Documentos Oficiales
 
2011 28 Comunicado de Prensa de 6 de julio de 2011
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
CC SC 546 de 2011
Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia. Art. 142 : Ley estatutaria, cosa juzgada

LABORAL ADMINISTRATIVO

CC SC 545 de 2011
Funciones de policía administrativa de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Ley 1395 de 2010, "por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial"; Art. 73 : Inepta demanda

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 544 de 2011
Trabajadores independientes con ingresos menores a un salario mínimo, no están obligadas temporalmente a cotizar en pensiones. Ley 1250 de 2008 "por la cual se adiciona un inciso al artículo 204 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007 y un parágrafo al artículo 19 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 6o de la Ley 797 de 2003"; Art. 2 (Adiciona Art. 19 de la ley 100) : Inepta demanda

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 543 de 2011
La reducción del plazo de suspensión de la audiencia para proferir sentencia (de 10 días a 2 horas) en los procesos civiles verbales de mayor y menor cuantía, no vulnera la garantía de un orden justo, efectividad de los derechos fundamentales, derecho de defensa, ni de acceso a la administración de justicia. Ley 1395 de 2010, "por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial"; Art. 25, Num. 4 : Exequible
CC SC 542 de 2011
Ley 1395 de 2010, "por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial"; Arts. 90, 91 y 122 : Cosa juzgada. Arts. 98 y 101 : Inepta demanda

PENAL

CC SC 541 de 2011
¿La competencia en cabeza de la Contraloría General de la República para ejercer el control fiscal sobre los recursos de regalías y compensaciones monetarias distribuidos a los departamentos y municipios productores y a los municipios por donde se transportan, es excluyente de aquella atribuida por el artículo 272 de la Constitución a los órganos de control fiscal de las entidades territoriales? El grado de injerencia por parte del legislador en la autonomía territorial, y especialmente en cuanto a la administración de los recursos, depende en buena medida del origen de aquellos. La Corte ha concluido que el legislador está autorizado para señalar la destinación de los recursos provenientes de fuentes exógenas, esto es, de aquellos fondos cuyo origen está en la Nación. Ley 1283 de 2009, "por la cual se modifican y adicionan el artículo 14 de la Ley 756 de 2002, que a su vez modifica el literal a) del artículo 15 y los artículos 30 y 45 de la Ley 141 de 1994"; Arts. 1, Par. y 2, Par. 30. (Modifica los Arts. 14, Par. 3o. y Art. 15, Par.de la Ley 141 de 1994) : exequibles
CC SC 540 de 2011
El establecimiento de la competencia de la segunda instancia en la revisión de las decisiones que dicta el fiscal dentro del proceso de extinción del dominio, no desconoce los principios de autonomía, independencia e imparcialidad judicial consagrados en el artículo 228 de la Constitución (Art. 76, Inc. 2º.). - Autorización de técnicas de investigación autorizadas a la Fiscalía, dentro del proceso inicial de extinción de dominio, sin la intervención del juez del control de garantías. En este caso, la intervención del juez del control de garantías no es requerida por el texto constitucional, que sólo la prevé en el proceso penal, en atención a que el proceso de extinción de dominio no se basa en el ius punendi del Estado y en tanto puede tener una configuración distinta al proceso penal. No obstante, las funciones que en materia de exclusión de pruebas irregulares desempeña el juez de control de garantías en el proceso penal, tratándose del proceso de extinción del dominio debe cumplirlas el juez de conocimiento, respecto de control de legalidad de esas medidas. Ley 1395 de 2010, "por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial"; Art. 76, Inc 2 y Art. 78 (Modifica los Art. 11 y 12A de la Ley 793 de 2002) : Exequibles

PENAL

CC SC 539 de 2011
¿Al regular la aplicación del precedente judicial en materia administrativa delimitando las entidades y materias a las cuales se debe aplicar, así como la existencia de cinco o más pronunciamientos para que se considere como precedente judicial, el legislador desconoció los artículos 2º, 4º, 13, 83, 209, 230 y 241 de la Constitución Política? la Corporación reiteró que el entendimiento del imperio de la ley a la que están sujetas las autoridades administrativas y judiciales debe comprenderse como referido a la aplicación del conjunto de normas constitucionales y legales, incluyendo la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales. Según esto, todas las autoridades administrativas se encuentran obligadas a interpretar y aplicar las normas legales a los casos concretos de conformidad con la Constitución y la ley. A juicio de la Corte, la enumeración de materias a las que se impone el acatamiento del precedente judicial no es taxativa, por lo que en la medida que el legislador lo considere podrá ir extendiendo el mismo a otras cuestiones, conforme a la teoría del derecho viviente. En cuanto a la expresión "que en materia ordinaria o contenciosa administrativa" la Corporación encontró que si bien es una alternativa válida dentro del margen de configuración del legislador, comenzar por imponerle a las autoridades administrativas que tengan en cuenta el precedente judicial en dichos ámbitos, también lo es que las materias a que alude la norma igualmente pueden ser objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, evento en el cual su interpretación debe ser vinculante para las autoridades administrativas. Por tanto, el legislador incurrió en este caso en una omisión legislativa al no tener en cuenta la obligatoriedad y los efectos erga omnes de los fallos de constitucionalidad de esta Corte, consagrada en los artículos 241 y 243 de la Constitución, como tampoco las reglas que se imponen en las sentencias de unificación de jurisprudencia en materia de protección de derechos fundamentales, temas en los cuales la Corte Constitucional es órgano de cierre. Ley 1395 de 2010, "por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial "; Art. 114 : Apartes exequibles, y apartes CONDICIONALMENTE exequibles

ADMINISTRATIVO GENERAL

LABORAL ADMINISTRATIVO

LABORAL ADMINISTRATIVO

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 538 de 2011
Inepta demanda en relación con el artículo Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal". No se plantea en realidad un problema de constitucionalidad, sino un conflicto entre dos normas legales que forman parte del mismo Código, los artículos 33, numeral 6 y 478 de la Ley 906 de 2004, el primero de los cuales establece la competencia para conocer en segunda instancia de las decisiones de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad y el segundo, la del juez de primera o única instancia que profirió la condena, para resolver específicamente de las peticiones relacionadas con mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y de la rehabilitación

PENAL