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43 Comunicado de Prensa de 14 de octubre de 2009
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
CC SC 728 de 2009
¿El legislador al establecer en el artículo 27 al establecer las hipótesis en las que se está exento de prestar el servicio militar en todo tiempo, incurrió en una omisión legislativa relativa contraria a la igualdad, la libertad de conciencia y a la libertad de cultos, por no incluir a los objetores de conciencia? La exención alude a circunstancias objetivas presentes en los allí mencionados grupos de personas, en razón de las cuales no existe para ellos la obligación de prestar el servicio militar. La objeción de conciencia alude a consideraciones subjetivas, por las cuales una persona se opone a prestar el servicio al que está obligado, por razones de conciencia. Se trata de dos situaciones diferentes que no tenían que haber sido reguladas en la misma norma. La Corte consideró que, atendiendo la naturaleza fundamental del derecho de objeción de conciencia, de aplicación inmediata, ésta podía hacerse valer mediante el ejercicio de la acción de tutela, aún frente al deber de prestar el servicio militar obligatorio, sobre la base de la demostración de circunstancias excepcionalmente extremas que así lo justifiquen, indicativas de la imposibilidad irreductible que surge para el objetor de acometer algunas de las actividades inherentes al cumplimiento de dicho deber, por resultar abiertamente incompatibles con las comprobadas, serias y reales razones de conciencia que aduzcan, aspecto en relación con el cual la Corte decidió variar la jurisprudencia existente sobre el particular, opuesta a dicha postura. Exhorta al Congreso de la República para que, a la luz de las consideraciones de esta providencia, regule lo concerniente a la objeción de conciencia frente al servicio militar. Ley 48 de 1993, "por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización"; Art. 27 : Exequible
CC SC 727 de 2009
¿La exigencia de haber cotizado 25 semanas durante los últimos tres años, al afiliado que ha cotizado por lo menos el 75% de las semanas requeridas para tener derecho a la pensión de vejez, desconoce el principio de progresividad y no regresividad de los derechos sociales, en lo que se refiere a los requisitos para obtener la pensión de invalidez? El legislador no está obligado a mantener en el tiempo las expectativas que tienen las personas conforme a las leyes vigentes en un momento determinado, pues bien puede existir la necesidad de darle prioridad a otros intereses de rango constitucional, que permitan el adecuado cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho. Para la Corte, el aumento de los requisitos para el acceso a una prestación propia de la seguridad social, que tiene por objeto amparar el riesgo generado por la pérdida de la capacidad laboral derivada de una enfermedad o de un accidente, es una medida legislativa que se muestra prima facie regresiva y por ende, contraria al principio de progresividad de los derechos sociales. La disminución a 25 semanas cotizadas constituye un beneficio y no un retroceso a favor de quienes ya han cotizado un 75% de las semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez. Ley 860 de 2003, "por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones"; Art. 1, Par. 2 (Mod. el Art. 39 de la Ley 100 de 1993) : Exequible. Estarse a lo resuelto en la C-428-09 en relación con cargos a los Nums. 1 y 2 (parciales). S. V

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 726 de 2009
Naturaleza jurídica de la Comisión Nacional de Televisión. Potestad reglamentaria. A juicio de la Corte, la facultad que le confiere el literal e) del artículo 5º de la Ley 182 de 1995 a la CNTV para reglamentar el régimen sancionatorio aplicable a los concesionarios, operadores y contratistas de televisión, resulta acorde con la potestad regulatoria que el artículo 77 de la Constitución le atribuye. A su vez, la atribución prevista en el literal h) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995 para imponer sanciones a los mismos, por infracción de la ley, los reglamentos y obligaciones contractuales, constituye un desarrollo legal de las funciones de inspección, vigilancia y control que constitucionalmente le corresponde a la Comisión, a través de su Junta Directiva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 76 de la Carta Política. Ley 182 de 1995, "por la cual se reglamenta el servicio de la televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democrátiza el acceso a éste, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de comunicaciones"; Arts. 5 Lit. e) y 12 Lit. h) (parciales): Exequibles

ADMINISTRATIVO GENERAL