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Comunicado de Prensa de 3 de diciembre de 2008
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
CC SC 1196 de 2008
¿Establecer a cargo de los trabajadores independientes el pago de la totalidad de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en materia de salud y pensiones, configura una vulneración de la igualdad por establecer una clara ventaja a favor de los trabajadores dependientes o empleados, que sólo deben pagar una parte de dichas cotizaciones, pues la otra la asume el empleador? - ¿Adolece el artículo 204 de la Ley 100 de 1993 de una omisión legislativa por haberse abstenido de regular el porcentaje de cotización en salud que debe asumir el trabajador? .Ley 100 de 1993, "por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones"; Art. 19 (Mod. por el Art. 6 de la Ley 797 de 2003), Art. 204 (Mod. por el Art. 10 de la Ley 1122 de 2007) : Exequible

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 1195 de 2008
Incompatibilidad de los diputados para actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales. Ley 734 de 2002, "por el cual se expide el Código Disciplinario Unico. Art. 39 : Fallo inhibitorio

DERECHO DISCIPLINARIO

CC SC 1194 de 2008
¿Es violatorio del principio de buena fe y de autonomía de la voluntad privada, a efecto del abono de las expensas al comprador y de los deterioros del vendedor, una presunción de mala fe para el primero cuando no pague el precio y que adicionalmente no pruebe que ello obedeció a que sufrió en su fortuna y sin su culpa, menoscabos tan graves que le hicieron imposible cumplir con su obligación? Aunque la ley establece esa presunción, también admite que el comprador incumplido presente una prueba que la desvirtúe, por haber sufrido un menoscabo en su patrimonio, siempre que hubiese actuado diligentemente, con lo cual se libera de ser considerado como poseedor de mala fe y de los efectos que implica. Por consiguiente, no encontró la Corte que la norma acusada vulnere la Carta Política por el supuesto desconocimiento del principio de buena fe. Tampoco prospera el cargo por violación del principio de autonomía de la voluntad privada, en la medida que si bien es cierto que la norma acusada disciplina un aspecto de autorregulación por los particulares, no es menos cierto que el citado principio no es absoluto. Código Civil; Art. 1932, Inciso final : exequible

CIVIL

CC SC 1193 de 2008
¿El efecto inmediato que produce para todos los sujetos procesales, estén o no presentes, la notificación de decisiones proferidas en diligencias verbales en el marco de un proceso disciplinario, como lo establece el artículo 106 de la Ley 734 de 2002, vulnera el derecho de defensa y el debido proceso de aquellos que no asistan a la diligencia? Ley 734 de 2002, "por el cual se expide el Código Disciplinario Único" Art. 106 : Exeqible

DERECHO DISCIPLINARIO

CC SC 1192 de 2008
Ley 1191 de 2008, "por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y del Caribe", hecho en Viena el 25 de septiembre de 1988". Exequible. SV

AMBIENTAL

CC SC 1191 de 2008
La Corte decidió inhibirse de proferir sentencia de mérito para el asunto de la referencia, en cumplimiento de lo dispuesto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el 13 de octubre de 1994, que adscribió al Consejo de Estado la competencia para conocer acerca de la constitucionalidad del Decreto 1421 de 1993 "por el cual se dicta el régimen especial del Distrito Capital de Santafé de Bogotá".
CC SC 1190 de 2008
Demanda contra el Decreto 990 de 2002, "por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones" y el Decreto 991 de 2002, "por el cual se modifica la planta de personal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones" Fallo inhibitorio por falta de jurisdicción
CC SC 1189 de 2008
¿La prohibición, sin excepciones, de la inversión de recursos públicos en asentamientos, invasiones y loteos ilegales y la provisión de servicios públicos en las edificaciones sobre dichas áreas, vulnera los derechos de los menores (art. 44 C.P.), el derecho a la salud (art. 49 C.P.), derecho a la vivienda digna (art. 512 C.P.) y la finalidad social del Estado y servicios públicos (art. 366 C.P.). La Corte estableció que el fin perseguido por el legislador al prohibir la inversión de recursos públicos y la provisión de servicios públicos en asentamientos ilegales es legítimo, imperioso y promueve valores constitucionales.. No obstante, el medio utilizado para alcanzar los fines constitucionales mencionados no resulta admisible desde el punto de vista constitucional, porque la prohibición establecida en el artículo 99 de la Ley 812 de 2003 es demasiado amplia e indeterminada acerca de la entidad, o el tipo de servicio o inversión pública a la que se refiere, como quiera que prohíbe cualquier inversión de recursos públicos o prestar servicios públicos en asentamientos o invasiones ilegales o el suministro de cualquier servicio público en edificaciones sobre dichos terrenos. Por ejemplo, impide la protección de la seguridad personal, o la defensa de las libertades de los habitantes de asentamientos ilegales; así mismo, la construcción de obras encaminadas a proteger la vida de las personas, frente a riesgos de derrumbe o de inundación, frecuentes en este tipo de asentamientos. Estarían excluidos servicios de tanta importancia para la vida y la salud, como el suministro de agua o la construcción de alcantarillado. El Estado ha de propender por un crecimiento urbano sostenible y planificado, pero ello no debe hacerse a expensas de excluir del acceso de agua y otros servicios públicos, máxime si los afectados son individuos bajo una situación de especial vulnerabilidad. Ley 812 de 2003, "por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario"; Art. 99 : INEXEQUIBLE
CC SC 1188 de 2008
Condicionamiento de edad mínima para acceder como beneficiario a la pensión objeto de la ley 447 de 1998, "por la cual se establece pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras disposiciones" Art. 1, Par. 1 : Fallo inhibitorio
CC SC 1187 de 2008
Declaratoria de prescripción adquisitiva. Ley 1183 de 2008, "Por medio de la cual se asignan unas funciones a los Notarios". Art. 10 : Estarse a lo resuelto en la C-1154-08 que declaró su inexequibilidad

NOTARIAL

CC SC 1186 de 2008
¿El establecimiento del desistimiento tácito, en las condiciones y con los efectos previstos en la ley acusada, vulnera los derechos a acceder a la administración de justicia, al debido proceso, la garantía de los derechos adquiridos, así como otros conexos con éstos y que serían protegidos mediante procesos judiciales civiles o de familia? La figura del desistimiento tácito, la Corte señaló que hoy ocupa el lugar que antes ocupó la perención, la cual constituía una forma de terminación anormal del proceso, imponible cuando se acreditara la inactividad de la parte a cuyas instancias se promovió un trámite o proceso, el cual se había paralizado por su causa. Esta figura desapareció en 2003, cuando la Ley 794 de 2003 derogó los artículos 346 y 347 del Código de Procedimiento Civil y resurge de nuevo con el denominado desistimiento tácito. La Corte observó que bien pueden existir circunstancias de fuerza mayor -vgr. desplazamiento forzado, secuestro, desaparición forzada, toma de rehenes- que impidan el cumplimiento de la carga procesal o del acto de parte, eventos que deben ser valorados por el juez para que dado el caso, no se aplique automáticamente el desistimiento tácito y con ello se afecten derechos fundamentales de la parte concernida. Fallo inhibitorio por falta de publicación de la reforma. Ley 1194 de 2008, "por la cual se reforma el Código de Procedimiento Civil y se dictan otras disposiciones"; Art. 1 : Exequible. Parágrafo condicionalmente exequible
CC SC 1185 de 2008
Decreto 624 de 1989, "Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales"; Arts. 634, 634-1, 635, 647, parciales : Fallo inhibitorio

TRIBUTARIO

CC SC 1184 de 2008
¿La tipificación de "omisión de apoyo" dentro del Código Penal, vulnera el fuero penal militar y el principio de unidad de materia, por tratarse de un delito en el que se mantiene el nexo que vincula al sujeto activo con el cumplimiento del servicio y con ocasión del mismo, comportamiento exclusivo del conocimiento de la jurisdicción penal militar y que por ende no puede estar contenido en la norma sustantiva ordinaria? Conforme a los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8º y 9º de la Convención Americana de Derechos Humanos, en supuestos fácticos como el formulado en la norma demandada se pregona la aplicación de la regla general, competencia de la jurisdicción ordinaria, por no tratarse de una conducta cobijada por el fuero militar. Precisó que este tipo penal no puede entenderse en el sentido de que excluya la aplicación de delitos de mayor gravedad que pudieran derivarse de dicha omisión. Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal"; Art. 424 : CONDICIONALMENTE exequible

PENAL

CC SC 1183 de 2008
¿La asignación a COLDEPORTES del control y vigilancia de orden administrativo, técnico, financiero, presupuestal y contable de la inversión del producto del impuesto al consumo del cigarrillo, desconoce la autonomía territorial (art. 287 C.P.), como quiera que por su origen, su apropiación y destinación, se trata de recursos propios de los entes territoriales? Desde la creación por la Ley 30 de 1971 de un gravamen del 10% sobre la cajetillas de cigarrillos nacionales, con destino a la financiación del deporte, se confirieron a COLDEPORTES, una serie de facultades relacionadas con la vigilancia y control sobre la inversión de dicho tributo por las respectivas entidades territoriales. Dichas facultades fueron declaradas exequibles. La Corte determinó que el control y vigilancia que se asigna a COLDEPORTES, establecimiento público del nivel nacional, en relación con el impuesto al consumo del cigarrillo, que es un gravamen de orden departamental, es uno de los casos excepcionales en los cuales el legislador puede intervenir en el empleo de una fuente endógena de financiación de una entidad territorial, por cuanto persigue un fin constitucional cual es garantizar la práctica del deporte, en desarrollo del artículo 52 de la Constitución. Proyecto de Ley No. 218-07 Senado, 128-07 Cámara, "por medio del cual se modifica el artículo 4º de la Ley 30 de 1971 sobre le impuesto al consumo de cigarrillos con destino al deporte y se dictan otras disposiciones". Art. 1, Par. 2 (modificatorio del Art. 4 de la Ley 30 de 1971) : Infundadas. S.V