Documentos Oficiales
 
7 Comunicado de Prensa de 10 de febrero de 2010
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
CC SC 73 de 2010
¿La exclusión de beneficios y subrogados penales en materia de terrorismo, desconoce el derecho a la igualdad? ¿Desconoce el principio de unidad de materia? Análisis la vigencia de la norma acusada y sus relaciones con los dos sistemas procesales penales existentes, esto es, el mixto (Ley 600 de 2000) y el acusatorio (Ley 906 de 2004), de conformidad con lo que ha señalado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Así mismo, tuvo en cuenta que en los términos de la Ley 1312 de 2009, las personas investigadas por los delitos de terrorismo y financiación del terrorismo, siempre que no se trate de jefes, cabecillas, determinadores, organizadores, promotores o directores de organizaciones delictivas, pueden solicitar a la Fiscalía que acuda ante el juez de control de garantías, a efectos de que aplique el principio de oportunidad, siempre y cuando se cumpla, una de las dos condiciones señaladas en los numerales 4º o 5º del artículo 324 de la Ley 906 de 2004. De esta forma, el rigor inicial del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 que excluía a esos delitos del otorgamiento de cualquier beneficio o subrogado ha sido morigerado por la Ley 1312 de 2009. Ley 1121 de 2006, "por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones"; Art. 26 : Exequible.

PENAL

CC SC 72 de 2010
Inhabilidades para desempeñarse en cargos de la Rama Judicial. la Corte encontró que el precepto relacionado con la inhabilidad para ser servidor público originada en la condena por delitos contra el patrimonio estatal, siempre ha estado presente en cada una de sus versiones, sin que se pueda afirmar que solamente con el Acto legislativo 01 de 2004 fue introducida en el texto constitucional. De tal suerte que dicha modificación a la Carta no implica, con respecto a la inhabilidad prevista en el artículo 150.6 demandado, que hubiese operado un cambio en el parámetro constitucional empleado por la Corte en la sentencia C-037-96 para efectuar el juicio de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la administración de justicia que se convirtió en la Ley 270 de 1996. Ley 270 de 1996, "Estatutaria de la Administración de Justicia"; Art. 150, Num. 6 : Cosa Juzgada.
CC SC 71 de 2010
¿La terminación de los contratos laborales como uno de los efectos de la apertura del proceso de liquidación judicial de una empresa, sin que medie autorización administrativa o judicial, con reconocimiento de una indemnización cuyo pago se someterá a las reglas concursales, reduce la protección que la Constitución otorga al derecho al trabajo? Ley 1116 de 2006, "por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones"; Art. 50, Num 5 : Exequible.

COMERCIO

LABORAL

CC SC 70 de 2010
Las materias objeto del recurso de apelación tratándose de autos, incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador, los cuales están consagrados en los artículos 48 y 53 de la Carta Política. Ley 712 de 2001, "por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo"; Art. 35 (parcial) (Mod. el Art. 66A del C.P.L) : CONDICIONALMENTE exequible

LABORAL