Documentos Oficiales
 
2014 43 Comunicado de Prensa de 29 y 30 de octubre de 2014
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
CC SC 797 de 2014
Inepta demanda contra el parágrafo del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo", teniendo en cuenta que el precepto acusado no se encuentra actualmente vigente, ni está produciendo efectos a la fecha, ni tampoco concurría ninguna de las otras razones por las que, en casos especiales, la Corte ha aceptado fallar de fondo sobre una norma que ya no se encuentra vigente
CC SC 796 de 2014
La Corte examina nuevamente la exequibilidad del literal h) del Art. 430 del Código Sustantivo del Trabajo que establece como servicio público, y por tanto prohíbe en ella las huelgas, las actividades de explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados, cuando estén destinadas al abastecimiento normal de combustibles del país, a juicio del gobierno; toda vez que (i) en la providencia C-450-95 la Corte examinó la constitucionalidad del literal h) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo exclusivamente a la luz del artículo 56 de la Constitución; (ii) el demandante en esta oportunidad formuló cargos que no fueron estudiados en la sentencia C-450 de 1995, específicamente relacionados con la violación del bloque de constitucionalidad; y (iii) después de 1995 se produjo un cambio en el contexto de aplicación del precepto acusado, debido a la Recomendación emitida por el Comité de Libertad Sindical y aprobada por el Consejo de Administración de la OIT. Teniendo en cuenta los cargos analizados, encontró exequible el aparte demandado. Para la Corte, al existir reserva de ley en esta materia, corresponde al Legislador definir los casos en los que las actividades de "explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados, cuando estén destinadas al abastecimiento normal de combustibles del país", constituyen servicios públicos esenciales y, en consecuencia, no podrían ser escenario de huelgas. Sin embargo, advirtió que tal definición debe sujetarse a los parámetros materiales que ha fijado la jurisprudencia constitucional. En tal sentido, exhorta la Congreso para que en el término de dos años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Constitución Política, avance en la delimitación del ámbito en el que no sería posible ejercer el derecho de huelga en el sector específico de hidrocarburos, garantizando la no afectación del servicio de abastecimiento normal de combustibles del país, en relación con las actividades a que hace alusión el aparte normativo demandado

LABORAL ADMINISTRATIVO

LABORAL

CC SC 795 de 2014
La Corte encontró INEXEQUIBLE condicionar la efectiva entrega del predio restituido al pago de las compensaciones que hubiere ordenado el juez en favor de los poseedores de buena fe. El aparte acusado resulta excesivamente gravoso y lesivo para los intereses y los derechos fundamentales de las víctimas a la reparación integral, en cuanto comporta una restricción particularmente significativa e intensa de sus garantías constitucionales, que impide la plena certeza en la satisfacción de su derecho a la restitución. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 100 (parcial) : INEXEQUIBLE. S.V
CC SC 794 de 2014
¿La tipificación como falta gravísima, al utilizar el cargo para participar "en las controversias políticas", resulta contraria a la libertad de expresión de los servidores públicos al impedirles opinar sobre temas que al hacer parte de la agenda pública resulten de interés para la ciudadanía, y el ejercicio de sus derecho de participación política? La tipificación de esta conducta como falta disciplinaria está directamente relacionada con el contenido del artículo 127 de la Constitución Política que regula, entre otros asuntos, las condiciones en que los servidores públicos de las distintas ramas del poder público pueden participar en política. Las restricciones a la participación en política de los servidores públicos, como la contenida en la norma acusada, pretenden resguardar importantes valores constitucionales, entre ellos la imparcialidad y la moralidad en el ejercicio de la función pública, la prevalencia del interés general sobre el particular y la igualdad tanto entre los ciudadanos como entre los partidos y movimientos políticos, todos los cuales podrían verse seriamente afectados si tales ciudadanos pusieran el ejercicio de sus cargos al servicio de sus preferencias e intereses políticos. L a expresión controversias políticas, que enmarca las actividades cuya realización se considera falta, ha de entenderse en un sentido restringido, como referida a las actividades de tipo partidista o que ocurren en relación con procesos electorales, y no a la simple intervención en deliberaciones o discusiones sobre temas públicos de interés general. Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Único"; Art. 48 Num. 39 (parcial)

DERECHO DISCIPLINARIO

ELECTORAL

CC SC 793 de 2014
La refinanciación de los créditos de las personas siniestradas, debe ser otorgada por las entidades de financiamiento tanto públicas como privadas. La Corte declaró INEXEQUIBLES las expresiones "pública" y "públicas" contenidas en los artículos 86 y 88 de la Ley 1523 de 2012, "por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones". No existen diferencias sustanciales entre las entidades financieras públicas y privadas que ameriten un trato distinto frente a los deudores víctimas de una situación de desastre en virtud de la cual solo quienes contrajeron obligaciones crediticias con las primeras entidades podrían recibir el beneficio de la refinanciación en tanto que los deudores de las segundas quedan privados de dicha posibilidad. No es una medida irrazonable que afecte en forma desproporcionada a las entidades financieras privadas, pues, la única implicación que supone desde el punto de vista económico es la congelación de intereses, máxime por 90 días. Inepta demanda respecto del segmento final del artículo 87. S.V

FINANCIERO

CC SC 792 de 2014
La Corte declaró inconstitucional la omisión legislativa contenida en normas del código de procedimiento penal que no prevén la posibilidad de apelar las sentencias condenatorias proferidas por primera vez en segunda instancia y exhortó al congreso para que, en el término de un año contado a partir de la notificación por edicto de esta sentencia, regule integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias. De no hacerlo, a partir del vencimiento de este término, se entenderá que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior de quien impuso la condena. Este imperativo constitucional se deriva directamente del derecho de toda persona a impugnar las sentencias condenatorias proferidas en su contra, previsto, tanto en el artículo 29 de la Carta Política, como en el artículo 8.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que constituye uno de los elementos estructurales del derecho al debido proceso en el contexto de los juicios penales. Para la Corte, este derecho a impugnar la sentencia condenatoria no es equivalente a la garantía de la doble instancia, puesto que si bien en ciertos supuestos puede haber coincidencia entre ambas figuras, como cuando en un proceso de doble instancia, la decisión de condena se produce en la primera de ellas, en otros escenarios, la previsión constitucional sobre la doble instancia no resulta suficiente, bien porque se trata de un proceso penal de única instancia, circunstancia permitida por la Constitución, que admite excepciones a la garantía de la doble instancia, o bien porque siendo el proceso de doble instancia, la condena se produce en la segunda de ellas, hipótesis éstas en las que, al no contemplarse el derecho a controvertir el fallo condenatorio, se desconoce uno de los elementos constitutivos del debido proceso. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal", Arts. 20, 32, 161, 176, 179 (Mod. por el Art. 91 de la Ley 1395 de 2010), 194 y 481 (parciales) y 179B (Adc. por el Art. 93 de la Ley 1395 de 2010)

PENAL