Documentos Oficiales
 
35 Comunicado de Prensa de 20 de agosto de 2009
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
CC SC 559 de 2009
Código de Procedimiento Civil; Art. 208, Inc. 7o. (Mod. por el Art. 21 de la Ley 794 de 2003). La autorización al juez para amonestar al interrogado para que responda, si se negare a contestar o diere respuestas evasivas o inconducentes, a la vez que prevenirlo sobre los efectos de su renuencia, no vulnera en nada el principio de la no autoincriminación. Advirtió que en el proceso civil o laboral, trátese de la contestación de la demanda o de la confesión judicial o al momento de resolver un interrogatorio de parte o de terceros, el ciudadano requerido siempre puede abstenerse de contestar lo que eventualmente implicare responsabilidad penal suya o de su cónyuge o compañero (a) permanente, o de sus familiares cercanos, en los grados establecidos en el artículo 33 de la Carta Política. Adicionalmente, recordó que en el procedimiento civil se encuentra admitido por la doctrina que como medio de prueba, la confesión pueda ser espontánea o provocada mediante el interrogatorio de parte. Declarado exequible.

PROCEDIMIENTO CIVIL

CC SC 558 de 2009
Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal". Demanda el Art. 175, por no fijar un término expreso para la etapa de indagación previa a la imputación, cargo que encuentra deficiente y declara fallo inhibitorio. En cuanto al Art. 294 (parcial) lo declara exequible, en cuanto encuentra que esta disposición se inscribe en el contexto del nuevo proceso penal, orientado por el principio de celeridad, de manera que si, a partir de la imputación, se dejan vencer los términos en detrimento de la celeridad, se contempla la separación del caso del fiscal que ha venido actuando en el mismo, sujeto a la correspondiente investigación disciplinaria, la necesidad de reemplazarlo y el nuevo término para proferir las decisiones. Para la Corte no se configura en este caso una omisión legislativa relativa, atribuible a la ausencia de señalamiento de un término para que el superior designe un nuevo fiscal, puesto que, a partir de una consideración integral del artículo demandado, en concordancia con otras disposiciones del mismo estatuto procesal penal, es posible señalar que el tiempo para proferir la decisión se debe contabilizar desde la designación del nuevo fiscal, la cual debe producirse de inmediato, razón por la cual dicho término, en realidad, debe contarse a partir del momento en el que se venció el previsto en el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, interpretación que, en los casos en los que el imputado se encuentre privado de la libertad, tiene confirmación expresa en el texto del artículo 317 del mismo ordenamiento, conforme al cual se producirá la libertad del imputado cuando transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de la formulación de la imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión, con la advertencia, en la misma disposición, de que dichos términos deben contabilizarse de manera ininterrumpida. De este modo, la mora en la designación del nuevo fiscal no afecta al imputado y no habría lugar a una dilación injustificada del proceso.

PENAL

CC SC 557 de 2009
Ley 42 de 1993, "sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen", demanda algunos apartes del artículo 37, en cuento incluye dentro del presupuesto general de la nación los presupuestos "de los particulares o entidades que manejen fondos de la Nación, pero sólo con relación a dichos fondos". Así mismo demanda algunos apartes que establecen competencias para la Contraloría General de la Respública. Exequibles por los cargos analizados.
CC SC 556 de 2009
Declara INEXEQUIBLES los literales a) y b) del Art. 12 de la Ley 797 de 2003, "por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales". Los requisitos de fidelidad establecidos en los literales demandados, no se encontraban establecidos en la Ley 100 de 1993, por lo cual constituyen una medida regresiva en materia de seguridad social, puesto que la modificación introducida establece un requisito más riguroso para acceder a la pensión de sobrevivientes, desconociendo la naturaleza de esta prestación, la cual no puede estar cimentada en la acumulación de un capital, sino que encuentra su fundamento en el cubrimiento que del riesgo de fallecimiento del afiliado se está haciendo a sus beneficiarios, que dependen económicamente del causante, para garantizarles continuar con una pervivencia digna.

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES