Documentos Oficiales
 
2012 44 Comunicado de Prensa de 31 de octubre de 2012
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TEMA
CC SC 896 de 2012
¿Otorgar al Ministerio del Interior y de Justicia funciones jurisdiccionales relativas a materias que en nada se relacionaban con la materia de la Ley 1480 de 2011, desconoció el principio de unidad de materia? ¿La atribución de funciones jurisdiccionales -a través de la expresión "asuntos en que la ley haya permitido o permita a otras autoridades administrativas el ejercicio de funciones jurisdiccionales, siempre y cuando las controversias sean susceptibles de transacción o conciliación y se apliquen las normas procesales vigentes"- al ser genérica e indeterminada, constituyó una infracción del debido proceso (art. 29), así como de las reglas que determinan las condiciones de asignación de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas (art. 116)? La Corte precisó las reglas que rigen, de conformidad con la Constitución y la ley, la atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas, de manera que (i) si es posible diferenciar claramente y no hay interferencia entre el ejercicio de funciones jurisdiccionales y el ejercicio de las funciones administrativas a cargo de la autoridad correspondiente, la asignación de competencias jurisdiccionales será constitucionalmente admisible; (ii) si las funciones administrativas y jurisdiccionales se encuentran tan estrechamente ligadas que no sea posible diferenciar -o eliminar- el riesgo de interferencia en el ejercicio de unas y otras en la entidad administrativa correspondiente, la disposición que atribuye las funciones jurisdiccionales será inconstitucional; (iii) en el evento en que las funciones administrativas y jurisdiccionales impliquen un riesgo de confusión o interferencia pero sea posible, desde el punto de vista jurídico y práctico, superar tales riesgos de confusión o interferencia, la disposición que atribuye las funciones será constitucional bajo la condición de que se eliminen tales riesgos. Ley 1480 de 2011, "por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones"; Art. 80 (parcial) : INEXEQUIBLE

ADMINISTRATIVO GENERAL

CC SC 895 de 2012
La no inclusión de las empresas de servicios públicos domiciliarios en toma de posesión con fines liquidatorios, entre los contribuyentes exentos del impuesto de patrimonio, no configura una vulneración del principio de igualdad y equidad tributaria por dos razones: (i) porque las empresas de servicios públicos domiciliarios en liquidación fueron expresamente incluidas en la norma; (ii) porque las empresas de servicios públicos domiciliarios en toma de posesión con fines de liquidación están sometidas a un régimen especial en razón de la función social que cumplen y del interés general que se protege, que hace que su situación no pueda ser comparada con la de otro tipo de empresas sometidas a acuerdos de reestructuración de pasivos o reorganización empresarial. Cuando se ordena la liquidación de una empresa de servicios públicos domiciliarios, ese procedimiento se encuentra regulado en el artículo 293 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que fija las condiciones para la liquidación forzosa administrativa, hipótesis expresamente prevista en la norma cuestionada. Ley 1370 de 2009, "por la cual se adiciona parcialmente el Estatuto Tributario"; Art. 6 (parcial) (Adc. el Art. 297-1 al E.T). Ley 863 de 2003, "por la cual se establecen reformas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas"; Art. 17 (Mod. el Art. 297 al E.T) : Exequibles
CC SC 894 de 2012
¿Vulnero el artículo demandado los principios de unidad de materia, de consecutividad e identidad flexible? Ley 1453 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad"; Art.108 (Mod. el Art. 74 de la Ley 906 de 2004) : Exequible

PENAL

CC SC 893 de 2012
¿El vencimiento del plazo previsto en la norma para la fase de indagación preliminar, da lugar al archivo automático de las diligencias, si no existen suficientes elementos de juicio para la formulación de imputación y por ende vulnera los principios de dignidad humana e igualdad, los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia? La disposición controvertida, en la cual se establece un plazo de dos, tres y cinco años a la fase de indagación preliminar, no vulnera los preceptos constitucionales alegados por el demandante, por cuanto: (i) el establecimiento de límites temporales a esta fase no suprime las facultades investigativas de la Fiscalía General de la Nación, si no que por el contrario, la impulsa a desarrollarlas diligente y eficazmente; (ii) tampoco afecta los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, porque obliga a las instancias a materializar sus derechos en términos breves y precisos; (iii) aunque eventualmente el vencimiento del plazo puede dar lugar al archivo de las diligencias, tal decisión debe ser motivada a partir de los supuestos previstos en el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal y se puede disponer la reapertura del caso cuando exista mérito para ello; y (iv) dichos términos responden a criterios de razonabilidad y se enmarcan dentro del margen de configuración reconocido en esta materia al legislador. Ley 1453 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad"; Art. 49 Par. (Mod. el Art. 175 de la Ley 906 de 2004) : Exequible

PENAL

CC SC 892 de 2012
La licencia por luto debe incluir también a los parientes del trabajador en segundo grado civil. Ley 1280 de 2009 "por la cual se adiciona el numeral 10 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo y se establece la Licencia por Luto"; Art.1 (Adc. el Art. 57 del C.S.T) : CONDICIONALMENTE exequible

LABORAL

CC SC 891 de 2012
¿Al señalar la norma demandada la posibilidad de que el Ministerio del Interior establezca dos elementos esenciales del tributo como son, la base impositiva y los sujetos pasivos, vulnera el principio de legalidad en materia tributaria? Los elementos esenciales del tributo, no pueden ser determinados mediante un reglamento. El principio de autonomía no implica el reconocimiento de soberanía tributaria de las entidades territoriales pero sí de la autonomía fiscal respecto de los tributos en el ámbito territorial, en el marco de los límites señalados en la Constitución Política. Para tal efecto, reafirmó que cuando el legislador establece tributos de carácter nacional tiene la obligación de señalar todos sus componentes, de manera clara e inequívoca, lo cual no sucede respecto de los impuestos de carácter territorial los cuales, aunque siempre deben estar precedidos de la intervención del legislador, éste puede autorizar su creación a los entes territoriales, con fundamento en el artículo 338 de la Carta, bajo cualquiera de las siguientes hipótesis: (i) que la propia ley agote los elementos del tributo, caso en el cual, las entidades territoriales tendrán la suficiente autonomía para decidir si adoptan o no el impuesto y (ii) puede tratarse simplemente de una ley habilitante, donde serán las correspondientes corporaciones de representación popular, en el ámbito territorial, las encargadas de desarrollar el tributo autorizado por la ley, más no puede serlo el ejecutivo mediante reglamentación. Ley 1421 de 2010 "por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006"; Art. 8 Par. Inc. 4o. : INEXEQUIBLE

TRIBUTARIO