Documentos Oficiales
 
2012 33 Comunicado de Prensa de 22 y 23 de agosto de 2012
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
CC SC 645 de 2012
La disminución en una cuarta parte del beneficio punitivo consagrado en el Art. 351 de la Ley 906 de 2004, debe extenderse a todas las oportunidades procesales en las que es posible al sorprendido en flagrancia allanarse a cargos y suscribir acuerdos con la Fiscalía General de la Nación. Ley 1453 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad"; Art. 57Par. (Mod. el Art. 301 de la Ley 906 de 2004) : Condicionalmente EXEQUIBLE

PENAL

CC SC 644 de 2012
¿Desconocen el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de los trabajadores agrarios establecido en los artículos 60 y 64 de la Constitución, las disposiciones demandadas mediante las cuales se eliminan las restricciones -establecidas en la ley 160 de 1994- a la enajenación de predios rurales, cuando su propietario lo hubiere adquirido como consecuencia de la adjudicación de bienes baldíos o del otorgamiento de un subsidio integral de tierras? Las normas acusadas resultan contrarias a los citados preceptos constitucionales, porque permiten la enajenación o aporte de tierras originalmente baldías o adquiridas mediante subsidio integral, aun cuando se forme una propiedad que tenga áreas superiores a las fijadas para las UAF, lo cual desvirtúa las prohibiciones contempladas en el artículo 72 de la Ley 160 de 1994 y permite que los recursos públicos se destinen a la adquisición de predios que originalmente son del Estado, por cualquier persona natural o jurídica que no necesariamente pertenecen al grupo social beneficiario de la medida prestacional del Estado. La misma infracción se encuentra en la autorización de entrega en usufructo de esos terrenos. El levantamiento de las restricciones previstas en al Ley 160 de 1994 implica que la tierra protegida por éstas, deja de ser exclusiva de los trabajadores agrarios, que terminan convertidos en asalariados en los proyectos que se adelanten en sus antiguas propiedades y reduce su posibilidad de acceso a la tierra. Además, se trata de medidas que no son necesarias, puesto que la realización de proyectos agropecuarios y forestales puede efectuarse a través de mecanismos menos lesivos y no resultan proporcionadas, puesto que implican un perjuicio mayor al beneficio que se puede alcanzar con otro tipo de instrumentos. Ley 1450 de 2011, "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014"; Arts. 60, 61 y 62 (Adic. los Arts. 72 A y B y mod. el Art. 83 de la Ley 160 de 1994, respectivamente)
CC SC 643 de 2012
¿Imponer a las entidades territoriales el pago directo y con cargo a su presupuesto, de las conciliaciones, condenas e indemnizaciones y cualquier otra forma de resolución de conflictos de las contralorías implica un desconocimiento de los principios de moralidad y eficiencia en el ejercicio de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución? Este cargo prospera al desestimular drásticamente la eficiencia en el manejo presupuestal y en la gestión administrativa de las contralorías y eventualmente, la moralidad administrativa, en la medida en que los gastos que se generan de la actuación de estos órganos de control no serían pagados por éstos sino que impactarían directamente el presupuesto de los respectivos entes territoriales y con ello, la disponibilidad presupuestal en la cual se basa el plan sectorial de desarrollo que se afecta de manera importante, al cargarse esos emolumentos a las finanzas territoriales, poniendo en riesgo el adelantamiento de dicho plan y el cumplimiento de las funciones a cargo de las entidades que tienen mayor peso, pues afecta la ejecución de su presupuesto en desmedro de los objetivos, programas y planes de desarrollo sectorial. Adicionalmente desconoce abiertamente la autonomía territorial, como quiera que al asignar a las entidades territoriales el pago de las condenas, conciliaciones e indemnizaciones de las respetivas contralorías, deriva en un aumento de los costos de la administración territorial, que no dependen de la decisión tomada en materia presupuestal por las autoridades y órganos locales. Ley 1416 de 2010, "por medio de la cual se fortalece al ejercicio del control fiscal"; Art. 3 : INEXEQUIBLE
CC SC 642 de 2012
Inepta demanda en relación con el artículo 6 de la Ley 91 de 1989, "por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio"

EDUCACIÓN

CC SC 641 de 2012
¿Se Requería realizar la consulta previa, libre e informada, a las comunidades afrodescendientes, raizales y-o población gitana o ROM para la Ley 1438 de 2011 "Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones"? No requería consulta previa, pues no constituye una medida legislativa que afecte de manera directa y específica a las minorías étnicas indicadas en las demandas. Exequible

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

CC SC 640 de 2012
Objeciones presidenciales al Proyecto No. 54 de 2010-Senado, 170 de 2010-Cámara, "Por el cual se implementa el retén social, que garantiza la estabilidad laboral a grupos vulnerables y se dictan otras disposiciones". La medida desconoce la transitoriedad que caracteriza a los nombramientos en provisionalidad en cargos de carrera administrativa, al permitir a los sujetos que se encuentran en las condiciones previstas en la norma, la permanencia en el mismo por tiempo indefinido, lo cual daría lugar no solo a la vulneración de la carrera administrativa, sino también al principio de igualdad de oportunidades. La Corte reiteró que los nombramientos en provisionalidad en cargos de carrera administrativa, así sea por un período largo de tiempo, no pueden generar expectativas de estabilidad laboral, puesto que de acuerdo con su naturaleza, son nombramientos con estabilidad precaria, circunstancia conocida desde su inicio por quien es nombrado en esas condiciones. Fundadas las objeciones y en consecuencia, declaró inexequibles los literales a), d) y e) del artículo 1, así como el artículo 2 del proyecto de ley