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Comunicado de Prensa de 19 de septiembre de 2007
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
L. 1105 de 2006
Por medio de la cual se modifica el Decreto ley 254 de 2000 sobre procedimiento de liquidación de entidades públicas del orden nacional y se dictan otras disposiciones. ¿La adaptación en el acto que ordene la liquidación de una entidad de orden territorial a las normas de la Ley 1105 de 2006, vulnera el principio de autonomía territorial? Competencia para adaptar el procedimiento de liquidación de entidades públicas. ¿La inclusión de los temas de prelación al trámite y decisión de los procesos judiciales, vulneró los principios de identidad flexible o relativa y consecutividad? - Modificaciones en el curso de los debates. ¿Establece el aparte demandado del Art. 12 una reducción del término de la prescripción de los créditos laborales contra las entidades públicas en liquidación y por lo tanto una violación al principio de igualdad y al derecho de acceso a la justicia de los trabajadores de dichas entidades? Demanda contra los Arts. 1, 7 y 12 (parciales) (Modifican el Decreto 254 de 2000) : Exequibles

ADMINISTRATIVO GENERAL

D. 128 de 1976
Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las Juntas Directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de éstas. Art. 1 (parcial). L. 489 de 1998 - Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Arts. 68, y 102 (parciales). L. 142 de 1994 - Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Art. 142 (parcial). ¿Deben considerarse como sociedades de economía mixta, todas las empresas de servicios públicos en las cuales haya cualquier porcentaje de capital público, y por este hecho, todos los trabajadores de estas sociedades, incluidos los miembros de sus juntas o consejos directivos, deben ser considerados servidores públicos y como tales sometidos al régimen general de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades correspondientes, contenido en el Decreto Ley 128 de 1976, sin importar el monto del capital estatal presente en dichas sociedades, de manera especial, cuando tales personas cumplen funciones públicas, aunque sea de manera transitoria?.Y si por las mismas razones dicho régimen necesariamente deba ser aplicado sin excepción en todas las empresas de servicios públicos, sin atender el porcentaje de capital público presente en ellas? Empresas de servicios públicos : entidades descentralizadas de naturaleza y régimen jurídico especial.

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