACIÓN ESTATAL

CC SC 68 de 2009
La prórroga automática de los contratos de concesión si es inconstitucional por comportar una limitación irrazonable a la libre competencia económica. Contrato de concesión portuaria.¿Las prórrogas de las concesiones de los puertos marítimos por períodos de "hasta 20 años más y sucesivamente", vulneran el derecho de participación en la vida económica de la Nación, el interés general, el derecho a la igualdad, el derecho de acceder a la propiedad del Estado y la libertad económica, al autorizar una "privatización" indirecta de los puertos? ¿dichas prórrogas devienen en indefinidas, carentes de límites razonables y violan el derecho de participar en la vida económica, el acceso a la propiedad y la libre competencia en igualdad de condiciones? La posibilidad de prorrogar el término de los contratos no implica en sí misma una limitación a la libre competencia. Para la Corte, la posibilidad de prórroga de las concesiones portuarias se limita a una sola vez. Ley 1 de 1991, "por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones"; Art. 8, "prórrogas sucesivas" : INEXEQUIBLE. Condiciona el resto del aparte normativo acusado, a que la facultad que autoriza la ley para que el Gobierno, excepcionalmente, convenga un plazo mayor, deberá tener en consideración, además de los parámetros establecidos en la ley, criterios objetivos que contribuyan a la mejor prestación de los servicios públicos portuarios.

CONTRATACIÓN ESTATAL

CC SC 36 de 2009
Objeciones al Proyecto de Ley No. 207 de 2007 Senado, 192 de 2006 Cámara, "por la cual se reglamenta la atención integral de los niños y las niñas de la primera infancia de los sectores clasificados como 1, 1 y 3 del SISBEN". Objeciones a la financiación de las acciones en ella contenidas para la primera infancia. Art. 16 : infundadas

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

CC SC 35 de 2009
¿A la luz del principio de autonomía de las entidades territoriales en materia impositiva, la autorización legal a los concejos municipales y de Bogotá, para crear el impuesto de delineación en los casos de construcción de nuevos edificios o de refacción de los existentes, incurre en un defecto en la precisión de los elementos de la obligación tributaria, como lo exige el artículo 338 de la Constitución; o si puede considerarse que tal defecto no existe, pues dicha determinación puede ser librada a la competencia de dichas entidades? La jurisprudencia ha admitido que los elementos de la obligación tributaria sean determinados por las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales, pero dentro de unos parámetros mínimos que deben ser señalados por el legislador: (i) la autorización del gravamen por la ley y (ii) la delimitación del hecho gravado. Decreto 1333 de 1986, "por el cual se expide el Código de Régimen Municipal"; Art. 233, Lit. 6 : EXEQUIBLE
CC SC 34 de 2009
¿La falta de publicidad del informe de ponencia o su publicación posterior a la iniciación del trámite legislativo, genera la inconstitucionalidad de la ley demandada y si, en este caso, se cumplió con la exigencia regulada en el Art. 156 del Reglamento del Congreso respecto de la publicidad de la ponencia? Interpretación del Art. 156: La publicación de la ponencia puede hacerse en la Gaceta del Congreso, previa al inicio del debate parlamentario o mediante la reproducción del documento por cualquier medio mecánico y la consiguiente distribución entre los miembros de la Comisión con posterioridad al debate. Ley 1151 de 2007, "por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010" : EXEQUIBLE. SV
CC SC 33 de 2009
Acto Legislativo 02 de 2007, "por medio del cual se modifican los artículos 328 y 356 de la Constitución Política de Colombia". ¿Resulta exequible una parte del Acto Legislativo 2 de 2007, que no fue aprobada en una de las Cámaras en los debates reglamentarios, ni en la primera vuelta, ni en la segunda vuelta, pero finalmente fue aprobada por el pleno de ambas Cámaras al votar el informe de conciliación?;¿Se viola el principio de unidad de materia al incluir en una reforma constitucional que convierte un municipio -en este caso, Buenaventura- en un Distrito Especial, otras disposiciones normativas que tienen por objeto convertir otros municipios del país en distritos especiales, de la misma o distinta clase que el primero o limitar el ingreso que le corresponde a distritos especiales existentes, del Sistema General de Participaciones? Revisado el trámite cursado por el Acto Legislativo 2 de 2007, se constató que nunca se sometió a debate ni a votación, la propuesta de convertir las ciudades de Tumaco, Popayán, Turbo, Tunja y Cúcuta en Distritos Especiales. De igual manera, el parágrafo del artículo 2º del mencionado acto legislativo, que fija un límite mínimo a los ingresos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta sólo fue aprobado en el Senado, sin que hubiera sido debatido y aprobado en la Cámara de Representantes. Art. 1 "Tumaco" e incisos 2, 3, 4, y 5 : INEXEQUIBLES. Art. 2, Parágrafo : INEXEQUIBLE. SV
CC SC 32 de 2009
Revisión oficiosa de la Ley 1199 de 2008 "Por medio de la cual se aprueba el Protocolo por el que se Enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC", hecho en Ginebra, Suiza, el 6 de diciembre de 2005."(productos farmaceuticos). Exequible. SV. -

COMERCIO EXTERIOR

CC SC 31 de 2009
Revisión automática del "Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Chile, Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica para el Establecimiento de un Espacio Económico Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre de 1993", suscrito en Santiago, Chile, el 27 de noviembre de 2006, y de la Ley 1189 de 2008, por medio del cual fue aprobado.. : Exequible. EXHORTA al Gobierno Nacional para que remita al Congreso de la República el texto del "Acuerdo de Complementación Económica para el establecimiento de un Espacio Económico Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24)". S.V.

COMERCIO EXTERIOR

CC SC 30 de 2009
¿Al establecer el legislador que la pensión especial de vejez para trabajadores en actividades de alto riesgo sólo se reconoce a quienes estén afiliados al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, vulnera el derecho a la igualdad? ¿Desconoce el derecho a la igualdad establecer que los trabajadores que se dediquen a actividades de alto riesgo afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad deban trasladarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida en un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la publicación de las respectivas normas, para que puedan ser beneficiarios de la pensión especial de vejez por ejercer ese tipo de actividades? El cómputo del plazo de tres meses para que el trabajador beneficiario del régimen pensional especial de las actividades de alto riesgo, se traslade al Régimen de Prima Media, deberá comenzar a contarse a partir de la comunicación de la presente sentencia y la persona que ejerza la opción, puede aportar voluntariamente los recursos adicionales necesarios en el evento de que el ahorro en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad sea inferior al monto del aporte legal correspondiente, en caso de que hubieren permanecido en el Régimen de Prima Media. 1) Decreto 2090 de 2003, "por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades"; Art. 3 : exequible, Art. 9 : CONDICIONALMENTE exequible. 2) Ley 860 de 2003, "por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones"; Art. 2, Par. 6 : CONDICIONALMENTE exequible.3) Decreto 2091 de 2003, "por el cual se reforma el régimen de pensiones de los servidores públicos del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS" : INEXEQUIBLE por consecuencia

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 29 de 2009
La Corte reconoce igualdad de trato entre las parejas heterosexuales y las conformadas por personas del mismo sexo, en aspectos como: Patrimonio de familia inembargable y afectación de bienes inmuebles a vivienda familiar. Obligación civil de prestar alimentos. Normas que consagran derechos de carácter migratorio para las parejas heterosexuales. Normas que consagran la garantía de no incriminación en materia penal, penal militar y disciplinaria. Normas que consagran el beneficio de prescindir de la sanción penal. Circunstancias de agravación punitiva. Normas penales y preventivas sobre delitos que tiene como sujeto pasivo al compañero o compañera permanente. Normas que consagran derechos a la verdad a la justicia y a la reparación de las víctimas de crímenes atroces. Medidas de protección civil a favor de las víctimas de crímenes atroces. Prestaciones en el régimen pensional y de salud de la fuerza pública. Subsidio familiar en servicios. Subsidio familiar para vivienda. Acceso a la propiedad en la tierra. Beneficiarios de las indemnizaciones del SOAT por muerte en accidente de tránsito. Límites al acceso y ejercicio de la función pública y celebración de contratos estatales. Normas demandadas: Código Civil; Arts. 411, y 457. Ley 70 de 1931; Arts. 1 y 4 (Mod. por la Ley 495 de 1999. Ley 21 de 1982; Arts. 1 y 27. Ley 3 de 1991; Art. 7. Ley 5 de 1992; Arts. 283 y 286. Ley 43 de 1993; Art. 5 (Mod. por el Art. 39 de la Ley 962 de 2005). Ley 80 de 1993; Art. 8. Ley 100 de 1993; Art. 244 (Modifica el EOSF; Art. 194). Ley 190 de 1995; Art. 14. Ley 258 de 1996; Art. 12. Ley 294 de 1996; Art. 2. Ley 387 de 1997; Art. 2. Ley 522 de 1999; Arts. 222, 229 (Mod. por el Art. 33 de la Ley 1142 de 2007), 236, 431 y 495. Ley 589 de 2000; Arts. 10 y 11. Ley 599 de 2000; Arts. 34, 104 (Mod. por la Ley 1257 de 2008), 170, 179, 188-B (Adic. por el Art. 3 de la Ley 747 de 2002), 233, 245, y 454-A (Adic. por el Art. 13 de la Ley 890 de 2004). Ley 734 de 2002; Arts. 40, 71 y 84. Ley 906 de 2004; Arts. 8-b, 282, 303 y 385. Ley 923 de 2004; Art. 3. Ley 971 de 2005; Arts. 14 y 15. Ley 975 de 2005; Arts. 5, 7, 15, 47, 48, y 58. Ley 986 de 2005; Art. 2. Ley 1148 de 2007; Art. 1 (Modifica el Art. 49 de la Ley 617 de 2000). Ley 1152 de 2007; Arts. 61, 62, 159, 161 y 172. Ley 1153 de 2007; Art. 18. Ley 1181 de 2007; Art. 1; Decreto 2762 de 1991; Arts. 2 y 3. Decreto 1795 de 2000; Art. 24.

CIVIL

CONTRATACIÓN ESTATAL

FAMILIA

PENAL

CC SC 28 de 2009
Decreto 2303 de 1989, "por la cual se crea y organiza la jurisdicción agraria"; Decreto en su totalidad y Art. 98 : Fallo inhibitorio. El cargo formulado por la demandante contra el Decreto 2303 de 1989 en su integridad por contrariar el numeral 10 del artículo 150 constitucional, en relación con la prohibición de que el Congreso confiera facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir códigos, se declarará inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo al advertir que la actora omitió demandar la Ley 30 de 1987 la cual, al revestir al Presidente de las facultades extraordinarias en virtud de las cuales profirió el Decreto censurado, era la norma que eventualmente podría trasgredir el texto constitucional, de manera que se configura una ineptitud sustantiva de la demanda. Advierte la Corte adicionalmente que los códigos expedidos antes de la vigencia de la Constitución Política de 1991, dictados por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias conferidas por el legislador, no devienen inexequibles por este aspecto. En relación con el Art. 98, se parte de un presupuesto erróneo, cual es el de que las autoridades de policía han sido privadas de la competencia para adelantar procesos de lanzamiento por ocupación de hecho en predios agrarios
CC SC 27 de 2009
Afiliación voluntaria de los extranjeros con contrato de trabajo en el país al Sistema General de Pensiones. Ley 100 de 1993, "por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones"; Art. 15 (parcial) (Mod. por la Ley 797 de 2003; Art. 3) : Fallo inhibitorio

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 26 de 2009
¿Conferir a la Procuraduría General de la Nación el conocimiento de los procesos disciplinarios de ECOPETROL S.A. que no tengan apertura de investigación y aquellos que no hayan culminado en la Oficina de Control Disciplinario Interno después de pasados dos años de la conversión de esta empresa en sociedad de economía mixta, configura una vulneración de los principios de la administración pública contemplados en el artículo 209 de la Constitución y desnaturaliza la concepción del poder disciplinario preferente prevista en el numeral 6 del artículo 277 de la Carta Política? La Oficina de Control Disciplinario Interno de ECOPETROL S.A. continuará conociendo de los procesos de investigación disciplinaria de sus trabajadores, Toda vez que sus trabajadores conservan el carácter de servidores públicos. Ley 1118 de 2006, "por el cual se modifica la naturaleza jurídica de ECOPETROL S.A. y se dictan otras disposiciones"; Art. 8 (parcial) : INEXEQUIBLE

DERECHO DISCIPLINARIO

CC SC 25 de 2009
¿Desconocen los derechos a la defensa técnica al debido proceso y a la igualdad, las normas acusadas, si de ellas se concluye que no permiten la participación del indiciado y de su defensor en la audiencia de revisión de legalidad de las diligencias en ellas previstas, cuando las mismas se llevan a cabo en la etapa de indagación preliminar? En las normas impugnadas solamente se entiende garantizado el derecho de defensa en la medida en que éstas sean interpretadas en el sentido de que se permita la participación del indagado y su apoderado durante el trámite de la audiencia de revisión de legalidad de las diligencias, independientemente de que ésta se realice antes o después de formulada la indagación o en la etapa de investigación. Ley 906 de 2004, "por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Arts. 237, 242, 243, 244 y 245 (Parciales) : CONDICIONALMENTE exequibles. Aparte Art. 237 : INEXEQUIBLE. S.V

PENAL