Documentos Oficiales
 
2013 10 Comunicado de Prensa de 6 de marzo de 2013
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
CC SC 110 de 2013
Requisitos para obtener a la pensión de invalidez. Inepta demanda en relación con el Art. 36 (parcial) de la Ley 100 de 1993, "por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones"

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

CC SC 109 de 2013
Cosa juzgada en cuanto a la inexequibilidad de la Ley 1520 de 2012 "por medio de la cual se implementan compromisos adquiridos por virtud del Acuerdo de Promoción comercial suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América y su Protocolo Modificatorio, en el marco de la política de comercio exterior e integración económica", en lo relacionado con derechos de autor

CIVIL

CC SC 108 de 2013
Inepta demanda en relación con el Art. 156 del Decreto 4923 de 2011, "por el cual se garantiza la operación del Sistema General de Regalías"
CC SC 107 de 2013
(i) ¿La atribución otorgada al Consejo para citar a control especial a los Representantes Legales de las empresas de servicios públicos domiciliarios en los términos del Num. 12 del Art. 32, viola el artículo 370 de la Carta? La Constitución, por una parte, no reserva toda la función de control sobre las entidades prestadoras de servicios domiciliarios en cabeza del Presidente de la República y la Superintendencia de Servicios Domiciliarios. Esa función se la adjudica directamente al "Estado" (CP art. 365). Al contrario, esta competencia es desarrollo de una norma constitucional que autoriza a los concejos para hacer control político sobre la administración municipal (CP art. 312); es un instrumento para cumplir con las demás funciones que la Constitución les asigna a los concejos (CP art. 313); es al mismo tiempo una implicación del modelo de democracia participativa contemplado en la Carta (CP arts. 1, 2 y 40); y finalmente no interfiere en el ámbito protegido por el artículo 370 Superior, el cual establece una facultad de control administrativo, mientras que la norma acusada se refiere a una modalidad de control político. (ii) ¿ La facultad otorgada al alcalde de imponer multas convertibles en arresto, desconoce el principio de estricta legalidad en materia de sanciones? La Sala Plena, al analizar el texto del artículo demandado, advirtió que no establecía si era necesaria la intermediación de juez para convertir la sanción de multa en arresto. Constató que la norma cuestionada no define inequívocamente quiénes son los sujetos sancionables. El enunciado bajo control no resultaba tampoco inequívoco al señalar qué tipo de órdenes eran aquellas cuya desobediencia desencadenaba la imposición de las sanciones. El precepto no estatuía con precisión cuáles eran las conductas susceptibles de encuadrarse como faltas de respeto al alcalde. No definía en qué consistía el procedimiento sumario administrativo. Tampoco predeterminaba los criterios para graduar la sanción imponible. Y todos estos defectos, salvo el primero, los juzgó insuperables con arreglo a métodos de interpretación jurídica. Ley 1551 de 2012, "por medio de la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los Municipios"; Art. 18 Num. 12 (Mod el Art. 32 de la Ley 136 de 1994) : Exequible. Art. 29 Lit. d) Num 9 (Mod. el Art. 91 de la Ley 136 de 1994) : INEXEQUIBLE
CC SC 106 de 2013
Exequible el Acto Legislativo 5 de 2011, respecto de los cargos por incumplimiento de las exigencias relativas a la iniciativa normativa y publicación del acto legislativo consagrados en los artículo 115 y 375 de la Constitución; ausencia de las firmas de algunos ponentes en los informes de ponencia; no discusión de algunas constancias y proposiciones presentadas durante el primero y quinto debates; y la no publicación del informe de conciliación de la segunda vuelta por parte de la Cámara de Representantes exigida por el artículos 161 de la Constitución. Inepta demanda respecto del cargo por sustitución del Acto Legislativo, en virtud de una supuesta anulación de los principios de autonomía territorial y descentralización
CC SC 105 de 2013
(1) ¿la orden de que la elección de los personeros municipales y distritales se sujete a un concurso de méritos vulnera el principio democrático, las competencias constitucionales de los concejos, y el procedimiento constitucional de elección? A la luz del artículo 125 de la Carta Política, tal como ha sido interpretado por esta Corporación, la elección de servidores públicos que no son de carrera puede estar precedida del concurso, incluso cuando el órgano al que le corresponde tal designación es de elección popular. No vulnera el artículo 313-8 de la Constitución, por cuanto esa norma solamente señala la competencia de los concejos municipales, pero no fijó ningún procedimiento para escogencia y designación de aquellos servidores, lo que bien podía definir el Legislador. Y por último la realización del concurso es compatible con una noción amplia de democracia, que no solo privilegia el sufragio y las decisiones discrecionales de quienes son elegidos a través de este mecanismo, sino también la intervención directa de la ciudadanía en la conformación del poder, y en la gestión y el control de la actividad estatal, así como la garantía de los derechos fundamentales a la igualdad, acceso a la función pública y el debido proceso. (ii) ¿La orden de que dichos concursos sean diseñados y ejecutados por la Procuraduría General de la Nación, desconoce las competencias constitucionales de los concejos y la autonomía de las entidades territoriales? En efecto, como el concurso es la fase medular del proceso de designación de funcionarios y tiene carácter vinculante, su realización por una autoridad diferente a los concejos municipales desconoce la facultad constitucional de escogencia de personero y conduce a un vaciamiento de su competencia. A juicio de la Corte, tales concursos deben ser llevados a cabo por los concejos, para lo cual pueden contar con el apoyo técnico y organizacional de otras entidades e instituciones especializadas. Ley 1551 de 2012, "por medio de la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los Municipios"; Art. 35 (Mod. el Art. 170 de la Ley 136 de 1994). Concurso de méritos : Exequible. El que los mismos sean realizados por el Procurador : INEXEQUIBLE