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2014 39 Comunicado de Prensa de 15 y 16 de octubre de 2014
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
CC SC 767 de 2014
¿La omisión por parte del legislador predicable de los artículos 1º de la Ley 1106 de 2006 y 1º de la Ley 1421 de 2010, al abstenerse de prorrogar la vigencia de la prestación económica equivalente a un salario mínimo, para las víctimas del conflicto armado que hubiesen perdido su capacidad laboral en más de un 50% y sin otra alternativa pensional, originalmente regulada en el artículo 46 de Ley 418 de 1997, desconocía el principio de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, los deberes sociales del Estado y la garantía de la igualdad material? La creación de esta prestación a favor de las víctimas del conflicto armado y la posterior prórroga de las normas que la contienen, seguida de la no prórroga de la misma por parte de los artículos 1º de la Ley 1106 de 2006 y 1º de la Ley 1421 de 2010, generaron entonces un vacío normativo, al dejar fuera del ordenamiento jurídico el reconocimiento de esta prestación a víctimas del conflicto armado. Para la Corte, la conducta omisiva del legislador implicó una trasgresión a la prohibición de regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Por lo anterior, se consideró que se encontraban acreditados los requisitos establecidos por la jurisprudencia para que prosperara el cargo de omisión legislativa relativa. Art. 1 de la Ley 1106 de 2006, "por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas de sus disposiciones" y Art. 1 de la Ley 1421 de 2010, "por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006", declarados CONDICIONALMENTE exequibles, "en el entendido que las víctimas del conflicto armado interno, que sufrieren una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral calificada con base en el Manual Único para la calificación de invalidez expedido por el Gobierno Nacional, tendrán derecho a una pensión mínima legal vigente, de acuerdo con lo contemplado en el Régimen General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de otras posibilidades pensionales y de atención en salud". Inepta demanda en relación con el artículo 131, parcial, de la Ley 418 de 1997, artículo 1 de la Ley 548 de 1999 y el artículo 1 de la Ley 782 de 2002, por ineptitud sustantiva de la demanda

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 758 de 2014
¿Se produce una infracción del derecho a la igualdad en contra de las personas afiliadas al régimen de ahorro individual con solidaridad, en cuanto la norma acusada, al contemplar de manera especial el caso de las madres trabajadoras con hijo(s) en estado de invalidez, se refiere a la necesidad de haber cotizado el mínimo de semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media? La Corte encontró que ciertamente existen razones que harían eventualmente factible que los operadores jurídicos realicen una interpretación limitativa de ella, conforme a la cual se excluya de tal beneficio a las personas afiliadas al régimen de ahorro individual con solidaridad. Sin embargo, señaló también que, según se evidencia desde el trámite legislativo de esta norma, así como de lo que ha sido su aplicación, tanto en la jurisdicción laboral como en este tribunal, es totalmente claro que este beneficio fue pensado para todas las madres (y padres) que tuvieren hijos en situación de invalidez, independientemente del régimen pensional al que aquéllos se encuentren afiliados, pues el mismo se estableció en interés de tales hijos inválidos más que de los trabajadores mismos, y siendo claro que todos ellos se encuentran en la misma situación fáctica de necesidad, carecería de sentido una diferenciación como la planteada en estas demandas. Ley 797 de 2003, "por medio de la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales "; Art. 9 Par. 4 (parcial) (Mod. Art. 33 de la Ley 100 de 1993) : CONDICIONALMENTE exequible

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 757 de 2014
¿La valoración de la conducta punible que la norma acusada prevé como paso previo al otorgamiento de la libertad condicional es contraria a los artículos 2º, 13, 29, 121 y 122 de la Constitución y a otras disposiciones de tratados internacionales pertinentes, en cuanto viola el principio del non bis in ídem al implicar una nueva evaluación sobre la misma conducta, adicional a la ya efectuada por el juez de conocimiento al momento de establecer la responsabilidad del acusado y las características y duración de la pena a imponer, al tiempo que parece privilegiar la finalidad puramente retributiva de esta, olvidando el propósito resocializador que le es igualmente inherente? La Sala encontró que el aparte normativo acusado sí resulta contrario al principio de legalidad en cuanto elemento integrante del debido proceso en materia penal, puesto que el legislador establece como función de los jueces de ejecución de penas la de valorar la conducta punible para decidir sobre la libertad condicional del condenado, sin ofrecer parámetros de ningún tipo para cumplir con dicha valoración. A partir de este hecho, la Corte concluyó que el segmento demandado resulta exequible siempre y cuando tal valoración tome en cuenta, entre otros criterios, las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, cualquiera que fuere el efecto que ellas generen en cuanto al otorgamiento o no de la libertad condicional. Ley 1709 de 2014, "por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones"; Art. 30 (Mod. Art. 64 de la Ley 599 de 2000) (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible

PENAL

CC SC 756 de 2014
Inepta demanda contra el Art. 478 de la Ley 906 de 2004 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"

PENAL

CC SC 755 de 2014
Infundadas las objeciones por inconstitucionalidad formuladas por el Gobierno Nacional en relación con el artículo 2º del proyecto de ley Nº 143 de 2012 Senado, 331 de 2013 Cámara "Por medio de la cual se declara Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación al Carnaval de Riosucio, Caldas y se dictan otras disposiciones". La Corte encontró que este objeción resultaba infundada, pues más allá del uso de un verbo con carácter imperativo, el texto legal objetado no establece en sí mismo una orden de gasto, que es la situación cuya iniciativa está constitucionalmente reservada al Ejecutivo, lo que solo ocurre con las leyes de apropiaciones, escenario totalmente diferente al que aquí se plantea. A partir de estas reglas, la Corte declaró exequible la norma objetada