Documentos Oficiales
 
2014 23 Comunicado de Prensa de junio 11 y 12 de 2014
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
CC SC 372 de 2014
Inepta demanda contra el Decreto 4184 de 2011, "por el cual se crea la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano -Virgilio Barco Vargas-"; Arts. 1, 2, 3, 4 y 5 (parciales) al asumir que este decreto desconoce el principio de autonomía territorial -competencias constitucionales de los concejos municipales- y la reserva de ley orgánica, cuando en realidad, en repetidos enunciados de sus consideraciones y de sus artículos, se precisa de manera explícita que en todo caso el objeto social de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, Virgilio Barco Vargas -SAS- se desarrollará de manera acordada, coordinada y articulada entre la Nación y los entes territoriales y, en todo caso, con sujeción a las normas aplicables para tal efecto, con respeto de las competencias de los entes territoriales

DESARROLLO TERRITORIAL

CC SC 371 de 2014
¿Los artículos 79, 80, 81 y 84 de la Ley 160 de 1994 lesionan el derecho al territorio de los pueblos indígenas y tribales al permitir la creación de zonas de reserva campesina en áreas que pueden coincidir con territorios ancestrales de tales pueblos? ¿Tales normas vulneran el derecho a la consulta previa consagrado por el Convenio 196 de la OIT, en la medida en que no fueron sometidas a este proceso con las comunidades étnicas?; y ¿Desconocen el derecho a la consulta previa al no exigir ese procedimiento dentro del trámite de constitución de las zonas de reserva campesina? La Corte consideró que dadas las importantes finalidades que persiguen los preceptos demandados y con el propósito de realizar el principio de conservación del derecho, lo procedente era mantener en el ordenamiento los citados artículos, pero de tal modo que sean compatibles con la Constitución. La mejor manera de lograr esa armonización era la introducción de un condicionamiento, según el cual, para la creación de una zona de reserva campesina también deberá examinarse si en el área que se pretende constituir existen territorios de pueblos indígenas y tribales, entendiendo territorio en concordancia con el Convenio 196 de la OIT como los "habitat de las regiones que ocupa o utilizan [los pueblos indígenas o tribales] de alguna otra manera". En tal caso, deberá surtirse un proceso de consulta previa, de manera que las comunidades concernidas, en ejercicio de su derecho de autodeterminación, decidan si la medida puede promover o no sus intereses, sin perjuicio de la obligatoriedad de la normativa que da prelación a dichos grupos en la asignación y adjudicación de los terrenos baldíos que hacen parte de su territorio. Ley 160 de 1993, "por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones"; Arts. 79, 80, 81, 84 : CONSICIONALMENTE exequibles
CC SC 370 de 2014
Excluir del subsidio familiar de vivienda a quien haya sido condenado por delitos en contra de menores de edad, es inconstitucional, entre otros por: No garantiza que se desarrolle el principio de prevención general. No guarda consonancia con el principio de proporcionalidad penal, según el cual, todas las penas deben ser proporcionales a la gravedad de los delitos y al daño ocasionado, pues no hace diferencia entre los diferentes tipos de delitos contra los menores de edad. Conduce a la estigmatización de la persona que estuvo privada de la libertad por haber cometido delitos contra menores de edad, lo cual impide su resocialización integral. Desconoce la prohibición de imponer sanciones o penas perpetuas y los principios de legalidad, proporcionalidad y dignidad humana, como quiera que la medida no tiene límite en el tiempo. Desconoce además que, una vez que se cumple la pena, los antecedentes no pueden ser por ningún motivo factor de discriminación social o legal. La medida tiene un efecto de revictimización de la familia, del hogar postulante al subsidio de vivienda en especie, personas a las cuales se les estaría extendiendo las consecuencias de una conducta penal que no realizaron. Ley 1537 de 2012, "por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones"; Art. 12 Par. 3o. : INEXEQUIBLE

DESARROLLO TERRITORIAL

CC SC 369 de 2014
La labor que realizan los abogados designados como curadores ad litem no obedece al cumplimiento de funciones en desarrollo de un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios regido por la exclusividad, ni tampoco de una relación laboral legal y reglamentaria como la desempeñada por los servidores públicos, sino a un gestión impuesta a estos profesionales en virtud del principio de solidaridad. La inexistencia de una relación laboral descarta entonces, el deber de garantizar a los curadores ad litem, del derecho a recibir una remuneración mínima vital y móvil consagrada en el artículo 53 de la Constitución. La Corte observó que la norma tampoco restringe para estos profesionales la posibilidad de desempeñarse en otras actividades de las cuales deriven ingresos para su subsistencia. Ley 1564 de 2012, "por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones"; Art. 48 Num. 7 : Exequible
CC SC 368 de 2014
Violencia intrafamiliar. El legislador tiene la potestad de tipificar como delito las diversas formas de violencia que vulneran la unidad y armonía familiar e incrementar como medida de política criminal los límites punitivos fijados para el delito de violencia familiar descrito en el artículo 229 del Código Penal. El artículo demandado respeta el principio de taxatividad penal, porque no genera ambigüedad sobre ninguno de los elementos del tipo penal de violencia intrafamiliar, en particular, no hace indeterminada la consecuencia punitiva ni lleva a la confusión, pues constituye en realidad un criterio al cual deben acudir los funcionarios judiciales al momento de realizar el proceso de adecuación típica de la conducta sometida a investigación y juicio en cada caso concreto. La elevación de los límites punitivos no resulta contraria a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Aún en los casos en que los actos de violencia intrafamiliar ocasionen entre otros efectos, daños en el cuerpo o en la salud, no existe identidad entre el comportamiento que configura violencia familiar y las lesiones personales pues la condición del sujeto activo del punible es una circunstancia que permite diferenciar los dos delitos y que justifica el establecimiento de consecuencias punitivas diversas por parte del legislador. Ley 1142 de 2007, "por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana"; Art. 33 (Mod. Art. 229 de la Ley 599 de 2000) : Exequible

PENAL

FAMILIA

CC SC 367 de 2014
¿El legislador, al no establecer un término determinado o determinable para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela; afectó la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales? Acorde con el principio pro legislatoris, la Corporación consideró que la norma acusada es constitucional siempre y cuando integre un término aplicable para la decisión del incidente de desacato a un fallo de tutela, por las razones expuestas, a las que se agrega el mandato 228 de la Constitución, según el cual todas las actuaciones procesales deben tener un término que se observe con diligencia. Habida cuenta que la Corte no tiene competencia para establecer ese plazo que subsane el vacío normativo violatorio de la Carta Política, la Corporación acudió a la propia Constitución, concretamente, al artículo 86 que regula la acción de tutela, de manera que declaró exequible el inciso primero del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, en el entendido que el incidente de desacato allí previsto debe resolverse en el término establecido en el citado artículo 86 superior para el fallo de tutela, de manera que se garantice la inmediatez de la protección y la efectividad de los derechos fundamentales y de los mecanismos de protección, mientras el Congreso no establezca otro término. Decreto 2591 de 1991, "por la cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"; Art. 52 : CONDICIONALMENTE exequible

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 366 de 2014
¿Autorizar al fiscal encargado de una investigación, para ordenar el registro y allanamiento de un inmueble, nave o aeronave con el objeto de realizar la captura del indiciado o imputado, vulnera el derecho a la libertad individual de la persona, conforme a lo prescrito en el artículo 28 de la Constitución y en consecuencia, se desbordarían las facultades expresas otorgadas a la Fiscalía General de la Nación en el artículo 250 superior? Los motivos existentes para que en aplicación del artículo 219 de la Ley 906 de 2004 la Fiscalía ordene una captura en los supuestos allí establecidos, previa orden del juez, remiten a normas donde los presupuestos y requisitos están claramente definidos por el legislador y por la jurisprudencia, salvaguardando así no solo la excepcionalidad en la restricción de los derechos fundamentales del individuo dentro del proceso penal, sino los inmanentes principios de reserva judicial y legal. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Art. 219 : Exequible

PENAL