Documentos Oficiales
 
54 Comunicado de Prensa de 3 de noviembre de 2010
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
CC SC 870 de 2010
Inepta demanda en relación con el cargo por violación del derecho a la igualdad, basado en que debe equiparse la edad para obtener la licencia de conducción de vehículos públicos con la edad para vehículos diferentes a dicho servicio. Ley 1383 de 2010 - "por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 -Código Nacional de Tránsito- y se dictan otras disposiciones"; Art. 5 (Mod. el Art. 19 de la Ley 769 de 2002)

TRANSPORTE

CC SC 869 de 2010
¿La obligación de contratación mínima del 60% del gasto para atención en salud de las EPS-S con las ESE y que impone igual restricción para las EPS públicas del régimen contributivo respecto de la ESE escindidas del Seguro Social, de acuerdo con las condiciones previstas en dicha normatividad, viola la libertad de empresa, la libre iniciativa económica y los principios de eficiencia, calidad y libre escogencia del sistema de salud?. Para la Corte estas reglas son compatibles con los principios y reglas constitucionales del sistema general de seguridad social en salud, en la medida que de acuerdo con lo previsto en los artículos 48 y 49 de la Constitución, es competencia del legislador determinar si la seguridad social en salud será prestada por instituciones públicas o con participación privada, lo cual tiene incidencia en el régimen contractual del sistema de salud, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado. Ley 1122 de 2007, "por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones"; Art. 16, Inc. 1o. : Exequible; Art. 26 : Fallo inhibitorio

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

CC SC 868 de 2010
¿La no previsión de la figura del desistimiento tácito para los procesos laborales en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, constituye una omisión legislativa relativa que vulnera los derechos constitucionales a la igualdad y al acceso célere y efectivo a la administración de justicia y el deber de colaboración con dicha administración? E n materia laboral, para combatir la negligencia procesal de las partes y evitar la paralización de los procesos, además de las facultades del juez como director del proceso (art. 48 C.P.L.), existe la figura denominada contumacia prevista en el artículo 30 del Código de Procedimiento Laboral, la cual da lugar a un impulso oficioso del proceso que impide su paralización indefinida. Adicionalmente, si transcurridos seis meses a partir del auto admisorio de la demanda o de la demanda de reconvención, no se hubiere efectuado gestión alguna para su notificación, el juez debe ordenar el archivo de las diligencias o disponer que se continúe el trámite únicamente con la demanda principal. No existe entonces, un único camino para garantizar la efectividad de la administración de justicia. Ley 1194 de 2008, "por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Civil y se dictan otras disposiciones"; Art. 1 (Adiciona el Art. 346 al C.P.C)
CC SC 867 de 2010
¿Desconoce la norma acusada la potestad del Presidente de la República establecida en el artículo 189, numeral 3 de la Constitución, al no mencionarlo dentro de las autoridades con competencia para suspender la vigencia del permiso de tenencia y porte armas? y ¿se viola el artículo 315-2 de la Carta, porque pese a ser los alcaldes la primera autoridad de policía del municipio y no estar sometidos sino al Presidente de la República en cuanto se refiere a la conservación del orden público, deben "solicitar" a las autoridades militares la suspensión general del mismo permiso?. No puede deducirse que al Presidente de la República se le haya "prohibido" la suspensión de la vigencia de los citados permisos, pues el contexto de la norma es eminentemente facultativo y el legislador -en este caso, el Presidente de la República, en ejercicio de facultades extraordinarias- no tiene la obligación de reiterar lo que ya dispone la Constitución, como ocurre en este caso. En cuanto a los alcaldes, la facultad de suspensión de los permisos de porte y tenencia de armas no es una condición indispensable para mantener el orden público, pues cuenta en todo caso con el apoyo de la policía para lograr ese cometido. Sin embargo, es evidente que esa solicitud forma parte del tipo de medidas que el alcalde como primera autoridad de policía del municipio puede requerir en unas circunstancias determinadas, razón por la cual las autoridades militares no deben demorar una respuesta pronta, oportuna y motivada a la solicitud que les haga el alcalde, para suspender el porte y tenencia de armas, en la medida que de todas maneras, la fuerza pública está sujeta a la autoridad civil y no puede entorpecer la acción del ejecutivo en este campo en el que debe prestar toda la colaboración que requiera el gobierno municipal en este campo. Decreto 2535 de 1993, "por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos; Art. 41 (Mod. por el Art. 10 de la Ley 1119 de 2002) : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 866 de 2010
Objeciones al Proyecto de Ley No. 086 de 2008-Senado, 366 de 2009-Cámara, "por medio de la cual se otorgan beneficios a las familias de las personas secuestradas con posterioridad al ejercicio del cargo", al no haberse estudiado sus incidencias fiscales y su compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo y adicionalmente. La presentación extemporánea del informe desfavorable por parte del Ministerio de Hacienda no puede traducirse en un vicio en la iniciativa. Infundadas.

LABORAL ADMINISTRATIVO