Documentos Oficiales
 
2012 21 Comunicado de Prensa de 30 y 31 de mayo de 2012
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
CC SC 398 de 2012
Cosa juzgada respecto de la no exigencia de consulta previa a comunidades étnicas en relación con el control a la explotación ilícita de minerales regulado en el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011, "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo". Inepta demanda en relación con la demanda a los artículos 107 y 112

ASUNTOS INDÍGENAS

CC SC 397 de 2012
Cosa juzgada respecto del vicio de forma aducido en la presente demanda, en el trámite del Acto Legislativo 3 de 2011 que estableció el principio de sostenibilidad fiscal
CC SC 396 de 2012
Cosa juzgada constitucional en relación con la inconstitucionalidad del parágrafo transitorio del artículo 2o. del Decreto 3565 de 2011, que ampliaba el periodo de los actuales directores de las corporaciones autónomas regionales hasta el 30 de junio de 2012
CC SC 395 de 2012
¿Incurrieron las normas demandadas en una omisión legislativa relativa, en cuanto no incluyen una protección efectiva de los territorios habitados por indígenas y por comunidades afro, que no han sido declarados zonas mineras; (ii) desconocieron el deber de realizar la consulta previa a tales personas, como requisito previo para explorar y explotar minas y adelantar obras que puedan tener impacto directo que comprometa su integridad; (iii) desconocieron el derecho de esas comunidades a que en ciertas hipótesis, se obtenga su consentimiento previo libre e informado, y (iv) si vulneraron el principio de autonomía territorial, en cuanto no se respetan los principios de coordinación y concurrencia, que deben guiar las actuaciones de la administración pública? La circunstancia de que en una determinada disposición legal no se indique de manera expresa que las disposiciones constitucionales o de las normas internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, se deben respetar en tratándose de asuntos mineros y de explotación de recursos naturales yacentes en territorios indígenas, en nada contradice la Carta Política, toda vez que la prevalencia del ordenamiento superior no requiere del reconocimiento legal expreso. a Corte indicó que la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes para la realización de cualquier tipo de proyectos y en particular, los de carácter minero no requiere de un previo desarrollo legislativo. De este modo, una consideración sistemática de la Ley 685 de 2001, en el marco de la jurisprudencia constitucional, lleva a la conclusión de que siempre que en ejercicio de una actividad minera se plantee la posibilidad de que se produzca una afectación directa de las comunidades indígenas o afrodescendientes, debe realizarse la consulta previa, con los alcances, las condiciones y las consecuencias que se hayan señalado en la jurisprudencia constitucional, sin que para el efecto sea necesario que, en relación con cada uno de los aspectos que se regulan en el Código de Minas o en la legislación complementaria, que pueda tener algún impacto sobre tales comunidades, deba contemplarse de manera expresa esa obligación. Ley 685 de 2001, Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones"; Arts. 11 (inciso tercero), 35, 37, 41, 48, 59, 78, 79, 122 (inciso segundo) y 131 y Ley 99 de 1993, "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones", Art. 76 : Exequibles
CC SC 394 de 2012
La declaración de utilidad pública o interés social de los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, el procedimiento de expropiación, adquisición, avalúo e indemnización no violan el principio de unidad de materia. Ley 1450 de 2011, "por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014"; Arts. 83, 122 y 246 : Exequibles

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 393 de 2012
¿La inclusión de los fondos mutuos de inversión y los fondos de cesantías y de pensiones como beneficiarios de las condiciones especiales desarrolladas por la Ley 226 de 1995, en los procesos de enajenación de participación estatal en empresas, resulta acorde con el mandato de democratización de la propiedad accionaria del Estado consagrado en el artículo 60 de la Constitución Política? Los fondos mutuos de inversión, pueden ser catalogados como organizaciones solidarias, en razón al interés común que persiguen en beneficio de los trabajadores. En cuanto a los fondos de cesantías y de pensiones, estos constituyen un patrimonio autónomo, distinto y separado de las entidades que los administran y aunque parte de los aportes los hacen los empleadores, esos recursos pertenecen a los trabajadores; si bien los fondos en sí no son organizaciones de trabajadores formalmente hablando, como lo establece el artículo 60 de la carta, sus recursos sí pertenecen a éstos y su razón de ser o fines apuntan a posibilitar su beneficio a través del eventual incremento del monto de sus cesantías y pensiones. ¿La elaboración por el Gobierno Nacional, en forma global, de un plan de enajenación anual de acciones estatales que se presenta al Congreso para su autorización (Art. 8), infringe el numeral 9) del artículo 150 de la Constitución? La autorización especial de que trata el numeral 9) del artículo 150 de la Carta, debe tramitarse solo en aquellos casos en que la misma ley lo exija. Así mismo, ha explicado que la autorización legislativa exigida para la celebración de contratos en general es la que resulta del último inciso del artículo 150 superior, concerniente al estatuto general de contratación estatal. ¿Modifica el Art. 23 de la ley demandada - ley ordinaria- el Art. 70 de la Ley 179 de 1994 - orgánica del presupuesto-, violando así los preceptos constitucionales? Descartada.¿Este mismo artículo (Art. 23) contraría la regla contenida en el artículo 359 superior, según la cual, no habrá rentas de destinación específica? os recursos derivados de la venta de participaciones accionarias de las entidades públicas, no constituyen ingresos tributarios ordinarios, sino de rentas que se reciben una sola vez, a partir de la decisión de una entidad estatal de enajenar un determinado activo, usualmente con el ánimo de destinar el producido de esa venta a una finalidad pública concreta. Ley 226 de 1995 - "por la cual se desarrolla el artículo 60 de la Constitución Política en cuanto a la enajenación de la propiedad accionaria estatal, se toman medidas para su democratización y se dictan otras disposiciones"; Arts. 3, 8 y 23 (parciales) : Exequibles