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2011 21 Comunicado de Prensa de 13 de mayo de 2011
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
CC SC 373 de 2011
¿ Incurrió el Congreso en una omisión legislativa relativa frente al artículo 221 de la Carta, por la circunstancia de no haber establecido para ser fiscal penal militar y juez de instrucción penal militar, la exigencia de ser oficial en servicio activo o en retiro de las Fuerzas Militares? A juicio de la Corte, existen razones de fondo que autorizan un trato diferenciado entre algunos cargos de la Jurisdicción Penal Militar, por lo cual no se presenta la ausencia que se pretende derivar del mandato constitucional. Cuando el constituyente se refiere a la conformación obligatoria por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro de las "cortes marciales y tribunales militares", es claro que alude a los magistrados y jueces de conocimiento que los conforman y no a otros funcionarios de la jurisdicción penal militar que no ejercen funciones de juzgamiento, esto es, decisorias sobre la responsabilidad penal en el ámbito militar. Ley 940 de 2005, "por la cual se expiden normas sobre requisitos para el desempeño de cargos en la Jurisdicción Penal Militar"; Art. 4, 7, 10 y 12 (parciales) : Exequibles. Art. 13, fallo inhibitorio
CC SC 372 de 2011
El aumento de la cuantía para acceder al recurso de casación laboral como medida de descongestión judicial, vulnera derechos fundamentales de los trabajadores. Ley 1395 de 2010, "por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial"; Art. 48 (Mod. el Art. 86 del C.P.T) : INEXEQUIBLE

LABORAL

CC SC 371 de 2011
El trámite del recurso de apelación contra sentencias penales en la audiencia de lectura del fallo, no vulnera los derechos de defensa, a la doble instancia, ni los principios de inmediación y contradicción (Art. 91). La vigencia de esta ley (Art. 122) a partir de su promulgación, no anula la posibilidad de invocar el principio de favorabilidad ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar, pues la determinación en abstracto de una cláusula de vigencia de una ley desarrolla el principio de irretroactividad de la ley penal, como expresión del principio de legalidad, el cual debe ser armonizado en su aplicación, con la garantía de favorabilidad adscrita al mismo precepto constitucional (art. 29), cuando concurran los presupuestos normativos, lógicos y sistemáticos para su reconocimiento.Ley 1395 de 2010, "por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial" Arts. 91 (Mod. el Art. 179 de la Ley 906 de 2004) y 122 : Exequible. Cosa juzgada en relación con el Art. 90 y fallo inhibitorio en relación con los Arts. 98 y 101

PENAL

CC SC 370 de 2011
Exequible la Ley 1386 de 2010, "por la cual se prohibe a las entidades territoriales deleguen a cualquier título, la administración de los diferentes tributos a particulares y se dictan otras disposiciones", en cuanto al trámite surtido a la misma y no quedar incluido un parágrafo según el cual "los contratos de concesión diferentes a los tributarios, tales como los de infraestructura vial o los de los servicios públicos, no son objeto de la presente ley"

TRIBUTARIO

CC SC 369 de 2011
Inepta demanda sobre los artículos 26, 27, 28 (Mod. de los Arts. 108 y 647 del ET) de la Ley 1393 de 2010, "Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se redireccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras disposiciones"

TRIBUTARIO

CC SC 368 de 2011
El nuevo arancel reglamentado en la Ley 1394 de 2010, corresponde a una contribución parafiscal, como acertadamente lo precisó el legislador en el artículo 1º y que contrario a lo que sostienen los demandantes, no resulta por sí mismo contrario a los principios de gratuidad y de acceso a la administración de justicia, en la medida que se inscribe dentro del margen de excepciones a la aplicación de la gratuidad en la justicia., que no es un principio absoluto. A la vez, presenta un margen de aplicación bastante reducido y sólo afecta a quien cuenta con recursos suficientes para acceder a la administración de justicia y no se cobra a quienes no cuentan con capacidad económica, porque se excluye a las personas de los niveles 1 y 2 del Sisben y a quien solicite amparo de pobreza. Adicionalmente, en estricto sentido, el arancel judicial no viola el derecho de acceso a la administración de justicia, pues de acuerdo con su regulación, el particular no sufre ninguna restricción en el ejercicio del derecho de acción, como tampoco, en el desarrollo de la actuación procesal. En todo caso, el arancel se causa con posterioridad al proceso, esto es, como consecuencia de la condena impuesta por el juez en la sentencia, siempre que esta sea favorable al demandante, se encuentre debidamente ejecutoriada y haya sido el interés de pago (arts. 6, 8 y 9). El hecho de que se imponga al demandante y no al demandado, tampoco contraría los principios de equidad y progresividad tributaria, ya que por el contrario imponer este gravamen al demandado que debe asumir las costas procesales, implicaría una carga tributaria excesiva, que afectaría injustamente su capacidad contributiva. Ley 1394 de 2010, "por la cual se regula el Arancel Judicial"; Arts, 1, 3 y 5 (parciales) : exequibles

PENAL

PROCEDIMIENTO CIVIL

CC SC 367 de 2011 Estarse a lo resuelto en la
366-11 que declaró INEXEQUIBLE la Ley 1382 de 2010, "por la cual se modifica la Ley 685 de 2001, Código de Minas"

MINERÍA

CC SC 366 de 2011
Consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes como requisito para la expedición de la Ley 1382 de 2010, "por la cual se modifica La Ley 685 de 2001, Código de Minas. La Corte advirtió que si bien estas normas no reforman expresamente las disposiciones del capítulo XIV del Código de Minas referente a los grupos étnicos, ha de tenerse en cuenta que este Código no excluye la actividad minera en las zonas donde habitan tradicionalmente dichas comunidades, antes bien, permite que en estas áreas se adelanten labores de exploración y explotación, sólo que las somete a determinadas condiciones y requisitos. Esto significa que el conjunto de las disposiciones del Código de Minas, entre ellas las que fueron objeto de reforma por la Ley 1382 de 2010, son plenamente aplicables a la actividad minera desarrollada en los territorios indígenas y afrocolombianos. Ahora bien, acorde con la defensa de la supremacía e integridad de la Constitución, la Corte consideró que si bien se constata la existencia de una contradicción con la normatividad superior que impone la exclusión del ordenamiento jurídico de la Ley 1382 de 2010, también es cierto que con el retiro inmediato de la ley desaparecerían normas que buscan garantizar la preservación de ciertas zonas del impacto ambiental y de las consecuencias perjudiciales que trae la exploración y explotación minera. Por tal motivo, decidió diferir los efectos de la sentencia de inexequibilidad por un lapso de dos años, de manera que a la vez que se protege el derecho de las comunidades étnicas a ser consultadas sobre tales medidas legislativas, se salvaguarden los recursos naturales y las zonas de especial protección ambiental, indispensables para la supervivencia de la humanidad y de su entorno, concediendo un tiempo prudencial para que tanto por el impulso del Gobierno, como del Congreso de la República, dentro de sus competencias, den curso a las medidas legislativas, previo el agotamiento de un procedimiento de consulta previa a las comunidades indígenas y afrocolombianas, en los términos del artículo 330 de la Carta Política. INEXEQUIBLE. Difiere los efectos de la inexequibilidad declarada por el término de dos (2) años

MINERÍA