Documentos Oficiales
 
2013 28 Comunicado de Prensa de 17 y 18 de julio de 2013
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
CC SC 462 de 2013
Los mecanismos enunciados en el parágrafo 3º del artículo 132 de la Ley 1448 de 2011, como formas posibles de indemnización administrativa, no se oponen a la Constitución. Sin embargo, de conformidad con lo señalado en la sentencia SU-254-13, que unificó los criterios referentes a la reparación, la Corte consideró que había que excluir cualquier entendimiento de la norma que llevara a confundir tales mecanismos con la indemnización administrativa. Por consiguiente, procedió a declarar la exequibilidad condicionada de los mismos, en el sentido de entender que se trata de mecanismos adicionales al monto de indemnización administrativa que debe pagarse en dinero. El inciso final del mismo parágrafo desconoce el principio que exige no confundir el deber de reparar con el deber de asistencia social en cumplimiento de los deberes constitucionales asignados al Estado. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Arts. 3º, 51, 60, 66 (incisos primero y segundo), 67 y 125 : Cosa juzgada. Art. 61, 66, 123 y 132 (parciales) : Inepta demanda. Art. 132 (parcial) CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE y aparte INEXEQUIBLE

PENAL

CC SC 461 de 2013
¿Es contrario a la Constitución el artículo demandado al impedir que la jurisprudencia contenida en los pronunciamientos de las altas cortes, cuando actúan como órganos de cierre, sea tenida en cuenta y proyecten sus efectos a las decisiones que posteriormente emitan los jueces de la República para resolver casos semejantes a los fallados en aquellas sentencias? El precepto acusado no genera el efecto planteado por los demandantes en el sentido de impedir la consolidación o la aplicación de los precedentes judiciales, proceso que no sufre ninguna dificultad como consecuencia de esta norma legal. No se afecta la supremacía constitucional, ni la igualdad, ni el debido proceso, ni sufren mengua ninguna de las funciones de esta Corporación en guarda de la integridad de la Constitución. Antes bien, resulta cierto que la precaución en torno a que los efectos de las sentencias no se extiendan sino a aquellas personas que hubieren participado del respectivo trámite, en realidad contribuye a hacer efectivos los mandatos contenidos en varias de las norma superiores que se citan como infringidas, como la igualdad o el debido proceso, evitar que terceras personas resulten vinculadas por actuaciones en las que no hubieren intervenido ni tenido oportunidad de defenderse y exponer sus propios puntos de vista. Sin embargo, la Corte reconoció que la norma sí genera dificultad en el caso de las sentencias que se profieren en relación con las acciones constitucionales, por tal motivo, procedió a declarar su exequibilidad, por los cargos analizados, en el entendido de que no impide la existencia de efectos erga omnes o extensivos de las sentencias que se profieren con ocasión de la instauración de acciones constitucionales. Código Civil; Art. 17 : CONDICIONALMENTE exequible

CIVIL

CC SC 460 de 2013
Para la Corte el que el certificado anual de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego al que deben someterse las personas naturales que sean vinculadas a los servicios de vigilancia y seguridad privada, deba ser realizado sin ningún costo por las ARP y no deba ser asumido por el empleador no desconoce los principios constitucionales demandados. Ley 1539 de 2012 "por la cual se implementa el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego y se dictan otras disposiciones"; Art. 1 (parcial) Exequible. S.V

SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES

CC SC 459 de 2013
La norma acusada no desconoce el principio de certeza en la base gravable del impuesto de industria y comercio para entidades financieras. Para la Corte, la expresión "ingresos varios", aunque indeterminada, es determinable a partir de la actividad interpretativa que, de acuerdo con sus competencias, corresponde a los operadores jurídicos. Así mismo, por tratarse de un tributo de índole territorial, los concejos municipales y distritales, en aplicación del artículo 338 de la Constitución, tienen competencia para reglamentar lo concerniente a dichos ingresos. Contrario a lo que afirma el demandante, los ingresos que deben incluirse como "ingresos varios", a efecto de la base gravable del impuesto de industria y comercio, no son definidos por la Superintendencia Financiera. Si bien el artículo 47 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 212 del Decreto 1333 de 1986 encargan a la Superintendencia la función de informar sobre el monto al que ascienden los ingresos gravados con el impuesto de industria y comercio, debe concluirse, en aplicación del principio de interpretación conforme con la Constitución, que dicho informe tiene efectos eminentemente ilustrativos. Esta información ayuda a los municipios y distritos a calcular, de acuerdo con la ley y el respectivo acuerdo del Concejo, la suma a pagar por cada una de las personas que realice actividades financieras en su respectiva jurisdicción. Ley 1430 de 2010, "por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad"; Art. 52 (Adc. al Art. 42 Ley 14 de 1983 - Decreto 1333 de 1986 Art. 207): Exequible

FINANCIERO

TRIBUTARIO