Documentos Oficiales
 
2011 7 Comunicado de Prensa de 1 y 2 de marzo de 2011
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
CC SC 128 de 2011
Exclusión del acto de formulación de imputación de las decisiones recurribles en apelación. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Arts. 177 y 268(parcial) : Fallo inhibitorio

PENAL

CC SC 127 de 2011
¿Incurrió el legislador en una omisión legislativa relativa, violatoria del debido proceso y del derecho de defensa, del derecho de acceso a la administración de justicia y de las garantías reconocidas en tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad, al no prever en los artículos 267 y 287 de a Ley 906 de 2004, la posibilidad de que el ciudadano solicite su propia audiencia de formulación de la imputación ante el juez de garantías? Dado que el ejercicio del derecho de defensa no tiene un límite temporal, puesto que se inicia desde la etapa preprocesal, a partir del momento en que el investigado tiene conocimiento de que la Fiscalía inició una investigación por la presunta participación en un hecho punible, el ejercicio de los derechos del indiciado previstos en la Constitución, la ley y las normas internacionales sobre derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad y particularmente del derecho de defensa, no depende de que la persona pueda solicitar la celebración de su propia audiencia de imputación. LEY 906 DE 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Arts. 267 y 287 : Exequibles

PENAL

CC SC 126 de 2011
Aumento del término de prescripción de la acción legal por ausencia del adolescente juzgado. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia"; Art. 158 (parcial) : Cosa juzgada en la C-055-10. Destaca el editor la inquietud planteada en Aclaración de Voto, no resuelta en la sentencia: ¿puede un ciudadano acusar de inconstitucionalidad una norma legal que fue declarada exequible condicionalmente por la Corte Constitucional, cuando el cargo planteado (1) se refiere al sentido normativo que adquirió la norma a partir del condicionamiento impuesto por la Corte en la sentencia y (2) no fue considerado por la Corte al momento de adoptar la decisión de condicionar la norma?

PENAL

CC SC 125 de 2011
Condicionalmente exequible la Ley 1304 de 2009, aprobatoria del "Convenio Unidroit sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente", firmado en Roma el 25 de junio de 1995; bajo el entendido de que por existir un concepto de derecho interno más favorable para la restitución de bienes robados o ilícitamente exportados, como lo es el artículo 63 de la Constitución Política, según el cual "Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables". Para la Corte no era necesaria la consulta previa a las comunidades indígenas, en la medida que no las afecta directamente. S.V Aviso previo

PENAL

CC SC 124 de 2011
La improcedencia de objeción al dictamen pericial en el marco de un proceso verbal no resulta contrario al debido proceso, en sus componentes de derecho a la contradicción y a la defensa. La Corte tuvo en cuenta que tanto en su jurisprudencia como en la de la Corte Suprema de Justicia, el dictamen pericial, en tanto medio de prueba, está sometido al menos a tres tipos de controles judiciales: la solicitud de aclaración o complementación del dictamen, la objeción del mismo por error grave y la valoración judicial a lo largo del proceso y en especial, el momento del fallo, siempre en el marco de la contradicción en la audiencia. En el caso concreto, el legislador, en desarrollo de su potestad de configuración de los procedimientos y en el marco de toma de medidas en materia de descongestión judicial, eliminó la posibilidad de objetar el dictamen pericial en el proceso verbal de mayor y menor cuantía. La Corte advirtió que el apartado acusado del literal a) del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil restringe la posibilidad de contradicción a uno solo de los planos posibles , sin interferir en otros, como es la solicitud de adición y complementación del dictamen y la valoración judicial que se hace presente durante el trámite mismo de la audiencia , en la formulación de las alegaciones por las partes (art. 432.3 C.P.C.), como el discernimiento del juez previo a la adopción del fallo (art. 432.4 C.P.C.). Ley 1395 de 2010, "por el cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial"; Art. 25, Lit. a) (parcial) (Mod. el Art. 432 del C.P.C) : Exequible
CC SC 123 de 2011
¿El que la norma demandada establezca como requisito para ser socio de las empresas de vigilancia y de seguridad privada, ser personas naturales de nacionalidad colombiana, vulnera los derechos a la igualdad y al trabajo? La Constitución reconoce los derechos civiles de los extranjeros y en concreto el derecho fundamental a la igualdad. Sin embargo, la propia Carta acepta que la igualdad no conduce a tratamientos idénticos de tal manera que, en el caso de los extranjeros, autoriza expresamente que el ejercicio de sus derechos puede ser limitado por el legislador, atendiendo razones de orden público, por supuesto, cuando existan motivos fundados para hacerlo y bajo el principio de razón suficiente. En cuanto a los tratamientos diferenciales fundados en la condición de persona natural o jurídica deben ser razonablemente justificados de acuerdo con el ámbito específico en el que se pretenda implementar. La Corte encuentra fundamentos para el tratamiento diferencial, dado que es una "actividad disuasiva de posibles conductas delictivas, con miras a la protección del orden público en la búsqueda de la armónica convivencia social y en últimas, la realización de los fines esenciales del Estado". Adicionalmente, ESTABLECE, "lo relevante no es tanto la calidad de extranjero sino el objeto social de estas empresas, relativo a la prestación de un servicio público que guarda estrecha relación con la garantía del orden público". Por otro lado, la Corte se inhibe de fallar en relación con la demanda a la limitación de la naturaleza de las mismas empresas, a ser sociedades de responsabilidad limitada. Decreto 356 de 1994, "por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada"; Arts.12 y 47 (parciales) : Exequibles. Arts. 8, 30 y 66 (parciales) : Fallo inhibitorio

COMERCIO EXTERIOR

CC SC 122 de 2011
¿Desconoce la composición en las mesas directivas de las comisiones permanentes y comisiones legales del Congreso de la República los derechos de los partidos y movimientos políticos minoritarios y de oposición? ¿Debió ésta norma ser tramitada como ley estatutaria? "Minoría política" vs. "minoría oposición". La equiparación del término "partido minoritario", como "partido minoritario de oposición" generaría que no se pudiera cumplir con el artículo 147 de la Constitución sobre la renovación anual de los miembros de las mesas directivas, cuando el partido o los partidos que se declaren en oposición no tengan un número considerable de congresistas que impida que no sean reelectos. En todo caso, advirtió que era claro, que en las mesas directivas de las comisiones constitucionales y las comisiones legales del Congreso consideradas en su conjunto, tendrán derecho a participar, de acuerdo con su representación, los partidos y movimientos políticos minoritarios con personería jurídica, incluidos los de oposición. Este es el sentido del inciso segundo del artículo 112 de la Constitución, precepto que no se desconoce por el parágrafo del artículo 40 demandado. Por otra parte, la elección de las mesas directivas de las comisiones constitucionales permanentes y comisiones legales del Congreso de la República, no es un derecho de la oposición que necesite ser regulado mediante ley estatutaria, sino una materia propia del ejercicio de la actividad legislativa que debe ser regulado a través de la Ley Orgánica del Reglamento del Congreso. El control por vía de excepción no trae la consecuencia de anular de manera definitiva la norma legal o reglamentaria que se inaplica por considerarse contraria a la Constitución, como quiera que los efectos de este tipo de control son inter partes, esto es, se predican sólo del caso concreto y la norma legal puede ser demandada ante la Corte Constitucional, que ejercerá el control en forma definitiva, de manera abstracta, general y con efectos erga omnes, si la disposición exceptuada es constitucional o no. Lo anterior, por cuanto la demandante había anexado como fundamento de los cargos, la excepción de inconstitucionalidad que profirió la Sección Quinta del Consejo de Estado el 28 de agosto de 2009, en donde se dejó de aplicar -como también en dos fallos anteriores de esa Corporación- el parágrafo del artículo 40 de la Ley 5ª de 1992. Ley 5 de 1992, "por la cual se expide el Reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representante"; Art. 40, Par. : Exequible