Documentos Oficiales
 
2012 18 Comunicado de Prensa de 9 de mayo de 2012
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
CC SC 336 de 2012
Culpa del empleador en accidente de trabajo. Inepta demanda contra el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo

LABORAL

CC SC 335 de 2012
El Auto de rechazo de la contestación en primera instancia podrá ser apelable. Ley 1395 de 2010, "por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial"; Art. 14 (parcial) (Mod. el Art. 351 del C.P.C) : Inepta demanda

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 334 de 2012
¿El legislador, al diseñar un Plan Especial de Descongestión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa con las características enunciadas en el artículo 304 de la Ley 1437, desconoce el Art. 256 Num. 5o. de la Constitución Política, respecto de las competencias constitucionales del Consejo Superior de la Judicatura en materia de elaboración y ejecución del presupuesto de la Rama Judicial?; y ¿Con la expedición de esta norma, violó la regla constitucional de prevalencia de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo sobre otras leyes, ya que la Ley del Plan contiene a su vez un Plan Nacional de Descongestión Judicial que pretende alterar o modificar? El Art. 256 superior no contiene un listado taxativo de atribuciones propias del Consejo Superior de la Judicatura ni excluye al legislador de la regulación de tales competencias. De otra parte, en los términos del Art. 150 de la CP, corresponde al Congreso expedir códigos en todos los ramos de la legislación. La reserva de ley en esta materia, le permite a la ley no solamente introducir en los códigos normas sustantivas y procesales relativas a cada materia, sino además normas de carácter instrumental dirigidas a solucionar situaciones de congestión, cuya no resolución precisamente le generaría obstáculos y restaría eficacia a la nueva normativa.Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"; Art. 304 : Exequible

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 333 de 2012
¿Es la transitoriedad de los cargos - funcionarios judiciales encargados de adelantar los procesos en el contexto de la ley de reincorporación de grupos al margen de la ley (conocida como Ley de Justicia y Paz) - argumento suficiente para que como excepción al Art. 125 de la Carta -en el entendido que esta no es absoluta- estos funcionarios puedan ser elegidos o designados sin necesidad de presentarse a un concurso público de méritos? Se debe aplicar la misma regla aplicada para los jueces de descongestión, que tienen la misma vocación de transitoriedad, que en virtud de los principios de transparencia e igualdad y del mérito como criterio de acceso a la función pública, su designación hace inexcusable tomar en cuenta y respetar el orden de las listas de elegibles, conformadas por quienes han agotado todas las etapas del concurso de mérito y se encuentran a la espera de su nombramiento definitivo (C-713-08). Ley 975 de 2005, "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" : Art. 67 Incs 1 y 3 : CONDICIONALMENTE exequibles
CC SC 332 de 2012
¿Se incurrió en un vicio de trámite insubsanable consistente en no haber alcanzado la mayoría exigida para la aprobación del proyecto de Acto Legislativo, en el curso del tercer debate, dado que un Senador que se encontraba presente en el recinto de la Comisión se abstuvo de votar? La Corte consideró que en el presente caso procedía aplicar el principio in dubio pro legislatoris, según el cual, en caso de duda razonable acerca de la ocurrencia de un vicio de procedimiento, aquélla debe ser resuelta a favor de la decisión mayoritaria adoptada por un cuerpo deliberante, como lo es el Congreso de la República, además, como una manifestación del principio democrático. En este sentido, cuando quiera que no exista certeza acerca de la existencia de un vicio de procedimiento, tal duda debe ser resuelta a favor del legislador, en tanto que salvaguarda la decisión mayoritaria. En el caso concreto, del examen del acervo probatorio no queda claro si en efecto el senador se encontraba o no presente en el recinto de la Comisión I del Senado al momento de ser votado el proyecto de acto legislativo. A lo anterior, se agrega que ningún congresista solicitó verificar el quórum. Acto Legislativo 3 de 2011 : Exequible
CC SC 331 de 2012
¿La prohibición en todo el territorio nacional, de la utilización de dragas, minidragas, retroexcavadoras y demás equipos mecánicos en las actividades mineras sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional. Así como el decomiso de bienes y la imposición de una multa por infracción a esta prohibición, y además de medidas especiales para la reorganización de los municipios explotadores de oro (Art. 106) requería reconsulta previa? Se trata de una norma general que busca evitar una práctica ilegal, que produce serios daños ambientales y de garantizar la no explotación minera en términos industriales, que no es propia de las comunidades indígenas y afrodescendientes y por tanto, no las afecta de manera directa y específica. Además la preservación de los recursos naturales renovables y no renovables y el derecho colectivo a un ambiente sano, no fueron consagrados únicamente a favor de los grupos étnicos, sino que mira a bienes jurídicos superiores que interesan a toda la comunidad. ¿Requería de consulta previa la derogatoria de las normas de la Ley 1380 de 2010 que consideraba, en los términos de la ley, legal el barequeo (Art. 12, Par. 2o.), así como la derogatoria de la norma que permitía la actividad de pequeña minería en el departamento del Chocó (Art. 30)? Contrario a lo dispuesto en el art. 106 estas normas sí afectan de manera directa a las comunidades étnicas y si bien se efectuó consulta previa, esta se realizó sobre el plan general no sobre la derogatoria de las normas que los afectaban. Ley 1450 de 2011, "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014"; Art. 106 : Exequible. Art. 276 (parcial) : INEXEQUIBLE

MINERÍA

ASUNTOS INDÍGENAS

CC SC 330 de 2012
¿Desconoce el principio de voluntariedad del arbitramiento, la obligación impuesta para esto en algunas de las normas demandadas? La Corte señaló que la voluntariedad en materia arbitral opera como un principio que caracteriza esta modalidad de mecanismo alternativo de solución de conflictos, pero que por la misma razón, no se trata de una regla que implique la inconstitucionalidad de cualquier modalidad de arbitramento obligatorio, sino como un mandato que debe ser ponderado de acuerdo con otros bienes constitucionalmente relevantes que estén en juego. La desigualdad estructural de las relaciones laborales y los principios constitucionales del derecho al trabajo también justifican la previsión de la obligatoriedad del arbitramento en materia laboral. - A diferencia de las normas laborales analizadas, la Corte encontró que el establecimiento del tribunal de arbitramento obligatorio que se impone en el inciso segundo del artículo 65 de la Ley 143 de 1994 desconocer e principio de voluntariedad en el arbitramento. - La voluntad expresada en la mayoría absoluta de los trabajadores de una empresa o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores, de someter un conflicto colectivo de trabajo a la decisión de un tribunal de arbitramento, se ajusta perfectamente a la Constitución. - El establecimiento de tribunales o comisiones de arbitraje de carácter permanente en la convención colectiva se refiere a la posibilidad de que se solucionen todos los conflictos que surjan en el ámbito de una convención colectiva, por un tribunal de arbitramento que se designa para tal efecto, si así se solicita por las partes. - La amigable composición y arbitramento técnico son modalidades de solución de conflictos que corresponden a la potestad de configuración legislativa. Demanda contra las siguientes normas: Código Sustantivo del Trabajo; Arts. 432 (parcial) 444 y 445 (Mod. por la Ley 50 de 1990); Art. 448 (Mod por le Ley 584 de 2000 y la Ley 1210 de 2008; Ley 48 de 1968 (art. 3, num. 2 y 3); Ley 446 de 1998 (arts. 111, parcial, 130, 131 y 132); Decreto 2158 de 1948 (arts. 139, parcial y 143); Decreto 2279 de 1989 (art. 46); Ley 80 de 1993 (art. 74) ; (Artículos incorporados en el Decreto 1818 de 1998; Arts 115, 170, 191, 195, 223, 224, 225, 231) : Declaradas exequibles y la Ley 143 de 1994 (art. 65, Inc. 2o.) (incorporado en el Decreto 1818 de 1998; Art. 171) declarado INEXEQUIBLE

LABORAL

CONTRATACIÓN ESTATAL