Documentos Oficiales
 
2014 9 Comunicado de Prensa de 19 de marzo de 2014
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
CC SC 173 de 2014
Falta de competencia para conocer de la demanda contra el artículo 2 del Decreto 934 de 2013, "por el cual se reglamenta el artículo 37 de la Ley 685 de 2001"

MINERÍA

CC SC 172 de 2014
¿La asignación en forma privativa, a la Superintendencia de Industria y Comercio, de las funciones de inspección, vigilancia y control de la libre competencia de "cualquier actividad o sector económico", desconoce los artículos 365 y 370 de la Constitución, en relación con las entidades que prestan servicios públicos domiciliarios, la cual, en concepto del demandante está reservada la Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios? La circunstancia de que el artículo 370 de la Carta Política señale que el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten los ejercerá el Presidente de la República por medio del a Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no significa que sea la única autoridad constitucionalmente autorizada para cumplir con tales funciones. La vigilancia y el control debe tener un enfoque que tenga en cuenta la naturaleza especial de estas actividades, su esencialidad, su continuidad y la igualdad real de acceso de todos a su prestación, dentro de un Estado Social de Derecho. Ley 1340 de 2009, "por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia"; Art. 2 (parcial) (Adc. al Art. 46 del Decreto 2153 de 1992) y Art. 7 (parcial : Exequibles
CC SC 170 de 2014
¿Se vulnera el principio de la voluntariedad de la jurisdicción arbitral (CP 116) la vinculación de terceros llamados en garantía por los efectos de un laudo arbitral? No se viola, por cuanto: (i) El tercero garante no es parte, sino que es vinculado por la decisión adoptada en el proceso al que fue llamado, con fundamento en que ha suscrito un contrato de garantía con una de las partes del proceso y no con fundamento en ciertas características de su participación en el proceso que lo asimilan a la calidad de parte. (ii) La proposición jurídica demandada se refiere al tercero garante que ha suscrito un contrato de garantía que contiene una cláusula compromisoria o pacto arbitral, por lo cual se entiende que al suscribirlo aceptó tácitamente que su obligación de garante podría exigirse en un proceso ante árbitros. (ii) Las norma acusada garantiza plenamente que la jurisdicción arbitral se active únicamente por la habilitación expresa de las partes, la cual se materializa en la decisión de garantizar un contrato con pacto arbitral. Ley 1563 de 2012, "por medio de la cual se expide el estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones"; Art. 37 Par. : Exequible
CC SC 169 de 2014
Ley 1653 de 2013, "por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones" declarada INEXEQUIBLE al concluir que los elementos estructurales del arancel, contenidos en los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 1653 de 2013 vulneraban los principios de equidad, progresividad, justicia y excepcionalidad de las contribuciones parafiscales, así como los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso. La inconstitucionalidad de los elementos estructurales de la Ley 1653 de 2013, por ser indispensables para el entendimiento y sentido del resto de disposiciones de la misma, conduce consecuencialmente a la inconstitucionalidad de toda la ley. Como ha establecido la jurisprudencia, una Ley cuyos elementos estructurales resultan manifiestamente contrarios a la Constitución, debe ser expulsada en su totalidad del ordenamiento, cuando estos últimos son declarados inexequibles

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 168 de 2014
¿El condicionar la norma demandada, a que sólo tendrán derecho a la devolución del IVA bimestral los productores de los bienes exentos de que trata el artículo 477 del Estatuto Tributario "que una vez entrado en operación el sistema de facturación electrónica y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN para la aplicación de dicho sistema, lo adopten y utilicen involucrando a toda su cadena de clientes y proveedores", establece un trato discriminatorio entre los productores de alimentos? La conclusión fue que la medida legislativa cuestionada no establece un trato diferenciado entre dos sujetos que se encuentren en una situación semejante o equiparable, sino que por el contrario, a la luz la necesidad de garantizar una respuesta oportuna a los requerimientos de devolución, y a la de evitar que ésta sea utilizada como un mecanismo de fraude, existe una diferencia fáctica relevante entre los productores de los alimentos exentos de la cadena familiar, y los demás agentes económicos que suministran los otros bienes y servicios exentos que tienen derecho a la devolución semestral, y en atención a dicha diferencia, se estableció el requisito de la implementación de la facturación electrónica únicamente en relación con los primeros, y no en relación con los segundos. Es decir, las diferencias empíricas constitucionalmente relevantes a la luz de los objetivos del sistema de devoluciones, justifican plenamente la diferenciación normativa que el peticionario cuestiona. Ley 1607 de 2012, "por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"; Art. 55 Lit. g) (parcial) (Mod. el Art. 481 del ET) : Exequible. S.V
CC SC 167 de 2014
¿Se violan los principios de legalidad y certeza del tributo al establecer como hecho gravable de una tasa las expresiones 'y demás gastos que se requieran', y 'los demás hechos que se presenten en desarrollo de los objetivos del Invima'? El primero de los apartes normativos acusados, emplea expresiones que tienen un cierto grado de indeterminación, que no impide establecer a las personas, a partir de los dispuesto en la misma norma legal, cuáles son los hechos generadores a los que se hace referencia. En el segundo caso, sí emplea expresiones con un alto grado de indeterminación que impiden establecer a las personas cuáles son los hechos generadores a los que se hace referencia, a partir de lo dispuesto en la misma norma legal. Ley 399 de 1997, "por la cual se crea una tasa, se fijan unas tarifas y se autoriza al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, "INVIMA", su cobro"; Art. 4 Lit c) (parcial) : Exequible. Literal e) : INEXEQUIBLE

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

CC SC 166 de 2014
El período del Fiscal General de la Nación es individual, no institucional. La reforma introducida por el artículo 6º del Acto Legislativo 1 de 2003 al artículo 125 de la Constitución, según la cual, "[l]os períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para los cargos de elección tienen el carácter de institucionales", no modificó el artículo 249 de la Carta que determina la naturaleza del período del Fiscal General y que ha sido interpretado por la Corte en el sentido que la Constitución define este período como individual o personal, por cuanto no de otra forma podría cumplirse el mandato consistente en que el Fiscal es elegido para un período de cuatro años. Ley 938 de 2004, "por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación"; Art. 9 (parcial) : Cosa juzgada constitucional