Documentos Oficiales
 
2011 45 Comunicado de Prensa de 1 y 2 de noviembre de 2011
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
CC SC 824 de 2011
¿El legislador al calificar de "severas y profundas" las limitaciones de las personas beneficiadas con las medidas de asistencia y protección establecidas en la Ley 361 de 1997, excluyendo a las personas con una discapacidad leve o moderada, vulnera los derechos que la Constitución y los tratados internacionales han otorgado a la población discapacitada en general? Para la Corte, la referencia específica que hace el artículo 1º de la Ley 361 de 1997, a las personas con limitaciones "severas y profundas" no puede tomarse como expresiones excluyentes para todos los artículos que conforman la citada ley. Aclaró que la clasificación del grado de severidad de una limitación (art. 7º, Ley 361\97) no implica la negación y vulneración de un derecho, sino la aplicación de medidas especiales establecidas por la misma ley para personas con discapacidad en cierto grado de severidad (vgr. los artículos 2º, 3º y 4º de la Ley 361\97). Más que de discapacidad leve y moderada, la jurisprudencia ha señalado que en estas situaciones debe hablarse de personas que por su estado de salud física o mental se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, que les dificulta trabajar en ciertas actividades o hacerlo con algunas limitaciones y que por tanto, requieren de una asistencia y protección especial para permitirle su integración social y su realización personal, además de que gozan de una estabilidad laboral reforzada. Ley 361 de 1997, "por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones"; Art. 1 (parcial)

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

EDUCACIÓN

LABORAL

CC SC 823 de 2011
Los servicios postales de pago o giro no constituyen actividad financiera. Competencias del Ministerio de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones y de la Comisión de Regulación de Comunicaciones en relación con estos servicios. Ley 1369 de 2009, "por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones"; Arts. 2, 3 (parcial), 4 (parcial), 11, 12 (parcial), 18 (parcial), 20 (parcial) y 22 : Exequibles. Fallo inhibitorio en relación con los Arts. 4 (parcial) y 22

TELECOMUNICACIONES

CC SC 822 de 2011
El establecimiento de nuevos sujetos pasivos del Impuesto Predial y de la Contribución por Valorización, no desconoció los principios de legalidad y equidad tributaria. Tampoco se incurrió en errores de trámite en la aprobación del texto demandado. En cuanto a la falta de certeza en la definición legal de los elementos del tributo, establece la Corte que ésta solo conduce a la inexequibilidad de disposiciones tributarias cuando la falta de claridad sea "insuperable", que obedezca a la oscuridad invencible del texto legal que no hace posible encontrar una interpretación razonable sobre cuáles puedan ser en definitiva tales elementos. Lo que hizo el legislador en desarrollo de su potestad tributaria, fue ampliar los sujetos pasivos de dichos tributos, cuyos elementos ya estaban preestablecidos en disposiciones anteriores. Por último en materia tributaria no es posible hablar de derechos adquiridos de los administrados. Ley 1430 de 2010, "por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad"; Art. 54 : Exequible

TRIBUTARIO

CC SC 821 de 2011
Inexequible Proyecto de ley No. 91 de 2010 - Senado y 63 de 2009 - Cámara "Por la cual se modifica la ley 860 de 2003 que se refiere al régimen de pensión de vejez por exposición de alto riesgo y se dictan otras disposiciones" por incurrir el Congreso de la República en vicios de trámite de carácter insubsanable - Reserva de iniciativa gubernamental

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 820 de 2011
La opción de que las excepciones de cosa juzgada, y prescripción sean alegadas en el proceso laboral como previas o como de fondo, y que como consecuencia de ello, sólo en el último evento el demandante pueda controvertirlas en sede de casación, no contraviene los principios del orden justo, el debido proceso, y el igual acceso a la justicia. Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; Art. 32 (parcial)

LABORAL

CC SC 819 de 2011
Inepta demanda contra el numeral 4o. del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, "por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía"

DERECHO DISCIPLINARIO

CC SC 818 de 2011
¿La regulación sobre el derecho de petición, contenida en los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011, vulnera la reserva estatutaria? e ¿igual violación desconoce la derogatoria del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, consagrada en el artículo 309? La regulación del derecho de petición incluida en el Título II, debió tramitarse como ley estatutaria. En relación con la derogatoria del artículo 73, si bien deroga una norma consagrada en una ley estatutaria, su contenido es propio de las competencias ordinarias del legislador, razón por la cual su modificación no requería dicho trámite. Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" Arts. 13 a 33 : INEXEQUIBLES, Art. 309 (parcial) : Exequible. Inepta demanda en relación con el Art. 10

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 817 de 2011
Inexequible Ley 1402 de 2010, "por la cual la Nación se asocia a la celebración de los 50 años de la Diócesis de El Espinal y se declara monumento nacional a la catedral de El Espinal, en el departamento del Tolima". Ley de honores no puede desconocer la neutralidad del estado en materia religiosa. El deber de neutralidad conlleva para el Estado una serie de prohibiciones, a saber: (i) establecer una religión o iglesia oficial; (ii) identificarse formal y explícitamente con una iglesia o religión o (iii) realizar actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, religión o iglesia. Estas acciones del Estado violarían el principio de separación entre las iglesias y el Estado, desconocerían el principio de igualdad en materia religiosa y vulnerarían el pluralismo religioso dentro de un Estado liberal no confesional. No obstante tampoco puede el Estado (iv) tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión; ni (v) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial real sea promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia en particular frente a otras igualmente libres ante la ley. Esto implica que el Estado puede válidamente asociarse con fenómenos con contenido religioso, a condición que pueda predicarse un contenido secular principal y verificable

LEYES, DECRETOS CON FUERZA DE LEY Y ACTOS LEGISLATIVOS

CC SC 816 de 2011
¿La aplicación extensiva de las sentencias de unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado que reconocen un derecho a quienes se hallen en la misma situación fáctica y jurídica resuelta en ella, vulnera el sistema de fuentes del Derecho previsto en el artículo 230 de la Constitución Política, al desconocer el carácter de criterio auxiliar de interpretación? y ¿El artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, en lo demandado, desconoce el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 4º de la Constitución y las competencias que el artículo 241 de la Carta Política le confiere a la Corte Constitucional, configurándose una inconstitucionalidad por omisión del legislador? Siendo la jurisprudencia, en principio, criterio auxiliar de interpretación, la Corte reiteró que ella tiene fuerza vinculante para los funcionarios judiciales cuando se trata de la proferida por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones previstas en la Carta Política. A su vez, las autoridades administrativas son también sujetos de estos mandatos superiores y en consecuencia, de la fuerza vinculante de los fallos emanados de las altas cortes jurisdiccionales. Adicionalmente, frente a ellas, el legislador dispone de una amplia potestad de configuración para establecer parámetros de la actuación administrativa de naturaleza judicial. Limitar dicha fuerza vinculante a las sentencias en materia ordinaria o contencioso administrativa configura una omisión legislativa que conduce a la declaración de exequibilidad condicionada de las expresiones demandadas del citado artículo 114, para incluir las sentencias de constitucionalidad y de unificación de jurisprudencia en materia de protección de derechos fundamentales que profiere la Corte Constitucional, como guardián de la supremacía constitucional y de la efectividad de tales derechos. Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"; Art. 102, Incisos 1o. y 7o. : CONDICIONALMENTE exequibles

ADMINISTRATIVO GENERAL

PENAL

LABORAL