Documentos Oficiales
 
2012 16 Comunicado de Prensa de 25 y 26 de abril de 2012
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
CC SC 306 de 2012
¿La posibilidad de que los autos de archivo de la investigación disciplinaria, que hacen tránsito a cosa juzgada, puedan ser revocados de manera directa, de oficio o a petición del quejoso, en situaciones diferentes a las relacionadas con la violación del derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, conforme lo ha establecido esta Corporación y ahora lo establecen las normas demandadas, va en contra del principio de cosa juzgada y la prohibición del non bis in ídem? La Corte señaló que la mitigación de una garantía que protege al ciudadano de la acción del Estado, en pro de la realización de un principio constitucional determinado, sólo podrá considerarse legítima en tanto esta obedezca a una razón concreta y específica de cierta entidad, necesaria para alcanzar un nivel de justicia más alto y a su vez, busque conservar en lo máximo posible, la efectividad de la garantía que se excepciona o debilita. Así, en el presente caso solo habrá de admitirse como válida la restricción a la garantía del non bis in ídem en tanto a través de ella se consiga en un campo específico, una situación de justicia mayor, imposible en caso de no excepcionarla. En todo caso, la revocatoria directa en los procesos disciplinarios, no es una decisión caprichosa que dependa de la mera subjetividad de la autoridad competente y es de esperarse que en el contexto de una ley que persigue sancionar actos de corrupción, debe versar esencialmente, por ejemplo, sobre faltas que puedan constituir un detrimento al patrimonio público, impliquen un favorecimiento ilegal para sí o para un tercero, retarden y obstaculicen la denuncia, la investigación o la acción de las autoridades disciplinarias, fiscales o penales, desatiendan normas relacionadas con el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, omitan los deberes de vigilancia y supervisión que les competan, favorezcan o promuevan el incumplimiento contractual en perjuicio del Estado, impliquen la utilización del cargo para favorecer o participar en actividades de los partidos y movimientos políticos, o implique circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles. Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Arts. 47, 48, 49 (parciales) (Mod. los Arts. 123, 123 y 14 de la Ley 734 de 2002) : Exequibles

DERECHO DISCIPLINARIO

CC SC 305 de 2012
Acto Legislativo 4 de 2011, "por el cual se incorpora un artículo transitorio a la Constitución política de Colombia". Cosa juzgada INEXEQUIBLE
CC SC 304 de 2012
¿Podía el legislador incluir como sujetos pasivos del impuesto predial y de la contribución por valorización, a los tenedores de inmuebles públicos a título de concesión, aun cuando el artículo 317 de la Constitución dispone expresamente que "solo los municipios [pueden] gravar la propiedad inmueble"? Para la Corte no es de recibo la interpretación según la cual, el artículo 317 de la Carta autoriza gravar solo a los propietarios de bienes inmuebles y prohíbe cualquier clase de gravamen sobre personas como lo tenedores, que tienen un título distinto al de dominio sobre dichos bienes. Así mismo este enunciado no le establece una limitante al legislador para hacer una regulación como la contenida en el texto demandado. Inepta demanda en relación con el cargo por el supuesto desconocimiento del principio de progresividad tributaria. Ley 1430 de 2010, "por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad"; Art. 54 Inc 1o. (parcial) : Exequible

TRIBUTARIO

CC SC 303 de 2012
Exequible la Ley 1463 de 2011, por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Colombia y de la República Federativa de Brasil para el establecimiento de la zona de Régimen Especial Fronterizo para las localidades de Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia)", firmado en Bogotá D.C., el 19 de septiembre de 2008
CC SC 302 de 2012
Inepta demanda en relación con el alcance a la acción de grupo frente a la nulidad de los actos administrativos. Para la Corte, no es cierto que el inciso segundo del artículo 145 de la Ley 1437 de 2011 limite la posibilidad de declarar que la causa de un daño soportado por un número plural de personas es un acto administrativo de carácter general y de declarar la nulidad de este tipo de actos como una medida de reparación, cuando sea necesario. Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"; Art. 145 Inc. 2o. (parcial)

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 301 de 2012
¿La exoneración de responsabilidad disciplinaria al abogado que hace revelaciones por la necesidad evitar la comisión de un delito, vulnera el secreto profesional? El establecimiento de eventos en los cuales el profesional no responde penal o disciplinariamente no puede considerarse como una vulneración del secreto profesional. La Corte sostuvo que la revelación del secreto profesional en el supuesto previsto en la norma demandada constituye una forma de estado de necesidad y por lo tanto, debe considerarse como una alusión a esta causal de exclusión de la responsabilidad realizada en el tipo disciplinario. con la disposición acusada no se está desconociendo el secreto profesional, ni el carácter antijurídico de su vulneración, simplemente se está reconociendo que para aplicar una sanción disciplinaria no es suficiente con el incumplimiento del deber de respetar el secreto profesional -lo cual formalmente sigue siendo antijurídico de acuerdo con el numeral 9 del art. 28 de la Ley 1123- sino que además, como en cualquier otra falta o delito, es necesario que sea además culpable y que no incurra en una causal de exclusión de la responsabilidad. Ley 1123 de 2007, "por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado"; Art. 34 Lit f) (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible

PENAL

CC SC 300 de 2012
¿El que la norma demandada permita la prórroga o adición de los contratos de concesión de obra pública, para la realización de obras adicionales directamente relacionadas con el objeto concesionado y "sin límite de cuantía", desconoce los principios de igualdad, imparcialidad y eficiencia y el principio de libre competencia? Los contratos de concesión de obra pública son por naturaleza incompletos, debido a la incapacidad que existe de prever y redactar una consecuencia contractual para todas y cada una de las posibles variables y contingencias que pueden surgir en el desarrollo del objeto. Por ello, señaló que adquiere especial relevancia la posibilidad de modificarlos, con el fin, entre otros, de recuperar el equilibrio económico, en los eventos en los que se materializan obstáculos no previsibles, extraordinarios y no imputables al contratista. Sin embargo, la Sala resaltó que la posibilidad de prórroga o de modificación no puede ser ilimitada, sino que, en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica, debe ser excepcional y emplearse solamente cuando sea necesario para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato inicial. Una interpretación, según la cual la expresión referida habilita al concesionario, durante el desarrollo de la concesión, a ejecutar obras relacionadas con el objeto concesionado, pero que no se previeron en el objeto inicial y que en realidad constituyen nuevos objetos contractuales implica un sacrificio desproporcionado de los principios de la función administrativa, del principio de libre competencia y del principio de igualdad. Por otro lado no le asistía razón al demandante cuando afirmaba que ella permite la adición o prórroga de los contratos de concesión de obra pública sin límite de cuantía. A partir de una interpretación gramatical y teleológica de la expresión, la Corte estimó que su finalidad es aclarar que la adición o prórroga del plazo puede hacerse sin tener en cuenta el precio del contrato inicial, es decir, el precepto no se ocupa de la hipótesis que aduce el demandante. Ley 1150 de 2007, "por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos"; Art. 28 Inc. 1o. : CONDICIONALMENTE exequible

CONTRATACIÓN ESTATAL