Documentos Oficiales
 
2014 27 Comunicado de Prensa de 9 de julio de 2014
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
CC SC 468 de 2014
Cosa juzgada inexequible, en relación con la Ley 1653 de 2013, "por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones"
CC SC 467 de 2014
Fallo inhibitorio por inepta demanda contra el numeral 4º. Del artículo 1240 del Código Civil

CIVIL

CC SC 466 de 2014
¿Se vulneran los derechos a la igualdad y a la propiedad privada de las personas civilmente incapaces o de las que se encuentren en imposibilidad absoluta de ejercer sus derechos, a las que se refiere el artículo 2530 del Código Civil, establecer que no se suspende a su favor la prescripción adquisitiva extraordinaria de 10 años? El que estas personas no tengan derecho que se suspenda a su favor la usucapión extraordinaria, en virtud de la norma demandada, no se traduce automáticamente en su inconstitucionalidad, puesto que el derecho que tienen estos sujetos a protección especial de parte de las autoridades, puede realizarse de diversas maneras y no es exactamente idéntico a un derecho a que se suspenda en su favor la prescripción adquisitiva extraordinaria. No es la única forma de asegurar las condiciones para que la igualdad de estas personas sea real y efectiva. En cambio la presunción de inexistencia de la posesión sobre determinados bienes raíces que consagra la Ley 1448 de 2011 en favor de la población desplazada, no constituye un esquema de garantías suficientes a la luz de la Constitución. La forma de protección que contempla la Ley 1448 solo opera respecto de bienes raíces inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, por lo que hay un universo de bienes (muebles o inmuebles no inscritos) que quedarían descubiertos en este complejo de instituciones de protección de sus derechos de propiedad. Por tanto procedió a declarar la exequibilidad condicionada, en el sentido de incluir a la personas víctimas de desplazamiento entre los beneficiarios de la suspensión de la usucapión extraordinaria, que por esa circunstancia, se han visto imposibilitadas para ejercer su derecho de propiedad. Ley 791 de 2002, "por medio de la cual se reducen los términos de prescripción en materia civil"; Art. 6 (Mod. Art. 2532 del C.Civil) : CONDICIONALMENTE exequible

CIVIL

CC SC 465 de 2014
Inexequibles los artículos 151, 152, 153, 154, 155, 189 y 191 (Adic. Ley 1430 de 2010; Art. 63-1)de la Ley 1607 de 2012, "por la cual se expiden normas en materia tributaria y se expiden otras disposiciones", por desconocer el principio de unidad de materia. No así los artículos 20 -parágrafos 1º, 2º y 3º-, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 69, 71, 72, 122, 123, 124, 142, 167 -parágrafos 3º y 4º-, 172, 178, 179, 180, 185, 190 y 196 (Adicionan o modifican los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, 16 de la Ley 344 de 1996, 68 de la Ley 49 de 1990 y los arts. 465, 512-1, 512-2, 794-1, 869, 869-1, 869-2 del E.T) pues no vulneraron ni el principio de unidad de materia -artículo 158 de la Constitución-; ni el principio de especialidad de la comisión constitucional permanente que le dio trámite al primer debate -parágrafo 2º del artículo 2º de la ley 3ª de 1992-. Esto por cuanto en cada caso se encontró que existía algún aspecto que relacionaba el tema por ellos tratado con el núcleo temático objeto de regulación por la ley 1607 de 2012, por lo que fueron declarados exequibles. Se declaró exequible la totalidad de la misma ley por el cargo relativo a la falta de publicación del proyecto presentado al Congreso de la República

TRIBUTARIO

CC SC 464 de 2014
¿La conducta punible descrita en la norma demandada, relativa a la explotación de menores, puede entenderse subsumido en el delito de trata de personas (art. 188A C. Penal), de modo que vulneraría el principio de igualdad y la especial protección constitucional debida a los niños por introducir una pena menor para sancionarla, frente a la prevista para castigar la misma conducta en los adultos? (ii) ¿desconoce las garantías del debido proceso en lo relativo al principio non bis in ídem, pues al encontrarse subsumida en otra anterior, coexisten dos sanciones penales distintas para una misma conducta? y (iii) ¿si la sanción por explotación para quien "mendigue con menores de edad" configura una forma de criminalizar al padre o madre que en situación de pobreza, ejerce la mendicidad propia acompañado de sus hijos menores?. Al comparar los delitos de trata de personas y explotación de menores, se encuentra que se trata de tipos penales distintos. En todo caso, este conflicto interpretativo entre dos tipos penales es resuelto por la dogmática penal bajo el concurso de conductas punibles y los principios interpretativos de especialidad, subsunción, alternatividad y consunción. En consecuencia, los cargos por vulneración de los principios de igualdad y non bis in ídem, no estaban llamados a prosperar. La Corte determinó que le asistía parcialmente la razón al demandante respecto del verbo rector "mendigue con menores" contenido en la norma acusada, en la medida en que literalmente entendida puede representar una forma de criminalizar la pobreza y revictimizar población vulnerable en estado de debilidad manifiesta. Como lo ya señalado la jurisprudencia constitucional, la mendicidad propia ejercida de manera personal y autónoma por sujetos en estado de vulnerabilidad manifiesta, no es sancionable por un Estado social de derecho incapaz de proveer a todos sus ciudadanos condiciones mínimas de subsistencia digna. En esa medida, procedió a condicionar la expresión "o mendigue con menores", de manera que solo se entienda configurada la conducta punible que se sanciona, cuando recaiga exclusivamente en la utilización de menores de edad para el ejercicio de la mendicidad. Ley 1453 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad"; Art. 93 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible. S.V

PENAL

CC SC 463 de 2014
Inexequible el artículo 11 de la Ley 89 de 1890, "por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada", ya que al conferir a los alcaldes municipales y otras autoridades administrativas (prefectos y gobernadores) la competencia para dirimir conflictos surgidos entre indígenas de una misma comunidad étnica, o entre estos y el cabildo de la respectiva comunidad, desconoce el derecho fundamental de las comunidades indígenas de resolver los asuntos internos mediante la aplicación de normas y procedimientos propios, consagrado en el artículo 246 de la Constitución Política