Documentos Oficiales
 
2011 47 Comunicado de Prensa de 30 de noviembre de 2011
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
CC SC 904 de 2011
El artículo demandado - cesión gratuita de bienes inmuebles fiscales de propiedad de las entidades públicas del orden nacional - no viola el principio de unidad de materia. Ley 708 de 2001, "por la cual se establecen normas relacionadas con el Subsidio Familiar para Vivienda de Interés Social y se dictan otras disposiciones"; Art. 8 : exequible

DESARROLLO TERRITORIAL

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 903 de 2011
El establecimiento de nuevos sujetos pasivos del Impuesto Predial y de la Contribución por Valorización, no vulneró la autonomía de las entidades territoriales. Si bien las entidades territoriales tienen derechos análogos a los de propiedad privada en relación con recursos endógenos -de fuentes externas- carecen de soberanía fiscal. Esto significa que el legislador, de acuerdo con sus competencias constitucionales, tiene facultad de regular los aspectos generales de estos ingresos, disposiciones que sirven de marco para el desarrollo normativo, éste sí específico, del que se encargan las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales. De esta manera, para que los órganos de representación popular de las entidades territoriales puedan regular sus fuentes tributarias endógenas, debe existir una ley que faculte a dichos entes para la imposición del tributo territorial correspondiente y determine los lineamientos generales que deben tener en cuenta dichos organismos para la fijación de los elementos esenciales y específicos del tributo. Al mismo tiempo, existen unas limitaciones constitucionales al legislador en materia de tributos de las entidades territoriales, en cuanto no tiene competencia para: (i) regular aspectos particulares del tributo y, en especial, su administración y recaudo; y (ii) disponer sobre su destinación, salvo en lo previsto en el artículo 362 de la Constitución, habida consideración que las entidades territoriales tienen derecho de propiedad de esos recursos, según lo ha explicado la jurisprudencia que interpreta el alcance del artículo 287-3 de la Carta Política. Ley 1430 de 2010, "por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad"; Art. 54 (parcial) : exequible

TRIBUTARIO

CC SC 902 de 2011
La derogatoria de los incentivos económicos para las acciones populares, no requería de la adopción de una ley estatutaria. Ley 1425 de 2010, "por medio de la cual se derogan artículos de la Ley 472 de 1998-Acciones Populares y Grupo". Exequible

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 901 de 2011
La derogatoria de la vigencia diferida de la prohibición de vincular personal misional permanente mediante cooperativas de trabajo asociado que hagan intermediación laboral, debe entenderse con independencia de si el personal requerido hace parte de una "institución y-o empresa pública y-o privada ". Ley 1438 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones"; Art. 103, Par : Inepta demanda con carencia actual de objeto
CC SC 900 de 2011
¿Al establecerse como una de las obligaciones especiales del sistema de seguridad social en salud, la de garantizar la actuación inmediata del personal médico y administrativo cuando un niño, niña o adolescente se encuentre hospitalizado o requiera tratamiento o intervención quirúrgica y exista peligro inminente para su vida, se desconoce la autonomía personal (art. 16 C.P.), la libertad de conciencia (art. 18 C.P.) y el debido proceso (art. 29 C.P.). Lo anterior, cuando no sea posible obtener autorización del representante legal, ya sea por imposibilidad fáctica de obtenerlo o cuando éste no autorice por razones personales, culturales, de credo o sea negligente? En el caso de los niños, niñas y adolescentes, en principio, corresponde a quienes ejercen la patria potestad prestar su consentimiento para la práctica de las distintas intervenciones quirúrgicas o tratamientos terapéuticos indispensables para la recuperación o rehabilitación de un estado patológico, a través del denominado consentimiento sustituto. No obstante, esta facultad no es absoluta y por el contrario debe garantizar (i) que la opinión del niño sea consultada, de acuerdo a su edad y madurez y (ii) bajo ciertas circunstancias resulta indispensable el consentimiento informado del menor de 18 años, en aras de salvaguardar su derecho al libre desarrollo de la personalidad, la proyección de su identidad y en últimas, la vida digna, especialmente en aquellos procedimientos invasivos y definitivos. Es decir, que las reglas sobre capacidad consagradas en la legislación civil no son trasladables para determinar la plausibilidad del consentimiento en el caso de los niños, niñas y adolescentes, en relación con las intervenciones médicas. El numeral 6 del artículo 46 de la Ley 1098 de 2006 excepciona esa necesidad de consentimiento informado del paciente o de su representante legal en los casos en que se encuentre en peligro inminente la vida de un niño, niña o adolescente, restricción que a juicio de la Corte se encuentra plenamente justificada. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia" Art. 46, Num. 6 : exequible

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

FAMILIA

CC SC 899 de 2011
Al incluir la norma demandada como destinatarios del mismo a los abogados que desempeñen funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio, ¿se desconoció la competencia de la Procuraduría General de la Nación, al conferir a los Consejos Seccionales y Superior de la Judicatura para facultad para investigarlos y sancionarlos? ¿esa potestad resulta contraria al principio "non bis in ídem" porque una misma conducta puede ser objeto de investigación disciplinaria bajo el régimen del Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2001) y el de la Ley 1123 de 2007, Código Disciplinario del Abogado? Una cosa es la competencia para investigar e imponer las sanciones disciplinarias a los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas "por infracción del deber funcional", la cual está asignada de manera preferente al Procurador General de la Nación en el artículo 277, numeral 6 de la Constitución y se cumple por lo general, por intermedio de sus delegados y las oficinas de control interno disciplinario. Y otra, la competencia para imponer sanciones por violación de la normatividad que rige la profesión de abogado. Tampoco prosperó el cargo por violación de la prohibición de non bis in ídem, por cuanto a juicio de la Corte, el inciso segundo del artículo 19 de la Ley 1123 de 2007 debe interpretarse en el sentido según el cual, los abogados que en su condición de servidores públicos deban ejercer la profesión, deben ser disciplinados por las faltas que lleguen a cometer en su ejercicio, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que se desprenda por la infracción de sus deberes funcionales. La posibilidad de investigar disciplinariamente y éticamente a un servidor público o a un particular que desempeñe función pública, que ejerza plenamente su profesión de abogado en desarrollo del vínculo de sujeción con el Estado, responde a objetivos diversos y por lo mismo, no desconoce la prohibición del doble juzgamiento consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política. Ley 1123 de 2007, "por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado"; Art. 19 (parcial) : EXEQUIBLE

DERECHO DISCIPLINARIO

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 898 de 2011
La exigencia de título de abogado o título profesional en disciplinas económicas, administrativas o financieras para ser elegido contralor municipal, desconoce el artículo 272 superior, al establecer requisitos no previstos en la Carta Política. Si bien en desarrollo del artículo 150.23 de la Carta, corresponde al Congreso dictar las normas relativas al ejercicio de las funciones públicas, competencia que incorpora la facultad de determinar los requisitos para cada empleo público. No obstante, no puede fijar un régimen jurídico distinto, cuando el ordenamiento constitucional determina calidades específicas para acceder a un cargo del Estado, como sucede respecto de los contralores municipales. Ley 136 de 1994, "por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios"; Art. 158 (parcial) : INEXEQUIBLE

ENTES TERRITORIALES