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51 Comunicado de Prensa de 20 de octubre de 2010
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
CC SC 830 de 2010
¿El legislador, al establecer la posibilidad de descontar del valor patrimonial neto únicamente las acciones "poseídas en sociedades nacionales", sin considerar los aportes o cuotas sociales, incurrió en una omisión legislativa relativa que desconoce los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria, y la libre creación de empresas? Y ¿desconoce los mismos principios de igualdad, justicia y equidad tributaria, al consagrar un beneficio tributario para las entidades que se encuentren en régimen de insolvencia, omitiendo incluir como beneficiarios a las personas naturales que se encuentren bajo el mismo régimen de insolvencia empresarial o en fase de organización de sus pasivos, conforme a la ley? En las regulaciones anteriores contenidas en el Decreto Legislativo 1838 de 2002, la Ley 863 de 2003 (art. 17) y la Ley 1111 de 2006 (arts. 25 a 29), siempre se había establecido el descuento de la base gravable, del valor patrimonial neto de las "acciones o aportes", mientras que en la nueva versión del impuesto que se aplicará para el 1º de enero de 2011 (art. 4º de la Ley 1370 de 2009), solamente permite restar de la base gravable, el valor patrimonial neto de las "acciones poseídas en sociedades nacionales". Según esto, el nuevo impuesto al patrimonio no permitiría descontar el valor patrimonial neto de los "aportes en sociedades", es decir, de los valores que se tiene en sociedades limitadas o asimiladas, con lo cual se presenta un tratamiento inequitativo respecto de los socios de las sociedades de personas, configurándose así una doble imposición económica, contraria a los principios de justicia y equidad en materia tributaria. Para la Corte, se configura en este caso una omisión legislativa relativa; de ahí que la expresión "de las acciones poseídas" contenida en el mencionado artículo 4º del artículo 4 es exequible, siempre y cuando se entienda que comprende también el valor patrimonial neto de los "aportes" en sociedades nacionales. De igual modo, la Corte encontró que el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa, violatoria de los principios de igualdad, justicia y equidad tributaria y de la libertad de empresa, al establecer una exención del impuesto al patrimonio únicamente para las "entidades", esto es, las personas jurídicas que atraviesan dificultades económicas y por tanto están sometidas a procesos de concordato y liquidación (Ley 550 de 1999), sin incluir a las personas naturales no comerciantes sometidas conforme a la ley a un régimen de insolvencia (ley 1380 de 2010), así que condicionó la expresión "entidades", de manera que se entienda que la exención del pago del impuesto al patrimonio para las entidades en liquidación o reestructuración, también se aplica a las personas naturales sometidas al régimen legal de insolvencia. Ley 1370 de 2009, "por la cual se adiciona parcialmente el Estatuto Tributario" Arts. 4 y 6 (parciales) (Adicionan el Arts. 295-1 y 297-1 del E.T., respectivamente) : CONDICIONALMENTE exequibles

TRIBUTARIO

CC SC 830 de 2010
¿La prohibición de la publicidad y promoción del consumo de tabaco y sus derivados, así como la prohibición de patrocinio de eventos deportivos y culturales por parte de las empresas productoras, importadoras o comercializadoras de productos de tabaco, desconoce la libertad de empresa ni la libre iniciativa privada? Todos esos objetivos no solo son compatibles con la Carta Política, sino que configuran verdaderas obligaciones estatales, pues preceden a la eficacia de los derechos fundamentales de los asociados, como la vida, la salud y la integridad física, junto con otras garantías de índole colectiva. El legislador fundó su decisión en la necesidad de cumplir con las obligaciones asumidas por el Estado en virtud del Convenio Marco para el Control del Tabaco. Ley 1335 de 2009, "disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana"; Arts. 14, 15, 16 y 17 : Exequibles

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

TELECOMUNICACIONES

CC SC 829 de 2010
¿La exigencia de determinadas condiciones de calidad para el registro calificado de los programas de educación superior, desconoce la autonomía de las universidades y la libertad de cátedra? La norma no atribuye al Ministerio una competencia autónoma de regulación, sino que lo habilita para especificar las pautas fijadas de manera general por la propia ley. De ninguna manera implica facultar al Gobierno para que con pretensión homogenizadora, establezca los contenidos de los programas académicos de las universidades, en razón de que trata de identificar unos elementos generales, que deben contender los programas, pero cuyo contenido será definido de manera autónoma por las universidades. Tampoco contempla la posibilidad de que el Ejecutivo establezca directamente programas de educación superior o diseñe con carácter imperativo, los contenidos de los mismos. Ley 1188 de 2008, "por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones" Arts. 2 y 3 (parciales) : Exequibles

EDUCACIÓN

CC SC 828 de 2010
¿La extinción de la acción penal por muerte del procesado, imputado o acusado, suprime la garantía de protección de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral? Si bien la causal de extinción penal por muerte establecida en las normas demandadas corresponde a un ejercicio legítimo de la potestad configurativa del legislador acorde con el ius puniendi en cabeza del Estado, la garantía de los derechos de las víctimas impone que las actuaciones adelantadas hasta el momento del fallecimiento del procesado sirvan de fundamento para emprender otras acciones encaminadas a lograr la reparación integral. Límites al margen de configuración del Congreso en materia de procesos judiciales y en materia penal. Los tratados internacionales sobre derechos humanos, no acogen un sistema procesal específico o un único modelo o paradigma del mismo; tan sólo establecen ciertas garantías mínimas que deben respetar los Estados al momento de diseñar legislativamente los diversos procesos penales. Aunque la extinción de la acción penal por muerte del procesado, en manera alguna se extiende a la acción civil, existen ciertas dificultades prácticas que al momento de iniciarla o de emprender otra acción administrativa o judicial para obtener una reparación, debido a que carece de una sentencia penal en firme, en la cual se haga responsable al causante del daño ocasionado a las víctimas. Más aún, al margen de la reparación pecuniaria del daño, la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia, esto es a una reparación integral, puede dificultarse cuando el proceso penal termina con la muerte del procesado. Ley 599 de 2000; Art. 82; Ley 600 de 2000; Art. 38; Ley 906 de 2004; Art. 77 (parciales) : CONDICIONALMENTE exequibles

PENAL